{"id":101242,"date":"2026-07-01T17:08:45","date_gmt":"2026-07-01T17:08:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101242"},"modified":"2026-07-01T17:08:45","modified_gmt":"2026-07-01T17:08:45","slug":"stc1026-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1026-2018\/","title":{"rendered":"STC1026-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1026-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01860-01 <\/p>\n

(Aprobado en sesiones de veinticuatro y treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El joven F.A.S.P. suplica la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, dignidad humana, libertad, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n

2. Sostiene como fundamento de su reparo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 1 a 7): <\/p>\n

Se encuentra privado de la libertad en el Centro de Resocializaci\u00f3n para el Menor Infractor El Oasis, con ocasi\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Quinta de Asuntos Penales para Adolescentes, como autor responsable del punible de acceso carnal violento agravado, en la persona de su primo, el menor Y.M.P.P., quien para el momento de la ocurrencia de los hechos contaba con 6 a\u00f1os de edad. <\/p>\n

El petente del ruego, present\u00f3 solicitud de modificaci\u00f3n y\/o sustituci\u00f3n de su condena intramural por la de \u201clibertad condicional\u201d, ante el Juzgado Segundo del Circuito Adscrito al Sistema Penal de Responsabilidad para Adolescentes, negada por auto de fecha 2 de marzo de 2017, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal y de la prohibici\u00f3n prevista en el canon 199 de la Ley 1098 de 2006, decisi\u00f3n confirmada por la mencionada corporaci\u00f3n en providencia del 25 de abril siguiente, bajo razones similares. <\/p>\n

El tutelante critica al tribunal, por incurrir en error sustantivo, al no aplicar correctamente la regla 64 del C\u00f3digo Penal y el precedente jurisprudencial en esa materia, pues, a su juicio, <\/p>\n

\u201c(\u2026) confunde las figuras jur\u00eddicas de la condena de ejecuci\u00f3n condicional con la libertad condicional (\u2026) [y] con la libertad provisional (\u2026). [L]o que solicita la defensa, es la libertad condicional, por redenci\u00f3n de pena, del sancionado\u201d (sic). (fl. 3). <\/p>\n

3. Aunque el accionante no formula ning\u00fan requerimiento en concreto, del ambiguo escrito genitor, se extrae que pretende le sea concedido el referido subrogado, pues afirma reunir los requisitos para ser favorecido con el mismo. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

1. El titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes, pidi\u00f3 desestimar el amparo, al no existir vulneraci\u00f3n de ning\u00fan derecho fundamental con la denegaci\u00f3n del beneficio deprecado (fls. 101 a 103). <\/p>\n

2. La Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Barranquilla, ratific\u00f3 la decisi\u00f3n atacada por ajustarse a una debida interpretaci\u00f3n normativa y a la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas, raz\u00f3n por la cual, pidi\u00f3 no otorgar la salvaguarda, advirtiendo: <\/p>\n

2. La \t\tsentencia impugnada <\/p>\n

Neg\u00f3 el resguardo, tras se\u00f1alar que la sola inconformidad con la determinaci\u00f3n adoptada, no significa per se la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante, y puntualizar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Tanto en primera como en segunda instancia se analiz\u00f3 en detalle la solicitud presentada y luego del examen de la normatividad aplicable, se concluy\u00f3 sobre la imposibilidad de conceder el instituto deprecado por expresa prohibici\u00f3n legal, luego ning\u00fan reproche merecen y mucho menos que por v\u00eda de tutela se dejen sin valor y efecto (\u2026)\u201d (fls. 108 a 117). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 el promotor sin aducir argumento alguno (fl. 121). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. F.A.S.P., se encuentra privado de la libertad en un centro de resocializaci\u00f3n para el menor infractor, por el delito de acceso carnal violento agravado, en la persona de su primo Y.M.P.P, quien para la \u00e9poca de los hechos ten\u00eda 6 a\u00f1os de edad; y pretende que por esta v\u00eda le sea concedido el mecanismo sustitutivo de libertad condicional, al considerar arbitrarios los prove\u00eddos que en primera y segunda instancia le negaron ese subrogado, pues afirma reunir los requisitos para ser beneficiario del mismo. <\/p>\n

2. De entrada se advierte la inviabilidad del auxilio, por cuanto de las providencias reprochadas, particularmente, la expedida por la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Barranquilla, no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta particular justicia. Por el contrario, esta Corte la halla ajustada a una debida interpretaci\u00f3n normativa y fundamentada bajo una argumentaci\u00f3n razonable. <\/p>\n

As\u00ed, el colegiado accionado, en virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del art\u00edculo 199 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia2, se\u00f1al\u00f3 que atendiendo al delito por el cual fue sancionado el menor F.A.S.P., era improcedente la concesi\u00f3n de la medida sustitutiva deprecada, aclarando que el precedente jurisprudencial aludido por el tutelante no era aplicable al caso en cuesti\u00f3n al ocuparse de un problema jur\u00eddico distinto3. Sobre ello acot\u00f3 la juzgadora: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [C]omo quiera que se trata de un proceso penal de adolescentes, el mismo viene a estar regulado por la Ley 1098\/06, pues es ese el compendio de normas especiales para estos asuntos, (\u2026) cuyo art\u00edculo 199 (\u2026) viene a estar en consonancia con lo pedido y a su vez prohibido. <\/p>\n

\u201c(\u2026) El a quo deneg\u00f3 la solicitud presentada aplicando el anterior precepto normativo, refiriendo que \u201cno le es aplicable el subrogado de Libertad Condicional, en trat\u00e1ndose de un delito contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexual, como lo es, el que se est\u00e1 ejecutando en el caso bajo estudio\u201d, criterio que no comparte el recurrente quien consider\u00f3 que la libertad condicional era un derecho y no un \u201cbeneficio\u201d y para soportar su dicho expres\u00f3 que tal postura hab\u00eda sido asumida recientemente por la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia No. 84957 del 26\/04\/2016 superioridad que concedi\u00f3, a su juicio, \u201cel derecho a la libertad condicional y\/o libertad provisional a los procesados por los delitos sexuales\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Verificado lo anterior, se advierte que el recurrente efectu\u00f3 una errada lectura de la providencia mencionada pues en el prove\u00eddo que trae a colaci\u00f3n si bien se alude al derecho a la libertad, no se hace en el marco de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la misma, entre los que se encuentra el instituto mencionado, sino en torno al derecho a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad \u201cpor el vencimiento de los t\u00e9rminos procesales,\u201d (T-85216\/16 y T-84957\/16) situaci\u00f3n \u00faltima que no es la que se debate en este asunto y que de manera err\u00f3nea ech\u00f3 mano el apelante\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) As\u00ed, es claro que lo atinente a la libertad condicional est\u00e1 proscrita por expresa disposici\u00f3n legal para el delito por el que se sancion\u00f3 en el sub j\u00fadice, de suerte que delanteramente se precisa que el auto apelado habr\u00e1 de ser confirmado (\u2026)\u201d (fls. 106 a 107). <\/p>\n

3. Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no refulge v\u00eda de hecho; el tribunal ad quem efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n que le llev\u00f3 a la determinaci\u00f3n reprochada y se encuentra acorde con la jurisprudencia emitida en casos an\u00e1logos, a saber: <\/p>\n

\u201c(\u2026) La permisi\u00f3n de la libertad frente a las conductas punibles establecidas en el art\u00edculo 199 de la Ley 1098 de 2006 pone en riesgo la integridad f\u00edsica y mental de los menores, distanci\u00e1ndose del deber que asiste a los funcionarios judiciales de adoptar medidas en aras de su protecci\u00f3n y seguridad. <\/p>\n

(\u2026) La prohibici\u00f3n de tal gracia, de otro lado, permite enviar un mensaje contundente a la sociedad, a la familia y al Estado de que la vida, la dignidad y la integridad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes son bienes, como ya se dijo, de superior y mayor jerarqu\u00eda que deben ser tutelados con especial consideraci\u00f3n y en el sentido de que las violencias de g\u00e9nero no son \u201cdelitos de bajo impacto\u201d, sino, por el contrario, delitos de alt\u00edsimo impacto pues atentan contra la posibilidad de construir un proyecto democr\u00e1tico de convivencia, de inclusi\u00f3n y de ejercicio real de los derechos de nuestra infancia y adolescencia.\u00a0 <\/p>\n

(\u2026) La prohibici\u00f3n de conceder el beneficio de libertad, adem\u00e1s, se acompasa con instrumentos internacionales suscritos por el Estado colombiano en esta materia, a partir de los cuales surge imperativo la protecci\u00f3n especial que se debe brindar a los menores, especialmente cuando son v\u00edctimas de delitos. <\/p>\n

(\u2026) Adem\u00e1s, est\u00e1 a tono con el pre\u00e1mbulo, as\u00ed como con los art\u00edculos 1, 2 y 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, pues resquebrajar\u00eda la efectividad de los derechos de los menores y rompe la funci\u00f3n otorgada a las autoridades de no proteger adecuadamente sus derechos y libertades. Adicionalmente, tiene en cuenta que por ser las v\u00edctimas personas menores de edad, requieren un an\u00e1lisis sobre la igualdad material para, seg\u00fan el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, protegerlas de forma especial, atendiendo sus condiciones de inferioridad (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

Con relaci\u00f3n al principio pro infans la Corte Constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n

(\u2026) En ese orden, la jurisprudencia nacional y for\u00e1nea ha otorgado prevalencia al inter\u00e9s superior de los menores v\u00edctimas de delitos sexuales, a\u00fan frente a otros derechos, principios y valores superiores inmersos dentro del proceso penal, como la inmediaci\u00f3n y la contradicci\u00f3n. <\/p>\n

(\u2026) La aludida ponderaci\u00f3n resulta m\u00e1s evidente cuando garant\u00edas como las referidas, entre otras, se contraponen a los derechos fundamentales de los menores de edad y la prevalencia de los mismos, m\u00e1xime cuando se trata de procesos penales originados por delitos sexuales o similares, donde, como se ha visto, prevalece el inter\u00e9s superior y herramientas hermen\u00e9uticas forzosas6 como el principio pro infans. <\/p>\n

(\u2026) [E]l inter\u00e9s superior del menor y la aplicaci\u00f3n del principio pro infans deben sopesarse frente a otras garant\u00edas de los intervinientes, dando prelaci\u00f3n a los primeros, dada su preponderancia constitucional y el estado de vulnerabilidad y debilidad manifiesta en la que se encuentran los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes v\u00edctimas de delitos atroces. <\/p>\n

(\u2026) As\u00ed, resulta evidente el querer de todos los pueblos de dar prelaci\u00f3n siempre al inter\u00e9s del menor, a\u00fan frente a otras garant\u00edas propias del proceso penal, sin que ello implique desconocer los derechos fundamentales del presunto agresor y de otros intervinientes (\u2026)\u201d7. <\/p>\n

4. Ahora, ha de considerarse que la referida norma del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, al proscribir el beneficio de la libertad condicional para los victimarios de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes v\u00edctimas de delitos contra su integridad y formaci\u00f3n sexuales, no contiene excepci\u00f3n alguna, es decir, no distingue para su aplicaci\u00f3n la calidad del sujeto infractor; pues en atenci\u00f3n a la gravedad del il\u00edcito y al sujeto pasivo de la conducta punible, el simple an\u00e1lisis de los aspectos objetivos no puede ser determinante para conceder la medida sustitutiva. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que a la luz de lo establecido en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 140 de la misma codificaci\u00f3n: \u201c(\u2026)\u00a0En ning\u00fan caso, la protecci\u00f3n integral [de los menores infractores] puede servir de excusa para violar los derechos y garant\u00edas de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes (\u2026)\u201d. <\/p>\n

5. En consecuencia, es importante precisar que la prohibici\u00f3n de beneficios y mecanismos sustitutivos contenida en el art\u00edculo 199 de la Ley 1098 de 2006, no puede ser interpretada en contrav\u00eda de la finalidad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes prevista en el canon 140 de la misma reglamentaci\u00f3n y en las disposiciones internacionales parte del bloque de constitucionalidad, cual es, su car\u00e1cter pedag\u00f3gico, espec\u00edfico y diferenciado respecto del r\u00e9gimen de adultos y dirigido a salvaguardar su protecci\u00f3n integral. <\/p>\n

En efecto, por mandato expreso de aqu\u00e9l precepto, ninguna disposici\u00f3n del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia puede interpretarse en desmedro de los derechos que constitucional e internacionalmente le han sido conferidos a los menores infractores, se\u00f1alando que frente a posibles conflictos normativos entre esta y otras leyes, as\u00ed como para todo efecto hermen\u00e9utico: \u201c(…) las autoridades judiciales deber\u00e1n siempre privilegiar el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Lo anterior implica que bajo cualquier circunstancia, los menores infractores deben ser vistos como sujetos de especial protecci\u00f3n, pues adem\u00e1s de contar con las garant\u00edas procesales de que gozan todas las personas del territorio nacional a recibir un tratamiento judicial con respeto al debido proceso, est\u00e1n amparados por la legislaci\u00f3n nacional y distintos instrumentos internacionales confluidos en destacar que la funci\u00f3n de la pena en asuntos donde el transgresor es un menor, debe ser protectora, educativa y restaurativa8. <\/p>\n

Es as\u00ed, como en estos casos, la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n debe darse desde un enfoque diferencial, que parta del reconocimiento de las necesidades espec\u00edficas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, de manera que garanticen el goce efectivo de sus derechos, favoreciendo en todo momento su desarrollo integral; por tanto, la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen penal de los mayores de edad, sus categor\u00edas y criterios, no puede verse como un simple fen\u00f3meno normativista de adecuaci\u00f3n t\u00edpica o subsunci\u00f3n normativa. <\/p>\n

Desde esta perspectiva, la aplicaci\u00f3n de correctivos en el caso de los menores infractores, tiene un componente primordialmente pedag\u00f3gico, pues busca fortalecer su proceso educativo, a nivel intelectual, moral y afectivo. Ello impone a las autoridades competentes, desplegar todas las acciones afirmativas tendientes a posibilitar su reinserci\u00f3n social. <\/p>\n

As\u00ed, en el \u00e1mbito de la administraci\u00f3n de justicia, la labor ha de ser interdisciplinar, pues el juez debe atender los conceptos que emitan los profesionales de entre otras disciplinas, trabajo social y psicolog\u00eda, en aras de tomar medidas que adem\u00e1s de guardar armon\u00eda con las normas legales y constitucionales y aquellas que integran el bloque de constitucionalidad, contribuyan al bienestar integral del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente infractor, favoreciendo su proceso de reincorporaci\u00f3n a su familia y a la sociedad. <\/p>\n

Al interior del decurso, se echa de menos la participaci\u00f3n de un profesional del \u00e1rea psicosocial que evaluara el impacto de la medida sustitutiva conforme a las especificaciones del caso de F.A.S.P y de su evoluci\u00f3n en el alcance de los prop\u00f3sitos de la sanci\u00f3n impuesta. <\/p>\n

Para la Sala es importante se\u00f1alar que aun cuando F.A.S.P haya cometido un delito de gravedad, al haber transgredido la integridad de otro infante, en tanto no alcance la mayor\u00eda de edad, sigue siendo un sujeto de especial protecci\u00f3n, y por lo mismo, deber\u00e1 contar en todo momento con la protecci\u00f3n y acompa\u00f1amiento de las autoridades y profesionales competentes para garantizar que la pena a \u00e9l asignada est\u00e9 cumpliendo con las finalidades aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n

5. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos9 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n

Particularmente, no se avizora vulneraci\u00f3n de lo establecido en su art\u00edculo 19, el cual establece: \u201c(\u2026) Todo ni\u00f1o tiene derecho a las medidas de protecci\u00f3n que su condici\u00f3n de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La Convenci\u00f3n citada resulta aplicable por virtud del art\u00edculo 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

Adem\u00e1s, el canon 93 ej\u00fasdem, dispone: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno. <\/p>\n

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, complementariamente, la regla 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196910, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d11. <\/p>\n

Del mismo modo, la decisi\u00f3n adoptada guarda sinton\u00eda con el principio de inter\u00e9s superior del menor, consagrado en el canon 3 de la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o12, en virtud del cual todas las decisiones respecto de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, que tomen las instituciones p\u00fablicas, entre las que se hallan las autoridades jurisdiccionales, deben garantizar el m\u00e1ximo bienestar posible para \u00e9stos. <\/p>\n

Asimismo, guarda consonancia con las Reglas M\u00ednimas de las Naciones Unidas de Beijin para la administraci\u00f3n de la justicia de menores, que en su art\u00edculo 17.1 dispone: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art\u00edculo 17. Principios rectores de la Sentencia y Resoluci\u00f3n. 17.1\u00a0La decisi\u00f3n de la autoridad competente se ajustar\u00e1 a los siguientes principios:
\na) La respuesta que se d\u00e9 al delito ser\u00e1 siempre proporcionada, no s\u00f3lo a las circunstancias y la gravedad del delito, sino tambi\u00e9n a las circunstancias y necesidades del menor, as\u00ed como a las necesidades de la sociedad;
\nb) Las restricciones a la libertad personal del menor se impondr\u00e1n s\u00f3lo tras cuidadoso estudio y se reducir\u00e1n al m\u00ednimo posible;
\nc) S\u00f3lo se impondr\u00e1 la privaci\u00f3n de libertad personal en el caso de que el menor sea condenado por un acto grave en el que concurra violencia contra otra persona o por la reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra respuesta adecuada;
\nd) En el examen de los casos se considerar\u00e1 primordial el bienestar del menor (\u2026)\u201d13. <\/p>\n

6. Por los anteriores argumentos, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Comparto el criterio expuesto por la Sala en la sentencia emitida en el asunto objeto de estudio, en cuanto a su improcedencia, dada la razonabilidad de la decisi\u00f3n de las autoridades judiciales accionadas, que se negaron a conceder la libertad condicional al tutelante, en virtud de la prohibici\u00f3n expresa, consagrada en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 199 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), entrat\u00e1ndose de delitos contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales, cometidos contra menores de edad, como ocurri\u00f3 en el caso de la especie. <\/p>\n

Sin embargo, estimo innecesarias las consideraciones expuestas en la parte motiva de la providencia, relacionadas con la finalidad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, as\u00ed como de las sanciones que en ese tipo de procedimientos se imponen a los infractores de la ley penal \u2013numeral quinto de las consideraciones-, porque, de acuerdo con una cuidadosa revisi\u00f3n de las pruebas obrantes en la actuaci\u00f3n constitucional, los principios orientadores de dicho instituto jur\u00eddico, se cumplieron a cabalidad. <\/p>\n

En ese sentido, el accionante fue juzgado por la Justicia Penal para Adolescentes, esto es, por el Juzgado 2\u00ba del Circuito de esa especialidad y el Tribunal Superior de Barranquilla, con intervenci\u00f3n del Defensor de Familia adscrito al Despacho del fallador A quo y de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de su Delegada 50 Judicial Penal II, con observancia de los procedimientos establecidos en aquel estatuto punitivo, as\u00ed como de las penas que para infractores menores de edad se tienen consagradas por la legislaci\u00f3n colombiana. <\/p>\n

Es decir, que en el caso del actor se han respetado todas y cada una de las directrices que regulan la investigaci\u00f3n y juzgamiento de conductas cometidas por menores de edad, as\u00ed como sus prerrogativas fundamentales a cumplir su sanci\u00f3n en un centro de internaci\u00f3n especializado, donde ha ingresado a programas educativos con efectos ben\u00e9ficos para la disminuci\u00f3n de su tiempo de privaci\u00f3n de libertad, sin que el hecho de negarle la libertad condicional, como qued\u00f3 visto, implique la vulneraci\u00f3n de sus derechos, pues est\u00e1 claro que ello obedece a la prohibici\u00f3n expresa que en tal sentido instituy\u00f3 el legislador \u2013art\u00edculos 199 y 187 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia-. <\/p>\n

Si bien no se pueden perder de vista las garant\u00edas constitucionales y prevalentes que el ordenamiento \u2013Convenios internacionales, Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y leyes- ha consagrado para los adolescentes responsables de conductas punibles, lo cierto es que en el caso bajo estudio, no se avizora su transgresi\u00f3n y, en ese sentido, era innecesario dejar plasmadas consideraciones como las vertidas en el numeral 5\u00ba de la parte motiva de la providencia, dado que pueden prestarse para interpretaciones equivocadas acerca de la labor que han desplegado las autoridades accionadas y los alcances de tales prerrogativas para el menor infractor frente a las que deben prodigarse a las v\u00edctimas, tanto m\u00e1s si se trata tambi\u00e9n de ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes. <\/p>\n

En este sentido, vale la pena recordar que el art\u00edculo 8\u00ba de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o, conmina a los pa\u00edses suscriptores a adoptar medidas \u00ab\u2026adecuadas para proteger en todas las fases del proceso penal los derechos e intereses de los ni\u00f1os v\u00edctimas\u00bb, tales como: <\/p>\n

\u00aba)\u00a0Reconocer la vulnerabilidad de los ni\u00f1os v\u00edctimas y adaptar los procedimientos de forma que se reconozcan sus necesidades especiales, incluidas las necesidades especiales para declarar como testigos;
\n\u00a0
\nb) Informar a los ni\u00f1os v\u00edctimas de sus derechos, su papel, el alcance, las fechas y la marcha de las actuaciones y la resoluci\u00f3n de la causa;
\n\u00a0
\nc)\u00a0Autorizar la presentaci\u00f3n y consideraci\u00f3n de las opiniones, necesidades y preocupaciones de los ni\u00f1os v\u00edctimas en las actuaciones en que se vean afectados sus intereses personales, de una manera compatible con las normas procesales de la legislaci\u00f3n nacional;
\n\u00a0
\nd)\u00a0Prestar la debida asistencia durante todo el proceso a los ni\u00f1os v\u00edctimas;
\n\u00a0
\ne)\u00a0Proteger debidamente la intimidad e identidad de los ni\u00f1os v\u00edctimas\u00a0y adoptar medidas de conformidad con la legislaci\u00f3n nacional para evitar la divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n que pueda conducir a la identificaci\u00f3n de esas v\u00edctimas;
\n\u00a0
\nf) Velar por la seguridad de los ni\u00f1os v\u00edctimas, as\u00ed como por la de sus familias y los testigos a su favor, frente a intimidaciones y represalias;
\n\u00a0
\ng) Evitar las demoras innecesarias en la resoluci\u00f3n de las causas y en la ejecuci\u00f3n de las resoluciones o decretos por los que se conceda reparaci\u00f3n a los ni\u00f1os v\u00edctimas.
\n\u00a0
\n2. Los Estados Partes garantizar\u00e1n que el hecho de haber dudas acerca de la edad real de la v\u00edctima no impida la iniciaci\u00f3n de las investigaciones penales, incluidas las investigaciones encaminadas a determinar la edad de la v\u00edctima.
\n\u00a0
\n3. (\u2026) que en el tratamiento por la justicia penal de los ni\u00f1os v\u00edctimas de los delitos enunciados en el presente Protocolo,\u00a0la consideraci\u00f3n primordial a que se atienda sea el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o.
\n\u00a0
\n4.\u00a0(\u2026) asegurar una formaci\u00f3n apropiada, particularmente en los \u00e1mbitos jur\u00eddico y psicol\u00f3gico, de las personas que trabajen con v\u00edctimas de los delitos prohibidos en virtud del presente Protocolo.
\n\u00a0
\n5. (\u2026) proteger la seguridad e integridad de las personas u organizaciones dedicadas a la prevenci\u00f3n o la protecci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n de las v\u00edctimas de esos delitos. <\/p>\n

6. Nada de lo dispuesto en el presente art\u00edculo se entender\u00e1 en perjuicio de los derechos del acusado a un juicio justo e imparcial, ni ser\u00e1 incompatible con esos derechos.\u201d\u00bb <\/p>\n

Luego, en casos como el de ahora no deben perderse de vista los derechos prevalentes del menor ofendido, sin que ello incida negativamente en los del agresor y como ello no ha ocurrido en el asunto en examen, lo propio era negar la acci\u00f3n de amparo invocada, como en definitiva ocurri\u00f3. <\/p>\n

En los t\u00e9rminos que preceden, aclaro mi voto. <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

2 \t\u201c(\u2026) \tArt\u00edculo\u00a0199.\u00a0Beneficios \ty mecanismos sustitutivos. \tCuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales \tbajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y \tformaci\u00f3n sexuales, o secuestro, cometidos contra ni\u00f1os, \tni\u00f1as y adolescentes, se aplicar\u00e1n las siguientes \treglas: \t(\u2026) \t5. \tNo \tproceder\u00e1 el subrogado penal de Libertad Condicional, \tprevisto en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal \t(\u2026)\u201d.
\n3 \tEn \tefecto, el problema jur\u00eddico del que se ocup\u00f3 la Sala \tPenal en la sentencia 84957 del 26 de abril de 2016, consisti\u00f3 \ten establecer si existe \tuna prohibici\u00f3n legal para que los jueces de control de \tgarant\u00edas reconozcan a los procesados por delitos sexuales \tcontra menores de edad, cobijados con medida de detenci\u00f3n \tpreventiva, la libertad provisional por vencimiento de t\u00e9rminos \testipulada en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo \tde Procedimiento Penal.
\n4 \tCSJ, \tSala Penal, sentencia de 30 \tde mayo de 2012, rad. 37668.
\n5 \tCfr. Sentencias T-117 de 2013, T-078 de 2010 y T-593 de 2009.
\n6 \tSentencia T-593 de 2009, ya referida, entre otras.
\n7 \tCorte \tConstitucional, Sentencia C-177 de 2014.
\n8 \tEntre \tellos, se hallan la Convenci\u00f3n \tde los Derechos del Ni\u00f1o, \tAdoptada \tpor \tla\u00a0Asamblea \tGeneral de las Naciones Unidas\u00a0el\u00a020 \tde noviembre\u00a0de\u00a01989 \ty ratificada en Colombia por la Ley 12 de 1991. \tlas \t\u201cReglas \tM\u00ednimas de las Naciones Unidas de Beijin para la \tadministraci\u00f3n de la justicia de menores\u201d \tadoptadas \tpor\u00a0la \tAsamblea General de la Naciones Unidas mediante Resoluci\u00f3n \t40\/33 del 29 noviembre 1985 y las \u201cReglas \tde las Naciones Unidas para la protecci\u00f3n de los menores \tprivados de libertad\u201d, \tacogidas por\u00a0la \tONU a trav\u00e9s de Resoluci\u00f3n 45\/113 del 14 de diciembre \tde 1990.
\n9 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n10 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n11 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n12 \tAdoptada \tpor \tla\u00a0Asamblea \tGeneral de las Naciones Unidas\u00a0el\u00a020 \tde noviembre\u00a0de\u00a01989 \ty ratificada en Colombia por la Ley 12 de 1991.
\n13 \tONU, Resoluci\u00f3n 40\/33 del 28 de noviembre de 1985.
\n19<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1026-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01860-01 (Aprobado en sesiones de veinticuatro y treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de febrero de dos mil dieciocho (2018). ANTECEDENTES 1. El joven F.A.S.P. suplica la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, dignidad humana, libertad, igualdad […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101242","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101242","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101242"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101242\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101242"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101242"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101242"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}