{"id":101250,"date":"2026-07-01T17:10:30","date_gmt":"2026-07-01T17:10:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101250"},"modified":"2026-07-01T17:10:30","modified_gmt":"2026-07-01T17:10:30","slug":"stc1125-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1125-2018\/","title":{"rendered":"STC1125-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1125-2018 <\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la tutela promovida por Jos\u00e9 Alirio Moreno Carvajal frente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, espec\u00edficamente contra el magistrado Camilo Montoya Reyes, con ocasi\u00f3n de la queja formulada por el aqu\u00ed promotor respecto de \u201clos Magistrados del Tribunal Administrativo de Huila\u201d. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El accionante reclama la protecci\u00f3n de la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, presuntamente quebrantada por la autoridad querellada. <\/p>\n

2. Manifiesta, en concreto, que el 26 de octubre de 2017, solicit\u00f3 a la corporaci\u00f3n accionada \u201c(\u2026) informaci\u00f3n y a la vez algunos documentos que [necesita] con urgencia, con el fin de hacerlos llegar a la comisi\u00f3n interamericana de los derechos humanos\u201d (sic). <\/p>\n

El 10 de noviembre posterior, se le comunic\u00f3 que su \u201c(\u2026) escrito fue radicado bajo [el] N\u00ba 110010101102000201702954 sometido a reparto y le correspondi\u00f3 al magistrado Camilo Montoya\u201d, quien hasta la fecha no ha resuelto lo peticionado. <\/p>\n

3. Exige ordenar al tutelado contestar el comentado requerimiento. <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

El funcionario convocado acot\u00f3 que le fue asignado \u201c(\u2026) el tr\u00e1mite disciplinario 110010101102000201702954 contra los Magistrados del Tribunal Administrativo del Huila (\u2026) con ocasi\u00f3n de la queja presentada por el accionante (\u2026) el 30 de octubre de 2017, siendo esta el objeto de esta presente acci\u00f3n constitucional\u201d (sic). <\/p>\n

Destac\u00f3 el fracaso de este decurso por ser contrario al ordenamiento jur\u00eddico, pues se pretende \u201c(\u2026) por v\u00eda constitucional obviar los t\u00e9rminos establecidos en las normas en relaci\u00f3n con el tr\u00e1mite de los procesos disciplinarios adelantados por es[a] corporaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que la \u201c(\u2026) acci\u00f3n disciplinaria, es u[n] tr\u00e1mite jurisdiccional, por medio del cual la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, investiga la posible ocurrencia de hechos constitutivos o no de faltas disciplinarias, sometido a los t\u00e9rminos y plazos estipulados en la Ley que lo rige, en este caso la Ley 734 de 2002\u201d. <\/p>\n

En punto de la denuncia formulada por el aqu\u00ed querellante ante ese colegiado, asever\u00f3 que se halla en \u201cetapa de indagaci\u00f3n preliminar\u201d y se enfila contra la providencia emitida el 15 de mayo de 2014, por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Huila, en el asunto con radicado 410012333000-2014-00088-00 <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando se elevan requerimientos a autoridades judiciales calificadas por los interesados como derechos de petici\u00f3n y tocantes con litigios a su cargo, deben diferenciarse las eventualidades en las cuales se est\u00e1 buscando el impulso del procedimiento o la emisi\u00f3n de una determinada providencia, de aqu\u00e9llas suplicando una actuaci\u00f3n administrativa, tales como el desarchive de un expediente o lo concerniente al funcionamiento del despacho, etc. Las primeras se relacionan con la ley del proceso y se rigen bajo esas reglas, simplemente se formulan, las m\u00e1s de las veces, para soslayar el cumplimiento y ejecuci\u00f3n del tr\u00e1mite jur\u00eddico de enjuiciamiento, que regula el derecho p\u00fablico subjetivo de acci\u00f3n, de contradicci\u00f3n o el de tutela judicial efectiva. Las segundas, por el contrario, se enmarcan dentro de la prerrogativa supralegal de petici\u00f3n y son susceptibles de ampararse por esta v\u00eda constitucional1. <\/p>\n

Al respecto, esta Corte ha tenido la oportunidad de se\u00f1alar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]as solicitudes para ser resueltas por los administradores de justicia en el interior de los procesos judiciales, no se rigen por el derecho de petici\u00f3n y la regulaci\u00f3n de \u00e9ste en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo [hoy C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo], ya que como ha puntualizado la jurisprudencia, las peticiones que presenten las partes y los intervinientes en asuntos relacionados con la litis tienen un tr\u00e1mite en el que se aplican las reglas del proceso. Es por eso que no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

2. El promotor de este ruego se duele porque el funcionario querellado no ha resuelto la \u201cpetici\u00f3n\u201d deprecada el 26 de octubre de 2017. <\/p>\n

3. El requerimiento incoado por Jos\u00e9 Alirio Moreno Carvajal se adec\u00faa en la primera de las hip\u00f3tesis planteadas, pues, seg\u00fan el recuento realizado por el tutelado, esa demanda del mencionado se\u00f1or constituye, conforme a su propia redacci\u00f3n3, una queja disciplinaria elevada por el prenombrado contra la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Huila por la providencia adoptada el 15 de mayo de 2017, dentro del asunto identificado con el n\u00famero 410012333000-2014-00088-00. <\/p>\n

Como a esa denuncia se le est\u00e1 impartiendo el tr\u00e1mite consagrado en la Ley 734 de 20024, hall\u00e1ndose en la actualidad en la fase de \u201cindagaci\u00f3n preliminar\u201d, deber\u00e1 el se\u00f1or Moreno Carvajal ajustarse a los particulares lineamientos estipulados en esa legislaci\u00f3n al momento de elevar requerimientos relacionados con ese decurso jurisdiccional. <\/p>\n

En punto de la remisi\u00f3n de \u201c(\u2026) las leyes correspondientes (\u2026) donde se [le] permita entender claramente lo referenciado, en la providencia del 15 de mayo de 2014, todo en virtud de falsedad y corrupci\u00f3n\u201d (subl\u00ednea fuera de texto), exigida por Moreno Carvajal mediante el comentado \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d, se advierte que esa solicitud se halla estrechamente ligada a la referida investigaci\u00f3n adelantada por el funcionario tutelado; por tanto, es menester esperar la culminaci\u00f3n de tal tramitaci\u00f3n, pues, solo al final de la misma se sabr\u00e1 si los magistrados denunciados incurrieron en falta disciplinaria al emitir el aludido prove\u00eddo. <\/p>\n

Adem\u00e1s, si el tutelante necesita la copia de una ley o conocer de ella, puede, si a bien tiene, consultar el Diario Oficial, por cuanto los jueces no son los encargados de certificar la existencia de aqu\u00e9lla. <\/p>\n

Ahora, tener conocimiento de las leyes es cosa que incumbe a todos, pues aun cuando el art\u00edculo 9 del C\u00f3digo Civil no lo impone como obligaci\u00f3n, la ignorancia de las mismas no exonera de su cumplimiento. <\/p>\n

4. Ante eventos como el narrado, el resguardo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, cuyo prop\u00f3sito es la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango iusfundamental, pues lo cierto es que \u00e9stos no se encuentran infringidos en el caso en comento. <\/p>\n

5. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma como tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

As\u00ed como por la regla 93 ej\u00fasdem, al estipular: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7. <\/p>\n

6. Por las razones mencionadas, se impone desestimar el amparo incoado. <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Jos\u00e9 Alirio Moreno Carvajal frente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, espec\u00edficamente contra el magistrado Camilo Montoya Reyes, con ocasi\u00f3n de la queja formulada por el aqu\u00ed promotor respecto de \u201clos Magistrados del Tribunal Administrativo de Huila\u201d. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\nAusencia justificada <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nAusencia justificada <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nSTC1125-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2018-00023-00 <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que la Sala no se ha detenido a analizar si esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, tiene efectos en todos los casos, incluso en aquellos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, o \u00fanicamente cuando exista ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagradas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es innecesario e inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tV\u00e9ase, \tentre otras, las sentencias dictadas en los exp. 2015-00229-01 y \t2016-01329-01.
\n2 \tCSJ STC 2 de agosto de \t2002, rad. 00199-01, reiterada el 6 de febrero de 2008, rad. \t00389-01.
\n3 \tDe acuerdo con los elementos de juicio obrantes en estas \tdiligencias, el se\u00f1or Moreno Carvajal en su \u201cderecho \tde petici\u00f3n\u201d \tformulado ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo \tSuperior de la Judicatura, puso de presente la existencia de un \tjuicio suyo conocido por el Tribunal Administrativo del Huila, en el \tcual, al parecer, \u201cfueron \tdesaparecidas [unas \tpruebas] (\u2026), \tpor actos de corrupci\u00f3n administrativos\u201d, \ty exigi\u00f3 se le indicara: i) si la Constituci\u00f3n \tPol\u00edtica faculta a los \u201cdespachos \tjudiciales\u201d \tdesarrollar \u201cprocesos \tcon documentaci\u00f3n falsa\u201d; \tii) si los estrados \u201cpueden \tpermitir el nombramiento de personas fallecidas en cargos p\u00fablicos\u201d; \tiii) se le remitieran \u201clas \tleyes correspondientes \t(\u2026) donde \tse \t[le] \tpermita entender claramente lo referenciado, en la providencia del \t15 de mayo de 2014, todo en virtud de falsedad y corrupci\u00f3n\u201d \t(sic); y iv) especificarle \u201csi \tes permitido por la ley adelantar procesos judiciales y \tadministrativos con documentaci\u00f3n falsa\u201d.
\n4 \tC\u00f3digo Disciplinario \u00danico.
\n5 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n6 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n7 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1125-2018 (Aprobado en sesi\u00f3n treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la tutela promovida por Jos\u00e9 Alirio Moreno Carvajal frente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, espec\u00edficamente contra el magistrado […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101250","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101250","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101250"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101250\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101250"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101250"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101250"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}