{"id":101247,"date":"2026-07-01T17:09:45","date_gmt":"2026-07-01T17:09:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101247"},"modified":"2026-07-01T17:09:45","modified_gmt":"2026-07-01T17:09:45","slug":"stc1060-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1060-2018\/","title":{"rendered":"STC1060-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC1060-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00132-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada, mediante licenciado, por Flor Alba, Graciela y Coriolano Medina Luque en frente de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, concretamente contra el magistrado Pablo Ignacio Villate Monroy. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- Los reclamantes deprecan la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, \u00abpropiedad\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abbuena fe\u00bb y \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, presuntamente vulnerados por la colegiatura encartada dentro del juicio divisorio que le entablaron a Victoria y Mauricio Medina Garc\u00eda. <\/p>\n

2.- Arguyeron, como sustento de su reproche, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- En el libelo genitor que dio origen al sub lite, pretendieron \u00abla divisi\u00f3n material del predio rural denominado \u201cEl Aliso\u201d\u00bb, siendo que una vez adelantado \u00abel rito previsto por los arts. 467 y ss. del C. P. C., mediante providencia de julio 9 de 2010 (aclarada por auto de junio 24 de 2011), [el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1] decret\u00f3 la divisi\u00f3n material, conforme a lo pretendido y presentado, como fue, el correspondiente trabajo de partici\u00f3n[;] los demandados lo objetaron -pretendiendo la divisi\u00f3n ad valorem-. Mediante providencia proferida en octubre 17 de 2012, el [juez] a quo declar\u00f3 no probada la objeci\u00f3n a la partici\u00f3n, aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n y ordeno su protocolizaci\u00f3n\u00bb; contra tal resoluci\u00f3n su contraparte interpuso recurso de alzada. <\/p>\n

2.2.- El colegiado entutelado, en lugar de \u00abdesatar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la providencia aprobatoria de la partici\u00f3n indicada, mediante providencia de junio 17 de 2013 [\u2026], por falta de integraci\u00f3n del titular de la cuota correspondiente al 0.23.% del predio, en forma oficiosa declar\u00f3 la nulidad de lo actuado, desde la apertura a pruebas y orden\u00f3 renovar lo anulado\u00bb. <\/p>\n

2.3.- As\u00ed las cosas, una vez subsanada la anotada falencia, el juzgador a quo dio \u00abaplicaci\u00f3n de lo previsto por los arts. 1374 del C. C. y 470 del C. P. C. [y] mediante providencia de junio 2 de 2017 [\u2026] decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del inmueble [\u2026] para distribuir su producto a prorrata de las cuotas o derechos, para lo cual aprob\u00f3 el aval\u00fao obrante\u00bb. <\/p>\n

2.4.- Por lo anterior, interpusieron recurso de reposici\u00f3n y vertical subsidiario contra esa determinaci\u00f3n; desatado adversamente el horizontal, la corporaci\u00f3n encartada emiti\u00f3 el auto revocatorio de 25 de octubre de 2017 con que deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda aduciendo, de un lado, que resultaba incongruente la divisi\u00f3n ad valorem decretada por cuanto que se reclam\u00f3 la material y, de otro, que en punto del bien ra\u00edz materia de pronunciamiento \u00abno es viable expedir divisiones materiales debido a que no est\u00e1n contempladas en el esquema de ordenamiento territorial\u00bb. <\/p>\n

2.5.- En frente de tal prove\u00eddo formularon recurso de s\u00faplica, mismo que result\u00f3 negado por improcedente a trav\u00e9s de decisi\u00f3n adiada 12 de enero de 2018. <\/p>\n

2.6.- Se duelen de que las \u00faltimas providencias dictadas por la colegiatura enjuiciada encierran anomal\u00eda, comoquiera que se \u00abdeneg[\u00f3] la divisi\u00f3n material del inmueble rural [\u2026] sin fundamento ni razonamiento f\u00e1ctico ni jur\u00eddico\u00bb puesto que \u00abel art. 1374 del C. C. y la ley agraria integrada por las Leyes 135 de 1961 (cuyo art. 88 permite la divisi\u00f3n que se demanda, en armon\u00eda con su art. 1\u00ba), 1\u00aa de 1968, 30 de 1988, 160 de 1994 [y] 388 de 1997\u00bb, am\u00e9n que soslay\u00f3 la prohibici\u00f3n de la no reformatio in pejus. <\/p>\n

Del mismo modo, \u00ab[l]a providencia proferida por el [colegiado] accionado en octubre 25 de 2017, contradice las que fueron proferidas en octubre 17 de 2012 por el a quo y en 17 de junio de 2013, por el [tribunal] accionado, atentando, en forma grave, contra la econom\u00eda procesal\u00bb. <\/p>\n

3.- Solicitan, conforme a lo relatado, se declaren sin valor ni efecto las resoluciones \u00abproferidas en segunda instancia por la [sala] accionada en 25 de octubre de 2017 y enero 12 de 2018\u00bb. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

El tribunal cuestionado guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal se indique que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la decisi\u00f3n que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, en SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Observada la censura planteada resulta evidente que el reclamante, al estimar que el tribunal acusado obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrir en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos f\u00e1ctico y procedimental absoluto, enfila su inconformismo as\u00ed: <\/p>\n

2.1.- En frente del auto infirmatorio de 25 de octubre de 2017, que desat\u00f3 la apelaci\u00f3n enfilada contra el de 2 de junio de esa anualidad que decret\u00f3 la divisi\u00f3n ad valorem. <\/p>\n

2.2.- Contra el prove\u00eddo de 12 de enero de 2018, que neg\u00f3 por improcedente el recurso de s\u00faplica promovido contra el pronunciamiento de marras. <\/p>\n

3.- Son acreditaciones que ata\u00f1en con el preciso asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, las siguientes: <\/p>\n

3.1.- Decisi\u00f3n de 17 de octubre de 2012, mediante la cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n rendido y dispuso su protocolizaci\u00f3n notarial e inscripci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria correspondiente. <\/p>\n

3.2.- Resoluci\u00f3n calendada 17 de junio de 2013, en virtud de la cual la sala accionada declar\u00f3 \u00aboficiosamente la nulidad\u00bb de lo actuado en el sub examine desde el \u00abauto de fecha 24 de julio de 2009, inclusive, por medio del cual se abri\u00f3 a pruebas el proceso\u00bb. Ello, ya que era del caso integrar debidamente el litisconsorcio con el propietario del 0.23% del predio pretenso en divisi\u00f3n. <\/p>\n

3.3.- Providencia de 2 de junio de 2017, en virtud de la cual el mentado despacho de conocimiento decret\u00f3 \u00abla venta en p\u00fablica subasta del bien denominado \u201cEl Aliso\u201d [\u2026] a fin de distribuir su producto entre los condue\u00f1os, a prorrata de sus respectivos derechos\u00bb. <\/p>\n

3.4.- Determinaci\u00f3n fechada 20 de septiembre siguiente, a trav\u00e9s de la que el mentado a quo resolvi\u00f3 adversamente el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por los tutelistas, mismo que busc\u00f3 \u00abse revoque la providencia atacada por cuanto, el bien es susceptible de partirse materialmente por as\u00ed permitirlo la Ley 160 de 1994, el Decreto 2664 de 1994[,] la Ley 388 de 1997, la Ley 810 de 2003 y el Decreto 1469 de 2010, normas \u00e9stas que [\u2026] prevalecen sobre lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial; que al pretenderse en la demanda la divisi\u00f3n material del bien la decisi\u00f3n proferida por el despacho que, decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del mismo, es incongruente; y que la decisi\u00f3n adoptada por el despacho consistente en decretar la venta p\u00fablica afecta los intereses de todos los comuneros, por cuanto \u201cdespoja del dominio, la tenencia y explotaci\u00f3n de su parcela, de producci\u00f3n y de su modo de vida, pues aquellos tienen su casa y explotan la tierra en actividades agropecuarias, de lo cual superviven\u201d\u00bb. <\/p>\n

3.5.- Pronunciamiento infirmatorio de 25 de octubre del a\u00f1o pr\u00f3ximo pasado, con que el tribunal querellado \u00abneg[\u00f3] las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n

Lo expresado en vista que all\u00ed consider\u00f3, entre otras reflexiones, que de acuerdo con el \u00abprincipio general que pregona el art\u00edculo 1374 del C\u00f3digo Civil, ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular ser\u00e1 obligado a permanecer en la indivisi\u00f3n, y por tanto cualquier comunero puede pedir la divisi\u00f3n o la venta en p\u00fablica subasta del bien com\u00fan\u00bb, entendido que \u00abaparece consagrado en el art\u00edculo 467 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma aplicable al momento de formularse la demanda que autorizaba a todo comunero a pedir la divisi\u00f3n material de la cosa com\u00fan o su venta en p\u00fablica subasta para que se distribuya el producto. No sobra recordar que la acci\u00f3n que se promueva, se encamina bien a la divisi\u00f3n material ora a la venta en p\u00fablica subasta, del respectivo bien\u00bb. <\/p>\n

Relev\u00f3, a continuaci\u00f3n, que \u00ablos demandantes, centra[n] su recurso de apelaci\u00f3n en que la decisi\u00f3n judicial no est\u00e1 en consonancia con las pretensiones de la demanda, ya que se solicit\u00f3 la divisi\u00f3n material del predio y se decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta, sin que se pueda condenar por objeto distinto, sumado a que se trata de un inmueble rural que puede partirse materialmente sin que los derechos de los condue\u00f1os desmerezcan por el fraccionamiento, adem\u00e1s con la venta se despoja del dominio y explotaci\u00f3n de cada parcela a los comuneros de las cuales viven\u00bb. <\/p>\n

A vuelta de lo anterior, puso de presente que \u00ab con la demanda se alleg\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00ba. 001 de enero 3 de 2007, de la Alcald\u00eda de Tabio (Cund.), por medio de la cual se otorg\u00f3 permiso a demandantes y demandados para efectuar cuatro divisiones materiales respecto del predio con [F]olio de [M]atr\u00edcula N\u00ba. 176-45249 y [C]\u00e9dula [C]atastral N\u00ba. 00-01-0001-0209-000 [\u2026]; empero, mediante oficio de fecha 2 de junio de 2015 de acuerdo a la petici\u00f3n hecha por la perito designada, la Alcald\u00eda Municipal de Tabio inform\u00f3 que la citada resoluci\u00f3n \u201cno tiene aplicabilidad ni vigencia en la actualidad\u201d, conforme al art\u00edculo 47 del Decreto 1469 de 2010\u00bb; am\u00e9n, denot\u00f3, de una parte, que \u00aben oficio del 30 de junio de 2015 el Secretario de Planeaci\u00f3n del Municipio de Tabio inform\u00f3 que el predio identificado con el n\u00famero catastral 00-01-0001-0209-000 de la vereda Rio Fr\u00edo Occidental \u201cno es susceptible de divisi\u00f3n material por cuanto es un predio rural y el \u00e1rea se encuentra por debajo de la uaf Unidad Agr\u00edcola Familiar\u201d\u00bb y, de otra, que \u00aben oficio del 13 de febrero de 2017 el Secretario de Planeaci\u00f3n del Municipio de Tabio, inform\u00f3 respecto del predio \u201cel aliso\u201d que: \u201cno es viable expedir divisiones materiales debido a que no est[\u00e1]n contempladas en el Esquema de Ordenamiento Territorial…\u201d\u00bb. <\/p>\n

Por ende, expres\u00f3, \u00absi bien en principio la Alcald\u00eda de Tabio mediante resoluci\u00f3n de 3 de enero de 2007 hab\u00eda otorgado a las partes un permiso para efectuar cuatro divisiones materiales, respecto del predio objeto de debate; fue la propia alcald\u00eda la que inform\u00f3 que la mencionada resoluci\u00f3n ya no ten\u00eda vigencia y que el predio no era susceptible de divisi\u00f3n material; de lo que se concluye que la divisi\u00f3n material del predio mencionado no es jur\u00eddicamente posible. Y si bien la perito designada considera que el bien s[\u00ed] se puede dividir materialmente conforme a conceptos de divisi\u00f3n de predios similares\u00bb, lo cierto es que \u00abno [se] puede desconocer lo conceptuado actualmente por la Alcald\u00eda de Tabio, frente a este caso espec\u00edfico\u00bb. <\/p>\n

Esclareci\u00f3, de inmediato, que los quejosos manifestaron que \u00abexiste incongruencia entre lo pretendido en la demanda y lo decidido por la [\u2026] juez[a] de primera instancia en el auto apelado\u00bb y que \u00abal respecto [se] encuentra [\u2026] que en efecto los demandantes \u00fanicamente pretendieron la divisi\u00f3n material del predio \u201cel aliso\u201d y no la divisi\u00f3n ad valorem o venta en p\u00fablica subasta, por lo que se desconoce el principio de congruencia consagrado en el art\u00edculo 305 C. P. C., hoy art\u00edculo 281 C. G. P.\u00bb, siendo que \u00absi el [extremo] demandante pretende la divisi\u00f3n material del inmueble y el fallador ordena la venta en p\u00fablica subasta, la providencia es incongruente\u00bb. <\/p>\n

Al margen de ello, pregon\u00f3 que \u00abcon la venta del predio se despoja del dominio y explotaci\u00f3n de cada parcela a los comuneros de las cuales viven, [por lo que] se advierte que conforme a lo dicho, no procede la venta en p\u00fablica subasta, por lo que innecesario resulta analizar tal argumento\u00bb. <\/p>\n

3.6.- Prove\u00eddo de 12 de enero de este a\u00f1o, en que el tribunal enjuiciado deneg\u00f3 por improcedente el recurso de s\u00faplica propuesto contra el rese\u00f1ado en el numeral inmediatamente pret\u00e9rito. <\/p>\n

Lo propio, al se\u00f1alar que de acuerdo con el precepto 35 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abse desprende que siendo el auto suplicado el que resuelve la apelaci\u00f3n interpuesta por el [extremo] demandante contra la decisi\u00f3n de fecha dos de junio de 2017, que decret\u00f3 en el proceso divisorio cuestionado, la venta del bien en p\u00fablica subasta, proferido por el [J]uzgado [S]egundo [C]ivil del [C]ircuito de Zipaquir\u00e1, claro es, que dicha providencia no es susceptible de ning\u00fan otro recurso\u00bb. <\/p>\n

4.- Ata\u00f1edero con el reproche que los enjuiciantes elevaron respecto del prove\u00eddo de 12 de enero de hoga\u00f1o, en virtud del cual la corporaci\u00f3n accionada deneg\u00f3 por \u00abimprocedente\u00bb el recurso de s\u00faplica interpuesto frente a la determinaci\u00f3n adiada 25 de octubre inmediatamente anterior (misma que a su vez revoc\u00f3 el auto de 2 de junio de 2017 que en primera instancia hab\u00eda decretado la venta en p\u00fablica subasta del predio objeto de divisi\u00f3n y deneg\u00f3 las pretensiones, resoluciones ya aludidas atr\u00e1s), ha de se\u00f1alarse que en \u00e9l no se ve arbitrariedad que derive en la procedencia del ruego constitucional. <\/p>\n

4.1.- Tal pronunciamiento, seg\u00fan se desprende de sus argumentos, que enantes fueron expuestos, encierra una postura interpretativa que no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental, m\u00e1xime cuando al efecto fueron explicadas las razones por las cuales la precisa decisi\u00f3n impugnada en s\u00faplica no era pasible de ese medio impugnativo, es decir, que de cara al inciso 2\u00ba del canon 35 del C\u00f3digo General del Proceso emerge que \u00ab[l]os autos que resuelvan apelaciones, dictados por la sala o por el magistrado sustanciador, no admiten recurso\u00bb. <\/p>\n

4.2.- Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de una parte, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y, de otra, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01). <\/p>\n

5.- Depurado lo anterior y en cuanto concierne con la disconformidad planteada relativamente al auto revocatorio de 25 de octubre de 2017, cabe referir que en punto de tal s\u00ed hay lugar a otorgar la protecci\u00f3n reclamada, dado que la corporaci\u00f3n censurada incurri\u00f3 en anomal\u00eda que impone otorgar la salvaguardia deprecada, seg\u00fan pasa a verse. <\/p>\n

Para ello, grosso modo, el legislador estableci\u00f3 que es dable proceder a la escisi\u00f3n material del bien que en cada caso se trate, cuando lo propio sea factible desde la \u00f3ptica jur\u00eddica y f\u00edsica, o sea, cuando los derechos de los condue\u00f1os no desmerezcan por el fraccionamiento. Y, en caso de no ser plausible lo anterior, clara es la normatividad al pregonar que \u00abproceder\u00e1 la venta\u00bb -o lo que es igual, la divisi\u00f3n ad valorem- (art\u00edculos 468 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy d\u00eda 407 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n

Ese entendido -y no otro- es el que enmarca con rotundidad el esp\u00edritu que alberga el citado canon 2334 del C\u00f3digo Civil, pues colegir lo opuesto, esto es, que en aquellos eventos en que en el libelo demandatorio meramente se depreca la divisi\u00f3n material -verbigracia por error u omisi\u00f3n- no es procedente para el fallador decretar la ad valorem, ser\u00eda lo mismo que decir que los jueces siempre estar\u00e1n atados para dar motu proprio v\u00e1lida definici\u00f3n a los asuntos de esa naturaleza, como que, entonces, en los casos en que no sea posible la divisi\u00f3n material jam\u00e1s proceder\u00eda la cesaci\u00f3n de la comunidad, lo que no es la inteligencia de las pautas que gobiernan la materia. <\/p>\n

Por dem\u00e1s, y en abundancia de la no disimulada intenci\u00f3n ut supra anotada que acompa\u00f1\u00f3 a la ley a fin de dar soluci\u00f3n a las indivisiones, la misma normatividad, en aras de econom\u00eda procesal y eficacia judicial, posibilit\u00f3 que el mismo juzgador que avoca el conocimiento del pleito divisorio pueda otorgar, cuando sea menester, \u00ablicencia previa\u00bb (regla 469 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 408 del C\u00f3digo General del Proceso) sin que se imponga recurrir para ello al proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria que se precisar\u00eda, todo en pro de que se d\u00e9 cumplida satisfacci\u00f3n a ese tipo de planteamientos. <\/p>\n

5.2.- Por supuesto, mal se obra cuando en eventos como el ahora auscultado se decide que no es dable la divisi\u00f3n material y que tampoco procede la ad valorem, puesto que ello no es cosa distinta que dejar en indefinici\u00f3n la situaci\u00f3n litigiosa puesta de presente, proceder que contrar\u00eda el m\u00f3vil que ha de guiar perennemente a la administraci\u00f3n judicial: impartir pronta y cumplida justicia, que no denegarla. <\/p>\n

Claro, si bien la colegiatura encartada hall\u00f3 que de acuerdo con las probanzas obrantes el inmueble \u00abEl Aliso\u00bb no resist\u00eda el concreto tipo de segmentaci\u00f3n instado en la demanda, puesto que las cuatro \u00e1reas que contingentemente resultar\u00edan no alcanzar\u00edan a colmar el metraje m\u00ednimo para poder erigirse como Unidades Agr\u00edcolas Familiares, aparte que el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipal de Tabio, donde aquel se asiente, tampoco permite ello, lo que entonces deb\u00eda de adoptar era la consecuente resoluci\u00f3n, esto es, disponer que se procediera al remate del predio en cuesti\u00f3n, a fin de que, a la postre, la divisi\u00f3n perseguida se llevara a cabo, tanto m\u00e1s cuando los all\u00ed demandados en la contestaci\u00f3n de la demanda se manifestaron en el sentido de que aceptaban \u00abla venta en p\u00fablica subasta y la repartici\u00f3n de acuerdo al porcentaje que cada comunero tiene\u00bb. <\/p>\n

Y es que, t\u00e9ngase en cuenta, la divisi\u00f3n ad valorem no afecta de manera alguna los derechos patrimoniales de los condue\u00f1os, toda vez que el producido de la venta se ha de asignar a prorrata de sus porcentajes, m\u00e1xime cuando adem\u00e1s tanto la parte demandada como la parte demandante tienen posibilidad de ejercitar el \u00abderecho de compra\u00bb del bien en cuesti\u00f3n (canon 474 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, actual 414 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n

Por tanto, si bien los falladores gozan de un margen de interpretaci\u00f3n de las normas que aplican, lo cierto es que eso no comporta que est\u00e9n relevados de observar las de raigambre procesal en tanto son de orden p\u00fablico y de obligatorio cumplimiento, am\u00e9n que tampoco ello implica que en el ejercicio de sus funciones puedan dejar de dar soluci\u00f3n efectiva a los conflictos ventilados por los administrados. <\/p>\n

5.3.- La Corte, al abordar asuntos de similar naturaleza, ha expresado, entre otras cosas, que: <\/p>\n

5.3.1.- En CSJ STC2784-2017, 2 mar. 2017, rad. 2017-00430-00, manifest\u00f3: <\/p>\n

En el caso bajo estudio esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal acusado, en la providencia de 8 de noviembre de 2016, que confirm\u00f3 la proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Salamina el 9 de agosto de 2016, indic\u00f3 las razones por las cuales la forma de poner fin a la comunidad existente entre los litigantes era la divisi\u00f3n ad valorem de los bienes que la conformaban. <\/p>\n

[\u2026] As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los peticionarios no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantean los promotores del amparo es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal interpret\u00f3 las normas que regulan el proceso divisorio y concluy\u00f3 que no era procedente acceder a la divisi\u00f3n material, en los t\u00e9rminos que lo reclamaron los hoy accionantes, en cuyo caso tal deducci\u00f3n no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050) (ve\u00e1se). <\/p>\n

5.3.2.- En CSJ STC, 26 abr. 2013, rad. 2013-00832-00, adujo: <\/p>\n

Por supuesto, de la transcripci\u00f3n antes vista, dimana que las pruebas recaudadas en el plenario resultaron puntual y arm\u00f3nicamente observadas y apreciadas, seg\u00fan la sana cr\u00edtica, conforme as\u00ed lo imponen las reglas probatorias, am\u00e9n que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios al efecto manifestados para sustentar lo determinado se fundan en basamentos que regulan el preciso tema abordado en el litigio divisorio planteado, esto es, que los comuneros no est\u00e1n obligados a permanecer en indivisi\u00f3n seg\u00fan lo impone el art\u00edculo 467 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, siendo que en caso de no ser plausible la divisi\u00f3n material, de cara a los presupuestos establecidos en el art\u00edculo 468 ibid, es dable \u201cla venta\u201d, as\u00ed como que el quejoso y all\u00ed demandado no asumi\u00f3 correctamente la carga procesal de probar que pesaba sobre \u00e9l en aras de acreditar la totalidad de las mejoras que dijo haber plantado, por lo que le fueron reconocidas solamente algunas de ellas, hermen\u00e9utica respetable que se soporta, entre otros preceptos, en los art\u00edculos 174, 177, 187, 467, 468 y 472 de la ley de ritos civiles, la que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, todo lo cual no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n

5.4.- As\u00ed las cosas, entonces, it\u00e9rase, emerge pr\u00f3spera la reclamaci\u00f3n extraordinaria y en consecuencia se dejar\u00e1 sin valor ni efecto el auto de 25 de octubre de 2017, as\u00ed como las actuaciones que de este se desprendan, ordenando a la colegiatura accionada que se pronuncie nuevamente sobre el recurso de alzada interpuesto contra la resoluci\u00f3n de 2 de junio de ese a\u00f1o y lo propio en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, consultando las disposiciones legales que gobiernan la materia, de acuerdo con lo plasmado en la parte motiva de este pronunciamiento. <\/p>\n

6.- De conformidad con lo discurrido, se otorgar\u00e1 el amparo rogado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Flor Alba, Graciela y Coriolano Medina Luque, conforme a la motivaci\u00f3n exteriorizada, por lo que se deja sin valor ni efecto el auto de 25 de octubre de 2017, dictada dentro del juicio divisorio referido en los antecedentes. <\/p>\n

SEGUNDO: ORDENAR a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca que se pronuncie nuevamente sobre el recurso de alzada interpuesto contra el prove\u00eddo de 2 de junio del a\u00f1o pr\u00f3ximo pasado y lo propio en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas contados a partir del momento en que reciba notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, consultando las disposiciones legales que gobiernan la materia, de conformidad con lo plasmado en la parte motiva de este pronunciamiento. Por Secretar\u00eda, env\u00edesele copia de la presente decisi\u00f3n. <\/p>\n

TERCERO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC1060-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00132-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada, mediante licenciado, por Flor Alba, Graciela y Coriolano Medina Luque en frente de la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101247","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101247","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101247"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101247\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101247"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101247"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101247"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}