{"id":101237,"date":"2026-07-01T17:08:11","date_gmt":"2026-07-01T17:08:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101237"},"modified":"2026-07-01T17:08:11","modified_gmt":"2026-07-01T17:08:11","slug":"stc1011-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1011-2018\/","title":{"rendered":"STC1011-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1011-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2017-00683-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 22 de noviembre de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Margarita R\u00edos en contra de los Juzgados Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, Treinta y Cinco Civil Municipal, y, Quinto Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, todos de la citada ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa accionante a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al \u00abLIBRE ACCESO A LA ADMINISTRACI\u00d3N DE JUSTICIA\u00bb y a la \u00abPREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL PROCEDIMENTAL\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, al negar la nulidad por indebida notificaci\u00f3n que invoc\u00f3 en el marco del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que Ana Ruth Corrales de Londo\u00f1o promovi\u00f3 en su contra. <\/p>\n

Por tal motivo, solicita \u00abANULA[R] [LOS] AUTO[S] del 2 de diciembre de 2016 (\u2026) DEL 2 de octubre de 2017 (\u2026) 1\u00ba de abril de 2014 (\u2026) y el (\u2026) de febrero 20 de 2015\u00bb, y como consecuencia de ello, ordenar \u00abel archivo del proceso, la cancelaci\u00f3n del gravamen hipotecario y de los t\u00edtulos valores contra la demandada, y levantar las medidas cautelares\u00bb (fl. 3, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tEn apoyo de tales pretensiones aduce en lo fundamental, que como quiera que est\u00e1 \u00abviviendo (\u2026) en Espa\u00f1a desde hace varios a\u00f1os\u00bb, confiri\u00f3 un poder a Aydee Rinc\u00f3n Acevedo \u00abpara que administrara, arrendara o vendiera\u00bb el inmueble de su propiedad ubicado en la ciudad de Cali e identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 370-35520; sin embargo, \u00e9sta constituy\u00f3 gravamen hipotecario respecto del mismo, firmando adem\u00e1s varios pagar\u00e9s en su nombre. <\/p>\n

Se\u00f1ala que pese a que dentro del litigio promovido con base en los citados documentos, se intent\u00f3 infructuosamente la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago librado en su contra, en \u00abOYON OION ALAYA C\/VIRGEN BANCA No. 8, 4 (direcci\u00f3n que figura en el poder remitido)\u00bb, y no en su \u00abCODIGO POSTAL\u00bb, el que, dice, era el medio m\u00e1s eficaz para lograr su enteramiento, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali neg\u00f3 la nulidad que invoc\u00f3 por indebida notificaci\u00f3n. <\/p>\n

Indica que aunque apel\u00f3 esa determinaci\u00f3n, pues la anterior circunstancia le impidi\u00f3 concurrir al proceso y ejercer su defensa a fin de demostrar la \u00abinexistencia\u00bb del mandato para \u00abHIPOTECAR Y SUSCRIBIR T\u00cdTULOS QUE [LA] OBLIGARAN COMO DEUDORA\u00bb en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 2169 del C\u00f3digo Civil, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad confirm\u00f3 lo resuelto, circunstancia que le causa un perjuicio irremediable, si en cuenta se tiene que est\u00e1 pr\u00f3ximo el remate de su predio (fls. 1 a 10, Cit.). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

a.\tLa titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali puntualiz\u00f3, que no ha lesionado prerrogativa superior alguna de la inconforme, pues \u00abel alegato del apoderado judicial, que la notificaci\u00f3n de la se\u00f1ora MARGARITA R\u00cdOS, deb\u00eda hacerse por intermedio de su apoderada general, no tiene asidero, toda vez, que a la se\u00f1ora AYDEE RINC\u00d3N ACEVEDO solamente se le otorg\u00f3 poder para administrar un bien de la ejecutada, no para que la represente ante estrados judiciales\u00bb (fl. 63, \u00edd.). <\/p>\n

b.\tLa Juez Quinta Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la citada urbe precis\u00f3, que su actuar dentro del litigio coercitivo censurado \u00abse encuentra ajustado a lo legal, que se garantiz\u00f3 el derecho al debido proceso de las partes, que las nomas aplicadas al caso bajo examen corresponden a las establecidas por el legislados\u00bb (fl. 66, \u00eddem). <\/p>\n

c.\tFinalmente, el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Municipal de Oralidad de la mentada urbe indic\u00f3, que \u00abno encuentra procedencia la petici\u00f3n de amparo (\u2026), porque no es posible deducir que la actuaci\u00f3n adelantada haya puesto injustamente a la parte accionante en situaci\u00f3n que lesione sus derechos fundamentales, y para ello basta apreciar que conforme el recuento hist\u00f3rico del proceso, en parte alguna aparece irregularidad con las caracter\u00edsticas que describe el accionante, que pueda ser constitutiva de la v\u00eda de hecho que se anuncia\u00bb (fls. 76 a 79, ib\u00eddem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 el amparo incoado, tras considerar, en suma, que \u00abno hay duda que el actuar de las autoridades judiciales accionadas ha sido correcto, pues conforme al ataque que plante\u00f3 el incidentalista, se le resolvi\u00f3 todo lo atinente a la nulidad por indebida notificaci\u00f3n, dej\u00e1ndole claro que la misma se surti\u00f3 conforme la norma que lo reglamenta, en consecuencia, no se vislumbra vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno\u00bb (fls. 80 a 83, \u00eddem). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La accionante recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela (fls. 110 a 112, Cit.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tLa acci\u00f3n de tutela, cuando tiene por finalidad controvertir actuaciones judiciales, s\u00f3lo deviene procedente si en ellas el juez natural ha incurrido en causal de procedencia del amparo, entendi\u00e9ndose por tal, aquella actividad jurisdiccional que carece de fundamento jur\u00eddico y que, por lo mismo, se muestra ostensiblemente arbitraria y caprichosa, y, siempre y cuando el interesado no disponga de otros medios de defensa id\u00f3neos para la protecci\u00f3n de sus derechos, puesto que, en el supuesto de haber contado o de contar con ellos, el mecanismo constitucional no tiene cabida, ya que tales formas ordinarias de defensa vienen a constituir el sendero por medio del cual debe obtenerse protecci\u00f3n o el restablecimiento de los derechos superiores amenazados o efectivamente conculcados por los jueces. <\/p>\n

2.\tEn el presente asunto se observa, que la censura est\u00e1 encaminada concretamente, contra el prove\u00eddo proferido el 2 de octubre pasado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencia de Cali, a trav\u00e9s del cual se resolvi\u00f3 \u00abCONFIRMAR\u00bb el auto de 2 de diciembre anterior, mediante el cual el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad \u00abNEG[\u00d3] LA SOLICITUD DE NULIDAD\u00bb deprecada dentro del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que Ana Ruth Corrales de Londo\u00f1o promovi\u00f3 en contra de Margarita R\u00edos \u2013aqu\u00ed accionante (fls. 4 a 8, cdno. 2), pues en sentir de esta \u00faltima, no fue enterada en debida forma de la existencia de la memorada controversia.
\n3.\tSin embargo, una vez examinada la decisi\u00f3n atacada se advierte que la protecci\u00f3n invocada no puede ser atendida a trav\u00e9s de este escenario especial, pues aqu\u00e9lla tuvo como fundamento argumentos que de manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta toda posibilidad de que pueda intervenir el juez de tutela para lograr su modificaci\u00f3n, tal y como pasa a verse: <\/p>\n

La sede judicial del Circuito convocada para decidir de la manera como lo hizo en la decisi\u00f3n antes individualizada, puntualiz\u00f3 para ratificar la determinaci\u00f3n de primer grado que deneg\u00f3 la nulidad invocada, lo siguiente: <\/p>\n

\u00abla notificaci\u00f3n de la parte ejecutada se surti\u00f3 de conformidad con la legislaci\u00f3n vigente que regula el tema, esto es, la notificaci\u00f3n personal en la direcci\u00f3n aportada por el ejecutante, la cual no result\u00f3 positiva, dado que la demandada no vive en la misma, aspecto reforzado con la constancia de la empresa de correo, donde certifica que la notificaci\u00f3n dirigida a la se\u00f1ora MARGARITA R\u00cdOS, a la direcci\u00f3n \u201cOYON ION ALAYA-CALLE VIRGEN BLANCA [No] 8 PUERTA 4 IZQUIERDA LOGRO\u00d1O 01320, ESPA\u00d1A\u201d, no pudo ser entregado por traslado, abasteci\u00e9ndose con dicha constancia la legislaci\u00f3n, la cual solamente exig\u00eda \u201c(\u2026) una copia de la comunicaci\u00f3n, cotejada y sellada por la empresa de servicio postal, deber\u00e1 ser entregada al funcionario judicial o a la parte que la remiti\u00f3, acompa\u00f1ada de constancia expedida por dicha empresa, sobre su entrega en la direcci\u00f3n correspondientes (\u2026)\u201d. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, tenemos que la parte ejecutante pretendi\u00f3 notificar a la ejecutada en la direcci\u00f3n que conoc\u00eda, la cual no se pudo concretar, porque la misma no viv\u00eda o laboraba en la direcci\u00f3n aportada, siendo procedente efectuar la notificaci\u00f3n por emplazamiento, tomando en cuenta que la ejecutante afirm\u00f3 bajo juramento que desconoc\u00eda otra direcci\u00f3n para notificar a la demandada, aspecto avalado por la ley, momento a partir del cual y despu\u00e9s de fijar el respectivo aviso se procede a designarle un curador ad litem, quien se posesion\u00f3 y termin\u00f3 pronunci\u00e1ndose frente a la demanda sin oponerse a las pretensiones, no violando su derecho de defensa. <\/p>\n

Secuencialmente, porque a pesar que en el mandamiento de pago se manifiesta que la perseguida es la se\u00f1ora MARGARITA R\u00cdOS R\u00cdOS, a lo largo de todo el proceso a quien termina ejecut\u00e1ndose es a la se\u00f1ora MARGARITA R\u00cdOS, ya que ella fue quien otorg\u00f3 el respectivo poder general a la se\u00f1ora AYDEE RINC\u00d3N ACEVEDO para la administraci\u00f3n de su inmueble, porque la notificaci\u00f3n tanto personal, como el emplazamiento termina haci\u00e9ndose a la se\u00f1ora MARGARITA R\u00cdOS, quien reside en Espa\u00f1a, tal como se desprende del poder otorgado por ella ante el Notario de Logro\u00f1o, Espa\u00f1a, y finalmente porque vemos que el n\u00famero de identificaci\u00f3n de la persona ejecutada (31.879.297), es el mismo de la persona que se oblig\u00f3 a trav\u00e9s de apoderada general\u00bb (Cit.). <\/p>\n

4.\tAs\u00ed las cosas, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la autoridad judicial criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende la peticionaria del amparo (all\u00ed ejecutada), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos, m\u00e1s a\u00fan si se tiene en cuenta que en la decisi\u00f3n criticada se dio una interpretaci\u00f3n acertada de la normatividad aplicable al asunto, esto es, los art\u00edculos 315 a 320 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, aplicables para la data en que tuvo ocurrencia el rito de notificaci\u00f3n del mandamiento de pago. <\/p>\n

5.\tAl respecto, esta Colegiatura, de vieja data ha considerado que,
\n\u00abal margen de que esta Corporaci\u00f3n comparta o no, el an\u00e1lisis probatorio efectuado por los juzgadores accionados, el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (ver entre otras, en CSJ STC1985-2017). <\/p>\n

An\u00e1logamente, la acci\u00f3n de tutela, ha dicho la Corte, <\/p>\n

\u00abno est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (ib.). <\/p>\n

6.\tFinalmente, resulta oportuno citar lo dicho por esta Sala cuando se pretende por v\u00eda de tutela evitar la pr\u00e1ctica de diligencias de remate, so pretexto del acaecimiento de un perjuicio irremediable, pues se ha reiterado que: <\/p>\n

\u00abno se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales. (CSJ STC, 28 oct. 2009, rad. 01496-01, reiterada en la STC 6 feb. 2013, rad. 2012-01950-01). <\/p>\n

(\u2026) tampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, como quiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019 (sentencia de tutela de 29 de noviembre de 2006, Exp. No. 8001-2213-000-2006-00079-01)\u00bb (reiterada en CSJ STC13677-2017). <\/p>\n

7.\tCorolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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