{"id":101269,"date":"2026-07-01T17:13:27","date_gmt":"2026-07-01T17:13:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101269"},"modified":"2026-07-01T17:13:27","modified_gmt":"2026-07-01T17:13:27","slug":"stc1224-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1224-2018\/","title":{"rendered":"STC1224-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1224-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2017-00411-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 28 de noviembre de 2017, dictada por la Sala Civil Familia de Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Delkin Manuel Vargas Tamayo, contra la Polic\u00eda Metropolitana de C\u00facuta \u2013MECUC- y la Direcci\u00f3n de Incorporaci\u00f3n y Talento Humano de la misma entidad con sede en esa ciudad. <\/p>\n

1.\tANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor solicita la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente quebrantada por las querelladas. <\/p>\n

2. En sustento de su inconformidad acota, en s\u00edntesis, que fue incorporado el 1 de junio de 2017, al servicio militar como \u201cauxiliar de polic\u00eda regular\u201d, aun cuando su condici\u00f3n es la de \u201cbachiller\u201d. <\/p>\n

Sostiene que pidi\u00f3 a la Polic\u00eda Metropolitana \u2013MECUC- el \u201ccambio de modalidad de alistamiento\u201d, requerimiento desestimado el 7 de noviembre pasado. <\/p>\n

Esgrime que se encuentra en \u201criesgo inminente con el manejo de armas de fuego y (\u2026) alejado de su ciudad natal\u201d, pues, fue trasladado por 3 meses al municipio de V\u00e9lez. <\/p>\n

3.\tExige, en concreto ordenar su \u201c(\u2026) desacuartelamiento (\u2026) una vez haya cumplido 12 meses de estar sirviendo a la Naci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

1) La Direcci\u00f3n de Incorporaci\u00f3n y Talento Humano tutelada, argument\u00f3 no haber conculcado ninguna garant\u00eda fundamental al actor (fls. 54 a 63). <\/p>\n

2) La Polic\u00eda Metropolitana de C\u00facuta sostuvo, carecer de competencia para conceder lo pretendido por el convocante (fl. 42 a 43). <\/p>\n

1.2.\tLa sentencia impugnada <\/p>\n

El tribunal otorg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada porque <\/p>\n

\u201c(\u2026) si bien es cierto dentro de este tr\u00e1mite se allegaron copias de dos actos administrativos (\u2026), incompletos, mediante los que se hacen nombramientos como auxiliares de polic\u00eda dentro del curso 043 de la escuela de carabineros de V\u00e9lez del contingente de 2017, al que pertenece el actor, en el primero se reconoce un t\u00e9rmino de servicio militar de 12 meses y en el segundo un t\u00e9rmino de 18 a 24 meses, situaci\u00f3n que merece ser aclarada por parte de la accionada (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En consecuencia, orden\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Incorporaci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional <\/p>\n

\u201c(\u2026) proced[er] a adelantar las respectivas actuaciones administrativas a fin de que se precise la modalidad en que fue incorporado Delkin Manuel Vargas Tamayo al servicio militar, esto es, de auxiliar de polic\u00eda [o] auxiliar de polic\u00eda bachiller por 12 meses\u201d (fls. 143 a 148). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La realiz\u00f3 el censor se\u00f1alando que el presente ruego \u201cno se resolvi\u00f3 de fondo\u201d, pues la orden dada por la corporaci\u00f3n a quo no es clara (fl. 156 a 158). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tExaminada la queja, se observa que el petente censura la modalidad en la cual fue enlistado para prestar su servicio militar, pues a pesar de encontrarse acreditada su calidad de bachiller, expuesta, incluso, al solicitar rectificar su vinculaci\u00f3n ante la Polic\u00eda Metropolitana \u2013MECUC-, esa autoridad lo ha mantenido como \u201cauxiliar de polic\u00eda regular\u201d. <\/p>\n

2. De \tlas copias allegadas al proceso, se extrae que el 29 de noviembre de \t2013, la Instituci\u00f3n Educativa Colegio Oriental N\u00b0 26 de \tla ciudad de C\u00facuta le expidi\u00f3 el diploma de bachiller \tacad\u00e9mico a Delkin \tManuel Vargas Tamayo (fl. 18), \ty adem\u00e1s, que existen dos actos administrativos mediante los \tcuales, al parecer, el actor fue inscrito como \u201cauxiliar \tde polic\u00eda\u201d1 \t(fl. 38 y 69), reconoci\u00e9ndose en uno de ellos la condici\u00f3n \tde bachiller del quejoso y en el otro no. <\/p>\n

Asimismo, el gestor radic\u00f3 un derecho de petici\u00f3n ante la Direcci\u00f3n de Incorporaci\u00f3n y Talento Humano de la Polic\u00eda, con miras a modificar su incorporaci\u00f3n, escrito en el cual indic\u00f3 tener la condici\u00f3n de bachiller y exigi\u00f3 ser tratado como tal (fl. 22). <\/p>\n

Frente al anterior requerimiento, en comunicaci\u00f3n de 7 de noviembre de 2017, se le inform\u00f3 al peticionario que \u201c(\u2026) la Polic\u00eda Nacional no desconoce la condici\u00f3n acad\u00e9mica alegada por usted (\u2026); [empero] no es factible realizar su cambio de modalidad en el servicio militar (\u2026)\u201d. <\/p>\n

2. En virtud de lo \tprecedido, se concluye la viabilidad del amparo rogado, toda \tvez que la decisi\u00f3n cuestionada vulnera la garant\u00eda al \tdebido proceso, pues la autoridad accionada enterada de la situaci\u00f3n \tdel gestor, debi\u00f3 actuar de inmediato a resolverla, y no lo \thizo. <\/p>\n

Sobre el particular esta Sala ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n

\u201c(\u2026) En torno al tema que suscita la atenci\u00f3n de esta Sala, la jurisprudencia se ha orientado a salvaguardar el derecho de retracto que los conscriptos pueden ejercer respecto de la manifestaci\u00f3n inicial de renunciar a la condici\u00f3n de bachiller para cumplir con el servicio militar en cualquiera otra modalidad diferente. Es as\u00ed que, por ejemplo, en las sentencias del 4 de febrero de 2010 (exp. 2009-01804-01) y del 19 de agosto del mismo a\u00f1o (exp. 2010-00063-01), reiteradas en fallo del 10 de mayo de 2011 (exp. 2011-0005-01), se indic\u00f3 que aun cuando todo nacional colombiano est\u00e1 obligado a cumplir con las cargas p\u00fablicas que demande el Estado, en particular con el servicio militar, \u201cninguna autoridad puede hacer m\u00e1s gravosas dichas cargas y trasgredir los l\u00edmites impuestos por el legislador, ya que con ello se vulnerar\u00eda el derecho a la igualdad (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

Y en un asunto de similares contornos, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Si bien es cierto que por mandato del art\u00edculo 216 de la Constituci\u00f3n Nacional todo colombiano est\u00e1 obligado a prestar el servicio militar, salvo las excepciones y en las condiciones previstas en la ley, tambi\u00e9n lo es que, en trat\u00e1ndose de cargas p\u00fablicas, ninguna autoridad, ni norma de inferior rango puede exceder esos l\u00edmites, so pena de transgredir el derecho a la igualdad, a menos que el afectado acepte espont\u00e1nea y debidamente informado el gravamen adicional. <\/p>\n

\u201cExaminadas las pruebas arrimadas al sumario, se constata que el joven (\u2026), no obstante acreditar oportunamente su calidad de bachiller\u00a0, fue incorporado como soldado\u00a0 regular al Batall\u00f3n de Ingenieros No. 13 \u2018General Antonio Baraya\u2019, con sustento en el acta de compromiso y en un documento denominado \u2018freno extralegal\u2019 que suscribi\u00f3 el conscripto el 14 de octubre de 2008 (folios 7 y 8), una semana despu\u00e9s de ser vinculado a la fuerza, lo cual, a juicio de la Sala, se atempera al mandato legal, si se tiene en cuenta que para esa fecha \u00e9ste era una persona mayor de edad, cuya presunci\u00f3n de capacidad no fue desvirtuada y, de otro lado, no se evidencian hechos que indiquen que su consentimiento fue viciado por error, fuerza o dolo. <\/p>\n

\u201cNo obstante, la Corte comparte el criterio de que las entidades accionadas no pueden obligar al conscripto a prestar el servicio militar por un tiempo superior al previsto en la ley, cuando \u00e9ste se retracta del compromiso de cumplirlo en otra modalidad m\u00e1s gravosa, como aconteci\u00f3 en este caso (\u2026)3\u201d. <\/p>\n

4. En consecuencia, la Corte har\u00e1 el control constitucional inherente a la acci\u00f3n de tutela, as\u00ed como tambi\u00e9n el de convencionalidad, dimanante del bloque de constitucionalidad, seg\u00fan lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4, que obliga a los pa\u00edses suscriptores de ese instrumento de procurar armonizar el ordenamiento interno al mismo, para evitar cualquier disonancia entre uno y otro. As\u00ed se consign\u00f3 en sus preceptos primero y segundo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art\u00edculo 1. Obligaci\u00f3n de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta Convenci\u00f3n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est\u00e9 sujeta a su jurisdicci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u201d. <\/p>\n

\u201c2. Para los efectos de esta Convenci\u00f3n, persona es todo ser humano\u201d. <\/p>\n

\u201cArt\u00edculo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art\u00edculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro car\u00e1cter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci\u00f3n, las medidas legislativas o de otro car\u00e1cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (\u2026)\u201d. <\/p>\n

De esta manera, las reglas de aquella normatividad deben observarse en asuntos como \u00e9ste, so pena de incumplir obligaciones internacionales. Por tanto, es menester tener en consideraci\u00f3n las prerrogativas a las \u201cgarant\u00edas judiciales\u201d y a la \u201cprotecci\u00f3n judicial\u201d, seg\u00fan las cuales, una persona podr\u00e1 acudir ante las autoridades jurisdiccionales competentes para obtener la pronta y eficaz resoluci\u00f3n de sus litigios. <\/p>\n

5. Ahora, frente a la inconformidad expuesta en el escrito de impugnaci\u00f3n por la falta de claridad de la orden proferida por el tribunal, esta Sala observa que esa corporaci\u00f3n en auto de 12 de diciembre de 2017, inform\u00f3 al petente que la accionada debe adelantar las actuaciones administrativas pertinentes para precisar la modalidad en la cual fue incorporado al servicio militar, teniendo en cuenta su condici\u00f3n de bachiller, por tanto, no hay lugar a modificar lo dispuesto por el a quo constitucional, pues lo resuelto por este, tanto en el fallo de tutela, como en el prove\u00eddo citado, no reviste ambig\u00fcedad alguna. <\/p>\n

6. Por los anteriores argumentos, se impone la convalidaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\nAusencia justificada <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nAusencia justificada <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que la Sala no se ha detenido a analizar si esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, tiene efectos en todos los casos, incluso en aquellos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, o \u00fanicamente cuando exista ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagradas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es innecesario e inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tLa Resoluci\u00f3n 0055 de 1 de junio de 2017, establece que el \ttiempo de servicio del convocante es de 12 meses; empero, en la \tResoluci\u00f3n 0056 de la misma fecha, dice que el tiempo de \talistamiento es de 18 a 24 meses; adem\u00e1s, en esta acto \tadministrativo no se reconoce a Delkyn Manuel Vargas Tama\u00f1o \tsu condici\u00f3n de bachiller.
\n2 \tCSJ STC, 24 jul. 2012, rad. 2012-00225-01.
\n3 \tCSJ Civil, Sentencia de 4 de febrero de 2010, Exp. T. No. 11001 22 \t03 000 2009 01804-01, reiterada en la providencia STC13964 de 16 de \toctubre de 2014.
\n4 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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