{"id":101292,"date":"2026-07-01T17:16:32","date_gmt":"2026-07-01T17:16:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101292"},"modified":"2026-07-01T17:16:32","modified_gmt":"2026-07-01T17:16:32","slug":"stc1383-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1383-2018\/","title":{"rendered":"STC1383-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1383-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00190-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho)
\nBogot\u00e1, D.C., siete (07) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mar\u00eda Marlen y Zandra Roc\u00edo Benavides Reyes, contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y los Juzgados Cuarenta Civil del Circuito y Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito, ambos de la citada ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLas accionantes a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclaman la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, al negar la nulidad que invocaron en el marco del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos CGA S.A.S. promovi\u00f3 en su contra y de Mar\u00eda Graciela y Pablo C\u00e9sar Benavides Reyes. <\/p>\n

Por tal motivo, pretenden que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando al Tribunal de Bogot\u00e1, Sala Civil, \u00abDECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado (\u2026) desde el proferimiento del mandamiento de pago\u00bb dentro del aludido proceso (fl. 239). <\/p>\n

2.\tEn apoyo de tal pretensi\u00f3n aducen en s\u00edntesis, que el t\u00edtulo g\u00e9nesis del litigio referido en l\u00edneas anteriores, fue el pagar\u00e9 No. 54623-6 por valor de $24.500.000.oo equivalentes para la \u00e9poca de su creaci\u00f3n a 2.632.6138 UPACs, el que fue respaldado con garant\u00eda hipotecaria constituida mediante escritura p\u00fablica No. 3277 del 18 de julio de 1996, otorgada en la Notar\u00eda Tercera del C\u00edrculo de Bogot\u00e1. <\/p>\n

Indican aunque el cr\u00e9dito no fue reestructurado, y que quien realiz\u00f3 la \u00abreliquidaci\u00f3n\u00bb, la que s\u00f3lo les fue comunicada m\u00e1s no consultada, no fue una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, la Sala Civil del Tribunal Superior de esta capital confirm\u00f3 el prove\u00eddo del Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de la misma ciudad que declar\u00f3 no probados los medios de defensa formulados, ordenado seguir adelante la ejecuci\u00f3n en su contra. <\/p>\n

Se\u00f1ala que no obstante se inobservaron las previsiones del art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999 y la jurisprudencia que sobre la materia se ha sentado, el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de este distrito capital, en un confuso pronunciamiento, deneg\u00f3 la nulidad procesal por ellos elevada, determinaci\u00f3n que fue ratificada en sede de apelaci\u00f3n por la memorada Colegiatura, pese a que, dicen, era deber de \u00e9sta examinar oficiosamente que el t\u00edtulo ejecutivo reuniera todos los requisitos para ser exigible judicialmente de acuerdo a los par\u00e1metros fijados en la materia para cr\u00e9ditos desembolsados en el sistema UPAC, lo cual no ocurre en su caso, reiteran, por no haberse reestructurado la obligaci\u00f3n, circunstancia que amerita la intervenci\u00f3n del juez de tutela (fls. 237 a 249). <\/p>\n

3.\tUna vez asumido el tr\u00e1mite, el 31 de enero de los corrientes se admiti\u00f3 el amparo y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

b.\tPor su parte, la Juez Cuarenta Civil del Circuito de esta capital puntualiz\u00f3, que \u00abno incurri\u00f3 en violaci\u00f3n alguna de los Derechos fundamentales de los intervinientes y por el contrario busc\u00f3 su protecci\u00f3n en todo el procedimiento aplicado, el cual corresponde a la clase de proceso tal y como lo dispone la normatividad vigente, se dio tr\u00e1mite a todas y cada una de las peticiones y recursos elevados, incluyendo la apelaci\u00f3n del fallo, el cual fue confirmado\u00bb (fls. 275). <\/p>\n

c.\tEl liquidador de la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A.S. en liquidaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que la obligaci\u00f3n perseguid fue cedida a la se\u00f1ora Mar\u00eda Enriqueta Vega (fls. 283 a 285). <\/p>\n

d.\tEl apoderado judicial del Banco Davivienda S.A. aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por no tener evidencia de que las accionantes hubiesen adquirido alg\u00fan tipo de producto financiero con dicha entidad (fls. 294). <\/p>\n

e.\tAl momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tSe recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que en cuanto a ellos pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n

2.\tDe igual manera es necesario destacar, que en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n

3.\tEn el presente asunto, las accionantes cuestionan el auto de 25 de noviembre de 2016, mediante el cual, en sede de apelaci\u00f3n, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, ratific\u00f3 \u00edntegramente la providencia que neg\u00f3 la nulidad propuesta por \u00e9stas a efectos de dar por terminado el juicio ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos CGA S.A.S. promovi\u00f3 en su contra y de otros, pues en criterio de \u00e9stas, dicho cuerpo Colegiado no tuvo en cuenta los precedentes jurisprudenciales sobre la obligatoriedad de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n

4.\tRevisadas las documentales allegadas al presente tr\u00e1mite, advierte la Corte que tal determinaci\u00f3n ciertamente estuvo soportada en argumentos que desconocen la actual postura jurisprudencial respecto de la falta de cumplimiento de tal exigencia en el marco de procesos ejecutivos hipotecarios iniciados con base en obligaciones pactadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999, lo que permite su revisi\u00f3n a trav\u00e9s de este especial mecanismo. <\/p>\n

Y ello es as\u00ed, porque esta Sala ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar, que cuando se trate de procesos ejecutivos por cr\u00e9ditos de vivienda, deber\u00e1n cumplirse los siguientes requisitos para poder acceder al amparo: (i) que la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado; (ii) que se haya actuado con una m\u00ednima diligencia dentro del asunto censurado, ejerci\u00e9ndose los mecanismos de defensa procedentes; y, (iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna, conforme a lo previsto en la Ley 546 de 1999. <\/p>\n

Lo anterior en aplicaci\u00f3n a lo previsto en la Sentencia SU-813 de 2007, donde la Corte Constitucional indic\u00f3: \u00abLos jueces que est\u00e9n conociendo de acciones de tutela relativas a la terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos que se refieran a cr\u00e9ditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deber\u00e1n seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificaci\u00f3n. Por lo tanto, a) deber\u00e1n conceder la acci\u00f3n de tutela cuando i) \u00e9sta haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia m\u00ednima dentro del mismo\u00bb. <\/p>\n

5.\tPuestas de este modo las cosas, y descendiendo al caso que se examina, luego de analizar la actuaci\u00f3n desplegada por las autoridades judiciales en contra de las que se enfil\u00f3 el reclamo tutelar, advierte la Sala lo siguiente: <\/p>\n

5.1.\t En primer lugar, cabe destacar que en el sub examine se encuentran atendidos los presupuestos antes mencionados para que proceda el amparo frente a procesos ejecutivos por cr\u00e9ditos de vivienda, habida cuenta que pese a que en la ejecuci\u00f3n debatida ya se realiz\u00f3 el remate del inmueble objeto de la garant\u00eda real y el registro del mismo (fls. 369 y 370, cdno. 1, Rad. 2012-00650), la adjudicaci\u00f3n recay\u00f3 en cabeza de la actual cesionaria del cr\u00e9dito, esto es, la se\u00f1ora Mar\u00eda Enriqueta Vega Fonteche, quien de acuerdo a la jurisprudencia de esta Sala, no es una tercera ajena al juicio compulsivo debatido, pues aqu\u00e9lla reemplaz\u00f3 en su posici\u00f3n al cedente (CSJ STC6968-2015), sujeto que, como reiteradamente se ha dicho, tambi\u00e9n tiene la obligaci\u00f3n de reestructurar el cr\u00e9dito (CSJ, STC 31 oct. 2013., Rad 02499-00, citada recientemente en STC11304-2015), y, las actoras actuaron con la \u00abdiligencia m\u00ednima\u00bb que se demanda, ya que no solo en las excepciones formuladas, sino a trav\u00e9s del incidente de nulidad atr\u00e1s referido, pusieron de presente que no se acredit\u00f3 por parte del acreedor, la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n (fls. 1 a 60 cdno. nulidad, exp. rad. No.2012-00650), petici\u00f3n que fue despachada desfavorablemente en prove\u00eddo de 14 de julio de 2016 (fls 43 a 46, ib.), el cual se confirm\u00f3 por el Superior en prove\u00eddo del 3 de diciembre siguiente (fls. 16 a 34, cdno. 3, Cit.), bajo el argumento puntual, en suma, que las deudoras no han \u00absolicit[ado] la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n

5.2.\tEn segundo lugar, y ya entrando en el t\u00f3pico de la restructuraci\u00f3n de los cr\u00e9ditos contra\u00eddos antes de la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999, la Sala ha precisado, con sustento en el art\u00edculo 42 de la citada reglamentaci\u00f3n y la sentencia SU-813 de 2007, que <\/p>\n

\u00ab(\u2026) del art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, se extrae el deber ineludible para las entidades financieras, de reliquidar y reestructurar los cr\u00e9ditos de vivienda en UPAC, vigentes al 31 de diciembre de 1999\u2026 cuyo recuperaci\u00f3n pretend\u00edan ante los estrados judiciales, pues, para esa fecha todos ellos quedaron con la posibilidad de replantear la forma de pago, de acuerdo con las condiciones econ\u00f3micas de los propietarios que estaban en peligro de perder su lugar de habitaci\u00f3n. <\/p>\n

El incumplimiento de esa carga, en consecuencia, se constituye en un obst\u00e1culo insalvable para el inicio y el impulso de los procesos hipotecarios estrictamente relacionados con cr\u00e9ditos de vivienda inicialmente concedidos en UPAC, por formar parte de un t\u00edtulo ejecutivo complejo cuya acreditaci\u00f3n se hace imprescindible, para obtener la orden de apremio en caso de mora de los deudores o si, llevado a cabo ese trabajo, es manifiesta la imposibilidad de satisfacci\u00f3n de \u00e9stos con sus actuales ingresos. <\/p>\n

Si tal falencia no es advertida al momento de librar mandamiento de pago, exige un pronunciamiento de los falladores a petici\u00f3n de parte o por v\u00eda del examen oficioso de los instrumentos representativos del cr\u00e9dito cobrado, a\u00fan en segunda instancia, por tratarse de un t\u00f3pico relacionado con la exigibilidad de las obligaciones hipotecarias que llevan inmersos los elevados derechos a la vivienda digna e igualdad entre los deudores de ese sistema. <\/p>\n

Por ende, si se desatiende esa labor inquisitiva de revisar la suficiencia de los documentos allegados como base de recaudo, por mandato excepcional que emana de la normatividad expedida para conjurar una crisis social, como excepci\u00f3n al principio dispositivo que rige la alzada, se incurre en una v\u00eda de hecho que es susceptible de protecci\u00f3n. <\/p>\n

Pasar por alto tal proceder, como si la mera culminaci\u00f3n de los hipotecarios de cr\u00e9ditos en UPAC relacionados con unidades habitacionales individuales fuera suficiente, ser\u00eda desconocer los efectos protectores de la ley de vivienda, diluidos con el agotamiento parcial de los ordenamientos del par\u00e1grafo tercero del art\u00edculo 42.
\n(\u2026) <\/p>\n

Bajo este entendido, al no analizar los juzgadores a ciencia y paciencia si en los nuevos cobros de cr\u00e9ditos de vivienda, cuyos deudores fueron beneficiados con el respiro que les confiri\u00f3 la ley mediante el cese de la ejecuci\u00f3n, se satisficieron a cabalidad cada uno los condicionamientos que habilitaban ese posterior reclamo coercitivo de las entidades financieras, se desvirt\u00faa el prop\u00f3sito que inspir\u00f3 dicha regulaci\u00f3n. <\/p>\n

Esto por cuanto en estos especiales casos, a diferencia de cualquier recaudaci\u00f3n compulsiva, no se trata de verificar el incumplimiento de una obligaci\u00f3n en los plazos inicialmente pactados, conforme aparece en el t\u00edtulo, sino la materializaci\u00f3n de la imposibilidad para los demandados de solventar un cr\u00e9dito con el cual buscaron, antes que incrementar su patrimonio, solucionar una necesidad b\u00e1sica de orden superior. <\/p>\n

Por esto, es labor irrenunciable del fallador escudri\u00f1ar si quien est\u00e1 en riesgo de perder su vivienda cont\u00f3 con la oportunidad de replantear las condiciones de pago, mediante la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, pues, s\u00f3lo en caso de una dificultad manifiesta en asumir el total de la deuda o ante el quebrantamiento de las nuevas estipulaciones convenidas, estar\u00eda habilitado el camino para pedir la venta forzada del inmueble, m\u00e1xime en aquellos casos en que se cuestiona, directa o indirectamente, la suficiencia del t\u00edtulo base de recaudo\u00bb (Negrita y subrayas de la Sala) (CSJ STC, 3 Jul. 2014, Rad. 01326-00, reiterada, entre otras, en STC2747-2015; STC3862-2015; STC5709-2015; STC8059-2015; STC5396-2017). <\/p>\n

Criterio que con anterioridad la Corte Constitucional hab\u00eda reiterado en un caso an\u00e1logo, precisando en lo ata\u00f1edero al derecho a la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, que <\/p>\n

\u00abse presenta el defecto sustantivo alegado por el accionante, porque de manera equivocada, la citada autoridad judicial omiti\u00f3 tener en cuenta que se trataba de una obligaci\u00f3n contra\u00edda bajo el sistema UPAC, por lo que ten\u00eda que ajustarse al r\u00e9gimen normativo previsto en la Ley 546 de 1999, en la que se orden\u00f3 la reestructuraci\u00f3n de todos los cr\u00e9ditos de vivienda otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley y a las disposiciones previstas en la misma (\u2026). <\/p>\n

Precisamente, en lo pertinente, a partir del cap\u00edtulo VIII de la aludida ley, se dispone la creaci\u00f3n de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n, en el que expresamente se se\u00f1ala que: \u2018[los] establecimientos de cr\u00e9dito deber\u00e1n ajustar los documentos contentivos de las condiciones de los cr\u00e9ditos de vivienda individual a largo plazo, desembolsados con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley y a las disposiciones previstas en la misma (\u2026)\u2019. Esto significa que m\u00e1s all\u00e1 de la fecha de iniciaci\u00f3n del proceso ejecutivo, el hecho determinante para hacer exigible la reestructuraci\u00f3n, es que el cr\u00e9dito haya sido desembolsado con anterioridad a las fechas mencionadas en la propia Ley 546 de 1999 (\u2026).
\n(\u2026) <\/p>\n

5.3.\tEn tal sentido, hasta aqu\u00ed son tres las conclusiones que se desprenden: la primera, que el derecho a la reestructuraci\u00f3n es aplicable a los cr\u00e9ditos de vivienda adquiridos antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999, con prescindencia de la existencia de una ejecuci\u00f3n anterior o de si la obligaci\u00f3n estaba al d\u00eda o en mora; la segunda, que la misma es requisito sine qua non para iniciar y proseguir la demanda compulsiva; y, la tercera, que \u00e9sta es una obligaci\u00f3n de las entidades financieras. <\/p>\n

Sin embargo, de cara a la resoluci\u00f3n del presente asunto, tambi\u00e9n conviene establecer si el juez de ejecuci\u00f3n tiene competencia para resolver sobre la terminaci\u00f3n del proceso por la falta del comentado presupuesto, pese haber sido proferida la orden de seguir adelante con el tr\u00e1mite coercitivo. <\/p>\n

Al respecto, y para dar respuesta al anterior interrogante, conviene recordar que \u00abla ejecuci\u00f3n no finaliza con la ejecutoria de la sentencia, debido a que despu\u00e9s del fallo siguen cursando actuaciones en busca de su realizaci\u00f3n y del cumplimiento del objeto del juicio, consistente en la efectividad de la garant\u00eda para satisfacer el cr\u00e9dito cobrado, antes de la almoneda, y mientras ello ocurre, como ha advertido la jurisprudencia1, (\u2026) e[s] viable resolver de fondo la petici\u00f3n\u00bb (CSJ STC-8059-2015), siendo entonces deber de los jueces, incluido el de ejecuci\u00f3n, revisar si junto con el t\u00edtulo base de recaudo, la parte ejecutante ha adosado los soportes pertinentes para acreditar la tan nombrada reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, pues como lo ha dicho esta Corte, esos documentos \u00abconforman un t\u00edtulo ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permit[e] continuar con la ejecuci\u00f3n\u00bb (CSJ STC5396-2017). <\/p>\n

5.4.\t Bajo las anteriores premisas, la Sala encuentra acreditada la vulneraci\u00f3n alegada por las accionantes, porque los funcionarios judiciales censurados al resolver sobre la nulidad invocada por \u00e9stas, se apartaron de la jurisprudencia que esta Sala, junto con la de la Corte Constitucional, ha emitido sobre el deber de \u00abreestructurar\u00bb el cr\u00e9dito de vivienda adquirido antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999, como requisito para adelantar y proseguir la ejecuci\u00f3n, si en cuenta se tiene que, por una parte, la obligaci\u00f3n exigida por el banco ejecutante fue adquirida por los deudores el 25 de septiembre de 1996 (fls. 30 y 31, \u00eddem), es decir, bajo el sistema UPAC, y por la otra, que de manera alguna se certific\u00f3 en la controversia que en efecto se hubiera practicado el requisito contemplando en el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, no siendo suficiente, ni de recibo, por una parte, el argumento tendiente a que era deber de los obligados solicitar el cumplimiento de tal mandato, y por la otra, que bastaba con la simple invitaci\u00f3n a reestructurar que se les hizo a los deudores mediante oficio remitido el 11 de septiembre de 2012, para que quedara superado el tan mentado requisito (fls. 63 y 64, ib\u00eddem).
\n6.\tFinalmente, aun cuando no escapa de la atenci\u00f3n de la Corte el incumplimiento del requisito de la inmediatez, pues desde la data en que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada -25 de noviembre de 2016, han pasado m\u00e1s de los 6 meses que ha considerado esta Corporaci\u00f3n como razonables para acudir al amparo, como se ha dicho en casos similares donde la vulneraci\u00f3n es muy evidente, \u00abla misma no constituye un obst\u00e1culo infranqueable para que [el amparo] proceda, si se tiene en cuenta que, se itera, la decisi\u00f3n comentada est\u00e1 amparada en un actuar contrario a derecho, lo que hace evidente y grave la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso del accionante, y por ende necesaria la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional para conjurar la afectaci\u00f3n que gener\u00f3 tal proceder\u00bb (CSJ STC6923-2017). <\/p>\n

7.\tCorolario de lo anterior, se impone conceder el resguardo solicitado, para que la Corporaci\u00f3n convocada, tras dejar sin efecto la determinaci\u00f3n cuestionada, proceda a emitir la decisi\u00f3n que en derecho corresponda respecto a la solicitud de nulidad formulada por las interesadas al interior de ejecuci\u00f3n objeto de debate constitucional. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONCEDE la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso a las se\u00f1oras Mar\u00eda Marlen y Zandra Roc\u00edo Benavides Reyes. <\/p>\n

En consecuencia, se ORDENA a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efectos la providencia de 25 de noviembre de 2016 y las actuaciones que se deriven de \u00e9sta, para que en su lugar, proceda a resolver nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra el prove\u00eddo dictado el 14 de julio de ese mismo a\u00f1o por el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma ciudad, en la forma que legalmente corresponda y con observancia de los criterios aqu\u00ed expuestos. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Por Secretar\u00eda devu\u00e9lvase al Juzgado de origen el expediente que fue remitido en calidad de pr\u00e9stamo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tSentencia T-7108 de 2012.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC1383-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00190-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mar\u00eda Marlen y Zandra Roc\u00edo Benavides Reyes, contra la Sala Civil del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101292","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101292","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101292"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101292\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101292"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101292"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101292"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}