{"id":101291,"date":"2026-07-01T17:16:27","date_gmt":"2026-07-01T17:16:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101291"},"modified":"2026-07-01T17:16:27","modified_gmt":"2026-07-01T17:16:27","slug":"stc1382-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1382-2018\/","title":{"rendered":"STC1382-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1382-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00199-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho)
\nBogot\u00e1, D.C., siete (07) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el se\u00f1or Antonio Bernal Guerrero contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Soacha, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los dem\u00e1s intervinientes del proceso penal a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la dignidad humana, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, en el marco de la causa penal que se le sigui\u00f3 por el delito de homicidio agravado. <\/p>\n

Exige, entonces, para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, que se declare nula \u00abla sentencia (\u2026) condenatoria\u00bb proferida en su contra, y que como consecuencia de ello, se ordene al Juzgado Primero Penal del Circuito de Soacha, \u00abdict[ar] una nueva (\u2026) donde se apliquen las rebajas contenidas en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal por aceptaci\u00f3n de cargos, entrega voluntaria y colaboraci\u00f3n eficaz con la justicia\u00bb, teniendo en cuenta adem\u00e1s la figura de \u00abla leg\u00edtima defensa como presupuesto de menor punibilidad\u00bb (fl. 7). <\/p>\n

2. En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis, que pese a haber solicitado dentro del juicio referido en l\u00edneas precedentes una serie de pruebas para demostrar que la conducta penal que le fue imputada la realiz\u00f3 en \u00ableg\u00edtima defensa\u00bb, pues era f\u00e1cil cotejar con los antecedentes penales de los occisos que los mismos eran sicarios, hecho que, afirma, puede ser corroborado por una persona que trabaj\u00f3 con ellos y que est\u00e1 dispuesta a dar su declaraci\u00f3n al respecto, \u00e9stas nunca fueron decretadas por las instancias judiciales accionadas, quienes adem\u00e1s, nunca tuvieron en cuenta sus alegatos, as\u00ed como su entrega voluntaria y la colaboraci\u00f3n que prest\u00f3 durante la actuaci\u00f3n para esclarecer los hechos que dieron lugar a la misma, lo que, dice, hubiese dado pie a una rebaja de la pena que le fue impuesta, razones \u00e9stas por las cuales acude al presente mecanismo de especial protecci\u00f3n (fls. 1 a 8).
\n3.\tUna vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 1\u00ba de febrero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 21). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

a. El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Soacha, a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, solicit\u00f3 declarar infundada la salvaguarda instada, con sustento en que \u00abel accionante ha acudido a este mecanismo constitucional como una extensi\u00f3n a la actuaci\u00f3n penal, situaci\u00f3n que la desnaturaliza y contrar\u00eda su finalidad\u00bb (fls. 29 a 31). <\/p>\n

b. El Jefe Grupo Jur\u00eddico de la Seccional de Fiscal\u00edas de Cundinamarca, pidi\u00f3 declarar improcedente el resguardo implorado, tras se\u00f1alar que \u00abexist[en] mecanismos procesales alternativos que le permiten al accionante acceder a sus pretensiones\u00bb (fls. 34 y 35). <\/p>\n

c. La Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por medio de uno de los magistrados que la integran, se opuso al \u00e9xito del amparo invocado por desatender el requisito general de procedibilidad de la inmediatez (fl. 39). <\/p>\n

d. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional.
\nCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tComo es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n

2. Descendiendo al caso concreto, de entrada se observa que la protecci\u00f3n reclamada no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por incumplir con el presupuesto general de la inmediatez, si en cuenta se tiene que la \u00faltima de las decisiones cuestionadas, esto es, la providencia por medio de la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte inadmiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n que formul\u00f3 el procesado, aqu\u00ed accionante, contra el fallo proferido el 29 de diciembre de 2009 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro de la causa que se le sigui\u00f3 por el delito de homicidio agravado, data del 9 de marzo de 2011 (fl. 17), en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 23 de enero del presente a\u00f1o (fl. 1), circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n

Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n

Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n frente a las rese\u00f1adas determinaciones no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se acot\u00f3, transcurri\u00f3 un periodo bastante significativo \u2013seis a\u00f1os y casi diez meses, sin que el tutelante solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con las mismas, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del mencionado presupuesto, seg\u00fan el cual, el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n

La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que <\/p>\n

\u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n

Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n

Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (citada \u00faltimamente, entre otras, en STC4999-2017, STC6712-2017 y STC19032-2017). <\/p>\n

3. Ahora, aun acept\u00e1ndose que el presente reclamo s\u00ed atiende el aludido presupuesto, observa la Corte que tambi\u00e9n se incumple con el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, dado que si bien el actor pregona que tiene prueba testimonial que demuestra que actu\u00f3 en leg\u00edtima defensa, esto es, bajo un eximente de responsabilidad penal (Art. 32-6 Ley 599\/00), lo cual se enmarcar\u00eda en la causal 3\u00aa de revisi\u00f3n prevista en el art\u00edculo 192 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal (Ley 908\/04), debe acudir al mecanismo que el procedimiento le otorga con el prop\u00f3sito de conseguir los fines que pretende por esta v\u00eda. <\/p>\n

4.\tPor tanto, se denegar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC1382-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00199-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el se\u00f1or Antonio Bernal Guerrero contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101291","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101291","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101291"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101291\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101291"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101291"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101291"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}