{"id":101267,"date":"2026-07-01T17:13:15","date_gmt":"2026-07-01T17:13:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101267"},"modified":"2026-07-01T17:13:15","modified_gmt":"2026-07-01T17:13:15","slug":"stc1217-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1217-2018\/","title":{"rendered":"STC1217-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1217-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-02099-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco (05) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el catorce de diciembre de dos mil diecisiete por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Edward Arcesio Navarro Hoyos contra el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado y la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad; tr\u00e1mite donde se orden\u00f3 vincular a todas las partes e intervinientes en el proceso origen de la acci\u00f3n. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia que considera vulnerados por las autoridades judiciales accionadas por cuanto fue condenado por hechos carente de prueba fundado en un informe de polic\u00eda judicial donde no se atendi\u00f3 la ilegalidad de la informaci\u00f3n relacionada con las interceptaciones que fueron efectuadas y tampoco se tuvo en cuenta que la aceptaci\u00f3n de cargos no fue voluntaria. <\/p>\n

En consecuencia, solicita se ordene a las autoridades accionadas \u00abemitan fallo correspondiente a la verdad material que obra en la actuaci\u00f3n penal motivo de la Acci\u00f3n de Tutela, teniendo en cuenta las V\u00cdAS DE HECHO POR DEFECTO F\u00c1CTICO\u00bb [Folio 20, c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Una fuente no formal alert\u00f3 a las autoridades respecto de una organizaci\u00f3n criminal, liderada por alias \u201cHumberto\u201d o \u201cEl Primo\u201d que se autodenominaba \u201cLos Usuga\u201d dedicada a cometer diversos delitos en la ciudad de Bogot\u00e1 y municipios aleda\u00f1os, para cuyo efecto aport\u00f3 algunos nombres, caracter\u00edsticas f\u00edsicas y n\u00fameros telef\u00f3nicos de sus integrantes. <\/p>\n

2. Tras varios meses de investigaci\u00f3n se logr\u00f3 de desarticular la banda \u201cLos Rudos\u201d originaria del grupo delincuencial \u201cLos Usugas\u201d y se captur\u00f3 al accionante al\u00edas \u201cEl Capi\u201d junto con otras personas. <\/p>\n

3. En audiencia preliminar concentrada efectuada el 27 de febrero, 2 y 3 de marzo de 2015 a instancias del Juzgado 11 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, se formul\u00f3 imputaci\u00f3n en contra de los distintos capturados como responsables de varios delitos que fueron descritos en su momento, cargos que fueron aceptados parcialmente por el actor. <\/p>\n

4. El 1\u00ba de octubre de ese a\u00f1o, el ente acusador radic\u00f3 escrito de acusaci\u00f3n con allanamiento a la imputaci\u00f3n, que correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado con Funci\u00f3n de Conocimiento de esta ciudad, despacho que cit\u00f3 a audiencia de verificaci\u00f3n para el 9 de diciembre siguiente. <\/p>\n

5. Una vez instalada la diligencia y realizada la formulaci\u00f3n por parte de la Fiscal\u00eda, el tutelante indic\u00f3 que no aceptaba los cargos. <\/p>\n

De tal manifestaci\u00f3n se corri\u00f3 traslado a sus defensores, quienes sustentaron una petici\u00f3n de nulidad al acto de allanamiento tras considerar vulnerado el debido proceso, solicitud que fue negada por el Juzgado el 7 de marzo de 2016 y confirmada por el Tribunal Superior de esta ciudad el 26 de abril de ese a\u00f1o. <\/p>\n

6. El 12 de mayo siguiente, se cit\u00f3 audiencia para el 8 de julio de ese a\u00f1o para dar lectura al correspondiente fallo, diligencia que tras varios aplazamientos se realiz\u00f3 el 20 de diciembre de 2016, sin embargo, no se dio tr\u00e1nsito a la lectura de la sentencia, sino que se decidi\u00f3 sobre la aceptaci\u00f3n de cargos efectuada por los procesados en la imputaci\u00f3n. Determinaci\u00f3n que fue confirmada por el superior el 2 de marzo de ese a\u00f1o. <\/p>\n

7. El 17 de abril de 2017, se emiti\u00f3 sentencia condenando al accionante a la pena de 354 meses de prisi\u00f3n y multa de 7.951 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes como responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso con el mismo punible en grado de tentativa y concierto para delinquir. De igual modo, le neg\u00f3 cualquier mecanismo sustitutivo de ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad. Providencia contra la que se interpuso recurso de apelaci\u00f3n. [Folios 50-75,c.1] <\/p>\n

8. El 30 de junio de ese a\u00f1o, el Tribunal Superior de esta ciudad, modific\u00f3 la sentencia para condenar al actor a 295 meses de prisi\u00f3n y multa de 6.626,25 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes como responsable de los delitos endilgados y confirm\u00f3 en lo dem\u00e1s. Decisi\u00f3n frente a la que se guard\u00f3 silencio. [Folios 77-89, c.1] <\/p>\n

9. Actualmente el asunto se encuentra en el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta urbe para su vigilancia. <\/p>\n

10. En criterio del gestor del amparo, con las sentencias adoptadas al interior del proceso cuestionado se vulneraron sus derechos por cuanto se le conden\u00f3 con pruebas que carecen de fundamento y que no evidenciaron su responsabilidad en los hechos denunciados. [Folios 1-20, c.1] <\/p>\n

2. El tr\u00e1mite \tde la primera instancia <\/p>\n

1. El 29 de noviembre de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los interesados para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 94-95, c.1] <\/p>\n

2. El Magistrado Ponente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, manifest\u00f3 que esa Corporaci\u00f3n conoci\u00f3 en segunda instancia el proceso penal adelantado en contra del accionante por el delito de Homicidio Agravado y, los argumentos expuestos en la tutela son los mismos que fueron propuestos por su defensor en la apelaci\u00f3n que desat\u00f3 esa instancia. <\/p>\n

Que lo pretendido por el quejoso es iniciar un debate probatorio propio de las instancias en un juicio p\u00fablico con pruebas y ejercicio de todos los derechos, situaci\u00f3n que es improcedente cuando ha sido decisi\u00f3n del mismo actor la de renunciar a esas garant\u00edas constitucionales y aceptar cargos, m\u00e1xime que una vez proferida la sentencia de segunda instancia el quejoso no hizo uso del recurso extraordinario de casaci\u00f3n con el que contaba. [Folios 194-195, c.1] <\/p>\n

Por su parte, el vinculado Elkin Esteban G\u00f3mez Bonilla, en su condici\u00f3n de condenado en el proceso objeto de censura, se\u00f1al\u00f3 al igual que el tutelante que se incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico por cuanto se efectu\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria toda vez que los elementos de prueba no demostraron alg\u00fan tipo de conducta delictiva. [Folios 209-225, c.1] <\/p>\n

Finalmente el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de esta urbe expres\u00f3 que la decisi\u00f3n que pretende enervar por este medio el accionante se fundament\u00f3 en los elementos probatorios que aport\u00f3 la Fiscal\u00eda y por tanto lo pretendido por el actor es convertir la tutela en una tercera instancia, lo que no se puede aceptar. [Folios 227-228, c.1] <\/p>\n

3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n en sentencia de 14 de diciembre de 2017, neg\u00f3 el amparo tras se\u00f1alar que si el accionante estaba interesado en reprochar el quebranto de los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n invoca, tuvo la posibilidad de recurrir el fallo de segunda instancia en sede de casaci\u00f3n pero no lo hizo aunado a que el juez constitucional no puede inmiscuirse en providencias que hicieron tr\u00e1nsito a cosa juzgada, s\u00f3lo porque el actor no las comparte o tiene una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dichos pronunciamientos sustentados en criterios razonables. [Folios 229-238, c.1] <\/p>\n

4. Inconforme con la decisi\u00f3n, el accionante, la impugn\u00f3, sin expresar las razones de su desacuerdo. [Folio 248, c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

Debe recordarse, que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

2. En el presente asunto, la solicitud de amparo no cumple con el comentado principio de subsidiariedad pues seg\u00fan se advierte, si a juicio del accionante, las sentencias adoptadas no se encontraban ajustadas a derecho porque en su sentir se fundamentaron en una indebida valoraci\u00f3n probatoria, de estar atento a la actuaci\u00f3n pudo interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra el fallo proferido por el Tribunal accionado, medio de impugnaci\u00f3n establecido por el legislador para plantear tal debate al interior del proceso, mecanismo del que no hizo uso el interesado, sin que tal incuria fuere excusada v\u00e1lidamente, conforme lo advirti\u00f3 el A Quo. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

En ese orden, no puede admitirse que a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que correspond\u00eda dirimir al juez natural en la instancia que no se adelant\u00f3 porque el aqu\u00ed tutelante no utiliz\u00f3 los medios de defensa que establece la norma adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo de aquellas v\u00edas ordinarias contempladas por la ley. <\/p>\n

3. Pese a lo anterior, si se hiciera abstracciones de los anteriores planteamientos, se observa que los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos por el ad quem al resolver el recurso de apelaci\u00f3n promovido contra la sentencia que lo declar\u00f3 responsable de los delitos de Homicidio Agravado en concurso con el mismo punible en grado de tentativa y Concierto para Delinquir, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la decisi\u00f3n que se tom\u00f3 en el caso no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

En efecto, el Tribunal, luego de considerar el acervo probatorio recaudado en la actuaci\u00f3n, expuso: <\/p>\n

\u00abAs\u00ed, contrario a lo referido por los recurrentes, de los elementos aportados se puede extraer la legalidad de las actuaciones realizadas en la investigaci\u00f3n preliminar seg\u00fan el contenido de documentos que tambi\u00e9n se presumen legales. Ante esto, si la defensa quer\u00eda debatir la ilegalidad de tales documentos o de su contenido, estaba en la obligaci\u00f3n de probarlo. Aspecto que no se aprecia irrealizable en raz\u00f3n a que en cada uno de los informes de investigador de campo precitados se especifica el d\u00eda y la autoridad que legaliz\u00f3 los actos de investigaci\u00f3n, pudiendo por lo mismo ser verificables ante tales juzgados.\u00bb <\/p>\n

De igual modo consider\u00f3 que \u00ab\u2026 se concluye, sin dificultad alguna, que el reproche que se hace por los apelantes es infundado, pues la sentencia dictada en contra de estas personas est\u00e1 soportada en los elementos obrantes dentro del proceso, analizados en conjunto, a lo que se a\u00fana la manifestaci\u00f3n libre, consciente, voluntaria y debidamente informada de aceptaci\u00f3n de responsabilidad realizada por cada uno de los procesados. Elementos estos suficientes para casos de terminaci\u00f3n anticipada. <\/p>\n

Lo que no puede pretenderse es que la justicia quede expuesta y a disposici\u00f3n de las t\u00e9cnicas defensivas, como aqu\u00ed se pretende, como la propuesta, con la que se pretende que se reabra la etapa de investigaci\u00f3n, que hasta ese momento no se hab\u00eda dado, y se inicie un debate probatorio propio de un proceso ordinario, en el que se agotan todas las etapas, y en el que hay debate sobre los elementos materiales de prueba, evidencia f\u00edsica e informaci\u00f3n legalmente obtenida\u00bb <\/p>\n

4. En ese orden, el prove\u00eddo que es objeto de an\u00e1lisis en esta sede constitucional se aprecia adecuadamente motivado y contiene una valoraci\u00f3n frente a las circunstancias particulares del caso, lo que no puede ser calificado de tener su origen en alg\u00fan criterio puramente subjetivo de la autoridad accionada, o en un ejercicio arbitrario de la funci\u00f3n judicial, razones \u00e9stas que impiden considerar el proceder del Tribunal como trasgresor de garant\u00edas superiores. <\/p>\n

La pretensi\u00f3n del actor, entonces, queda circunscrito, de modo exclusivo, al disenso frente al criterio jur\u00eddico de la Corporaci\u00f3n acusada, el que por s\u00ed solo no basta para habilitar la intervenci\u00f3n del juez de tutela, dada la naturaleza excepcional de dicho mecanismo, que no se erige en una instancia m\u00e1s dentro de los tr\u00e1mites judiciales. <\/p>\n

Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido: <\/p>\n

\u00ab\u2026que al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.) <\/p>\n

5. De lo anterior se colige que la protecci\u00f3n deb\u00eda negarse y por ello se confirmar\u00e1 el fallo objeto de cuestionamiento por las razones indicadas. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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