{"id":101244,"date":"2026-07-01T17:08:58","date_gmt":"2026-07-01T17:08:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101244"},"modified":"2026-07-01T17:08:58","modified_gmt":"2026-07-01T17:08:58","slug":"stc1045-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1045-2018\/","title":{"rendered":"STC1045-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1045-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01886-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 16 de noviembre de 2017, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la tutela promovida por Paola Andrea Alzate Garc\u00eda contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, con ocasi\u00f3n del juicio ordinario laboral iniciado por la aqu\u00ed gestora respecto del Instituto de Seguros Sociales (ISS) \u2013hoy Colpensiones-. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La quejosa reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y \u201cfavorabilidad\u201d, presuntamente quebrantadas por las autoridades jurisdiccionales querelladas (fl. 1).
\n2. De la informaci\u00f3n vertida en el expediente y de las afirmaciones de la actora, se extraen como bases del reproche las siguientes: <\/p>\n

2.1. Present\u00f3 acci\u00f3n ordinaria laboral contra el otrora Instituto de Seguros Sociales (ISS) \u2013hoy Colpensiones-, con el objeto que se le reconociera una pensi\u00f3n de sobrevivientes por ser, desde 2001 hasta 2004, cuando falleci\u00f3, compa\u00f1era permanente de Jairo L\u00f3pez Santamar\u00eda. <\/p>\n

2.2. Del libelo conoci\u00f3 el Juzgado Doce Laboral Adjunto del Circuito de Cali, sentenciador que orden\u00f3 acumular ese proceso al de la se\u00f1ora Julieta L\u00f3pez, quien alegaba una condici\u00f3n similar respecto del difunto, ostentada simult\u00e1neamente con la de la aqu\u00ed petente, desde hac\u00eda m\u00e1s de veinte a\u00f1os. <\/p>\n

2.3. El 26 de marzo de 2010, el estrado dict\u00f3 fallo (fls. 33-53), en el cual, luego de establecer, con estribo en el principio de la \u201ccondici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u201d, que la norma aplicable era la Ley 100 de 1993, resolvi\u00f3 reconocer a Paola Andrea Alzate Garc\u00eda, <\/p>\n

\u201c(\u2026) en calidad de compa\u00f1era permanente del causante Jairo L\u00f3pez Santamar\u00eda (q.e.p.d.), la sustituci\u00f3n pensional vitalicia del causante, a partir del 3 de marzo de 2004, en monto de $859.328,00 que se reajustar\u00e1 legalmente cada a\u00f1o de acuerdo a la Ley, correspondiente inicialmente al 50% del total de la pensi\u00f3n, durante el tiempo en que detent\u00f3 el derecho la hija del causante Mar\u00eda Fernanda L\u00f3pez L\u00f3pez y una vez se extinga el derecho de esta \u00faltima, pasar\u00e1 a acrecer el de la compa\u00f1era permanente. Asimismo, conden\u00f3 a la demandada al reconocimiento y pago de los intereses de mora sobre las mesadas causadas, en la forma prevista en el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993. Por \u00faltimo, absolvi\u00f3 al ISS de todas las pretensiones incoadas en su contra por la se\u00f1ora Julieta L\u00f3pez\u201d. <\/p>\n

2.4. Por apelaci\u00f3n del Instituto de Seguros Sociales y de la se\u00f1ora L\u00f3pez, el juicio pas\u00f3 al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, donde mediante fallo del 3 de diciembre de 2010 (fls. 54-76), se revoc\u00f3 el de primera instancia, para en su lugar favorecer a la impugnante. <\/p>\n

La anterior determinaci\u00f3n se adopt\u00f3 con sustento, entre otras razones, en que la Ley 797 de 2003 era la llamada a regir el asunto, porque en su vigencia falleci\u00f3 el causante, y por ello Paola Andrea Alzate no cumpl\u00eda con el requisito del per\u00edodo de cohabitaci\u00f3n exigido en dicha disposici\u00f3n. <\/p>\n

3. Tacha las decisiones emitidas por las corporaciones accionadas de irregulares, al incurrir en (i) defecto procedimental absoluto, pues el colegiado \u201cexcedi\u00f3\u201d el marco de la alzada (fls. 108-109); (ii) inobservancia del precedente, porque desconoci\u00f3 el principio de favorabilidad en lo referente a la aplicaci\u00f3n, en el tiempo, de la Ley 100 de 1993, en relaci\u00f3n con la 797 de 2003, que la modific\u00f3 (fls. 109-116); (iii) error f\u00e1ctico, por cuanto los juzgadores fundamentaron sus conclusiones en deficientes valoraciones del material probatorio, aportado para demostrar el per\u00edodo de convivencia entre ella y el se\u00f1or L\u00f3pez Santamar\u00eda (fls. 116-117). <\/p>\n

4. Con estribo en lo anterior, ruega, en concreto, se dejen sin efectos los pronunciamientos confutados (fls. 18-19). <\/p>\n

1.1. Respuesta de la accionada y los vinculados <\/p>\n

1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral realz\u00f3 la legalidad de la determinaci\u00f3n censurada; destac\u00f3 que en su providencia se hizo una relaci\u00f3n pormenorizada de los motivos de la demanda, para despacharlos desfavorablemente, conforme a la ley (fls. 138-139). <\/p>\n

2. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali remiti\u00f3 copias de las diligencias, e histori\u00f3 la actuaci\u00f3n (fl. 156). <\/p>\n

3. Julieta L\u00f3pez se opuso a las pretensiones, argumentando que las decisiones auscultadas se ajustaron a derecho (fls. 152 y ss.). <\/p>\n

4. El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali manifest\u00f3 que el proceso est\u00e1 archivado (fl. 136). <\/p>\n

5. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n

La sentencia impugnada <\/p>\n

Neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras advertir que las providencias fustigadas no se mostraban irrazonables ni caprichosas, m\u00e1s a\u00fan, que se basaron en una interpretaci\u00f3n plausible y acertada de la ley, y que la accionante no cumpl\u00eda con los requisitos para acceder a la mencionada prestaci\u00f3n social. <\/p>\n

En punto a la supuesta falta de consonancia, acot\u00f3 que ese yerro no fue manifestado en el recurso de casaci\u00f3n, desde\u00f1ando la interesada la oportunidad de ponerlo de presente (fls. 157-163). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 la quejosa, sin exponer sus motivos (fl. 182). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El auxilio se concreta en establecer si se menoscabaron las garant\u00edas superiores de Paola Andrea Alzate Garc\u00eda con los pronunciamientos proferidos el 3 de diciembre de 2010 (fls. 54-76), y el 9 de agosto de 2017 (fls. 140-151), por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, respectivamente, mediante los cuales los citados juzgadores desconocieron el derecho de pensi\u00f3n de sobreviviente al estimar que, siendo aplicable al asunto la Ley 797 de 2003 y no la Ley 100 de 1993, el tiempo de convivencia exigido para su reconocimiento era de cinco a\u00f1os, a la postre no demostrados por la actora. <\/p>\n

2. De entrada, se advierte la improcedencia del auxilio, pues la providencia dictada en sede de casaci\u00f3n y con la cual se clausur\u00f3 todo el debate dentro del comentado litigio (fls. 140-151), no se muestra irregular hasta el punto de poderse predicar, respecto de ella, la existencia de una v\u00eda de hecho, porque en la misma se explicitaron las razones por las cuales la accionante no cumpl\u00eda con los requisitos previstos en la Ley 797 de 2003, modificatoria de la Ley 100 de 1993, para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n

In extenso, se razon\u00f3 sobre este t\u00f3pico: <\/p>\n

\u201cPara la Sala, el Tribunal no incurri\u00f3 en la equivocaci\u00f3n denunciada por la censura, pues lo cierto es que su decisi\u00f3n estuvo correctamente edificada, dado que, como lo ha ense\u00f1ado la Corte en su jurisprudencia, la norma llamada a gobernar la pensi\u00f3n de sobrevivientes, tanto en lo que tiene que ver con su causaci\u00f3n como con sus beneficiarios, es la vigente al momento de la muerte del afiliado o pensionado, lo que responde al efecto general e inmediato, adem\u00e1s de retrospectivo, de las normas laborales y de la seguridad social, ello conforme al art\u00edculo 116 del C.S.T.\u201d <\/p>\n

\u201cEntonces, dado que se encuentra acreditado dentro del proceso y no es objeto de discusi\u00f3n que el se\u00f1or Jairo L\u00f3pez Santamar\u00eda falleci\u00f3 el 3 de marzo del a\u00f1o 2004, hizo bien la colegiatura (\u2026) en remitirse al art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, vigente para el momento de la muerte del afiliado, que exige, para efectos de acceder a una pensi\u00f3n de sobrevivientes, que la compa\u00f1era o c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite haya convivido con el causante, de forma continua, m\u00ednimo cinco a\u00f1os anteriores a su deceso, lo que en este caso no logr\u00f3 acreditar la recurrente Paola Andrea Alzate Garc\u00eda y, por consiguiente, no es dable endilgarle error alguno al Tribunal\u201d. <\/p>\n

En lo referente a la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad o de la \u201ccondici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u201d, dedujo la Corte: <\/p>\n

\u201cAdicionalmente, cabe anotar, que no es procedente considerar los requisitos establecidos en el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993 en su versi\u00f3n original, tal como lo pretende la parte demandante en su recurso, en virtud del principio de favorabilidad contemplado en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, dado que dicho mandato constitucional parte de la existencia de una duda en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de normas vigentes, lo que no ocurre en el sub lite, pues, it\u00e9rese, dicho precepto legal desapareci\u00f3 del mundo jur\u00eddico, dada la modificaci\u00f3n hecha por el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003 que, se repite, es la que regula el presente asunto\u201d. <\/p>\n

Ese labor\u00edo, en definitiva, no se muestra arbitrario ni irracional, pues correspondi\u00f3 a una hermen\u00e9utica plausible de las normas y principios que gobiernan las prestaciones laborales y de la seguridad social, tales como la sustituci\u00f3n pensional por sobrevivencia; adem\u00e1s que se consignaron los motivos por los cuales, en sentir de la Sala querellada, la norma llamada a regir la controversia era la Ley 797 de 2003, vigente al momento del \u00f3bito del causante. <\/p>\n

3. La sola divergencia conceptual no puede ser venero para deprecar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n

Atinente a ello, esta Corte ha afirmado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u201d1. <\/p>\n

4. No es posible aplicar los precedentes de la Sala, consignados, entre otras, en las STC 5648 y 15691 de 2016, y 7210, 7217, 10041 de 2017, pues los supuestos de hecho en \u00e9stas ventilados distan mucho de los invocados como soporte del presente amparo. <\/p>\n

5. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Complementariamente, la regla 93 ej\u00fasdem, dispone: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

6.\tSe ratificar\u00e1 el fallo impugnado, pero por las razones aqu\u00ed trasuntadas. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tCONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\nAusencia justificada <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nAusencia justificada <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon salvamento de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nSALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n

Con el mayor respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito expresar los argumentos por los cuales discrepo de la decisi\u00f3n que fue adoptada:
\n1. La Sala neg\u00f3 el amparo luego de considerar que la sentencia de casaci\u00f3n reprochada en sede constitucional no se mostraba irregular \u00abhasta el punto de poderse predicar, respecto de ella, la existencia de una v\u00eda de hecho\u00bb, pues lo resuelto en esa sede \u00abcorrespondi\u00f3 a una hermen\u00e9utica plausible de las normas y principios que gobiernan las prestaciones laborales y de la seguridad social, tales como la sustituci\u00f3n pensional por sobrevivencia\u00bb. <\/p>\n

2. A mi juicio, contrario al criterio mayoritario, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral incurri\u00f3 en una de las causales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales que tornaba necesaria la concesi\u00f3n del amparo, pues al omitir, en el caso sometido a su estudio, la aplicaci\u00f3n de los principios \u201cin dubio pro operario\u201d y de la \u201ccondici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa al trabajador\u201d, viol\u00f3 de forma directa la noma de normas. <\/p>\n

En efecto, se ha reconocido que la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en tanto apoyo pecuniario que contribuye a aliviar las cargas econ\u00f3micas y emocionales que surgen con la p\u00e9rdida de un ser querido y, en muchos casos, evitar dejar desprotegidos a quienes depend\u00edan de \u00e9l, ha sido reconocida como un derecho fundamental de sus beneficiarios, de ah\u00ed que goce de especial protecci\u00f3n en el ordenamiento superior. <\/p>\n

Sobre su finalidad, la jurisprudencia constitucional acogiendo el concepto ofrecido por la Sala Laboral de esta Corte, ha indicado que no puede hacerse abstracci\u00f3n del sentido mismo de dicho instituto que busca contribuir a hacer frente a las necesidades que surgen como consecuencia del deceso del pensionado y adicionalmente de \u00abimpedir que quien haya convivido permanente, responsable y efectivamente, y prestado apoyo afectivo a su pareja del momento de su muerte, se vea abocado a soportar aisladamente las cargas, tanto materiales como espirituales, que supone su desaparici\u00f3n.\u201d (CSJ SL, 17 Abr. 1998, Rad. 10406, citada en CC, C-1035-08, que reitera lo dicho en las sentencias T-190-93; T-553-94; C-389-96 y C-617-01). <\/p>\n

Ahora bien, la Corte Constitucional ha desarrollado una serie de principios bajo los cuales se define el contenido constitucional de la pensi\u00f3n de sobrevivientes como prestaci\u00f3n asistencial, entre los cuales y para eventos de concurrencia de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y compa\u00f1era o compa\u00f1ero permanente, se encuentran el de \u00abreciprocidad y solidaridad entre el causante y sus allegados\u00bb, conforme al cual \u00abel factor determinante para establecer que persona tiene derecho a la sustituci\u00f3n pensional en casos de conflicto entre el c\u00f3nyuge superstite y la compa\u00f1era o compa\u00f1ero permanente es el compromiso de apoyo afectivo y de comprensi\u00f3n mutua existente entre la pareja al momento de la muerte de uno de sus integrantes\u00bb y el \u00abPrincipio material para la definici\u00f3n del beneficiario\u00bb, que hace referencia a que el ordenamiento jur\u00eddico acoge un criterio material como elemento central para \u00abdeterminar qui\u00e9n es el beneficiario de la sustituci\u00f3n pensional\u00bb, fundado en la \u00abconvivencia efectiva al momento de la muerte\u00bb (CC, C-1035-08).
\n3. La figura de la \u201ccondici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa al trabajador\u201d enunciada en l\u00edneas precedentes, es una de las reglas que materializan el principio de favorabilidad consagrado en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n

Concretamente dicho precepto superior establece que la ley laboral debe tener como principio m\u00ednimo fundamental la \u201csituaci\u00f3n m\u00e1s favorable al trabajador en caso de duda en la aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las fuentes formales de derecho\u201d. <\/p>\n

Frente a ese puntual tema, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en el asunto que dio origen a la acci\u00f3n de tutela de la referencia, consider\u00f3 que la que la aplicaci\u00f3n del mencionado postulado constitucional se encuentra supeditada a \u00abla existencia de una duda en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de normas vigentes, lo que ocurre en el sub lite, pues, it\u00e9rese, dicho precepto legal (art. 47 Ley 100\/93 en su versi\u00f3n original) desapareci\u00f3 del mundo jur\u00eddico, dada la modificaci\u00f3n hecha por el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003 que, se repite, es la que regula el presente asunto\u00bb. <\/p>\n

En ese orden, no ser\u00eda viable darle efectos ultractivos a normas derogadas o reformadas y buscar entre aquellas disposiciones la que se ajuste a las condiciones particulares del caso y pueda resultar beneficiosa para el reclamante. <\/p>\n

Lo cierto, sin embargo, es que ese criterio ha sido objeto de flexibilizaci\u00f3n en lo concerniente a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, habi\u00e9ndose aceptado en otros casos por la accionada que es posible la aplicaci\u00f3n de una disposici\u00f3n que perdi\u00f3 vigencia a condici\u00f3n de ser la que precede inmediatamente al momento en que se causa la sustituci\u00f3n pensional (CSJ SL 8332-2016, Rad. 48260; SL7506-2016, Rad. 49831; SL17142-2016, Rad. 53203; SL2203-2016, Rad. 61944; SL1051-2016, Rad. 42392, entre otras). <\/p>\n

Tal situaci\u00f3n ha dado lugar a que los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia y los mismos juzgadores de las instancias, alberguen fundadas dudas sobre el alcance del principio de la \u201ccondici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u201d trat\u00e1ndose de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, evento en el cual se impone adoptar la interpretaci\u00f3n que resulte m\u00e1s amplia y garantista del derecho fundamental a la sustituci\u00f3n pensional. <\/p>\n

Para poner fin a debates de la \u00edndole comentada, la Corte Constitucional, en su pronunciamiento T-084 de 2017, sostuvo: <\/p>\n

\u201c(…) Esta [Corte] reconoce que, en efecto, pueden surgir dudas sobre el alcance de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa como extensi\u00f3n del principio de favorabilidad, en particular si se le interpreta de manera conjunta con otros principios constitucionales y legales. As\u00ed, por un lado, en virtud de los principios de legalidad de la legislaci\u00f3n laboral y de seguridad jur\u00eddica, podr\u00eda argumentarse que el mencionado principio de favorabilidad en su extensi\u00f3n a la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa debe limitar su aplicaci\u00f3n en el tiempo solo a la norma inmediatamente anterior a la vigente al momento de causarse la pensi\u00f3n. Pero tambi\u00e9n, con fundamento en otros principios constitucionales como el respeto de la confianza leg\u00edtima, solidaridad y buena fe (art\u00edculos 58 y 83 de la Constituci\u00f3n), puede entenderse que el alcance del principio de favorabilidad en la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa no limita su aplicaci\u00f3n en el tiempo a la norma inmediatamente anterior a la vigente al momento de causaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, esto es, el r\u00e9gimen legal vigente al momento de la muerte del causante (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Frente a estas dos interpretaciones, una menos restrictiva que la otra, considera la Corte que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s adecuada frente al principio constitucional de favorabilidad, previsto en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n, ser\u00e1 aquella que respete la \u201csituaci\u00f3n m\u00e1s favorable al trabajador en caso de duda en la aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las fuentes formales de derecho\u201d. Como se aprecia, el principio de favorabilidad opera en caso de duda sobre la interpretaci\u00f3n de las \u201cfuentes formales del derecho\u201d, las cuales incluyen no solo las normas legales o infralegales, por lo que debe ser tomado en cuenta para determinar el sentido y alcance de las normas laborales de la propia Constituci\u00f3n. Por lo tanto, cuando una norma constitucional admita dos o m\u00e1s interpretaciones razonables, el int\u00e9rprete debe elegir aquella que sea m\u00e1s favorable al trabajador. De no hacerlo, incurrir\u00eda en violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En ese orden, de cara a la existencia de reg\u00edmenes normativos diferentes previstos en el art\u00edculo 47 de ley 100 de 1993 en su versi\u00f3n original y en el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, estimo que en este caso, tal como se ha hecho frente a las mismas leyes en cuanto a la densidad de semanas cotizadas por el afiliado antes de su muerte, como exigencia a los beneficiarios para hacerse acreedores de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, la Sala debi\u00f3 hacer prevalecer el postulado superior de la \u201ccondici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u201d como aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad. <\/p>\n

En consecuencia, en lo que ata\u00f1e al tiempo de convivencia exigido a la compa\u00f1era permanente que pretende el reconocimiento a su favor de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, ha debido acogerse la primera de las disposiciones se\u00f1aladas, y demostr\u00e1ndose en el asunto una convivencia simultanea del fallecido con la accionante y con quien adujo ser tambi\u00e9n su compa\u00f1era permanente, ordenar la distribuci\u00f3n del 50% de la prestaci\u00f3n5 entre ellas, en la forma que corresponda atendiendo el tiempo que efectivamente convivi\u00f3 cada una con el afiliado, o en proporciones iguales con base en criterios de justicia y equidad. <\/p>\n

Lo anterior, por cuanto ambas tienen derecho a beneficiarse de la sustituci\u00f3n pensional por tener la condici\u00f3n de titulares de la prerrogativa constitucional a la seguridad social, y atendiendo el reconocimiento y protecci\u00f3n que el ordenamiento superior brinda a la familia que surge de las uniones maritales de hecho. <\/p>\n

4. Finalmente, en lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagradas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas, ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

En los t\u00e9rminos que preceden dejo consignado mi disenso con lo decidido. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado
\n1 \tCSJ. STC 18 de marzo de \t2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 \ty el 18 de enero de 2012.
\n2 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n3 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n

5 \tEl otro 50% se asign\u00f3 a la hija del fallecido hasta que \tcumpla las condiciones para disfrutar de la prestaci\u00f3n.
\n17<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1045-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01886-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 16 de noviembre de 2017, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101244","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101244","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101244"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101244\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101244"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101244"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101244"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}