{"id":101286,"date":"2026-07-01T17:15:54","date_gmt":"2026-07-01T17:15:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101286"},"modified":"2026-07-01T17:15:54","modified_gmt":"2026-07-01T17:15:54","slug":"stc1377-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1377-2018\/","title":{"rendered":"STC1377-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1377-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00159-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela que Miguel \u00c1ngel Ord\u00f3\u00f1ez Hurtado promueve contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y la Fiscal\u00eda Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a todas las partes e intervinientes en el proceso penal instaurado por el accionante contra Mabel Montealegre Var\u00f3n, Magistrada del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El ciudadano solicit\u00f3 el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la honra, el buen nombre y al principio de responsabilidad jur\u00eddica, que estima vulnerados por el ente acusador al aplicar \u201csesgadamente\u201d el inciso 2 del art\u00edculo 69 de la Ley 906 de 2004 cuando inadmiti\u00f3 su denuncia por el presunto punible de injuria y calumnia, sin estimar que se trata de un delito querellable, sin que el Tribunal accionado procediera a sanear ese yerro, como juez de control de garant\u00edas, ni conceder la alzada interpuesta. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se protejan las garant\u00edas constitucionales invocadas. [Folios 1-3, c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

2. En virtud del cargo ejercido, al accionante le correspondi\u00f3 resolver el impedimento manifestado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa municipalidad. <\/p>\n

3. Emitido pronunciamiento negativo frente al impedimento manifestado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art\u00edculo 149 del CPC, se remiti\u00f3 el expediente al Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 a efectos de que se pronunciara sobre la legalidad de aquel. <\/p>\n

4. El asunto se asign\u00f3 a la Magistrada Mabel Montealegre Var\u00f3n, quien en auto de 16 de marzo de 2015 acept\u00f3 la manifestaci\u00f3n del funcionario a quien inicialmente se sign\u00f3 la tutela y llam\u00f3 la atenci\u00f3n del aqu\u00ed accionante, toda vez que, pese a tratarse de un tr\u00e1mite preferente, su proceder no fue diligente y, por el contrario, incurri\u00f3 en morosidad. As\u00ed las cosas, orden\u00f3 compulsarle copias. <\/p>\n

5. Inconforme, el 22 de febrero de 2016 el promotor del amparo formul\u00f3 denuncia penal en contra la Magistrada, por considerar que las manifestaciones por aquella realizadas en la providencia mencionada, afectan su honra y buen nombre, por lo que le endilg\u00f3 la comisi\u00f3n del delito de injuria. <\/p>\n

6. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 a la Fiscal\u00eda Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien luego de citar al agredido a efectos de que ampliara su denuncia, en decisi\u00f3n de 27 de marzo de 2017, con fundamento en lo establecido en el inciso segundo del art\u00edculo 69 de la ley 906 de 2004, la inadmiti\u00f3 por considerar que carec\u00eda de fundamento y dispuso su archivo. <\/p>\n

7. El accionante solicit\u00f3 al ente investigador impulsar el tr\u00e1mite, toda vez que la querella se hab\u00eda formulado desde hac\u00eda m\u00e1s de un a\u00f1o. <\/p>\n

8. En comunicado recibido por el accionante el 29 de marzo de la presente anualidad, la Fiscal\u00eda le inform\u00f3 sobre la decisi\u00f3n adoptada en la investigaci\u00f3n penal. <\/p>\n

9. El 9 de octubre de la presente anualidad el tutelante solicit\u00f3 ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el desarchivo de las diligencias, por cuanto el Fiscal 9 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia no diferenci\u00f3 lo que es una denuncia de lo que es una querella y en su caso \u00abmi querella re\u00fane las exigencias legales del art\u00edculo 69 de la Ley 906 de 2004.\u00bb <\/p>\n

10. El 9 de octubre siguiente de conformidad con el par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 39 de la Ley 906 de 2004 se asumi\u00f3 el conocimiento del asunto y se fij\u00f3 fecha para realizar la audiencia preliminar el 18 de octubre. <\/p>\n

11. Llegado el d\u00eda acordado se declar\u00f3 improcedente la solicitud planteada por el accionante, determinaci\u00f3n contra la que entabl\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n que sustent\u00f3 de forma inmediata al igual que las dem\u00e1s partes e intervinientes en calidad de no recurrentes. <\/p>\n

12. En la misma audiencia, se declar\u00f3 desierto el recurso por ausencia de indebida argumentaci\u00f3n y se deneg\u00f3 la apelaci\u00f3n por no ser procedente para este tipo de decisiones. <\/p>\n

13. Decisi\u00f3n contra la que el actor interpuso recurso de reposici\u00f3n y el Tribunal mantuvo inc\u00f3lume su determinaci\u00f3n. <\/p>\n

14. Mediante fallo de tutela STC20457-2017 de 5 de diciembre de la pasada anualidad, esta Sala neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el gestor del amparo contra las autoridades aqu\u00ed accionadas. <\/p>\n

15. El accionante acude al amparo constitucional por considerar que la Fiscal\u00eda Novena Delegada aplic\u00f3 \u201csesgadamente\u201d el inciso 2 del art\u00edculo 69 de la Ley 906 de 2004, as\u00ed como la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 cuando neg\u00f3 el desarchivo de su denuncia y le neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n. [Folio 1-3, c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 29 de enero de 2018, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se corri\u00f3 traslado a todos los intervinientes del proceso penal objeto del reclamo en esta v\u00eda. <\/p>\n

2. Dentro del t\u00e9rmino otorgado, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 negar el amparo al configurarse la hip\u00f3tesis prevista en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, pues ya hab\u00eda interpuesto este mecanismo constitucional con anterioridad. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la acci\u00f3n a la que se hace referencia, el cual se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n

Sobre el particular, ha precisado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n

El abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad. (CSJ STC, 3 may. 2002, rad 2002-00010-00, reiterada en STC, 8 may. 2012, rad. 2012-00017-01). <\/p>\n

2. En este asunto se observa, con toda claridad, que el accionante present\u00f3 con anterioridad una acci\u00f3n de tutela contra las mismas sedes judiciales aqu\u00ed acusadas, en donde aleg\u00f3 los mismos hechos y pretensiones aqu\u00ed expuestos. <\/p>\n

En efecto, esta Corporaci\u00f3n, mediante la sentencia STC20457-2017 de 5 de diciembre de 2017, neg\u00f3 el resguardo deprecado por el aqu\u00ed quejoso contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y la Fiscal\u00eda Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta instituci\u00f3n, en donde se reproch\u00f3 la negativa del desarchivo de la querella que instaur\u00f3 contra la Magistrada Mabel Montealegre Var\u00f3n, as\u00ed como la denegaci\u00f3n de la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en esa oportunidad. <\/p>\n

Para tal efecto, en esa oportunidad, se resalt\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n

\u00ab2. En el caso sub judice, como resultado del an\u00e1lisis de la decisi\u00f3n emitida el 18 de octubre de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que declar\u00f3 improcedente la solicitud planteada por el accionante en contra de la Magistrada Mabel Montealegre Var\u00f3n de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, no se advierte viable la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

En efecto, para fundamentar su decisi\u00f3n la Corporaci\u00f3n accionada se\u00f1al\u00f3 que \u2018frente a la inadmisi\u00f3n de una denuncia, querella o petici\u00f3n surge improcedente la solicitud de desarchivo de la actuaci\u00f3n, debido a que, ni siquiera, existi\u00f3 indagaci\u00f3n, pues lo que opera eventualmente es la posibilidad de subsanar las falencias advertidas por el ente acusador. <\/p>\n

De otra parte, se observa que inconforme con la anterior decisi\u00f3n el tutelante interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, para cuyo efecto la Magistrada sustanciadora del Tribunal accionado consider\u00f3 que \u2018los argumentos que present\u00f3 el Doctor Miguel \u00c1ngel Ordo\u00f1ez Hurtado en ning\u00fan momento atacaron la decisi\u00f3n que se emiti\u00f3 en el d\u00eda de hoy, lo que orient\u00f3 su argumentaci\u00f3n fue el ataque a la decisi\u00f2n adoptada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en su momento y la decisi\u00f2n que adopt\u00f3 la Magistrada Mabel Montealegre Var\u00f3n, pero en ning\u00fan momento hizo una argumentaci\u00f3n en la cual demostrara que deb\u00eda revocarse, dado que se pudo haber equivocado esta instancia o haber asumido unos argumentos que no correspond\u00edan a lo que se estaba decidiendo, por tal raz\u00f3n y conforme al art\u00edculo 179 de la Ley 906 de 2004 se declara desierto dicho recurso de reposici\u00f3n impetrado por el Doctor Ordo\u00f1ez Hurtado dado que no cumpli\u00f3 con la carga argumentativa requerida.\u2019 [Audio 53:23-53:28 minutos] <\/p>\n

De igual modo se\u00f1al\u00f3 frente al recurso de apelaci\u00f3n que \u2018\u2026 de otra parte esta Magistrada quiere hacerle referencia a que no procede recurso de apelaci\u00f3n toda vez que la posible indiciada en este momento, que ser\u00eda la doctora Mabel Montealegre Var\u00f3n ostenta la condici\u00f3n de Magistrada del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, Sala Civil, tiene la calidad de aforada constitucional y las decisiones que se adopten por parte de los jueces de control de garant\u00edas en dichos eventos, corresponde a los Tribunales Superiores del Distrito, no tienen recurso de apelaci\u00f3n dado que quien conocer\u00eda, dado el caso, de la etapa de juzgamiento ser\u00eda la Corte Suprema de Justicia y si conoce previamente como juez de control de garant\u00edas, entonces quedar\u00eda impedida la Corte Suprema de Justicia para efectos de esa etapa de juzgamiento, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 156 de la Ley 906 de 2004. En esas condiciones entonces, se declara desierto el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el Doctor Ordo\u00f1ez Hurtado.\u2019 [Audio 53:29 minutos] <\/p>\n

3. De lo antepuesto, surge palpable que la pretensi\u00f3n del gestor del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n

Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Por ello, el accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera lo desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.), <\/p>\n

4. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala le recuerda al reclamante que si a bien lo tiene, est\u00e1 en posibilidad de solicitar ante el Juez de Control de Garant\u00edas el desarchivo de su denuncia, tal como lo permite el inciso segundo del art\u00edculo 79 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal al se\u00f1alar que \u00ab\u2026si surgieren nuevos elementos probatorios la indagaci\u00f3n se reanudar\u00e1 mientras no se haya extinguido la acci\u00f3n penal.\u00bb. <\/p>\n

La determinaci\u00f3n anterior no fue impugnada por el reclamante. <\/p>\n

Ahora bien, el tutelante promovi\u00f3 la actual demanda constitucional, con el fin de que se corrija el supuesto error judicial que cometi\u00f3 el Tribunal accionado en audiencia de 18 de octubre de 2017 al abstenerse de ordenar el desarchivo de la denuncia por \u00e9l instaurada, as\u00ed como la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto. <\/p>\n

En ese orden, se establece que la acci\u00f3n de tutela de la que se ocupa en este momento la Corte no guarda sustanciales diferencias con las estudiadas en el fallo citado anteriormente, pues la petici\u00f3n de protecci\u00f3n se fund\u00f3 igualmente en su inconformidad con la negativa del desarchivo de la acci\u00f3n penal interpuesta y la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra esa determinaci\u00f3n. Circunstancia que no justificaba que se acudiera nuevamente a este mecanismo excepcional. <\/p>\n

Por lo tanto, es patente que el censor busca que nuevamente se examinen las decisiones tomadas en la audiencia realizada por las autoridades accionadas el pasado 18 de octubre, reiterando las quejas mencionadas atr\u00e1s, esto es, con el fin de reabrir un debate que ya fue definido en sede constitucional. <\/p>\n

Al respecto, la Corte ha se\u00f1alado que una petici\u00f3n de amparo es temeraria en los t\u00e9rminos de la norma referida l\u00edneas atr\u00e1s, \u00absi la nueva acci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales\u00bb. <\/p>\n

Por lo anotado, la petici\u00f3n del tutelante comporta una utilizaci\u00f3n desbordada y desmedida del mecanismo constitucional, puesto que el tema que plantea ya hab\u00eda sido sometido a escrutinio en sede constitucional y es imperioso que la tutela se emplee de manera razonable y ponderada, a fin de evitar un desgaste innecesario de la administraci\u00f3n de justicia, m\u00e1xime cuando no puede pretender por este medio oponerse a las determinaciones contra las cuales dirige la acci\u00f3n por no encontrarse de acuerdo con los planteamientos y decisiones all\u00ed adoptadas, presentando un nuevo amparo, el cual, como se dijo en precedencia, ya fue objeto de pronunciamiento. <\/p>\n

Se concluye que en este evento se estructura una circunstancia que amerita la decisi\u00f3n desfavorable de la solicitud de protecci\u00f3n, sin que sea posible adoptar otra determinaci\u00f3n definitiva sobre el fondo del asunto, por haberse comprobado que la actora incurri\u00f3 en temeridad, por lo cual debe darse aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

4. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se negar\u00e1 la protecci\u00f3n constitucional invocada. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DENIEGA el amparo constitucional deprecado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC1377-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00159-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela que Miguel \u00c1ngel Ord\u00f3\u00f1ez Hurtado promueve contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101286","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101286","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101286"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101286\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101286"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101286"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101286"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}