{"id":101265,"date":"2026-07-01T17:12:52","date_gmt":"2026-07-01T17:12:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101265"},"modified":"2026-07-01T17:12:52","modified_gmt":"2026-07-01T17:12:52","slug":"stc1214-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1214-2018\/","title":{"rendered":"STC1214-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1214-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2017-00620-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco (05) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de tutela proferido el trece de diciembre de dos mil diecisiete, por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de este Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Deisy Casta\u00f1eda Romero, frente al Juzgado Sexto de Familia de la misma ciudad; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a las partes en intervinientes en el proceso ejecutivo de alimentos objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que se le conceda el resguardo implorado y en consecuencia, se ordene al despacho encausado i) decretar la pretendida terminaci\u00f3n del proceso y librar los oficios respectivos con destino a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos con el fin de materializar el levantamiento de las medidas cautelares impuestas; ii) entregarle los bienes inmuebles objeto de la daci\u00f3n en pago, y iii) de estimarse pertinente, conminar al querellado para que en lo sucesivo evite ejercer acciones dilatorias. [Folio 4, c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. La \taqu\u00ed accionante promovi\u00f3 proceso ejecutivo de \talimentos de menor contra William Iv\u00e1n Ar\u00e1naga. <\/p>\n

2. Le \tcorrespondi\u00f3 conocer el asunto al Juzgado Sexto de Familia de \tIbagu\u00e9, quien en auto de 28 de mayo de 2004, libr\u00f3 \tmandamiento de pago por las sumas pretendidas. <\/p>\n

3. El \t21 de abril de 2005, la ejecutante solicit\u00f3 el emplazamiento \tde la parte pasiva, a lo que se accedi\u00f3 el 3 de junio \tsiguiente. <\/p>\n

4. En \tel a\u00f1o 2006, la accionante aporta nuevas direcciones para \tefectos de notificar al demandado. <\/p>\n

5. El \tdespacho requiri\u00f3 a la actora, el 19 de diciembre de 2012, a \tfin de que cumpliera con la carga de notificaci\u00f3n, en cuyo \tt\u00e9rmino de 30 d\u00edas, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

6. En \tprovidencia de 16 de diciembre de 2013, por solicitud de la \tDefensora de Familia adscrita al juzgado, se dispuso emplazar al \tdemandado, el cual finalmente se logr\u00f3, el 25 de mayo de \t2014. <\/p>\n

7. Contestada \tla demanda por parte del curador ad \tlitem \tque represent\u00f3 los intereses del ejecutado sin proponer \texcepciones de m\u00e9rito, en prove\u00eddo de 27 de agosto de \t2014, se orden\u00f3 continuar adelante con la ejecuci\u00f3n, \tas\u00ed como presentar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n

8. La \tdemandante present\u00f3 la aludida liquidaci\u00f3n, la cual \tfue modificada por el despacho encartado el 14 de abril de 2015, \tquien realiz\u00f3 el c\u00e1lculo actuarial en la suma de $ \t60.863.438,27. <\/p>\n

9. En \tseptiembre de 2015, se alleg\u00f3 el aval\u00fao del local \tcomercial embargado, por un monto de $20.086.756,09. <\/p>\n

10. El \t24 de enero de 2017, se llev\u00f3 a cabo la diligencia de \tsecuestro del bien identificado con folio de matr\u00edcula \tinmobiliaria N\u00b0 360-10564. <\/p>\n

11. El \t4 de julio del a\u00f1o pasado, la promotora del amparo radic\u00f3 \ten la agencia judicial accionada, la escritura p\u00fablica No. \t1176 de 22 de junio de 2017, en la cual las partes en contienda, \tefectuaron daci\u00f3n en pago respecto del inmueble cautelado. <\/p>\n

12. Del \tdocumento arrimado se corri\u00f3 traslado el 18 del mismo mes; \tigualmente se requiri\u00f3 a la memorialista para que explicara \tsu intenci\u00f3n con dicho aporte. <\/p>\n

13. La \ttutelante inform\u00f3 al siguiente d\u00eda que pretend\u00eda \tla terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n

14. Mediante \tprovidencia de 31 de agosto el juzgado de conocimiento resolvi\u00f3: \t\u00abse \tordena el levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre los \tbienes inmuebles identificados con matr\u00edcula inmobiliaria \t350-85554 y 360-10564, \u00fanica y exclusivamente a fin de \tefectuar el registro de la daci\u00f3n en pago suscrita por las \tpartes procesales mediante escritura p\u00fablica No. 1176 de 22 \tde junio de 2017. Por Secretar\u00eda l\u00edbrese el oficio \trespectivo a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos \tde Ibagu\u00e9 y del Guamo respectivamente; advirtiendo lo antes \tenunciado, y que en caso de existir medidas cautelares decretadas en \trelaci\u00f3n con estos bienes que impida registrar la daci\u00f3n \ten pago, se abstenga de efectuar el levantamiento de las medidas \tcautelares decretadas por este Juzgado, procediendo a informar de \tmanera inmediata remitiendo los soportes pertinentes la raz\u00f3n \tde ello (\u2026), una vez acreditada la trasferencia se resolver\u00e1 \tsobre la terminaci\u00f3n del proceso.\u00bb <\/p>\n

15. La \tDefensora de Familia del ICBF Regional Tolima, interpuso recurso de \treposici\u00f3n por considerar que no hab\u00eda claridad en la \tescritura p\u00fablica mentada para la garant\u00eda de los \tderechos de la menor beneficiaria, aunado a que no se ha actualizado \tel cr\u00e9dito, sin tener certeza de lo adeudado, y realmente \tabonado con la daci\u00f3n en pago. <\/p>\n

17. En \tcriterio de la peticionaria del amparo, el juzgado accionado vulner\u00f3 \tsus garant\u00edas superiores con la \u00faltima determinaci\u00f3n \tdetallada, toda vez que pretende que aclare aspectos que se hallan \tpalmariamente descritos en el documento p\u00fablico allegado. <\/p>\n

En sus palabras, la oficina judicial accionada dilata la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo de alimentos, \u00abbasados en formalidades que se encuentran claramente descritas en la escritura p\u00fablica en daci\u00f3n de pago, perjudicando en \u00faltimas los derechos fundamentales de la menor, ya que de nada sirve que ambos bienes se encuentren ya a mi nombre, si no puedo disponer de aquellos para administrarlos y mejorar las condiciones de vida, educaci\u00f3n y manutenci\u00f3n de Ivanna Mar\u00eda\u00bb. <\/p>\n

Insisti\u00f3 que con el negocio jur\u00eddico celebrado con el padre de la menor, el ejecutado cancel\u00f3 la deuda de las cuotas alimentarias atrasadas desde el a\u00f1o 2004 hasta el 31 de julio de 2017. [Folio 1 – 5, c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 1\u00b0 de diciembre de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional y se orden\u00f3 comunicar a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 33, c.1] <\/p>\n

2. El Juzgado Sexto de Familia de Ibagu\u00e9, tras un recuento de las actuaciones surtidas en el asunto, explic\u00f3 que se le pidi\u00f3 a las partes aclarar la escritura p\u00fablica arrimada a fin de terminar el proceso por pago, toda vez que en el asunto, la acreedora es la menor de edad, \u00abraz\u00f3n por la cual, no pod\u00eda impartirse aprobaci\u00f3n a cualquier acuerdo que no se efect\u00fae a su nombre y que afecte sus intereses, sin primero verificar que efectivamente emerja palmario su inter\u00e9s superior.\u00bb <\/p>\n

Resalt\u00f3 que la aclaraci\u00f3n requerida, consisti\u00f3 precisamente para salvaguardar los derechos fundamentales de la menor. [Folios 36 -49, c. 1] <\/p>\n

Por su parte, la Defensora de Familia del ICBF Regional Tolima, adscrita al juzgado, arguy\u00f3 que asiste en el proceso los intereses de la menor, por lo que pidi\u00f3 que el documento p\u00fablico allegado por las partes, fuera aclarado, en el sentido de determinar que la madre, aqu\u00ed accionante, actuaba como representante de la aquella, as\u00ed como las cuotas que se consideraban canceladas con dicho negocio. A\u00f1adi\u00f3 que entre sus actuaciones, se encuentra la de presentar la actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. [Folio 52, c.1] <\/p>\n

3. En sentencia de 13 de diciembre de 2017, el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 la solicitud de amparo incoada, por considerar que la accionante no cumpli\u00f3 con el requisito de subsidiariedad, en tanto que no recurri\u00f3 la providencia que censura por esta v\u00eda. En todo caso, estim\u00f3 que la actuaci\u00f3n reprochada, no se torna arbitraria ni caprichosa como quiera que la misma se justific\u00f3 en pro de los intereses de la menor, quien es la directamente interesada en percibir alimentos. [Folios 53 a 58, c. 1] <\/p>\n

4. Inconforme, la reclamante impugn\u00f3 el fallo, e insisti\u00f3 en que no era procedente la orden de aclaraci\u00f3n sobre la escritura p\u00fablica allegada al despacho con el prop\u00f3sito de terminar el proceso ejecutivo de alimentos por pago. [Folio 66 -70, c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

Debe recordarse, que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n. <\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

2. En el presente asunto, la solicitud de amparo no cumple con el mentado requisito de subsidiariedad, pues se advierte que la accionante tuvo a su alcance otro mecanismo de defensa judicial id\u00f3neo para el pleno ejercicio de su derecho de contradicci\u00f3n, por lo que se revela improcedente la acci\u00f3n. <\/p>\n

En efecto, la petici\u00f3n de amparo se dirige contra la providencia que data de 26 de octubre de 2017, mediante la cual el Juzgado Sexto de Familia de Ibagu\u00e9, repuso la actuaci\u00f3n de fecha 31 de agosto anterior, y en su lugar, no accedi\u00f3 a la petici\u00f3n de terminaci\u00f3n por pago de la obligaci\u00f3n del proceso ejecutivo de alimentos que adelant\u00f3 contra el padre de su hija, William Iv\u00e1n Ar\u00e1naga Rojas; raz\u00f3n por la cual, procedi\u00f3 a requerirla para que aclarara el documento p\u00fablico contentivo de la daci\u00f3n en pago, de los bienes cautelados en ese tr\u00e1mite. <\/p>\n

De ah\u00ed, entonces, que si la gestora de la s\u00faplica estim\u00f3 que no hab\u00eda lugar a la aclaraci\u00f3n mandada, y que lo procedente era acceder a su pretensi\u00f3n de terminaci\u00f3n del proceso por la causa atr\u00e1s dicha, bien pudo exponer la censura que aqu\u00ed ventila, durante el t\u00e9rmino de traslado que se le concedi\u00f3 respecto del recurso de reposici\u00f3n formulado por la Defensora de Familia adscrita a esa agencia. <\/p>\n

Por consiguiente, si el juzgado accionando, consider\u00f3 que la escritura p\u00fablica allegada con la finalidad de terminar el litigio, deb\u00eda ser aclarada, lo correcto era que la parte interesada planteara sus argumentos para que se mantuviera inc\u00f3lume la decisi\u00f3n. <\/p>\n

Sin embargo, dicha parte no hizo uso del derecho de defensa, para elevar ante el juzgador de la causa, las razones que aqu\u00ed expone, por lo que resulta ostensible, que si no se agotaron todos los recursos que le brinda el ordenamiento, la acci\u00f3n de tutela no emerge como un instrumento para enmendar su propia incuria y proveer soluci\u00f3n a cuestiones que le correspond\u00eda dirimir al juez natural. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es una herramienta subsidiaria llamada a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes constitucional y legalmente se les ha asignado la resoluci\u00f3n de las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

3. Si se hiciera abstracci\u00f3n de lo dicho, en todo caso, se observa que los argumentos expuestos por la juez de instancia al resolver el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la Defensora de Familia, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la decisi\u00f3n que se tom\u00f3 en el caso no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

En efecto, la juzgadora empez\u00f3 por ilustrar sobre el alcance jurisprudencial que se ha dado a la figura de la \u201cdaci\u00f3n en pago\u201d, para as\u00ed pasar a aclarar: <\/p>\n

\u00abDe acuerdo con lo expuesto, es importante resaltar, que si bien la daci\u00f3n en pago es un acto jur\u00eddico independiente y aut\u00f3nomo contentivo de una obligaci\u00f3n diferente a aquella que se pretende extinguir; no cabe duda que al buscar dicho negocio jur\u00eddico fuiminar (sic) el v\u00ednculo obligacional que une al deudor con su acreedor, es indispensable que exista total identidad entre el acreedor y deudor de una y otra obligaci\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n debe quedar claro el objeto de dicho negocio solutivo, pues debe estar plenamente establecida la obligaci\u00f3n que se va a extinguir.\u00bb <\/p>\n

Sobre el punto materia de censura, destac\u00f3, que: <\/p>\n

\u00abEn el presente caso, es importante resaltar, que el litigio se origin\u00f3 en el incumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria tasada a favor de la menor de edad IVANNA MAR\u00cdA ARANAGA CASA\u00d1EDA y a cargo de su padre WILLIAM IV\u00c1N ARANAGA ROJAS, en proceso de investigaci\u00f3n de paternidad adelantado ante este Juzgado; erigi\u00e9ndose as\u00ed evidente, que los extremos de la obligaci\u00f3n causada y no pagada, son la citada adolescente en su calidad de acreedor y su progenitor en calidad de deudor. Igualmente cabe destacar que al ser acreedora menor de edad, est[\u00e1] legalmente representada por su madre y ejecutante en el presente tr\u00e1mite DEISI CASTA\u00d1EDA ROMERO. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, para que la daci\u00f3n en pago pueda surtir efectos jur\u00eddicos y tenga la entidad extintiva propia de esta figura jur\u00eddica, es indiscutible que la daci\u00f3n en pago debe efectuarse entre los extremos de la obligaci\u00f3n, esto es, entre el se\u00f1or ARANAGA ROJAS como deudor y a favor de IVANNA MAR\u00cdA ARANAGA CASTA\u00d1EDA dada su calidad de acreedora de la obligaci\u00f3n que se busca terminar, representada por su madre DEISI CASTA\u00d1EDA ROMERO, debiendo establecido as\u00ed en el acto jur\u00eddico de la daci\u00f3n en pago. <\/p>\n

Ya, en lo referente al documento p\u00fablico arrimado, con el cual se pretende terminar el proceso ejecutivo de alimentos por la daci\u00f3n en pago all\u00ed contendida, el despacho emiti\u00f3 el siguiente juicio de valor: <\/p>\n

\u00abSin embargo, revisada la Escritura P\u00fablica No. 1176 del a\u00f1o 2017, se advierte en su contenido que las partes quedaron determinadas de la siguiente manera: "En la ciudad de Ibagu\u00e9, Capital del Departamento del Tolima Rep\u00fablica de Colombia, en la Notar\u00eda Cuarta de Ibagu\u00e9, de la cual es Notar\u00eda Encargada la se\u00f1ora MARIA ELENA OSPINA MOSOCOSO, compareci\u00f3 el se\u00f1or SERGIO RICARDO D\u00cdAZ BURITICA, de las condiciones civiles ya indicadas (\u2026) obrando en nombre y representaci\u00f3n de WILLIAM IV\u00c1N ARANAGA ROJAS (\u2026), seg\u00fan poder especial de cuya vigencia, autenticidad y suficiencia se responsabiliza el apoderado, el cual se protocoliza, quien para los efectos del presente documento se denominar\u00e1 EL TRADENTE Y\/O DEUDOR por una parte y DEISI CASTA\u00d1EDA ROMERO, de las condiciones civiles indicadas al principio, e identificado (sic) con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 65.738.740 de Ibagu\u00e9, quien en lo sucesivo se denominar\u00e1 EL ACREEDOR Y\/O ADQUIRENTE, han acordado celebrar un convenio de DACI\u00d3N EN PAGO, que se regular\u00e1 por las disposiciones legales aplicables a la materia (…)" (subrayado por el juzgado). <\/p>\n

N\u00f3tese de la transcripci\u00f3n de la Escritura P\u00fablica, que en la misma se consign\u00f3 que la acreedora de la obligaci\u00f3n y adquirente de los bienes objeto de daci\u00f3n en pago, era la se\u00f1ora DEISI CASTA\u00d1EDA ROMERO, sin que se aclarara que tal calidad era precisamente como representante legal de IVANNA MAR\u00cdA ARANAGA CASTA\u00d1EDA, quien valga reiterar, es la acreedora de la obligaci\u00f3n alimentaria; y si bien posteriormente en dicho instrumento se menciona que la se\u00f1ora DEISI CASTA\u00d1EDA act\u00faa en representaci\u00f3n de su hija IVANNA, solo se menciona para efectos de indicar que en tal calidad declara a paz y salvo la obligaci\u00f3n alimentaria hasta julio del a\u00f1o 2017; m\u00e1s no para referir que en esa misma calidad adquiere los inmuebles que por derecho corresponden a su hija IVANNA MAR\u00cdA. <\/p>\n

Tampoco es clara la obligaci\u00f3n que se pretende extinguir con la daci\u00f3n en pago, pues en el numeral cuarto del instrumento referido, se hace alusi\u00f3n a que los bienes objeto de daci\u00f3n en pago, se les asigna un aval\u00fao de $20.000.000 y se consigna adem\u00e1s que con la entrega de dichos bienes queda saldada la obligaci\u00f3n: sin embargo, al revisar el proceso ejecutivo que nos ocupa, de la \u00faltima liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aportada por la demandante, liquidada a octubre del a\u00f1o 201 \u00f3, el demandado adeuda la suma de $72.717.061. <\/p>\n

Concluida la observaci\u00f3n anterior, remat\u00f3: <\/p>\n

\u00abAhora, si bien es cierto que "la regla general en materia de contratos es… la de la validez y la eficacia de la voluntad para producir los efectos jur\u00eddicos que las partes quieran, con el respeto y la protecci\u00f3n de la ley al acuerdo tomado por ellas."1, no hay que perder de vista que en el presente proceso la acreedora es menor de edad, raz\u00f3n por la cual, no puede avalar el Despacho cualquier acuerdo que se efect\u00fae a su nombre y que afecte sus intereses, sin primero verificar que efectivamente emerja palmario su inter\u00e9s superior.\u00bb Se resalta <\/p>\n

4. En ese orden, el prove\u00eddo que es objeto de an\u00e1lisis en esta sede constitucional se aprecia v\u00e1lidamente motivado y a su vez, contiene una valoraci\u00f3n frente a las circunstancias particulares del caso, lo que no puede ser calificado de tener su origen en alg\u00fan criterio puramente subjetivo de la autoridad accionada, o en un ejercicio arbitrario de la funci\u00f3n judicial, razones \u00e9stas que impiden considerar el proceder del juez accionado como trasgresor de garant\u00edas superiores. <\/p>\n

La pretensi\u00f3n de la actora, entonces, queda circunscrita, de modo exclusivo, al disenso frente al criterio jur\u00eddico de la oficina judicial acusada, el que por s\u00ed solo no basta para habilitar la intervenci\u00f3n del juez de tutela, dada la naturaleza excepcional de dicho mecanismo, que no se erige en una instancia m\u00e1s dentro de los tr\u00e1mites judiciales. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido: <\/p>\n

\u00ab\u2026que al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.) <\/p>\n

5. De lo anterior se colige que la protecci\u00f3n deb\u00eda denegarse, raz\u00f3n por la cual se confirmar\u00e1 el fallo que se revis\u00f3 por la v\u00eda de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de primera instancia. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

1\u0002 \tRicardo Uribe-Holgu\u00edn. Cincuenta breves ensayos sobre \tobligaciones y contratos. Temis.
\nBogot\u00e1, \t1979, p\u00e1g. 340.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC1214-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2017-00620-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., cinco (05) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de tutela proferido el trece de diciembre de dos mil diecisiete, por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101265","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101265","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101265"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101265\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101265"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101265"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101265"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}