{"id":101275,"date":"2026-07-01T17:14:18","date_gmt":"2026-07-01T17:14:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101275"},"modified":"2026-07-01T17:14:18","modified_gmt":"2026-07-01T17:14:18","slug":"stc1230-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1230-2018\/","title":{"rendered":"STC1230-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1230-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2017-00826-01 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n impetrada respecto de la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2017, por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la acci\u00f3n de tutela formulada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular N\u00b0 2016-00348, instaurada por el aqu\u00ed petente frente a Colpatria S.A. y la Alcald\u00eda Municipal de la citada capital. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl promotor reclama la protecci\u00f3n de sus \u201cgarant\u00edas procesales\u201d, presuntamente vulneradas por la autoridad atacada. <\/p>\n

2.\tEn apoyo de su reparo, expone que el estrado denunciado carec\u00eda de jurisdicci\u00f3n para tramitar la acci\u00f3n colectiva por \u00e9l impetrada y radicada bajo el n\u00famero 2016-00348, pues al estar dirigida contra una entidad p\u00fablica el conocimiento del asunto le correspond\u00eda a los jueces de lo contencioso administrativo. <\/p>\n

3.\tExige, en concreto, remitir el proceso a los juzgadores en realidad facultados para dirimirlo. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tdel \t\taccionado y los vinculados <\/p>\n

1. El querellado histori\u00f3 la actuaci\u00f3n, y realz\u00f3 la legalidad del tr\u00e1mite criticado; destac\u00f3 que la petici\u00f3n de nulidad, formulada por el actor con fundamentos similares a los aqu\u00ed blandidos, fue desestimada el 17 de julio pasado; agreg\u00f3 que desde el 3 de octubre de 2017, el decurso se encuentra terminado por desistimiento t\u00e1cito (fl. 14). <\/p>\n

2. La Alcald\u00eda de Manizales solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por carecer de legitimaci\u00f3n para resistir las pretensiones de Arias Id\u00e1rraga (fl. 23); similar pedimento esgrimieron la Personer\u00eda Municipal de esa ciudad (fl. 26) y la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado (fls. 30-31). <\/p>\n

3. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

Desestim\u00f3 el amparo deprecado por inobservancia del presupuesto de la subsidiariedad, tras constatar que contra las decisiones que denegaron el pedimento de invalidez y dieron por terminado el asunto no se interpusieron los recursos de ley (fls. 15-17). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 el promotor, sin explicitar sus argumentos (fl. 44). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El presente resguardo se cifra en determinar si se vulneraron las garant\u00edas superiores de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga con ocasi\u00f3n de la presunta falta de jurisdicci\u00f3n, en cabeza del juzgador convocado, para conocer de la acci\u00f3n popular n\u00famero 2016-00348. <\/p>\n

2. Empero, se observa la improcedencia de esta salvaguarda, por cuanto ese proceso ya culmin\u00f3 con el auto de 3 de octubre de la pasada anualidad, mediante el cual el sentenciador fustigado, aplicando la figura del desistimiento t\u00e1cito, finiquit\u00f3 las diligencias. <\/p>\n

As\u00ed, se colige la ocurrencia de un hecho consumado y la imposibilidad de efectuar un pronunciamiento sobre el particular. En cuanto a lo discurrido, esta Sala ha expresado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) el supuesto del da\u00f1o consumado impide el fin primordial de la acci\u00f3n de tutela, cual es la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales, para evitar precisamente los da\u00f1os que dicha violaci\u00f3n puede generar, y no una protecci\u00f3n posterior a la causaci\u00f3n de los mismos (\u2026). Tal interpretaci\u00f3n se desprende de lo dispuesto en el art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1992 en el sentido de que la acci\u00f3n de tutela es improcedente (\u2026) cuando sea evidente que la violaci\u00f3n del derecho origin\u00f3 un hecho consumado, salvo cuando contin\u00fae la acci\u00f3n u omisi\u00f3n violatoria del derecho (Sentencias T-138 de 1994 y T-612 de 2008) (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

3.\tSi se dejara de lado lo antes dicho, el amparo de todas formas fracasar\u00eda, porque, es evidente, carece del presupuesto de la subsidiariedad, teniendo en cuenta que el querellante, contra el auto nugatorio de la nulidad por \u00e9l deprecada con estribo en la supuesta falta de jurisdicci\u00f3n del estrado atacado, no formul\u00f3 ning\u00fan reparo. <\/p>\n

En efecto, revisadas las documentales allegadas y la informaci\u00f3n suministrada por el sentenciador cuestionado, se colige que el aqu\u00ed quejoso present\u00f3 ante \u00e9ste solicitud de invalidez de las actuaciones por la raz\u00f3n ac\u00e1 expuesta, desestimada en prove\u00eddo de 17 de julio de 2017, en el cual el juzgador criticado precis\u00f3: <\/p>\n

\u201cAhora bien, en el presente caso si bien se ha demandado al municipio de Manizales, [el]\u00a0cual evidentemente se trata de una persona de derecho p\u00fablico, sin embargo en los hechos en los que se fundamenta la demanda en ninguna parte aparece el acto administrativo, la acci\u00f3n administrativa o la omisi\u00f3n en la que haya incurrido dicho ente territorial que sea objeto de censura o que est\u00e9 vulnerando alg\u00fan derecho colectivo, sino que la acci\u00f3n popular va encaminada a que se ordene al ente bancario que instale un ba\u00f1o p\u00fablico para la atenci\u00f3n de ciudadanos discapacitados, [el]\u00a0cual no ejerce ninguna actividad de derecho p\u00fablico\u201d (fl. 14 rv.). <\/p>\n

Sobre ese aspecto, esta Corte ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d2. <\/p>\n

4. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Complementariamente, la regla 93 ej\u00fasdem, dispone: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

5.\tDe acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\nAusencia justificada <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Coincido con el criterio expuesto por la Sala en cuanto a que deb\u00eda confirmarse la sentencia proferida por el a quo por cuanto la acci\u00f3n objeto de estudio era improcedente en virtud de la desatenci\u00f3n del principio de subsidiariedad, porque, en efecto, la falta de utilizaci\u00f3n de la herramienta jur\u00eddica que permit\u00eda al reclamante controvertir la negativa de la autoridad accionada a declarar la nulidad del proceso, esto es, la formulaci\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n (art. 318 C.G.P.), le impide reclamar por v\u00eda de tutela la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales que estima transgredidas. <\/p>\n

Empero, no comparto el argumento que de manera principal se diera para denegar el reclamo, consistente en que la vulneraci\u00f3n alegada por el accionante origin\u00f3 un \u201cda\u00f1o consumado\u201d, por cuanto tal figura supone que los derechos fundamentales han sido afectados de manera definitiva (T-478-15), y en ese evento se impone al juez constitucional efectuar un pronunciamiento de fondo en el que am\u00e9n de exponer las razones por las cuales fue causado un perjuicio al tutelante, debe prevenir a la autoridad accionada para que no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron origen a la petici\u00f3n de amparo, tal como lo previene el art\u00edculo 24 del decreto reglamentario de la tutela6 como garant\u00eda de no repetici\u00f3n de la conducta a fin de evitar transgresiones futuras a los derechos superiores de las personas. <\/p>\n

Ese, a mi juicio, no es el caso del actor constitucional, porque dado que la acci\u00f3n popular persigue la protecci\u00f3n de derechos colectivos, de suyo irrenunciables, inajenables e imprescriptibles y especialmente protegidos por el ordenamiento superior, circunstancia de la que deviene la naturaleza constitucional y oficiosa de ese mecanismo judicial, no le es aplicable la figura jur\u00eddica del desistimiento t\u00e1cito ni las sanciones que de ella derivan, de ah\u00ed que est\u00e1 en posibilidad de incoar nuevamente su queja por la presunta vulneraci\u00f3n de las prerrogativas invocadas, sin aguardar el transcurso de los seis meses a que hace alusi\u00f3n el literal f del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

De ese modo, aunque de conformidad con el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 472 de 1998 era obligaci\u00f3n del juez de conocimiento impulsar oficiosamente la acci\u00f3n cuyo car\u00e1cter adem\u00e1s es preferente, lo cual implica que su tr\u00e1mite y resoluci\u00f3n no pueden quedar supeditados a la realizaci\u00f3n de ciertos actos procesales por parte de los sujetos intervinientes (inc. 3 art. 5\u00ba ib\u00eddem) y es deber del juzgador remover los obst\u00e1culos que impidan su eficaz y preferencial desarrollo, si el hecho da\u00f1oso o amenazante persiste, el tutelante puede acudir a la administraci\u00f3n de justicia a solicitar las respectivas medidas de protecci\u00f3n, a trav\u00e9s de una nueva acci\u00f3n popular. <\/p>\n

Por otra parte, en lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que la Sala no se ha detenido a analizar si esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, tiene efectos en todos los casos, incluso en aquellos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, o \u00fanicamente cuando exista ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagradas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es innecesario e inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

De la forma que precede, y con el mayor respeto, dejo aclarado mi voto. <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. \tSTC de 21 de noviembre de 2013, exp. 2013-00107-02.
\n2 \tCSJ STC, de 26 de enero \tde 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, exp. \t00616-00.
\n3 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tDecreto \t2591 de 1991.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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