{"id":101260,"date":"2026-07-01T17:12:09","date_gmt":"2026-07-01T17:12:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101260"},"modified":"2026-07-01T17:12:09","modified_gmt":"2026-07-01T17:12:09","slug":"stc1172-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1172-2018\/","title":{"rendered":"STC1172-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1172-2018 <\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la tutela promovida por Jhon Freddy Rubio Sierra frente a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Fiscal Cincuenta y Seis de la Unidad Nacional \u201cpara la Justicia y Paz\u201d; extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n del juicio adelantado al citado se\u00f1or y otros por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, homicidio agravado, secuestro simple agravado, tortura en persona protegida, desplazamiento forzado, destrucci\u00f3n y apropiaci\u00f3n de bienes protegidos, actos de barbarie y violaci\u00f3n de habitaci\u00f3n ajena. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El interesado reclama la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, \u201cconfianza leg\u00edtima\u201d, vida, \u201cunidad familiar\u201d, libertad, dignidad, petici\u00f3n, igualdad y \u201cresocializaci\u00f3n\u201d, presuntamente quebrantados por los accionados. <\/p>\n

2. De lo consignado en la demanda constitucional y de las pruebas aportadas se colige que mediante sentencia de 3 de julio de 2015, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 tras \u201cacumular los diversos [juicios penales] seguidos por la jurisdicci\u00f3n com\u00fan\u201d al tutelante, lo conden\u00f3 a 480 meses de prisi\u00f3n por los citados il\u00edcitos. <\/p>\n

El 24 de febrero de 2016, la Sala de Casaci\u00f3n Penal confirm\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n. <\/p>\n

3. Jhon Freddy Rubio Sierra acude a este ruego porque, en s\u00edntesis, en el citado fallo no se tuvieron en cuenta todas las causas criminales que se le siguen, circunstancia transgresora de las garant\u00edas aqu\u00ed invocadas, pues los asuntos no incluidos \u201c(\u2026) aparecen relacionados en los diferentes despachos judiciales\u201d y las penas impuestas en ellos se \u201cencuentran vigentes\u201d. <\/p>\n

Esa falencia conduce al promotor a afirmar que en la actualidad pesan en su contra dos condenas \u201c(\u2026) por los mismos hechos, pues una fue proferida en la jurisdicci\u00f3n especial Tribunal Superior de Bogot\u00e1, y la otra en la jurisdicci\u00f3n ordinaria, hecho que conlleva a la vulneraci\u00f3n del debido proceso\u201d (sic). <\/p>\n

Adem\u00e1s, sostiene que se le infringi\u00f3 \u201c(\u2026) el debido proceso y se [le] sigue violando por los intereses que tiene la misma justicia para que no se conozca la verdad sobre la relaci\u00f3n y papel que la misma cumpli\u00f3 como protectora [y] colaboradora del Bloque Tolima, pues la misma no solo [les] ca[ll\u00f3] las verdades que ten\u00eda[n] que decir, sino que [los] conden\u00f3\u201d, logrando con ello su exclusi\u00f3n del programa de \u201cjusticia y paz\u201d. <\/p>\n

4. Luego de insistir en lo ya descrito, pide, entre otras cosas, ordenar a la Sala de Justicia y Paz y a los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad resolver \u201c(\u2026) como corresponde la situaci\u00f3n de [los] procesos y sentencias que existen en [su] contra\u201d. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

El tribunal realiz\u00f3 un recuento de su gesti\u00f3n y asegur\u00f3 haber respetado las prerrogativas del actor. <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal extempor\u00e1neamente expres\u00f3 que el actor no apel\u00f3 la sentencia que lo excluy\u00f3 de justicia y paz; y destac\u00f3 que el ruego no cumple con el requisito de inmediatez. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Jhon Freddy Rubio Sierra critica a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, porque en la sentencia de 3 de julio de 2015, no tuvo en cuenta todas las causas penales que se le siguen. Esa providencia fue confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 24 de febrero de 2016. <\/p>\n

Asimismo, reprocha su exclusi\u00f3n del \u201cproceso transicional\u201d de justicia y paz, adopta mediante providencia de 5 de julio de 2016. <\/p>\n

2. As\u00ed las cosas, la salvaguarda no sale avante porque fue incoada tard\u00edamente el 27 de octubre de 20171, esto es, m\u00e1s de quince (15) meses despu\u00e9s de emitidos esos pronunciamientos, t\u00e9rmino que supera ampliamente el estimado por esta Corporaci\u00f3n como tempestivo para acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

En no pocas ocasiones, esta Sala ha adoctrinado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d2. <\/p>\n

Es palmario que Rubio Sierra resolvi\u00f3 voluntariamente dejar transcurrir el tiempo sin ejercer el comentado mecanismo, tardanza que, por s\u00ed, desvirt\u00faa la finalidad del mismo, pues el amparo fue creado para la \u201cprotecci\u00f3n inmediata\u201d de los \u201cderechos constitucionales (\u2026) vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica\u201d (art. 86, C.P.). <\/p>\n

3. Ahora, si todas las condenas impuestas por la jurisdicci\u00f3n ordinaria al petente de este auxilio no quedaron incluidas en la sentencia emitida por la citada Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogot\u00e1, ello no obsta para que el tutelante requiera al juez competente la acumulaci\u00f3n de las sanciones no comprendidas en el referido fallo, conforme lo contempla la regla 460 de la Ley 906 de 2004: <\/p>\n

\u201cLas normas que regulan la dosificaci\u00f3n de la pena, en caso de concurso de conductas punibles, se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n cuando los delitos conexos se hubieren fallado independientemente. Igualmente, cuando se hubieren proferido varias sentencias en diferentes procesos. En estos casos la pena impuesta en la primera decisi\u00f3n se tendr\u00e1 como parte de la sanci\u00f3n a imponer\u201d. <\/p>\n

4. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: \u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Igualmente, la regla 93 ej\u00fasdem, estipula: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

5. Rem\u00edtanse copias de estas diligencias para que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, conozca en primera instancia de la tutela contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz, por, presuntamente, no contestar unos derechos de petici\u00f3n elevados por Jhon Fredy Rubio Sierra relacionados con su situaci\u00f3n y su voluntad de acogerse a esa justicia. <\/p>\n

6. Sin m\u00e1s disquisiciones el auxilio deprecado ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Jhon Freddy Rubio Sierra frente a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Fiscal Cincuenta y Seis de la Unidad Nacional \u201cpara la Justicia y Paz\u201d; extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n del juicio adelantado al citado se\u00f1or y otros por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, homicidio agravado, secuestro simple agravado, tortura en persona protegida, desplazamiento forzado, destrucci\u00f3n y apropiaci\u00f3n de bienes protegidos, actos de barbarie y violaci\u00f3n de habitaci\u00f3n ajena. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\nAusencia justificada <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nAusencia justificada <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nCORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\nSALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n

STC1172-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2017-03162-00 <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que la Sala no se ha detenido a analizar si esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, tiene efectos en todos los casos, incluso en aquellos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, o \u00fanicamente cuando exista ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagradas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es innecesario e inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tEl amparo se formul\u00f3 en esa fecha ante la Sala de Casaci\u00f3n \tPenal, quien la remiti\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Civil, \tdonde se inadmiti\u00f3 y luego de la presentaci\u00f3n de \talgunos escritos se avoc\u00f3 su conocimiento.
\n2 \tCSJ. STC 2 \tde agosto de 2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros \tpronunciamientos, 16 de mayo de 2013, exp. 00103-01.
\n3 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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