{"id":101279,"date":"2026-07-01T17:14:54","date_gmt":"2026-07-01T17:14:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101279"},"modified":"2026-07-01T17:14:54","modified_gmt":"2026-07-01T17:14:54","slug":"stc1364-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1364-2018\/","title":{"rendered":"STC1364-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1364-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-00085-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Luis Enrique Galvis P\u00e9rez y Mar\u00eda Lucrecia Ortiz Castro, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, concretamente frente al Magistrado Eluin Guillermo Abreo Trivi\u00f1o y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario No. 1999-01744. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Los interesados quien act\u00faan en su propio nombre, reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso en conexidad con los de la propiedad privada, igualdad y \u00aba no ser discriminados\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas en el juicio relacionado en precedencia. <\/p>\n

Solicitan, que se declare la nulidad de todo lo actuado en el juicio mencionado \u00abdesde el mismo mandamiento de pago al existir un error evidente en el t\u00edtulo base de la presente ejecuci\u00f3n\u00bb, y adem\u00e1s porque, \u00abla se\u00f1ora NELLY YOLANDA AGUILERA BACCA no se encuentra legitimada para actuar dentro del presente asunto, al no encontrarse una legalmente v\u00e1lida cadena de cesiones de cr\u00e9dito\u00bb (ff. 4 y 5, may\u00fascula fija en texto). <\/p>\n

2. En apoyo de lo anterior, aducen que son los propietarios inscritos del inmueble trabado dentro de la ejecuci\u00f3n que adelant\u00f3 inicialmente la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda Las Villas en contra de Rosalba Ortiz Castro, de la que la que conoci\u00f3 el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogot\u00e1 quien le neg\u00f3 a la nombrada \u00absu pretendida vinculaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Manifiestan que el 27 de enero de 2011, la Reestructuradora de Cr\u00e9ditos de Colombia Ltda., en liquidaci\u00f3n, cedi\u00f3 el cr\u00e9dito a Sistemcobro Ltda., manifestando actuar como apoderada especial -sin serlo- de Fideicomiso Activos Alternativos BETA, que obra por intermedio de su vocera Alianza Fiduciaria S. A., y tal cesi\u00f3n no les fue notificada y tampoco aceptada por ellos, raz\u00f3n por la cual su apoderado formul\u00f3 incidente de nulidad que negado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 el 15 de agosto de 2017, confirm\u00f3 el Tribunal accionado el 1\u00ba de diciembre del a\u00f1o anterior. <\/p>\n

Sostienen que adem\u00e1s, el Juzgado de conocimiento tuvo por notificado a Luis Enrique Galvis P\u00e9rez sin el cumplimiento de los requisitos legales, porque \u00abno se advierte documento id\u00f3neo que certifique mi enteramiento de esta ejecuci\u00f3n\u00bb, y pese a que propuso incidente de nulidad fue despachado negativamente al igual que el recurso de apelaci\u00f3n <\/p>\n

Explican de otra parte que los Juzgadores de instancia han considerado que en el proceso se ejecuta una hipoteca sin l\u00edmite de cuant\u00eda, no obstante que la escritura p\u00fablica n\u00famero 802 de marzo 10 de 1998, de la notar\u00eda 49 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 que ellos suscribieron para respaldar las obligaciones contra\u00eddas por Rosalba Ortiz Castro, establece que \u00abla hipoteca exigida est\u00e1 constituida con un l\u00edmite de hasta QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000.oo) M\/CTE., lo que la hace una hipoteca cerrada\u00bb (ff. 1\u00ba a 21) <\/p>\n

En escrito posterior, allegan \u00abla providencia de diciembre 1\/2017, emitida por el Honorable TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA, SALA CIVIL, Magistrado Eluin Guillermo Abreo Trivi\u00f1o, providencia en la que, igual al juez de instancia, el fallador se sustrae a valorar la validez del t\u00edtulo (viciado desde la cesi\u00f3n arriba citada), para sobre valorar el procedimiento, desconociendo la esencia de lo cobrado en el proceso hipotecario que origino esta acci\u00f3n constitucional\u00bb (ff. 27 a 28).
\nRESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y CITADOS <\/p>\n

1. El Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que el proceso ejecutivo hipotecario al que alude el amparo iniciado por la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda Av. Villas en contra de Luis Enrique Galvis y Mar\u00eda Lucrecia Ortiz Castro, fue radicado originalmente en el Juzgado Veinte Civil del Circuito de esta ciudad, y posteriormente el 22 de mayo de 2015 asumi\u00f3 ese Despacho el conocimiento de conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. PSAA15-10300 de 2015 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, para luego enviarlo el 16 de octubre del mismo a\u00f1o a los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, donde se encuentra en la actualidad (f. 87). <\/p>\n

2.\tEl apoderado general de Sistemcobro SAS, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n por pasiva e inform\u00f3 que \u00abactu\u00f3 como apoderado especial del Fideicomiso Activos Alternativos Beta cuya administraci\u00f3n era ejercida por Alianza Fiduciaria S.A.. respecto de obligaciones adquiridas en su momento a la Reestructuradora de Cr\u00e9ditos de Colombia, cuya administraci\u00f3n era ejercida por Refinancia S.A.S. dentro de dicho contrato de compraventa de cartera se encontraba las obligaciones hipotecarias No. 142180 y No. T142180, a cargo de la ciudadana Fernando Rosalba Ortiz Castro\u00bb, por lo que, \u00abni el Fideicomiso Activos Alternativos Beta, ni Alianza Fiduciaria S.A. como administradora de dicho fideicomiso, ni Sistemcobro S.A.S.. ostentan calidad alguna frente a las obligaciones enunciadas, raz\u00f3n por la cual es imposible pronunciarnos sobre los hechos constitutivos de la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb (f. 90). <\/p>\n

3. El Juez Cincuenta y Nueve Civil Municipal de Bogot\u00e1, indic\u00f3 que en el proceso ejecutivo singular No. 1999-1744, instaurado por Luz Betty Fern\u00e1ndez Rodr\u00edguez contra Mar\u00eda Lucrecia Ortiz Castro y Martha Leticia Pardo Mateus, mediante auto de fecha 24 de febrero del a\u00f1o 2003, decret\u00f3 el embargo de remanentes en el proceso que cursaba en el Juzgado Veinte Civil del Circuito de esta ciudad, instaurado por el Banco Comercial AV Villas S.A. contra Maria Lucrecia Ortiz Castro, que fue comunicado con el oficio No. 0602 de fecha 20 de marzo de 2003, y en providencia de 13 de agosto de ese a\u00f1o, le fue informado que no pod\u00eda tenerse en cuenta el embargo por haber sido efectivizado otro con anterioridad (f. 101). <\/p>\n

4. La Jueza Once Civil Municipal de esta ciudad, inform\u00f3 que revisados los archivos y de acuerdo a la informaci\u00f3n suministrada por el sistema Justicia XXI, no se encuentra ninguna actuaci\u00f3n en relaci\u00f3n con los hechos de la tutela (f. 105). <\/p>\n

5. El Magistrado Ponente de la decisi\u00f3n cuestionada manifest\u00f3 que el 1\u00ba de diciembre de 2017, confirm\u00f3 el auto de 15 de agosto de esa misma anualidad emanado del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1, por considerar que la nulidad alegada deb\u00eda entenderse saneada (f. 139). <\/p>\n

6. La Juez Quinta de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1, explic\u00f3 que mediante auto de 15 de agosto de 2017 rechaz\u00f3 de plano la solicitud incidental, porque en el proceso el ejecutado hab\u00eda iniciado con anterioridad otros tr\u00e1mites de igual naturaleza, saneando as\u00ed la actuaci\u00f3n; agreg\u00f3 adem\u00e1s, que todos los autos por los cuales en el proceso se han aceptado las cesiones del cr\u00e9dito no fueron objeto de impugnaci\u00f3n por loa aqu\u00ed accionantes (ff. 148). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, citada entre muchas en STC683-2016). <\/p>\n

2. De cara a los argumentos planteados por los accionantes y conforme a los documentos que fueron allegados a este tr\u00e1mite constitucional, observa la Sala, en cuanto interesa al asunto alegado, lo siguiente: <\/p>\n

2.1. En el proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario iniciado por Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda las Villas contra Luis Enrique Galvis P\u00e9rez, Mar\u00eda Lucrecia Ortiz Castro y otra, el apoderado de los nombrados present\u00f3 en mayo de 2017 incidente de nulidad en el que denunci\u00f3 la violaci\u00f3n de los numerales 4, 8 y el p\u00e1rrafo del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que rechaz\u00f3 de plano el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1, mediante auto de 15 de agosto de 2017 al concluir que la parte demandada que ven\u00eda actuando en el proceso desde septiembre de 2010, no invoc\u00f3 o denunci\u00f3 las supuestas irregularidades que dej\u00f3 en evidencia a trav\u00e9s del incidente promovido. <\/p>\n

Inconforme el apoderado de los ejecutados recurri\u00f3 la decisi\u00f3n y en providencia de 1\u00ba de diciembre de 2017 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil Unitaria la confirm\u00f3, al advertir que el apelante no hizo expl\u00edcito el motivo por el cual consideraba que el juzgador hab\u00eda incurrido en error al rechazar de plano la nulidad, en tanto que, \u00abno expuso porqu\u00e9 considera que el juez de instancia se equivoc\u00f3 cuando rechaz\u00f3 el escrito de nulidad. Tampoco dijo qu\u00e9 raz\u00f3n le asist\u00eda para desechar el argumento del funcionario sobre que el vicio anulatorio de haber existido deb\u00eda considerarse saneado, en cuanto que la parte demandada ven\u00eda, de tiempo atr\u00e1s, interviniendo en la causa y no hab\u00eda expresado inconformidad alguna aneja al tema\u00bb, y adem\u00e1s, consider\u00f3 que, <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el argumento del juez resulta contundente y, por involucrar un asunto de orden p\u00fablico, pues concierne con la aplicaci\u00f3n de las normas procesales (art. 13 C. G. del P.), resulta ineludible observarlo. La disposici\u00f3n aplicada, fundamento del prove\u00eddo emitido, considera que los eventuales vicios en que haya podido incurrir el funcionario si no se alegan en tiempo deben considerarse saneados y as\u00ed lo expres\u00f3 el juzgador y, ciertamente, as\u00ed acontece. <\/p>\n

No puede perderse de vista que los posibles errores o defectos en las cesiones realizadas pudieron establecerse desde el mismo momento de su realizaci\u00f3n y, desde esa \u00e9poca a la fecha, la parte demandada no solo estuvo vinculada al proceso sino que adujo diferentes escritos en sentido diverso y, en definitiva, tuvo la oportunidad de blandir esa defensa sin que lo haya hecho de manera formal y adecuada\u00bb (ff. 40 a 45). <\/p>\n

3. En este contexto, el an\u00e1lisis de los hechos de la demanda constitucional confrontados con la prueba obrante en el plenario, permite concluir que el auxilio solicitado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por cuanto los argumentos expuestos por la Corporaci\u00f3n referida para adoptar la determinaci\u00f3n acusada, obedecen a una interpretaci\u00f3n razonable de la normativa aplicable a la situaci\u00f3n puesta en su conocimiento. <\/p>\n

Lo anterior, descarta la posibilidad de predicar una causal de procedibilidad en la actuaci\u00f3n rese\u00f1ada porque, al margen del criterio que la Sala pudiera tener, no se observa un proceder caprichoso por parte del Tribunal convocado, y por tanto, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de evidente desafuero judicial. <\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de una parte, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01); y, de otra, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 ab. rad. 00696-00). <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender como si se le hubiere instituido para desplazar a los funcionarios que, por mandato constitucional y legal, tienen atribuida la competencia para resolver las controversias judiciales, pues tal supuesto llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con lo anterior, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido de manera uniforme y repetida, que, <\/p>\n

\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, (\u2026) en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (subrayado en texto, ver entre otras recientemente, STC4894-2017, STC19036-2017, y, STC19404-2017, 21 nov. rad. 03132-00). <\/p>\n

5. Las anteriores consideraciones se estiman suficientes para negar el amparo pretendido. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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