{"id":101254,"date":"2026-07-01T17:11:12","date_gmt":"2026-07-01T17:11:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101254"},"modified":"2026-07-01T17:11:12","modified_gmt":"2026-07-01T17:11:12","slug":"stc1133-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1133-2018\/","title":{"rendered":"STC1133-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1133-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2017-00977-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 28 de noviembre de 2017, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la tutela instaurada por Fabi\u00e1n Leonardo Vargas Londo\u00f1o en contra del Juzgado Civil del Circuito de Girardota, con ocasi\u00f3n del juicio de impugnaci\u00f3n de acta de asamblea iniciado por Juan de Dios Londo\u00f1o Zapata y otros respecto de Transportes Barbosa Porcesito S.A. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El accionante suplica la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado por el acusado. <\/p>\n

2. Fabi\u00e1n Vargas Londo\u00f1o sostiene como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 3 a 8): <\/p>\n

2.1. En el auto admisorio del litigio materia de esta salvaguarda, adiado el 2 de agosto de 2016, el juzgado querellado dispuso como medida cautelar \u201csuspender los efectos\u201d del acta de la asamblea de accionistas de la empresa all\u00e1 demandada efectuada el 18 de marzo de 2015, en la cual se eligi\u00f3 la nueva junta directiva de la misma, siendo designado el tutelante como miembro. <\/p>\n

2.2. Seg\u00fan relata el quejoso, el entonces representante legal de la sociedad mencionada interpuso recurso de reposici\u00f3n frente a esa determinaci\u00f3n; no obstante, tras la remoci\u00f3n de aqu\u00e9l, el nuevo vocero desisti\u00f3 de ese remedio, postura que, en opini\u00f3n de Vargas Londo\u00f1o, va en contrav\u00eda de los intereses de esa persona jur\u00eddica. <\/p>\n

3. Implora \u201csuspender los efectos\u201d de la cautela rese\u00f1ada y, adem\u00e1s, acceder a su solicitud de \u201cser parte\u201d en ese tr\u00e1mite. <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

Se opuso al ruego realzando la legalidad de su proceder (fl. 122). <\/p>\n

2. La \t\tsentencia impugnada <\/p>\n

Desestim\u00f3 el resguardo tras inferir: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a decisi\u00f3n que motiv\u00f3 la interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional data del 2 de agosto de 2016, (\u2026) registrada en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad Transportes Barbosa Porcesito S.A. desde el 9 de agosto de 2016, y solo hasta ahora, esto es, m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s, se promueve la presente acci\u00f3n constitucional, (\u2026) de donde surge di\u00e1fano que en este caso no se acredita el cumplimiento del requisito relacionado con la inmediatez (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) De otro lado, (\u2026) pese a que el accionante manifest\u00f3 (\u2026) que ha solicitado ser incluido como litisconsorte dentro del proceso, (\u2026) lo que se aprecia es que el se\u00f1or Fabi\u00e1n Leonardo Vargas Londo\u00f1o ha elevado dichas solicitudes en calidad de apoderado general de la se\u00f1ora Alba Nelly Valencia, quien es accionista de la compa\u00f1\u00eda, por lo que no se avizora que \u00e9l mismo haya formulado alguna solicitud en nombre propio (\u2026) tendiente a ser incluido dentro del proceso (\u2026)\u201d (fls. 125 a 129). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 el promotor insistiendo en sus inconformidades y precisando que \u201c(\u2026) se han agotado los requisitos de residualidad que la norma (sic) exige para efectos de proteger el derecho al debido proceso (\u2026)\u201d (fls. 133 a 137). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Fabi\u00e1n Leonardo Vargas Londo\u00f1o se duele porque dentro del comentado subex\u00e1mine i) se \u201csuspendieron los efectos\u201d del acta de la asamblea de accionistas de la all\u00e1 demandada, celebrada el 18 de marzo de 2015; y ii) la autoridad judicial neg\u00f3 su pedimento para \u201cactuar en el proceso como litisconsorte\u201d. <\/p>\n

2. Concerniente al primer punto de censura, se despachar\u00e1 desfavorablemente el ruego por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa del se\u00f1alado se\u00f1or para elevar el reclamo constitucional, pues, a pesar de acudir como \u201csocio\u201d de la aludida empresa, seg\u00fan se asevera en el escrito inicial, no ostenta la vocer\u00eda legal de la misma ni es parte en el se\u00f1alado proceso, por ende, no le es posible reclamar la protecci\u00f3n a nombre propio ni en representaci\u00f3n de esa sociedad, tal como se ha definido por esta Corte en amparos precedentes1. <\/p>\n

3. Reiteradamente esta Sala ha destacado que en el impulsor del resguardo debe existir un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, trat\u00e1ndose de violaciones originadas en actuaciones judiciales, radica exclusivamente en quienes conforman algunos de los extremos del asunto, calidad no ostentada por el mencionado se\u00f1or, pues, contrario a lo aducido en el libelo genitor, no ha concurrido a ese decurso a pedir el reconocimiento como tal. <\/p>\n

Es menester indicar que el precepto 10 del Decreto 2591 de 1991, si bien instituye: \u201c[l]a acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida [indistintamente por] cualquiera\u201d, ese canon supedita su legitimaci\u00f3n al individuo directamente \u201cvulnerad[o] o amenazad[o] en uno de sus derechos fundamentales\u201d. Esta disposici\u00f3n es desarrollo del precepto 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, del cual se colige que a dicho auxilio solo est\u00e1 facultado para concurrir quien vea \u201cvulneradas o amenazadas\u201d sus garant\u00edas supralegales. <\/p>\n

En un caso similar, memor\u00f3 esta Sala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [C]iertamente, aunque el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u201ccualquier persona\u201d puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [precepto] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u201cvulnerados o amenazados\u201d aquellos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]n punto del tema, la jurisprudencia, en reiteradas decisiones ha sostenido que la precitada norma \u201cdispuso cuatro v\u00edas procesales para que el titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados interponga acci\u00f3n de tutela: <\/p>\n

\u201c(\u2026) (i) Por s\u00ed mismo, pues no se requiere abogado; (ii)\tA trav\u00e9s de representante legal en el caso de menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas; (iii)\tPor intermedio de un abogado titulado con poder expreso, si as\u00ed se desea; y (iv) Mediante agente oficioso, es decir, por un tercero indeterminado sin necesidad de poder, \u201ccuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u201d. Agrega que en este caso se debe manifestar tal situaci\u00f3n en la solicitud de tutela, esto es, se debe poner de presente que se act\u00faa en calidad de agente oficioso y cu\u00e1les son las circunstancias que hacen que el titular de los derechos est\u00e9 imposibilitado para interponer la acci\u00f3n (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

4. Ata\u00f1edero al segundo punto de cuestionamiento, relacionado con la negativa del estrado acusado a tenerlo como \u201clitisconsorte necesario\u201d en el aludido decurso, tambi\u00e9n se denegar\u00e1 la protecci\u00f3n rogada por la desatenci\u00f3n del requisito de subsidiariedad, por cuanto, como se dijo en l\u00edneas precedentes, contrario a lo aseverado en el escrito inicial, el querellante no ha elevado pedimento alguno a nombre propio tendiente a lograr tal reconocimiento, pues, en realidad, ha hecho tal gesti\u00f3n obrando \u201ccomo apoderado general de la se\u00f1ora Alba Nelly Valencia Mesa\u201d (fls. 62 a 72), requerimiento pendiente de resolverse en segunda instancia (fls. 98 a 103). <\/p>\n

Por tanto, a ello deber\u00e1 proceder previo a acudir a esta acci\u00f3n residual, porque le compete al estrado cognoscente definir si le asiste o no raz\u00f3n en sus afirmaciones, y de hallarlas fundadas, adoptar las medidas pertinentes. <\/p>\n

Respecto de ese punto, esta colegiatura indic\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Desde esa perspectiva, es claro el fracaso de la protecci\u00f3n deprecada por cuanto no fue instituida, como se anticip\u00f3, para sustituir los instrumentos ordinarios consagrados por el legislador en favor de las partes o para adelantarse a las decisiones que le corresponde adoptar al [funcionario competente], sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta agraviada o afectada en una garant\u00eda fundamental, carezca de recursos (\u2026) o aunque contando con ellos no sean id\u00f3neos para el efecto (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

5. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Adem\u00e1s, la regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d.
\n\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6. <\/p>\n

6. Por los anteriores argumentos, se impone la convalidaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\nAusencia justificada <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nAusencia justificada <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nCORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\nSALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n

STC1133-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 05001-22-03-000-2017-00977-01 <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que la Sala no se ha detenido a analizar si esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, tiene efectos en todos los casos, incluso en aquellos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, o \u00fanicamente cuando exista ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagradas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es innecesario e inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado
\n1 \tCSJ. \tCivil, STC4293 de 27 de marzo de 2017, exp. 2017-00377-01.
\n2CSJ \tSTC 13 dic. 2011, Rad. \t13001 \t22 13 000 2011 00284 02.
\n3 \tCSJ. Civil, sentencia de 20 de marzo de 2012, exp. 2012-00192-01.
\n4 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n5 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n6 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n15<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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