{"id":101258,"date":"2026-07-01T17:11:57","date_gmt":"2026-07-01T17:11:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101258"},"modified":"2026-07-01T17:11:57","modified_gmt":"2026-07-01T17:11:57","slug":"stc1153-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1153-2018\/","title":{"rendered":"STC1153-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1153-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2017-00393-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 16 de noviembre de 2017, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la tutela interpuesta por Luis Germ\u00e1n Castellar Solano frente a la Polic\u00eda Nacional \u2013Seccional de Prestaciones Sociales-. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El petente, se extrae del ruego tuitivo, reclama el amparo de las prerrogativas de petici\u00f3n y m\u00ednimo vital, presuntamente quebrantadas por la autoridad accionada. <\/p>\n

2. En sustento de su reproche, expone que hace m\u00e1s de dos a\u00f1os y medio la Polic\u00eda Nacional, Seccional de Prestaciones Sociales, no le paga una indemnizaci\u00f3n por disminuci\u00f3n de su capacidad psicof\u00edsica, a la cual tiene derecho por as\u00ed determinarlo la Junta M\u00e9dico Laboral realizada en abril de 2015. <\/p>\n

Relata que muy a pesar de haber exigido ese pago durante m\u00e1s de ocho meses, s\u00f3lo hasta hace unos pocos d\u00edas la entidad criticada respondi\u00f3 sus pedimentos, manifest\u00e1ndole que ofici\u00f3 a los Juzgados Segundo y Sexto de Familia de Cartagena, y al Promiscuo Municipal de Guaranda. <\/p>\n

Expone que acudi\u00f3 ante esos estrados, quienes le informaron que la Polic\u00eda Nacional no envi\u00f3 requerimiento alguno. <\/p>\n

3. Del lac\u00f3nico libelo introductorio, se infiere que pretende se conmine a la instituci\u00f3n querellada reconocerle los rubros reclamados. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde \t\tla accionada y los vinculados <\/p>\n

Adicion\u00f3 que remiti\u00f3 comunicaciones a los funcionarios judiciales para que regularan las aludidas medidas cautelares (fls. 93-96). <\/p>\n

2. El Juzgado Segundo de Familia de Cartagena asever\u00f3 que en el decurso por alimentos impulsado por Shirley Saco Correa, en representaci\u00f3n de su descendiente Mar\u00eda del Carmen Castellar Saco, se decret\u00f3 el embargo del 20% de la pensi\u00f3n y la n\u00f3mina adicional devengadas por el aqu\u00ed gestor. <\/p>\n

Advirti\u00f3 que desde el mes de agosto de 2017, cursa ante ese despacho proceso de regulaci\u00f3n de cuota alimentaria, promovido por el ac\u00e1 petente; empero, no ha sido notificado a la contraparte (fl. 103). <\/p>\n

3. El Juzgado Promiscuo Municipal de Guaranda expres\u00f3 que conoce, en la actualidad, del pleito ejecutivo por alimentos adelantado por Analfis Ester Morales Navarro, por cuenta de sus hijos Luis David y Jes\u00fas Daniel Castellar Morales. <\/p>\n

Indic\u00f3 que en esa tramitaci\u00f3n se reconocieron \u201calimentos provisionales\u201d a favor de los mencionados menores, en cuant\u00eda del 30% de lo devengado por Castellar Solano (fl. 105). <\/p>\n

4. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

Tras destacar que la conducta de la autoridad administrativa criticada se ajust\u00f3 a lo previsto en el ordenamiento, y que el accionante pod\u00eda acudir al procedimiento de regulaci\u00f3n de cuota alimentaria en aras que se le resolviera sobre la \u201cproporcionalidad y reglamentaci\u00f3n de los embargos vigentes acumulados\u201d, deneg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada (fls. 107-112). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 el promotor, limit\u00e1ndose a aducir que se deb\u00eda tener en cuenta, a la hora de fallar, que la entidad querellada \u201cdemor\u00f3 en contestar, nunca dio informaci\u00f3n al respecto y despu\u00e9s de ocho meses de estar enviando requerimiento (sic) nunca respondieron de fondo y detallada (sic)\u201d (fl. 142). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Del escrito de impugnaci\u00f3n se extrae que el actor cifra su inconformidad respecto de lo decidido por el a quo, en el hecho de que \u2013supuestamente- la instituci\u00f3n convocada nunca le contest\u00f3 sus reclamaciones. <\/p>\n

A ese preciso t\u00f3pico se circunscribir\u00e1 el presente fallo. <\/p>\n

2. El derecho de petici\u00f3n, consagrado en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es una prerrogativa consistente en la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades para obtener respuestas oportunas, completas y adecuadas. \u00c9stas deben corresponder a lo suplicado y notificarse en los precisos plazos establecidos por la Ley1; sin que ello implique, el acogimiento del fondo del asunto, por cuanto el ordenamiento constitucional no demanda acceder en forma positiva a lo peticionado, pero s\u00ed responder tempestiva, clara, precisa y congruentemente lo impetrado. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con el alcance de la garant\u00eda supralegal mencionada, esta Sala ha precisado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [I] El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la v\u00eda gubernativa y acceder a la v\u00eda judicial, no satisface el derecho fundamental de petici\u00f3n pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petici\u00f3n; (viii) el derecho de petici\u00f3n tambi\u00e9n es aplicable en la v\u00eda gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n, la entidad p\u00fablica debe notificar su respuesta al interesado (\u2026)\u201d2 (subraya fuera de texto). <\/p>\n

3. Censura el accionante a la Polic\u00eda Nacional \u2013Seccional de Prestaciones Sociales- por la falta de respuesta frente a las solicitudes de liquidaci\u00f3n y pago de la indemnizaci\u00f3n a la cual dice tener derecho, por as\u00ed decidirlo la Junta M\u00e9dico Laboral celebrada en abril de 2015. <\/p>\n

4. La citada autoridad demostr\u00f3 haber contestado ese requerimiento, seg\u00fan se evidencia en el oficio N\u00ba 049869 de 6 de octubre de 2017 (fls. 10 y 97), debidamente remitido a la direcci\u00f3n suministrada por el petente (fl. 98). <\/p>\n

En \u00e9ste, se le expusieron detalladamente las razones por las cuales no era posible reconocerle los mencionados rubros; motivos que se contrajeron, se constata, a las m\u00faltiples medidas cautelares que reca\u00edan sobre su pensi\u00f3n, cuya pr\u00e1ctica tornaba imposible, en virtud de lo normado en el art\u00edculo 583 del Decreto Ley 1091 de 1995, la entrega de dineros. <\/p>\n

Al respecto, y luego de relacionar los porcentajes de cada una de las cautelas, y manifestar que el Juzgado Promiscuo Municipal de Guaranda le orden\u00f3 repartir, a prorrata, los descuentos por primas, vacaciones y dem\u00e1s emolumentos, la entidad criticada expuso: <\/p>\n

\u201c(\u2026) se colige que el \u00c1rea de Prestaciones Sociales de la Polic\u00eda Nacional no est\u00e1 facultada para a mutuo propio (sic) definir c\u00f3mo divide o reparte \u00a0[entre]\u00a0 todos los procesos de alimentos que tiene el se\u00f1or IT (R) Luis Germ\u00e1n Castellanos Solano (sic), facultad que est\u00e1 en cabeza \u00fanica y exclusiva (sic) de los entes judiciales, como lo establece la Ley 1564 de 2012\u201d. <\/p>\n

Puntualiz\u00f3 adem\u00e1s que al superar los embargos el aludido monto del 50% del \u201cvalor total de la prestaci\u00f3n\u201d, se proceder\u00eda a oficiar a las distintas autoridades jurisdiccionales que los hab\u00edan ordenado para que los regularan, e informaran sobre el porcentaje a descontar para cada uno de los juicios en los cuales se decretaron. <\/p>\n

5. Por lo tanto, refulge, la solicitud elevada fue satisfecha antes de tramitarse el presente asunto. La informaci\u00f3n suministrada es acertada, pues se resolvieron las inconformidades esgrimidas por el accionante, y se le expusieron las razones por las cuales no era posible, de momento, acceder a sus s\u00faplicas. <\/p>\n

Ante eventos como el narrado, el auxilio pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de garant\u00edas de rango superior. <\/p>\n

Al respecto, ha dicho esta Corte: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe (\u2026), en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado (\u2026) ha sido totalmente [satisfecha], pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

6. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El convenio citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Complementariamente, la regla 93 ej\u00fasdem, dispone: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7. <\/p>\n

7. Por los anteriores argumentos, se impone convalidar el fallo impugnado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\nAusencia justificada <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nAusencia justificada <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que la Sala no se ha detenido a analizar si esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, tiene efectos en todos los casos, incluso en aquellos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, o \u00fanicamente cuando exista ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagradas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es innecesario e inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado
\nCORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\nSALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n

STC1153-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 13001-22-13-000-2017-00393-01 <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tComo la sentencia C-818 de 2011 declar\u00f3 inexequibles los \tart\u00edculos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011 relativos al derecho \tde petici\u00f3n, transitoriamente se aplicaron las normas \tpertinentes del extinto Decreto Ley 01 de 1984, sin embargo, sobre \tla materia se promulg\u00f3 la Ley 1755 de 2015, cuyo art\u00edculo \t1\u00b0 y ss. regulan los pertinentes plazos para contestar los \trequerimientos.
\n2 \tCSJ. STC. 19 de marzo. 2014, Rad. 08001-22-13-000-2014-00053-01.
\n3 \t\u201cINEMBARGABILIDAD \tY DESCUENTOS. Las asignaciones de retiro, pensiones y dem\u00e1s \tprestaciones sociales a que se refiere este decreto, no son \tembargables judicialmente, salvo en los casos de juicios de \talimentos, conforme a las disposiciones vigentes sobre la materia, \ten los que el monto del embargo no podr\u00e1 exceder del \tcincuenta por ciento (50%) de aquellas\u201d.
\n4 \tCSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada en fallo \tde 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01.
\n5 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n6 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n7 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n18<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1153-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2017-00393-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 16 de noviembre de 2017, por la Sala Civil Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101258","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101258","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101258"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101258\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101258"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101258"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101258"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}