{"id":101252,"date":"2026-07-01T17:10:50","date_gmt":"2026-07-01T17:10:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101252"},"modified":"2026-07-01T17:10:50","modified_gmt":"2026-07-01T17:10:50","slug":"stc1127-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1127-2018\/","title":{"rendered":"STC1127-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1127-2018 <\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2017, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la tutela promovida por Edison Daniel Marulanda Colorado contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia y el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa misma ciudad, con ocasi\u00f3n del asunto penal seguido frente al petente por los delitos de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n y porte de estupefacientes. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl promotor reclama la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, presuntamente quebrantado por las autoridades jurisdiccionales querelladas.
\n2.\tEn lo medular, son hechos del reparo los siguientes: <\/p>\n

2.1. En fallo de 5 de junio de 2015 (fls. 23-33), el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Armenia conden\u00f3 al accionante a la pena de cuarenta y ocho (48) meses de prisi\u00f3n, por los delitos de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n y porte de estupefacientes. <\/p>\n

2.2. Apelada la anterior decisi\u00f3n, fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, en prove\u00eddo de 9 de diciembre de ese mismo a\u00f1o (fls. 18-22). <\/p>\n

2.3. El 28 de octubre de 2016 (fls. 94-101), el interesado le solicit\u00f3 al Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Medell\u00edn, a quien le correspondi\u00f3 la vigilancia de la sanci\u00f3n impuesta, le concediera el beneficio de la detenci\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n

2.4. El anterior pedimento fue negado el 1 de noviembre siguiente (fls. 102-103), en determinaci\u00f3n confirmada en sendas providencias de 2 de diciembre de 2016 (fls. 28-29) y 3 de febrero de 2017 (fls. 32-33), resolutorias de un recurso de reposici\u00f3n y otro de alzada, respectivamente. <\/p>\n

2.5. El 14 de julio de 2017, exigi\u00f3 al Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad revisar la condena impuesta y anular las actuaciones, arguyendo que la Ley 1709 de 2014 no era la llamada a regular la situaci\u00f3n por cuanto \u201cno se encontraba vigente al momento de la comisi\u00f3n de la conducta punible\u201d (fls. 104-117). Dicha solicitud se desestim\u00f3 el 26 de julio del mismo a\u00f1o, en providencia no recurrida. <\/p>\n

4.\tExige, en concreto, declarar la invalidez de lo cursado desde la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y, subsidiariamente, anular la \u201caudiencia de verificaci\u00f3n de allanamiento, individualizaci\u00f3n de la pena y proferimento de sentencia\u201d (fls. 13-14). <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde \t\tlos accionados y vinculados <\/p>\n

1.\tEl juzgador criticado relat\u00f3 los pormenores de su gesti\u00f3n, reiterando que al impulsor se le respetaron todas sus garant\u00edas; destac\u00f3 la carencia del requisito de la inmediatez, pues la imputaci\u00f3n y la aceptaci\u00f3n de cargos se hicieron hace m\u00e1s de cinco a\u00f1os (fl. 57). <\/p>\n

2. La Defensor\u00eda del Pueblo manifest\u00f3 que la asesor\u00eda y atenci\u00f3n brindadas al accionante fueron adecuadas y oportunas, y que las declaraciones del actor carec\u00edan de sustento f\u00e1ctico y jur\u00eddico (fls. 70-71). <\/p>\n

3. La Secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia comunic\u00f3 que mediante decisi\u00f3n de 3 de diciembre de 2015, se confirm\u00f3 el fallo de primer grado dictado contra el petente; adem\u00e1s, asever\u00f3 que aquella determinaci\u00f3n qued\u00f3 ejecutoriada sin que se hubiera propuesto ning\u00fan recurso (fl. 119). <\/p>\n

4. El Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad relacion\u00f3 las actuaciones por \u00e9l surtidas e indic\u00f3 que al actor se le neg\u00f3 el beneficio extramural porque no cumpl\u00eda con los requisitos previstos en el ordenamiento (fl. 82). <\/p>\n

5. El Juzgado Tercero Penal Municipal de Control de Garant\u00edas expres\u00f3 que las audiencias de legalizaci\u00f3n de captura y formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n se adelantaron de acuerdo a los par\u00e1metros legales (fl. 136). <\/p>\n

6. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 la salvaguarda reclamada, tras destacar la incuria del actor en el uso de los recursos, en particular la casaci\u00f3n; recalc\u00f3 que al procesado se le respetaron todas sus garant\u00edas y no hubo desconocimiento de la ley ni del principio de legalidad por parte de los funcionarios querellados (fls. 138-153). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El presente resguardo se cifra en determinar si se conculcaron las garant\u00edas de \u00c9dison Daniel Marulanda Colorado con ocasi\u00f3n de la providencia dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Armenia el 5 de agosto de 2015, confirmada el 9 de diciembre siguiente por el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, mediante la cual se impuso al actor la pena de prisi\u00f3n por los delitos de tr\u00e1fico, porte y fabricaci\u00f3n de estupefacientes. <\/p>\n

Se contrae tambi\u00e9n en establecer si los pronunciamientos del Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Medell\u00edn, de 1 de noviembre y 2 de diciembre de 2016 y 26 de julio de 2017, vulneraron los derechos del petente al negar, los dos primeros, el beneficio de detenci\u00f3n domiciliaria; y el restante, al rechazar el pedimento de revisi\u00f3n de la condena. <\/p>\n

Lo propio habr\u00e1 de hacerse en lo ata\u00f1edero a la determinaci\u00f3n de 3 de febrero pasado, dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Armenia, confirmatoria de la mencionada decisi\u00f3n del 1 de noviembre de 2016. <\/p>\n

2. Con excepci\u00f3n de la censura enfilada contra la providencia de 26 de julio de 2017, sin dificultad advierte la Sala el fracaso del reproche, pues resulta patente que el auxilio, impetrado el 30 de octubre de 2017 (Cfr. fl. 40), se propuso m\u00e1s all\u00e1 de los seis meses contemplados por esta Sala como tempestivos para acudir a la acci\u00f3n de amparo en procura de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n

Esa tardanza, en s\u00ed misma, desvirt\u00faa la finalidad del resguardo, pues la tutela es un mecanismo creado para la \u201cprotecci\u00f3n inmediata\u201d de los \u201cderechos constitucionales (\u2026) vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica\u201d (art. 86, C.P.).
\nSobre este aspecto esta Corporaci\u00f3n, reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, si resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, si el censor se demor\u00f3 para incoar la salvaguarda constitucional, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular atribuible a los querellados y con repercusi\u00f3n directa en la garant\u00eda fundamental invocada como soporte de tal amparo. <\/p>\n

3. A similar conclusi\u00f3n se llega frente al reparo dirigido contra el auto del 26 de julio pasado, mediante el cual, it\u00e9rese, el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Medell\u00edn desestim\u00f3 la solicitud de nulidad y revisi\u00f3n de la sentencia impetrada por el aqu\u00ed petente, pues respecto de \u00e9l no se formularon los recursos de ley. <\/p>\n

La decisi\u00f3n era susceptible de controvertirse a trav\u00e9s de reposici\u00f3n, como lo autoriza el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y, a\u00fan, mediante apelaci\u00f3n, seg\u00fan lo dispone el numeral 3\u00ba del canon 177, ib\u00eddem. <\/p>\n

Luego, si el promotor pretiri\u00f3, en la oportunidad id\u00f3nea, acudir a los aludidos mecanismos, esa negligencia le cierra la v\u00eda a esta excepcional jurisdicci\u00f3n, dada su naturaleza subsidiaria y residual. <\/p>\n

Al respecto, esta Corte ha dicho: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a accionante (\u2026), no aleg\u00f3 su inconformidad (\u2026) a trav\u00e9s del recurso o medio procedente] (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

4. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Complementariamente, la regla 93 ej\u00fasdem, dispone: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

5.\tSe ratificar\u00e1 el fallo impugnado, pero por las razones aqu\u00ed trasuntadas. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tCONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\nAusencia justificada <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nAusencia justificada <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nCORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\nSALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n

STC1127-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-04-000-2017-01864-01 <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

Magistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que la Sala no se ha detenido a analizar si esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, tiene efectos en todos los casos, incluso en aquellos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, o \u00fanicamente cuando exista ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagradas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es innecesario e inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. STC. 14 Sep. 2007, \tExp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. \t2011-02245-00.
\n2 \tCSJ. STC. 11 abr. 2011, \trad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de \tnoviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, \trespectivamente.
\n3 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1127-2018 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2017, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101252","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101252","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101252"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101252\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101252"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101252"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101252"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}