{"id":101293,"date":"2026-07-01T17:16:41","date_gmt":"2026-07-01T17:16:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101293"},"modified":"2026-07-01T17:16:41","modified_gmt":"2026-07-01T17:16:41","slug":"stc1384-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1384-2018\/","title":{"rendered":"STC1384-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC1384-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00126-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho). <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Ana Elisa Angulo Carabal\u00ed contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Tercero Civil de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa promotora del amparo reclama por intermedio de apoderada judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a \u00abla defensa\u00bb y a la dignidad humana, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, al culminar por falta de reestructuraci\u00f3n, el proceso ejecutivo con garant\u00eda hipotecaria promovido por el Banco Davivienda S.A. contra Guillermo Fonseca y otro, donde ella funge como cesionaria. <\/p>\n

Solicita entonces, que se ordene al Tribunal Superior de Cali \u2013Sala Civil, \u00abrevocar el auto No. 1301 de fecha 2 de mayo de 2017, notificado por estados el d\u00eda 4 de mayo de 2017, por medio del cual se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n anormal del proceso ejecutivo, proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, confirmada (\u2026) mediante providencia de fecha 04 de agosto de 2017\u00bb (fl. 9). <\/p>\n

2.\tEn apoyo de su reclamo aduce en compendio, que la autoridad jurisdiccional convocada finiquit\u00f3 el asunto antes referido, argumentando que la obligaci\u00f3n perseguida no hab\u00eda sido reestructurada, pese a que, dice, el juez cognoscente \u00abya se hab\u00eda pronunciado respecto de este tema mediante auto interlocutorio No. H-456 de fecha 13 de abril de 2016\u00bb negando la solicitud, decisi\u00f3n que la Colegiatura convocada hab\u00eda confirmado el 4 de agosto de 2017. <\/p>\n

Asegura que las sedes judiciales criticadas dieron por terminado el litigio sin verificar la capacidad de pago del ejecutado; determinar si el valor del bien es insuficiente garant\u00eda del cr\u00e9dito; verificar si oper\u00f3 la cosa juzgada; ni descartar la existencia de embargos de remanentes, toda vez que, asegura, \u00abla Alcald\u00eda de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Hacienda, s[\u00ed] hab\u00eda dado inicio al decreto de embargo de la medida cautelar por falta de pago del impuesto predial\u00bb, lo que en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor (fls. 1 al 11). <\/p>\n

3.\tUna vez asumido el tr\u00e1mite, el 30 de enero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 69). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

a.) La Magistrada ponente de la decisi\u00f3n criticada manifest\u00f3, que emiti\u00f3 la misma con sustento en \u00abun an\u00e1lisis ponderado y razonado\u00bb de los pronunciamientos que sobre la materia ha emitido la Corte Suprema de Justicia (fl. 82). <\/p>\n

b.)\tEl Representante Legal para efectos legales del Banco Davivienda S.A., solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, tras informar que no es acreedor de la obligaci\u00f3n perseguida dentro del juicio reprochado, porque el 9 de abril de 2014 radic\u00f3 ante el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Cali la cesi\u00f3n que hizo a Invest S.A.S. respecto de los derechos litigiosos de que era titular la entidad en ese entonces (fls. 87). <\/p>\n

c). Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tTrat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n

2.\tEn el presente caso, la accionante cuestiona de manera puntual, el auto dictado el 4 de agosto de 2017 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que mantuvo \u00edntegramente el que el 2 de mayo del mismo a\u00f1o profiri\u00f3 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, con que se termin\u00f3 el proceso ejecutivo con garant\u00eda hipotecaria de la referencia por falta de reestructuraci\u00f3n, pues en su criterio, no se verific\u00f3 la capacidad de pago del ejecutado, la existencia de embargos de remanentes, ni el hecho que con anterioridad ya se hab\u00eda negado tal solicitud. <\/p>\n

3.\tTrat\u00e1ndose del derecho a la reestructuraci\u00f3n de los cr\u00e9ditos de vivienda bajo el amparo de la Ley 546 de 1999, la Sala ha considerado que:
\n\u00ab[Del] art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, se extrae el deber ineludible para las entidades financieras, de reliquidar y reestructurar los cr\u00e9ditos de vivienda en UPAC, vigentes al 31 de diciembre de 1999 (\u2026) cuyo recuperaci\u00f3n pretend\u00edan ante los estrados judiciales, pues, para esa fecha todos ellos quedaron con la posibilidad de replantear la forma de pago, de acuerdo con las condiciones econ\u00f3micas de los propietarios que estaban en peligro de perder su lugar de habitaci\u00f3n. <\/p>\n

El incumplimiento de esa carga, en consecuencia, se constituye en un obst\u00e1culo insalvable para el inicio y el impulso de los procesos hipotecarios estrictamente relacionados con cr\u00e9ditos de vivienda inicialmente concedidos en UPAC, por formar parte de un t\u00edtulo ejecutivo complejo cuya acreditaci\u00f3n se hace imprescindible, para obtener la orden de apremio en caso de mora de los deudores o si, llevado a cabo ese trabajo, es manifiesta la imposibilidad de satisfacci\u00f3n de \u00e9stos con sus actuales ingresos. <\/p>\n

Si tal falencia no es advertida al momento de librar mandamiento de pago, exige un pronunciamiento de los falladores a petici\u00f3n de parte o por v\u00eda del examen oficioso de los instrumentos representativos del cr\u00e9dito cobrado, a\u00fan en segunda instancia, por tratarse de un t\u00f3pico relacionado con la exigibilidad de las obligaciones hipotecarias que llevan inmersos los elevados derechos a la vivienda digna e igualdad entre los deudores de ese sistema. <\/p>\n

Por ende, si se desatiende esa labor inquisitiva de revisar la suficiencia de los documentos allegados como base de recaudo, por mandato excepcional que emana de la normatividad expedida para conjurar una crisis social, como excepci\u00f3n al principio dispositivo que rige la alzada, se incurre en una v\u00eda de hecho que es susceptible de protecci\u00f3n.
\nPasar por alto tal proceder, como si la mera culminaci\u00f3n de los hipotecarios de cr\u00e9ditos en UPAC relacionados con unidades habitacionales individuales fuera suficiente, ser\u00eda desconocer los efectos protectores de la Ley de Vivienda, diluidos con el agotamiento parcial de los ordenamientos del par\u00e1grafo tercero del art\u00edculo 42. <\/p>\n

Tal etapa, esto es, poner fin a un proceso hipotecario sin que mediara pago, s\u00f3lo constitu\u00eda un paso para normalizar la situaci\u00f3n de los deudores, que se complementar\u00eda, indiscutiblemente, con la posibilidad cierta de revisar de consuno entre acreedor y deudor como se diferir\u00edan los saldos pendientes. <\/p>\n

Bajo este entendido, al no analizar los juzgadores a ciencia y paciencia si en los nuevos cobros de cr\u00e9ditos de vivienda, cuyos deudores fueron beneficiados con el respiro que les confiri\u00f3 la ley mediante el cese de la ejecuci\u00f3n, se satisficieron a cabalidad cada uno los condicionamientos que habilitaban ese posterior reclamo coercitivo de las entidades financieras, se desvirt\u00faa el prop\u00f3sito que inspir\u00f3 dicha regulaci\u00f3n. <\/p>\n

Esto por cuanto en estos especiales casos, a diferencia de cualquier recaudaci\u00f3n compulsiva, no se trata de verificar el incumplimiento de una obligaci\u00f3n en los plazos inicialmente pactados, conforme aparece en el t\u00edtulo, sino la materializaci\u00f3n de la imposibilidad para los demandados de solventar un cr\u00e9dito con el cual buscaron, antes que incrementar su patrimonio, solucionar una necesidad b\u00e1sica de orden superior. <\/p>\n

Por esto, es labor irrenunciable del fallador escudri\u00f1ar si quien est\u00e1 en riesgo de perder su vivienda cont\u00f3 con la oportunidad de replantear las condiciones de pago, mediante la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, pues, s\u00f3lo en caso de una dificultad manifiesta en asumir el total de la deuda o ante el quebrantamiento de las nuevas estipulaciones convenidas, estar\u00eda habilitado el camino para pedir la venta forzada del inmueble, m\u00e1xime en aquellos casos en que se cuestiona, directa o indirectamente, la suficiencia del t\u00edtulo base de recaudo\u00bb (ver recientemente, entre otros, en CSJ STC17824-2017). <\/p>\n

Aunado a lo anterior, la Corte ha advertido que \u00abla ejecuci\u00f3n no finaliza con la ejecutoria de la sentencia, debido a que despu\u00e9s del fallo siguen cursando actuaciones en busca de su realizaci\u00f3n y del cumplimiento del objeto del juicio, consistente en la efectividad de la garant\u00eda para satisfacer el cr\u00e9dito cobrado, antes de la almoneda, y mientras ello ocurre, como ha advertido la jurisprudencia, (\u2026) e[s] viable resolver de fondo la petici\u00f3n\u00bb (Resalta la Sala, CSJ STC17824-2017), siendo entonces deber de los jueces, incluido el de ejecuci\u00f3n, revisar si junto con el t\u00edtulo base de recaudo la parte ejecutante ados\u00f3 los soportes pertinentes para acreditar la tan nombrada reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, pues como lo ha dicho esta Sala, esos documentos \u00abconforman un t\u00edtulo ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permit[e] continuar con la ejecuci\u00f3n\u00bb (ib). <\/p>\n

4.1. En efecto, se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, puesto que para que procediera la culminaci\u00f3n de la acci\u00f3n coercitiva de marras por la falta de exigibilidad del t\u00edtulo ejecutivo, el Tribunal Superior de Cali, luego de memorar senda jurisprudencia reciente respecto de la particular tem\u00e1tica, precis\u00f3 respecto de las mismas quejas que nuevamente plantea la accionante en este escenario, lo siguiente: <\/p>\n

\u00abEl asunto de la capacidad econ\u00f3mica para reestructurar excede el marco de actividad del juez en estos asuntos, lo que involucra igualmente la confrontaci\u00f3n del valor del inmueble frente al monto de la obligaci\u00f3n, debiendo solamente verificarse por el Juez la existencia de un embargo de remanentes, pues esto si impide la terminaci\u00f3n por reestructuraci\u00f3n; de manera que cuando la obligaci\u00f3n ejecutada fue contra\u00edda en UPAC con antelaci\u00f3n a diciembre de 1999, vigente a esa fecha y adquirido para un cr\u00e9dito de vivienda a largo plazo, debe reestructurarse. <\/p>\n

En el anterior escenario y revisado el expediente, se establece que el cr\u00e9dito ejecutado fue contra\u00eddo en UPAC el 6 de octubre de 1995 para adquisici\u00f3n de vivienda, y que el mismo no ha sido reestructurado en los t\u00e9rminos de la Ley 546 de 1999 y al volverse a cobrar en el a\u00f1o 2007 deb\u00eda acompa\u00f1arse de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, conform\u00e1ndose un t\u00edtulo complejo junto con el documento base de recaudo, sin el cual no pod\u00eda iniciarse ni continuarse la ejecuci\u00f3n, luego siendo la reestructuraci\u00f3n una obligaci\u00f3n de las entidades crediticias y de sus cesionarios y no una tarea discrecional de los mimos, a la que no puede renunciar el deudor en raz\u00f3n a su importancia constitucional, este es uno de los casos en los que la falta de reestructuraci\u00f3n le resta exigibilidad a la obligaci\u00f3n, constituy\u00e9ndose en una limitaci\u00f3n insuperable para continuar con la ejecuci\u00f3n, por lo que procede la terminaci\u00f3n del proceso, m\u00e1xime cuando este asunto no se enmarca dentro de una situaci\u00f3n exceptiva que lo impida, que no lo es el mayor valor del saldo pendiente frente al aval\u00fao del inmueble que garantiza el cr\u00e9dito, como tampoco si el deudor est\u00e1 en capacidad de someterse a la reestructuraci\u00f3n, toda vez que \u00e9sta debe efectuarse directamente entre acreedor y deudor, o por este \u00faltimo, aspectos que no le competen al juez ordinario, pues este tan solo debe concretar la existencia o no del beneficio de la reestructuraci\u00f3n y ante la falta de la misma y a la inexistencia de embargo de remanentes, dar por terminado el proceso\u00bb (fl. 64). <\/p>\n

Como se observa, se accedi\u00f3 a la petici\u00f3n enarbolada por el ejecutado para poner fin a la controversia, por cumplirse con los presupuestos exigidos jurisprudencialmente para ello, pues el cr\u00e9dito es anterior a 1999, con destino a vivienda, y, la obligaci\u00f3n no fue objeto de reestructuraci\u00f3n conforme a lo exigido en las Sentencias SU-813 de 2007 y SU-787-2012 que recogieron todas las posturas y precedentes anteriores a ellas. <\/p>\n

De este modo, no cabe duda que trat\u00e1ndose de la reestructuraci\u00f3n de cr\u00e9ditos de vivienda como exigencia esencial para promover un cobro compulsivo, luego de haberse reliquidado una obligaci\u00f3n en virtud de lo previsto por el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, es obligatorio el cumplimiento de dichos presupuestos, por incumbir propiamente a la exigibilidad del t\u00edtulo, de modo que no consumar con esa premisa, impide la ejecuci\u00f3n.
\n4.2. De otro lado, t\u00e9ngase en cuenta que la falta de an\u00e1lisis por parte de la Colegiatura accionada respecto de la potencialidad de pago del ejecutado, es irrelevante, \u00abpues aun cuando se ha aceptado la imposibilidad de finiquitar un litigio como el comentado cuando se evidencia la falta de capacidad econ\u00f3mica de los deudores, a pesar de no existir reestructuraci\u00f3n, esa conclusi\u00f3n s\u00f3lo ha sido avalada si el bien hipotecado est\u00e1 siendo objeto de cautelas adicionales a las decretadas en el hipotecario, lo cual impide salvaguardar el derecho a la vivienda\u00bb (ver en CSJ STC10999-2017), y tales medidas no fueron halladas por dicha autoridad al momento de emitir el prove\u00eddo cuestionado. <\/p>\n

4.3. As\u00ed mismo, la presentaci\u00f3n con la solicitud de resguardo de un acto del Departamento Administrativo de Hacienda de la Alcald\u00eda de Santiago de Cali, que acredita el decreto del embargo del inmueble objeto de garant\u00eda en el proceso ejecutivo en comento para el cobro de obligaciones insolutas por impuesto predial unificado, no tiene el alcance de demeritar lo considerado por el Tribunal convocado, pues ese acto administrativo data del 14 de diciembre de 2017, esto es, tiene fecha posterior a la emisi\u00f3n de los prove\u00eddos cuestionados, siendo el \u00faltimo del 4 de agosto del mismo a\u00f1o. Sobre el particular esta Corporaci\u00f3n ha dicho que, <\/p>\n

\u00aben punto de la verificaci\u00f3n de la capacidad de pago de los ejecutados, es del caso precisar, que aunque en los precedentes de esta Sala y del \u00f3rgano de cierre constitucional se ha puntualizado, que es deber del Juez del conocimiento analizar esa particular tem\u00e1tica en asuntos como el que hoy se censura, lo cierto es que dicha carga se circunscribe a la verificaci\u00f3n en el mismo proceso de la existencia de otros procesos ejecutivos en contra de los obligados, embargos fiscales, particulares o de remanentes, siempre y cuando, se reitera, en el litigio se tenga noticia de ello, los deudores hubiesen aceptado estar en alguno de los eventos descritos en l\u00edneas anteriores o en su defecto, la parte ejecutante, adose las pruebas pertinentes y conducentes para acreditar las circunstancias precedentes, lo que de contera, dar\u00eda al traste con el pretendido finiquito procesal, sin que ello haya tenido ocurrencia en el juicio criticado, pues no solo, no exist\u00edan embargos de ninguna clase, sino que, \u00fanicamente hasta que se acudi\u00f3 al amparo, se expuso sobre la existencia de la otra controversia ejecutiva\u00bb (citada en CSJ STC14491-2017). <\/p>\n

4.4.\tFinalmente, consider\u00f3 el juez plural accionado en punto a la cosa juzgada que alega la censora, con sustento en que con anterioridad ya se hab\u00eda negado la terminaci\u00f3n del juicio por falta de la reestructuraci\u00f3n, que <\/p>\n

\u00abesta es \u201cuna instituci\u00f3n jur\u00eddica procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el car\u00e1cter de inmutables, vinculantes y definitivas (\u2026)\u201d y las decisiones aqu\u00ed adoptadas con antelaci\u00f3n sobre la terminaci\u00f3n por reestructuraci\u00f3n no se enmarcan dentro de ellas, por cuanto se encuentran contenidas en autos interlocutorios que no gozan de inmutabilidad de la cosa juzgada, adem\u00e1s porque la falta de reestructuraci\u00f3n impide la exigibilidad de la obligaci\u00f3n y ella constituye un supuesto que deb\u00eda verificarse aqu\u00ed, cuando no se ha surtido el remate del inmueble, para la continuaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n\u00bb (fl. 65). <\/p>\n

Argumentos que en modo alguno se observan construidos de manera caprichosa o ama\u00f1ada, y que se acompasan con los criterios que sobre el particular ha establecido esta Corporaci\u00f3n, los que en apretada s\u00edntesis, no descartan que las situaciones que con anterioridad hubiesen impedido acceder a la reestructuraci\u00f3n, var\u00eden y permitan al deudor acceder a tal beneficio en procura del fin superior de garantizar su derecho a una vivienda digna. <\/p>\n

5.\tEs evidente entonces, que la decisi\u00f3n del Tribunal no merece reproche alguno en el campo de la acci\u00f3n de tutela, pues aunque la actora no comparta la inferencia a la que finalmente se arrib\u00f3, ello no es motivo suficiente para la procedencia del amparo suplicado, pues como repetidamente lo ha se\u00f1alado la Corte, el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si, <\/p>\n

\u00abse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (ver recientemente en CSJ STC1229-2017). <\/p>\n

An\u00e1logamente, la acci\u00f3n de tutela, ha dicho la Corte, <\/p>\n

\u00abno est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (ib.). <\/p>\n

6.\tCorolario de lo expuesto, y sin lugar a m\u00e1s consideraciones por innecesarias, habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC1384-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00126-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho). Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Ana Elisa Angulo Carabal\u00ed contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101293","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101293","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101293"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101293\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101293"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101293"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101293"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}