{"id":101256,"date":"2026-07-01T17:11:33","date_gmt":"2026-07-01T17:11:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101256"},"modified":"2026-07-01T17:11:33","modified_gmt":"2026-07-01T17:11:33","slug":"stc1144-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1144-2018\/","title":{"rendered":"STC1144-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1144-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2017-00850-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El interesado reclama la protecci\u00f3n de la prerrogativa a la \u201cfamilia\u201d, supuestamente quebrantada por las autoridades querelladas. <\/p>\n

2. En sustento de su inconformidad se\u00f1ala, en s\u00edntesis, que de la relaci\u00f3n sentimental que sostuvo con la se\u00f1ora Dilsa Guerrero Cifuentes, se procre\u00f3 a XXX. <\/p>\n

Acota que el 23 de diciembre de 2013, ante la Comisar\u00eda Sexta de Familia de Tunjuelito, conciliaron la \u201ccustodia\u201d de la referida ni\u00f1a, quedando la misma \u201cen cabeza de la progenitora\u201d, y regul\u00e1ndose adem\u00e1s, las visitas \u201cpor horarios y d\u00edas para el padre\u201d. <\/p>\n

Arguye que la madre de la infante lo ha privado de ver a su descendiente haciendo \u201cdenuncias falaces\u201d en su contra, por tanto, present\u00f3 ante el Juzgado Primero de Familia de Bogot\u00e1, demanda de \u201ccustodia y cuidado personal de menor de edad\u201d, la cual no ha podido notificarse por los constantes cambios de domicilio de la all\u00ed accionada. <\/p>\n

Esgrime que dentro de ese litigio solicit\u00f3 como medida cautelar el \u201c(\u2026) cumplimiento de la regulaci\u00f3n de visitas mientras se debat\u00eda y fallaba de fondo [ese] proceso (\u2026)\u201d, pedimento denegado por el estrado fustigado. <\/p>\n

Manifiesta que \u201c(\u2026) ha venido consignando los valores mensuales correspondientes a la cuota alimentaria (\u2026)\u201d de su hija; empero, el derecho a compartir con [ella] (\u2026) ha sido burlado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. Clama en concreto, ordenar a los convocados \u201c(\u2026) adoptar las medidas correspondientes (\u2026) para velar por el cumplimiento de las visitas reguladas (\u2026) el 23 de diciembre de 2013 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

1. El juzgado querellado manifest\u00f3 que el petente para acceder a lo pretendido en este ruego, debe iniciar el correspondiente \u201ctr\u00e1mite incidental administrativo\u201d ante la autoridad competente (fls. 136 a 138). <\/p>\n

3. La Comisar\u00eda Sexta de Familia de Tunjuelito acot\u00f3 que despu\u00e9s de la conciliaci\u00f3n efectuada en esa dependencia, \u201c(\u2026) no se ha llevado ninguna otra actuaci\u00f3n, intervenci\u00f3n diligencia o audiencia (\u2026) donde se hubiesen debatido asuntos relacionados con la ni\u00f1a [XXX] (\u2026)\u201d. <\/p>\n

4. La Comisar\u00eda Dieciocho de Familia de esta capital, remiti\u00f3 copias de las diligencias efectuadas en ese despacho, concernientes al asunto subex\u00e1mine (fl. 80). <\/p>\n

2. La sentencia \t\timpugnada <\/p>\n

Desestim\u00f3 la salvaguarda, al considerar, <\/p>\n

\u201c(\u2026) la acci\u00f3n de tutela no cumple con el presupuesto de la subsidiariedad que caracteriza esta clase de resguardos, pues aun cuando no desconoce la Sala las gestiones adelantadas por el se\u00f1or [XXX] con miras a obtener el cumplimiento del r\u00e9gimen de visitas establecido de com\u00fan acuerdo por los padres de la menor [XXX] (\u2026) el 23 de diciembre de 2013, es lo cierto que contrario a lo afirmado en el libelo el accionante no ha agotado todos los mecanismos judiciales a su alcance para obtener lo que pretende a trav\u00e9s del mismo, que no es otra cosa distinta a que se garantice la ejecuci\u00f3n de dicho r\u00e9gimen; asunto cuya materializaci\u00f3n bien puede procurar adelantando el proceso ejecutivo correspondiente ante la autoridad competente, pues no de balde en el acta de conciliaci\u00f3n No. 516 de 2013 la Comisar\u00eda Sexta de Familia de Tunjuelito – Localidad Rafael Uribe Uribe de esta ciudad le inform\u00f3 a las partes sobre las consecuencias que acarreaba el incumplimiento de lo acordado y los efectos del mismo, y dej\u00f3 expresa anotaci\u00f3n de que el acta PRESTA M\u00c9RITO EJECUTIVO Y RIGE A PARTIR DE LA FECHA (\u2026)\u201d (fls. 146 a 154). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 el censor manifestando que el auxilio debe ser concedido como mecanismo transitorio, pues lleva m\u00e1s de 2 a\u00f1os sin ver a su hija (fls. 183). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El gestor cuestiona a las autoridades accionadas por no haber realizado las labores tendientes a lograr el acatamiento del r\u00e9gimen de visitas de su hija XXX, el cual fue conciliado ante la Comisar\u00eda Sexta de Familia de Tunjuelito el 23 de diciembre de 2013. <\/p>\n

2. De lo expuesto emerge claro el fracaso del resguardo solicitado, por cuanto lo alegado por el actor no es cuestionable por esta v\u00eda extraordinaria. <\/p>\n

Para lograr el cumplimiento del memorado acuerdo, el solicitante puede acudir a un juicio ejecutivo ante el juez competente. Ese es el escenario id\u00f3neo para debatir los reproches esbozados por esta v\u00eda residual. <\/p>\n

N\u00f3tese, en el asunto bajo estudio, se encuentra en debate una obligaci\u00f3n de hacer, como lo es, permitir las visitas del petente para con su descendiente, las cuales, se itera, ya fueron fijadas en la memorada audiencia de conciliaci\u00f3n, donde tambi\u00e9n qued\u00f3 claro que lo all\u00ed pactado \u201ccobra m\u00e9rito ejecutivo\u201d; por tanto, es el proceso compulsivo consagrado en el art\u00edculo 426 del C\u00f3digo General del Proceso1, la senda correcta para que el actor exija el cumplimiento forzado de tal derecho. <\/p>\n

Lo anterior encuentra respaldo en la jurisprudencia constitucional, donde se ha considerado: <\/p>\n

\u201c(\u2026 )El proceso ejecutivo tiene como finalidad asegurar que el titular de una relaci\u00f3n jur\u00eddica que genera obligaciones pueda obtener, a trav\u00e9s de la intervenci\u00f3n del Estado, el cumplimiento de ellas, obligando al [ejecutado] a [satisfacer] la prestaci\u00f3n a su cargo (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

Bajo esa tesitura, es indiscutible que las decisiones emitidas por una autoridad jurisdiccional son ejecutables, no solo por el hecho de que as\u00ed este consagrado en el estatuto adjetivo civil3, sino tambi\u00e9n, porque la naturaleza de las mismas revisten, en su mayor\u00eda, la declaraci\u00f3n de un derecho a favor de quien acude a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n

As\u00ed, los reconocimientos otorgados en una providencia judicial, y las \u00f3rdenes que all\u00ed se impartan, generan obligaciones de forzoso cumplimiento, susceptibles de ser perseguidas mediante el proceso ejecutivo, por ser el mecanismo a trav\u00e9s del cual se puede lograr la materializaci\u00f3n de lo determinado en esos prove\u00eddos. <\/p>\n

En un asunto de similares contornos al aqu\u00ed expuesto, la Corte Constitucional expres\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) lo que pretende el accionante, (\u2026) es que se ordene a las autoridades accionadas que realicen todos las actuaciones y los tr\u00e1mites necesarios para que se reestablezca de manera inmediata el r\u00e9gimen de visitas de [su hijo], decretado por el Juez Primero de Familia de C\u00facuta y modificado en el Centro Zonal C\u00facuta Tres en la parte correspondiente al lugar de entrega del ni\u00f1o (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cel mecanismo id\u00f3neo para perseguir el cumplimiento del r\u00e9gimen de visitas fijado (\u2026), es el proceso ejecutivo, el cual puede adelantarse ante el mismo juez para ser tramitado dentro del mismo expediente del proceso verbal en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

As\u00ed, la discusi\u00f3n planteada es ajena a esta especial jurisdicci\u00f3n, pues este mecanismo es de car\u00e1cter subsidiario y no puede ser simult\u00e1neo, complementario ni alternativo para resolver aspectos propios de procedimientos ordinarios. <\/p>\n

Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]s palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

3. Finalmente, no es posible otorgar el auxilio como mecanismo transitorio en aras de evitar un da\u00f1o irremediable, porque no se avizora ning\u00fan menoscabo de caracter\u00edsticas inminentes, graves e impostergables que faculten la intervenci\u00f3n de esta excepcional justicia. <\/p>\n

4. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8. <\/p>\n

5. Por los anteriores argumentos, se impone la convalidaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.
\nNOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

Presidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\nAusencia justificada <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nAusencia justificada <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que la Sala no se ha detenido a analizar si esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, tiene efectos en todos los casos, incluso en aquellos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, o \u00fanicamente cuando exista ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagradas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es innecesario e inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tArt\u00edculo 426. Ejecuci\u00f3n por obligaci\u00f3n de dar o \thacer. \u201cSi la \tobligaci\u00f3n es de dar una especie mueble o bienes de g\u00e9nero \tdistinto de dinero, el demandante podr\u00e1 pedir, conjuntamente \tcon la entrega, que la ejecuci\u00f3n se extienda a los perjuicios \tmoratorios desde que la obligaci\u00f3n se hizo exigible hasta que \tla entrega se efect\u00fae, para lo cual estimar\u00e1 bajo \tjuramento su valor mensual, si no figura en el t\u00edtulo \tejecutivo (\u2026)\u201d. De la misma manera se proceder\u00e1 \tsi demanda una obligaci\u00f3n de hacer y pide perjuicios por la \tdemora en la ejecuci\u00f3n del hecho\u201d.
\n2 \tCorte Constitucional. Sentencia C-918\/01
\n3 \tArt\u00edculo 306. Ejecuci\u00f3n. \u201cCuando \tla sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de \tcosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o \tal cumplimiento de una obligaci\u00f3n de hacer, el acreedor (\u2026), \tdeber\u00e1 solicitar la ejecuci\u00f3n con base en la sentencia \t(\u2026), para que \tse adelante el proceso ejecutivo \t(\u2026)\u201d.
\n4 \tCorte Constitucional. Sentencia T-431 de 2016.
\n5 \tCSJ. Civil. Sentencia de 22 \tde febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, \texp, 00051-01; \ty el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre \totras.
\n6 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n

8 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n12<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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