{"id":101238,"date":"2026-07-01T17:08:18","date_gmt":"2026-07-01T17:08:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101238"},"modified":"2026-07-01T17:08:18","modified_gmt":"2026-07-01T17:08:18","slug":"stc1012-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1012-2018\/","title":{"rendered":"STC1012-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1012-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-01248-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 29 de noviembre de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. \tEl accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la \u00abpresunci\u00f3n de buena fe\u00bb, supuestamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al no liquidar las costas procesales conforme a las normas que rigen el asunto, ello en el marco de la acci\u00f3n popular por \u00e9l promovida con radicado No. 2017-01248-00. <\/p>\n

Solicita entonces, que se ordene al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, i) aplicar el \u00abacuerdo CSJ del 5 de agosto de [20]16 y [le] reconozca como agencias en derecho m\u00ednima[mente] 1 SMMLV\u00bb dentro de juicio censurado; ii) que \u00abpruebe si en cualquier proceso\u00bb ha liquidado dicha erogaci\u00f3n por un monto superior a \u00ab$50.000\u00bb; iii) \u00abaporte [el] radicado\u00bb de los procesos \u00abdonde se ha negado a reconocer\u00bb tales costas \u00aba [su] bien\u00bb; as\u00ed mismo, iv). que se conmine al Procurador General de la Naci\u00f3n para que \u00abmanifieste en derecho si es legal\u00bb que se se\u00f1ale un importe por la suma rese\u00f1ada, y demuestre cu\u00e1l fue el actuar desplegado por el delegado de ese ente de control dentro del tr\u00e1mite cuestionado, a fin de garantizar sus derechos y el cumplimiento de la Ley 734 de 2002 (fls. 1 y 2, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tComo sustento f\u00e1ctico de lo reclamado aduce en lo esencial, que al interior de la acci\u00f3n judicial referida en l\u00edneas anteriores, el Despacho convocado fij\u00f3 a su favor, por concepto de agencias en derecho, \u00fanicamente la suma de \u00ab$50.000\u00bb, desconociendo las normas que regulan el asunto, raz\u00f3n por la cual acude al presente mecanismo excepcional (ib\u00eddem). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

a).\tEl Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira alleg\u00f3 copia de la acci\u00f3n constitucional censurada, y se\u00f1al\u00f3 que con sustento en \u00ablos mismos hechos\u00bb aqu\u00ed tra\u00eddos, el accionante ya ha promovido otros amparos (fl. 7, \u00eddem). <\/p>\n

b).\tLa Procuradora Regional de Risaralda y la Alcald\u00eda de la preanotada ciudad, aunque en escritos separados, coincidieron en solicitar su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, luego de aclarar que la vulneraci\u00f3n alegada por el gestor es ajena a sus competencias (fls. 65, 67 y 68, ib.). <\/p>\n

c).\tEl Banco Caja Social por conducto de su apoderado general, indic\u00f3 que el actor incurri\u00f3 en temeridad, comoquiera que la presente acci\u00f3n de tutela \u00abes correlativa en los hechos, pretensiones y partes\u00bb con otros dos asuntos de la misma estirpe (fl. 76, Cit.). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir, en lo fundamental, que \u00e9sta emerge temeraria, toda vez que comporta identidad de causa, partes y pretensiones respecto de otra queja del mismo linaje promovida en pret\u00e9rita oportunidad por el aqu\u00ed accionante frente al estrado judicial criticado, sin que se avizore \u00abjustificaci\u00f3n alguna\u00bb para ello, motivo por el que declar\u00f3 la improcedencia de la demanda de amparo objeto de an\u00e1lisis, y, en consecuencia, \u00abconden\u00f3 en costas\u00bb al gestor por \u00abla suma de un (3) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb a favor del Consejo Superior de la Judicatura (fls. 91 a 95, cdno. 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El promotor se mostr\u00f3 inconforme frente al anterior fallo, exigiendo que se revoque la \u00abSANCI\u00d3N\u00bb proferida en su contra por el a quo constitucional, puesto que el \u00abHECHO DE PRESENTAR LA MISMA ACCI\u00d3N DOS O TRES POR SI SOLO NO DEMUESTRA Y MENOS PRUEBA, TEMERIDAD Y MENOS MALA FE\u00bb, m\u00e1xime si se tiene cuenta que tal proceder se dio por un \u00abDESCUIDO DE [SU] PARTE\u00bb (fl. 98, ib.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDe entrada resulta indispensable puntualizar, que el amparo constitucional resulta improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las normas que regulan la acci\u00f3n de tutela, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n

2.\tEn el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se observa que la censura del actor se enfila, puntualmente, frente al prove\u00eddo del 19 de julio de 2016, mediante el cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira fij\u00f3 a su favor la \u00absuma de $50.000\u00bb por concepto de agencias en derecho, al interior de la acci\u00f3n popular radicada bajo el No. 2015-00248-00, por aqu\u00e9l promovida en contra de la sucursal del Banco Caja Social ubicada en la \u00abCra 7\u00aa contiguo al 19-32\u00bb de la citada ciudad (fls. 8 a 16, ejusdem); pues en su criterio, dicha liquidaci\u00f3n desconoce las normas aplicables en la materia. <\/p>\n

3.\tNo obstante, revisadas las diligencias allegadas al presente tr\u00e1mite observa la Sala que lo reclamado est\u00e1 llamado al fracaso, tal y como pasa a verse: <\/p>\n

3.1.\tEl se\u00f1or Javier El\u00edas promovi\u00f3 la acci\u00f3n popular de la referencia, la cual fue resuelta de fondo por el Despacho convocado mediante providencia del 19 de julio de 2016 accediendo a las pretensiones, y fijando como agencias en derecho a favor del aqu\u00ed interesado la suma de \u00ab$50.000\u00bb, determinaci\u00f3n que tras ser apelada por la parte demandada, fue confirmada por el superior jer\u00e1rquico en sentencia del 15 de diciembre de la misma anualidad (ib\u00eddem). <\/p>\n

3.2.\tMediante auto del 8 de febrero de 2017, la oficina judicial encartada orden\u00f3 liquidar las costas del proceso atendiendo los \u00abcriterios consagrados en el Acuerdo n\u00famero 1887 de 2003\u00bb, sin \u00abfijar agencias en derecho para la segunda instancia\u00bb, teniendo en cuenta que el actor popular \u00abno asisti\u00f3 a ninguna de las tres audiencias [all\u00ed] convocadas\u00bb; no obstante, \u00e9ste fue impugnado por el aqu\u00ed accionante, y mantenido en prove\u00eddo del 16 de marzo siguiente (fls. 21 a 25, ib.). <\/p>\n

3.3.\tDando alcance a lo resuelto por esta Corte en sentencia de tutela del 18 mayo del citado a\u00f1o, el Tribunal Superior de Pereira en decisi\u00f3n del d\u00eda 24 del mismo mes y a\u00f1o, fij\u00f3 las agencias en derecho causadas en el tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n surtido en el asunto reprochado por la \u00absuma de 1\/2 SMMLV, a cargo del Banco Caja Social\u00bb y a favor del actor popular, determinaci\u00f3n que recurrida en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, fue ratificada \u00edntegramente (fls. 44 a 49, \u00eddem). <\/p>\n

3.4.\tA trav\u00e9s de auto del 14 de agosto de la misma anualidad, el Juzgado cognoscente aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas establecida dentro del mentado proceso en cuant\u00eda de \u00ab$418.858.50\u00bb, fijando como agencias en derecho para la primera y segunda instancia, las sumas de \u00ab$50.000.oo\u00bb y \u00ab368.000,oo\u00bb, respectivamente, frente a lo cual el aqu\u00ed interesado formul\u00f3 sin \u00e9xito los recursos ordinarios, pues mediante prove\u00eddo del 13 de septiembre pasado se confirm\u00f3 lo resuelto (fls. 31 a 36, Cit.). <\/p>\n

3.5.\tEn virtud de lo anterior, el aqu\u00ed actor promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela identificada con el consecutivo 66-001-22-13-000-2017-01155-00, solicitando el resguardo de su derecho a la igualdad y a las \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb, en aras de que se \u00abrevo[caran] las liquidaciones en Agencias en derecho q[ue] hizo el a quo\u00bb al interior del tr\u00e1mite especial criticado; sin embargo, dicha protecci\u00f3n fue denegada por el Tribunal Superior de Pereira en fallo del 31 de octubre de 2017 (fls. 83 a 89, ejusdem), providencia que tras haber sido recurrida por aqu\u00e9l, fue confirmada por esta Corporaci\u00f3n en sentencia del pasado 15 de diciembre (CSJ STC21711-2017) (fls. 4 a 10, cdno Corte). <\/p>\n

3.6.\tEn auto del 8 de noviembre siguiente, el estrado judicial censurado libr\u00f3 mandamiento de pago a favor del se\u00f1or Javier El\u00edas por \u00ab368.858.50\u00bb (\u2026) por concepto de costas procesales de segunda instancia\u00bb, deneg\u00e1ndole a \u00e9ste la solicitud de medidas cautelares (fl. 54, ib\u00eddem). <\/p>\n

3.7.\tFinalmente, el 9 de noviembre \u00faltimo, el actor popular promovi\u00f3 la solicitud de resguardo objeto de estudio (fl. 3, ib.). <\/p>\n

4.\tDe este modo, tal y como lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional, advierte la Sala que el auxilio rogado por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga es improcedente, dado que est\u00e1 plenamente demostrado que en pret\u00e9rita oportunidad el aqu\u00ed interesado ya present\u00f3 otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza respecto de los mismos hechos y derechos cuya protecci\u00f3n hoy demanda, sin diferencia sustancial alguna. <\/p>\n

Al punto, la Sala ha se\u00f1alado en otras oportunidades lo siguiente: <\/p>\n

\u00ab[L]a demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u00bb (CSJ. STC de 13 de febrero de 2013, exp. 00168-00; reiterada en STC5047-2017). <\/p>\n

5.\tAs\u00ed las cosas, no cabe duda que la condena en costas que le fue impuesta al se\u00f1or Javier El\u00edas por el Tribunal Superior de Pereira \u2013Sala Civil Familia, es consecuencia de lo previsto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, raz\u00f3n por la cual, con independencia de que se comparta o no \u00edntegramente aqu\u00e9l razonamiento, a esta Sala no le est\u00e1 permitido entrar a modificar o revocar lo resuelto, m\u00e1xime cuando, evidentemente, han sido m\u00faltiples los pronunciamientos proferidos con ocasi\u00f3n de s\u00faplicas del mismo linaje, que han sido interpuestas por el quejoso.
\nEn recientes pronunciamientos donde se resolvi\u00f3 la misma inconformidad aqu\u00ed tra\u00edda por el gestor, la Sala indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n

\u00abse ratificar\u00e1 el mandato del a quo constitucional concerniente a la condena en costas, por cuanto deviene de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, la cual se funda en el actuar temerario del accionante, muchas veces evidenciado, incluso, por esta Sala. El inciso final de la citada regla ense\u00f1a \u201cSi la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u201d. <\/p>\n

El fundamento normativo de la sanci\u00f3n, fue encontrado ajustado a la Carta por la Corte Constitucional, sobre el cual se\u00f1al\u00f3. <\/p>\n

\u201cTiene raz\u00f3n uno de los demandantes cuando afirma que la condena en cuanto a indemnizaciones y costas s\u00f3lo puede ser el resultado de un debido proceso, pero esta aseveraci\u00f3n no lleva necesariamente a la inexequibilidad de la norma acusada, pues el proceso de tutela, aunque sumario y preferente, debe surtirse con plena observancia de las previsiones generales consagradas en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, de las cuales no ha sido ni podr\u00eda haber sido excluido en cuanto se trata de un derecho fundamental. Si en un proceso espec\u00edfico tales requerimientos constitucionales se transgreden, tiene competencia el superior ante quien se impugne el fallo y, en su caso, esta Corporaci\u00f3n, para revocar la correspondiente decisi\u00f3n judicial\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Tampoco es contrario a la Carta Pol\u00edtica que se disponga el pago de las costas procesales a cargo del responsable de la violaci\u00f3n o del peticionario que incurri\u00f3 en temeridad, seg\u00fan el caso, pues ello es apenas l\u00f3gico y equitativo trat\u00e1ndose de procesos judiciales\u201d1\u00bb (ver entre otras, en CSJ STC4244-2017; STC4290-2017; STC4294-2017). <\/p>\n

6.\tCorolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo confutado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tCorte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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