{"id":101282,"date":"2026-07-01T17:15:21","date_gmt":"2026-07-01T17:15:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101282"},"modified":"2026-07-01T17:15:21","modified_gmt":"2026-07-01T17:15:21","slug":"stc1367-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1367-2018\/","title":{"rendered":"STC1367-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1367-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00185-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Audelo \u00d1a\u00f1ez Mu\u00f1oz, contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, integrada por los Magistrados Mar\u00eda Amanda Noguera de Viteri, Enasheilla Polan\u00eda G\u00f3mez y Edgar Robles Ram\u00edrez, tr\u00e1mite al cual fueron citados el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito y las partes e intervinientes en el proceso ordinario de resoluci\u00f3n de contrato No. 201-00021. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El actor obrando por apoderado judicial, alega la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abseguridad jur\u00eddica, buena fe y confianza leg\u00edtima\u00bb, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada con ocasi\u00f3n de la sentencia proferida el 7 de febrero de 2017. <\/p>\n

Pide concretamente revocar el fallo mencionado, \u00abORDENANDO al Tribunal decidir de fondo y en derecho el caso sometido para su estudio\u00bb (f. 150, negrilla, subraya y may\u00fascula fija en texto). <\/p>\n

2.\t Para sustentar el reparo, se expone en s\u00edntesis, que Alfonso Mu\u00f1oz demand\u00f3 a Audelo \u00d1a\u00f1ez Mu\u00f1oz, para que, por los tr\u00e1mites de un proceso ordinario de mayor cuant\u00eda se declarara por incumplimiento bilateral o mutuo disenso t\u00e1cito, la disoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa suscrito el 30 de mayo de 2000 y aclarado el 3 de noviembre de 2005, sobre el predio rural denominado \u00abSan Antonio\u00bb ubicado en la vereda Contador del Municipio de Pitalito (Huila), y en subsidio, se declarara la resoluci\u00f3n de los contratos de promesa de compraventa suscrito entre las partes sobre el predio objeto de litigio. <\/p>\n

Sostiene que el Juzgado Primero Civil del Circuito de la nombrada ciudad admiti\u00f3 la demanda de conocimiento, y agotado el tr\u00e1mite profiri\u00f3 sentencia el 27 de junio de 2014 en la que declar\u00f3 probadas las excepciones de \u00abcarencia de presupuesto jur\u00eddico de la resoluci\u00f3n por muto disenso\u00bb y \u00abfalta de legitimidad en la causa para demandar la resoluci\u00f3n\u00bb y neg\u00f3 las pretensiones.
\nAfirma que inconforme el demandante apel\u00f3 la decisi\u00f3n y pese a que el contrato de promesa conten\u00eda los elementos esenciales del mismo, en tanto que se indic\u00f3 su ubicaci\u00f3n, extensi\u00f3n y linderos, adem\u00e1s que, en el desarrollo del proceso se evidenci\u00f3 que para las partes desde el principio exist\u00eda claridad de cu\u00e1l era el lote que se prometi\u00f3 en venta, a tal punto que para mayor precisi\u00f3n se hizo una aclaraci\u00f3n del contrato en el mes de noviembre del a\u00f1o 2005, el Tribunal en el fallo de 7 de febrero de 2017 revoc\u00f3 el de primer grado y de oficio \u00absorpresivamente\u00bb declar\u00f3 la nulidad absoluta de los negocios jur\u00eddicos por encontrar \u00abomisi\u00f3n de requisitos o formalidades que la ley prescribe para su valor\u00bb y considerar que, \u00abno se hab\u00eda identificado jur\u00eddicamente el bien prometido, al no se\u00f1alar el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria y al estar incompletos los datos de la escritura p\u00fablica mediante la cual el promitente vendedor hab\u00eda adquirido el bien, afirmando que estos son requisitos esenciales para la validez de la promesa\u00bb, y orden\u00f3 restituciones mutuas, en las que deb\u00eda devolver el terreno y pagar frutos civiles en cuant\u00eda de $100\u2019624.798 y $3\u2019533.120 por perdidas y da\u00f1os en el terreno y el demandante cancelarle la suma de $ 104\u2019984.771 correspondiente al pago indexado que hiciera con ocasi\u00f3n del contrato. <\/p>\n

Explica que en la decisi\u00f3n reprochada la Corporaci\u00f3n accionada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial de la Corte Suprema de Justicia, \u00absentencia de 14 de enero de 2015, expediente No. 25843-31-03-001-2006-00256-01, M.P. JES\u00daS VALL DE RUT\u00c9N RUIZ, la Sala de Casaci\u00f3n Civil\u00bb; no cumpli\u00f3 con las cargas de transparencia y de raz\u00f3n suficiente exigidas para apartarse del mismo; realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n contraevidente del art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil al no tener por saneada la nulidad por prescripci\u00f3n extraordinaria, \u00abbas\u00f3 su decisi\u00f3n en un argumento sorpresivo y frente al cual mi representado no tuvo ninguna oportunidad de controvertir, toda vez que el recurso de casaci\u00f3n interpuesto, en el cual se debat\u00eda la decisi\u00f3n sorpresiva del Tribunal fue denegado y confirmada dicha denegaci\u00f3n\u00bb, adem\u00e1s que la sentencia presenta falta de congruencia con la demanda, las pretensiones, los hechos debatidos en el proceso, las excepciones y el mismo recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el apoderado de la parte demandante, \u00abpues no se pronunci\u00f3 respecto de ninguno de estos actos procesales que iniciaron el proceso, que trabaron la Litis y que motivaron que se profiera la sentencia de primera instancia, que posteriormente trajo consigo el recurso de apelaci\u00f3n de la parte demandante\u00bb. <\/p>\n

Manifiesta que solicit\u00f3 adici\u00f3n de la sentencia a lo que se accedi\u00f3 el 24 de marzo de 2017, para se\u00f1alar que el demandante deb\u00eda pagarle la suma de $48\u2019464.00 por concepto de intereses civiles sobre el valor de lo pagado en la celebraci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa; posteriormente recurri\u00f3 en casaci\u00f3n, impugnaci\u00f3n extraordinaria que se neg\u00f3 el 12 de junio de 2017 por insuficiencia de la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir exigida en el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que le llev\u00f3 a recurrir en reposici\u00f3n y queja subsidiaria y confirmada la decisi\u00f3n en auto de 15 de agosto, se orden\u00f3 la expedici\u00f3n de las copias y finalmente en providencia de 19 de diciembre de 2017 \u00abse decide el recurso de queja confirmando la providencia mediante la cual se deneg\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Asevera que el amparo cumple con el requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que el auto que decidi\u00f3 el recurso de queja se notific\u00f3 por estado el 11 de enero de 2018, y que, la inconformidad con la providencia de segunda instancia \u00abdesafortunadamente no pudieron ser analizadas y resueltas por el superior jer\u00e1rquico, en virtud de que la cuant\u00eda del proceso no fue suficiente para conceder el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb (ff. 123 a 153, negrilla, subraya y may\u00fascula fija en texto). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

La Magistrada Ponente de la decisi\u00f3n cuestionada se opuso al amparo y para el efecto manifest\u00f3, que apelada la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito el 27 de junio de 2014, que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, esa Sala de decisi\u00f3n profiri\u00f3 el fallo cuestionado por esta v\u00eda extraordinaria, en el que concluy\u00f3, <\/p>\n

\u00ab(\u2026) Cotejadas tales exigencias en el negocio jur\u00eddico objeto de Litis, el cual viene conformado por el documento suscrito el 30 de mayo de 2000 y su aclaraci\u00f3n fechada 3 de noviembre de 2005 por los se\u00f1ores ALFONSO MU\u00d1OZ como promitente vendedor y AUDELO \u00d1\u00c1\u00d1EZ MU\u00d1OZ como promitente comprador, para la Sala el contrato de promesa de compraventa no cumple con el requisito del numeral 4, porque aun cuando fueron establecidos los linderos del lote prometido, este no fue plenamente identificado con el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria. <\/p>\n

De hecho, en la promesa primigenia aparecen incompletos los datos sobre la escritura p\u00fablica a trav\u00e9s de la cual el promitente vendedor hab\u00eda adquirido el bien, as\u00ed como el n\u00famero de registro inmobiliario que le correspond\u00eda, circunstancias que permiten concluir la imposibilidad de la tradici\u00f3n de la cosa y con ello el perfeccionamiento de la compraventa, trasgrediendo un requisito esencial que impone la ley para la validez de la promesa. <\/p>\n

Como agravante de la omisi\u00f3n referida, se observa por esta Corporaci\u00f3n de las pruebas obrantes en el plenario, que el demandante figura como propietario del inmueble denominado "SAN ANTONIO FONSECA", identificado con el folio inmobiliario 206-1710 y que cuenta con 37 has (fl. 18 ibidem), del cual se entiende hace parte como fundo de menor extensi\u00f3n, el prometido en venta entre los litigantes; sin embargo, el inmueble en la promesa fue descrito simplemente como "SAN ANTONIO" y con extensi\u00f3n de 9 has y media, pero sin explicarse que hac\u00eda parte de un globo de mayor extensi\u00f3n y los linderos que lo determinan y sin hacer alguna referencia a otros documentos que permitieran su plena identificaci\u00f3n. <\/p>\n

N\u00f3tese que la copia de la Resoluci\u00f3n No. 266 de 6 de junio de 2006 expedida por la Unidad de Planeaci\u00f3n Municipal de Pitalito (fls. 16-17 cuaderno 1), da cuenta de la autorizaci\u00f3n al demandante y a la otra propietaria JOSEFA BERMEO DE MU\u00d1OZ, para la subdivisi\u00f3n del lote "SAN ANTONIO FONSECA" identificado con el folio inmobiliario ya citado, registr\u00e1ndose 32 has para ser dividido en dos fundos de 9 y 23 has. <\/p>\n

As\u00ed mismo, la prueba testimonial confirm\u00f3 que lo prometido en venta por el se\u00f1or ALFONSO MU\u00d1OZ al demandado AUDUELO \u00d1\u00c1\u00d1EZ MU\u00d1OZ era parte de la finca "SAN ANTONIO FONSECA", es decir, un predio de menor extensi\u00f3n que hace parte del lote general a nombre del actor y de la se\u00f1ora JOSEFA BERMEO DE MU\u00d1OZ. <\/p>\n

Incluso el dictamen pericial practicado a \u00f3rdenes del Juzgado a quo, determin\u00f3 una extensi\u00f3n del lote todav\u00eda menor a la prometida en venta, y esto aun adoleciendo de la informaci\u00f3n necesaria para la identificaci\u00f3n plena del predio. <\/p>\n

3.3. Fijadas las anteriores circunstancias, las condiciones del negocio jur\u00eddico futuro no est\u00e1n determinadas de tal suerte que solo baste la tradici\u00f3n de la cosa o las formalidades legales para que se entienda materializado, emergiendo como consecuencia indiscutida la nulidad absoluta de la promesa, conforme lo dispone el art\u00edculo 1741 del C\u00f3digo Civil, puesto que se omiti\u00f3 por completo identificarlo jur\u00eddicamente y trat\u00e1ndose de un predio de menor extensi\u00f3n, nada se dijo al respecto, resultando en consecuencia que no se dio cumplimiento al numeral 4 del art\u00edculo 1611 de la misma codificaci\u00f3n\u201d\u00bb (ff. 163 y 164). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC683-2016). <\/p>\n

2.\tEn el presente asunto observa la Sala, que la censura est\u00e1 encaminada, en concreto, contra la sentencia proferida el 7 de febrero de 2017 por la que el Tribunal convocado revoc\u00f3 la proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito (Huila) el 27 de junio de 2014 que neg\u00f3 las pretensiones solicitadas por Alfonso Mu\u00f1oz en el proceso ordinario de resoluci\u00f3n de contrato y de oficio declar\u00f3 absolutamente nulo el contrato de promesa de compraventa que suscribi\u00f3 el nombrado con Audelo \u00d1a\u00f1ez Mu\u00f1oz, pues en sentir del actor la Corporaci\u00f3n incurri\u00f3 en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y adem\u00e1s que la decisi\u00f3n atacada no es congruente con los hechos y pretensiones. <\/p>\n

3. En el caso sub judice, no logra advertirse ninguna amenaza o vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del accionante, toda vez que la determinaci\u00f3n cuestionada no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

En efecto, en la copia de la sentencia de segundo grado criticada de 7 de febrero de 2017, que fue aportada por el accionante, observa la Corte que la Corporaci\u00f3n accionada para revocar la sentencia de primer grado referida, y declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato de promesa de venta, tuvo como fundamento que \u00e9ste no cumpl\u00eda con el requisito del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil, tras advertir que las condiciones del negocio jur\u00eddico futuro no estaban determinadas de tal manera que solo bastaba la tradici\u00f3n del bien, puesto que, el predio pretendido no hab\u00eda sido debidamente identificado en tanto que, <\/p>\n

\u00aben la promesa primigenia aparecen incompletos los datos sobre la escritura p\u00fablica a trav\u00e9s de la cual el promitente vendedor hab\u00eda adquirido el bien, as\u00ed como el n\u00famero de registro inmobiliario que le correspond\u00eda\u00bb, adem\u00e1s que, las pruebas allegadas demostraban que \u00abel demandante figura como propietario del inmueble denominado "SAN ANTONIO FONSECA", identificado con el folio inmobiliario 206-1710 y que cuenta con 37 has (fl. 18 ibidem), del cual se entiende hace parte como fundo de menor extensi\u00f3n, el prometido en venta entre los litigantes; sin embargo, el inmueble en la promesa fue descrito simplemente como "SAN ANTONIO" y con extensi\u00f3n de 9 has y media, pero sin explicarse que hac\u00eda parte de un globo de mayor extensi\u00f3n y los linderos que lo determinan y sin hacer alguna referencia a otros documentos que permitieran su plena identificaci\u00f3n\u00bb, que as\u00ed mismo, \u00abel dictamen pericial practicado a \u00f3rdenes del Juzgado a quo, determin\u00f3 una extensi\u00f3n del lote todav\u00eda menor a la prometida en venta\u00bb, y que adem\u00e1s, \u00abtrat\u00e1ndose de un predio de menor extensi\u00f3n, nada se dijo al respecto\u00bb. <\/p>\n

4. El pronunciamiento as\u00ed descrito, luce acorde con lo acreditado en el asunto, sin que la inconformidad del actor con el mismo por ser adverso a sus intereses, le abra paso a esta especial jurisdicci\u00f3n, y bajo esa perspectiva, emerge la inviabilidad de la protecci\u00f3n extraordinaria exigida, en la medida en que no est\u00e1 demostrado el defecto reprochado, en tanto que, de la transcripci\u00f3n antes vista, independientemente de que la Corte la proh\u00edje, surge que las pruebas obrantes en el plenario fueron puntual y arm\u00f3nicamente apreciadas y valoradas, seg\u00fan la sana cr\u00edtica, conforme as\u00ed lo imponen las reglas pertinentes. <\/p>\n

5. En relaci\u00f3n con lo precedente, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de una parte, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01); y, de otra, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 ab. rad. 00696-00). <\/p>\n

6. De acuerdo con lo anterior, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n impetrada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC1367-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00185-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Audelo \u00d1a\u00f1ez Mu\u00f1oz, contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101282","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101282","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101282"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101282\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101282"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101282"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101282"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}