{"id":101294,"date":"2026-07-01T17:16:47","date_gmt":"2026-07-01T17:16:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101294"},"modified":"2026-07-01T17:16:47","modified_gmt":"2026-07-01T17:16:47","slug":"stc1385-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1385-2018\/","title":{"rendered":"STC1385-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1385-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00154-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Gladys Teresa Gonz\u00e1lez de Ayala y Carlos Augusto Ayala Gonz\u00e1lez, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Los \taccionantes reclaman la protecci\u00f3n constitucional de su \tderecho fundamental al debido proceso, supuestamente conculcado por \tla autoridad judicial accionada, con la decisi\u00f3n de fondo \tdictada en segunda instancia en el marco del juicio de filiaci\u00f3n \textramatrimonial que en su contra, de H\u00e9ctor y Janneth Ayala \tGonz\u00e1lez, promovi\u00f3 Lilian Restrepo Mogoll\u00f3n en \trepresentaci\u00f3n del menor Sebasti\u00e1n Restrepo Mogoll\u00f3n \t(SRM). <\/p>\n

Solicita, entonces, que se conceda la protecci\u00f3n constitucional invocada, ordenando a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, que \u00abdeclare sin ning\u00fan efecto la sentencia (\u2026) y dejar en firme el fallo proferido de primera instancia por el Juzgado Tercero de Familia de [dicha ciudad]\u00bb (fl. 532). <\/p>\n

2. Para \trespaldar su reparo aducen en s\u00edntesis, que \tLilian \tRestrepo Mogoll\u00f3n instaur\u00f3 el juicio atr\u00e1s \tmencionado, para que se declarara que Benjam\u00edn Ayala Guar\u00edn \t(q.e.p.d.), es el padre de su menor hijo SRM; no obstante, agotado \tel tr\u00e1mite de rigor, en sentencia del 11 de julio de 2016 el \tJuzgado Tercero de Familia de Santa Marta desestim\u00f3 dicha \tpretensi\u00f3n. <\/p>\n

Aseveran que la parte demandante apel\u00f3 con \u00e9xito la anterior determinaci\u00f3n, pues en fallo del 5 de abril de 2017 el Tribunal Superior de esa ciudad la revoc\u00f3, para acceder a los pedimentos de la demanda y declarar que el menor se\u00f1alado es hijo extramatrimonial del fallecido, tras considerar que si bien la prueba cient\u00edfica de ADN no fue concluyente en establecer la paternidad, de los testimonios practicados y los documentos allegados al plenario era posible establecer \u00e9sta, con lo cual, aseguran, se incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo, toda vez que la citada Corporaci\u00f3n omiti\u00f3 valorar la prueba cient\u00edfica denominada \u00abHaplotipos de Cromosomas Y\u00bb practicada al demandado Carlos Augusto Ayala Gonz\u00e1lez y al menor demandante, la cual concluy\u00f3 que no son hijos del mismo padre, contrario al resultado que arroj\u00f3 ese mismo examen entre Carlos Augusto y H\u00e9ctor Ayala Gonz\u00e1lez, en el que se dictamin\u00f3 que entre \u00e9stos \u00abexiste v\u00ednculo de linaje paterno\u00bb. <\/p>\n

De otro lado, sostienen que el ad quem dio fuerza demostrativa a un documento en el que Robert Johny Ayala Garc\u00eda y H\u00e9ctor Ayala Gonz\u00e1lez acordaron con la parte demandante enajenar a favor de estos \u00faltimos algunos bienes del causante; sin embargo, ese convenio no contiene una declaraci\u00f3n expresa reconociendo que Benjam\u00edn Ayala Guar\u00edn (q.e.p.d.) es el progenitor de SRM. <\/p>\n

Finalmente pusieron de presente, que no contaron con \u00abdefensa t\u00e9cnica\u00bb pues sus apoderados solamente presentaron \u00abpoder al Juzgado y no hicieron ninguna actuaci\u00f3n\u00bb, y tampoco tuvieron la posibilidad de vigilar su gesti\u00f3n porque residen en el extranjero, motivos \u00e9stos por los cuales acuden al presente mecanismo de protecci\u00f3n (fls. 520 a 543). <\/p>\n

3.\tMediante auto del pasado 26 de enero, esta Corporaci\u00f3n admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 572). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El \tJuzgado Tercero de Familia de Santa Marta adujo que carece de \t\u00ablegitimaci\u00f3n \ten la causa por pasiva\u00bb, \ttoda vez que la demanda de amparo se dirige exclusivamente frente al \tfallo de segunda instancia dictado por el ad-quem \taccionado (fl. 591). <\/p>\n

2. Por \tsu parte, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la \tlocalidad aludida pidi\u00f3 denegar \tla salvaguarda pretendida, puesto que, en primer lugar, los \taccionantes no acudieron prontamente a solicitar la salvaguarda de \tsus garant\u00edas, y por otro lado, omitieron instaurar el \trecurso extraordinario de casaci\u00f3n frente a la providencia \tcuestionada, mecanismo procedente seg\u00fan lo establecido en el \tart\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso (fl. 597). <\/p>\n

3. Al \tmomento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan \tefectuado \tm\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n

1.\tRecuerda la Corte que conforme a lo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a que un derecho fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n; que se haya acudido a la misma dentro de un tiempo razonable; y, que el interesado no haya contado o cuente con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, dado que la misma no puede constituirse en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de prerrogativas. <\/p>\n

2.\tEn el caso que se somete a examen se advierte, que los accionantes se duelen, concretamente, de la sentencia de segunda instancia proferida el 5 de abril de 2017 por el Tribunal Superior de Santa Marta \u2013Sala Civil Familia, a trav\u00e9s de la cual se invalid\u00f3 el fallo de 11 de julio de 2016 dictado por el Juzgado Tercero de Familia de la misma ciudad, para en su lugar, entonces, acoger las pretensiones del juicio de filiaci\u00f3n extramatrimonial que en su contra y de otros promovi\u00f3 Lilian Restrepo Mogoll\u00f3n en representaci\u00f3n del peque\u00f1o SRM. <\/p>\n

3. Con el prop\u00f3sito de brindar soluci\u00f3n a la controversia memorada, para la Corte resulta necesario verificar los documentos allegados al presente tr\u00e1mite, los cuales permiten apreciar lo siguiente: <\/p>\n

3.1.\t La referida demanda ordinaria fue presentada con el fin de que se declarara que Benjam\u00edn Ayala Guar\u00edn (q.e.p.d.), es el padre del ni\u00f1o SRM, y que por ende, se ordenara a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil realizar las anotaciones del caso en el registro civil de nacimiento de \u00e9ste, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 15 de la Ley 75 de 1968 (fl. 488). <\/p>\n

3.2. Agotado el rito procesal previsto por la ley, en prove\u00eddo del 11 de julio de 2016 el Juzgado Tercero de Familia de Santa Marta deneg\u00f3 lo pretendido, en lo fundamental, porque \u00ablos resultados arrojados por la prueba de ADN (\u2026) no fueron concluyentes\u00bb, y en este sentido, \u00abno se encuentra acreditada la paternidad del se\u00f1or Benjam\u00edn Ayala Guar\u00edn respecto del menor Sebasti\u00e1n Restrepo Mogoll\u00f3n, con el acervo probatorio aportado y recaudado en este proceso\u00bb (fls. 488 a 501). <\/p>\n

3.3. Inconforme con lo resuelto, la parte demandante apel\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n, mecanismo que fue favorable a sus intereses, puesto que en fallo del 5 de abril de 2017 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la ciudad referida la revoc\u00f3, para as\u00ed, acceder a las aspiraciones del escrito inaugural, tras considerar lo siguiente: <\/p>\n

\u00abPor las versiones discordantes de los testigos, encuentra esta Colegiatura que resulta necesario dar aplicaci\u00f3n a lo establecido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala Civil, la cual en sentencia del 25 de mayo de 2010 con radicaci\u00f3n No. 73001311000420040055601, y ponencia de la Magistrada Ruth Marina D\u00edaz Rueda, nos ense\u00f1a, la Sala ha dicho que cuando se enfrentan 2 grupos de testigos como en el caso presente, el Tribunal puede inclinarse por adoptar la versi\u00f3n expuesta por un sector de ellos, sin que por esto caiga en error colosal, \u00fanico que autoriza el quiebre de la sentencia, pues en presencia de varios testimonios contradictorios o divergentes que permitan conjunciones opuestas o dis\u00edmiles, corresponde al juzgador dentro de sus restringidas libertad y soberan\u00eda probatoria, en ejercicio de las facultades propias de las reglas de la sana cr\u00edtica, establecer su mayor o menor credibilidad, pudiendo escoger a un grupo como fundamento de la decisi\u00f3n desechando otro, el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil dispone que las pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas para la existencia o validez de ciertos actos, el juez expondr\u00e1 siempre el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba. <\/p>\n

En ese sentido, y en aras de dilucidar los supuestos f\u00e1cticos alrededor del cual se teje el caso de marras, se\u00f1ala esta Sala que encuentra contradicciones y que carecen de credibilidad los relatos realizados por los se\u00f1ores Carlos Augusto Ayala Gonz\u00e1lez y Gladys Teresa Gonzales de Ayala, por los siguientes puntos, son incongruentes las declaraciones al precisar si el se\u00f1or Benjam\u00edn Ayala Guar\u00edn ten\u00eda oficina de trabajo en la ciudad de Santa Marta, mientras la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez afirma que s\u00ed, el hijo del fallecido Benjam\u00edn Ayala, acot\u00f3 antes de que el a quo le solicitara la aclaraci\u00f3n al respecto, que su padre no ten\u00eda la oficina en Santa Marta, la oficina era en Barranquilla, adicionalmente no merece credibilidad la versi\u00f3n de la esposa, pues en primer momento asegura categ\u00f3ricamente que la se\u00f1ora Lilian Restrepo no fue la secretaria de su esposo, que nunca la conoci\u00f3, pero por otra parte, de forma contradictoria, asevera que, \u201cno tuve conocimiento si ella trabaj\u00f3 con mi esposo, porque yo con \u00e9l en cuesti\u00f3n de negocios y todo esto, yo no me interesaba\u201d. Empero la se\u00f1ora Gladys Gonz\u00e1lez y el se\u00f1or Carlos Augusto Ayala, si corroboraron el dicho de la demandante, pues son coherentes las declaraciones rendidas por los demandados en cita, y la se\u00f1ora Lilian Restrepo, en cuanto a la fecha del fallecimiento del presunto padre, ratifica que el se\u00f1or Benjam\u00edn Ayala, tuvo un primer hijo por fuera del matrimonio llamado Robert Ayala Garc\u00eda, el cual se encuentra radicado en Bogot\u00e1, y adem\u00e1s coinciden en la descripci\u00f3n de la labor desempe\u00f1ada por el fallecido, detalles que s\u00f3lo habr\u00eda conocido una persona cercana al se\u00f1or Benjam\u00edn Ayala, as\u00ed mismo, el se\u00f1or Nelson Ospina da cuenta que el v\u00ednculo que existi\u00f3 entre el difunto Benjam\u00edn Ayala y la se\u00f1ora Lilian Restrepo, segura que entre ellos existi\u00f3 una relaci\u00f3n de m\u00e1s o menos 4 a\u00f1os, y de ah\u00ed naci\u00f3 el menor Sebasti\u00e1n, que el supuesto padre acept\u00f3 como tal al ni\u00f1o, pues cubr\u00eda sus gatos con algunos bienes inmuebles para la se\u00f1ora Lilian, \u00e9l testifica que conoce al se\u00f1or como hijo de la persona citada, y que al momento del deceso del se\u00f1or Benjam\u00edn a\u00fan se encontraba compartiendo como pareja, en conclusi\u00f3n resultan m\u00e1s convincentes, a juicio de esta Sala, las declaraciones analizadas por la interesada y el testigo Nelson Ospina, los cuales conducen a la conclusi\u00f3n, que existi\u00f3 una relaci\u00f3n entre Benjam\u00edn Ayala y la se\u00f1ora Libia, toda vez que de las interpretaciones realizadas por \u00e9stos, se colige que para la \u00e9poca en que la sostuvieron se produjo la concepci\u00f3n de Juan Sebasti\u00e1n Restrepo, que el se\u00f1or Ayala Guar\u00edn muri\u00f3 en el 2002, y el menor naci\u00f3 en el 2001, fecha en la cual a\u00fan conviv\u00edan, lo que a voces del art\u00edculo 6 de la Ley 75 del 78, y el 92 del C\u00f3digo Civil, configura una presunci\u00f3n sobre la concepci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Por otra parte, la Colegiatura acusada apreci\u00f3 la prueba documental aportada al plenario, y a ese respecto estim\u00f3: <\/p>\n

\u00abAs\u00ed mismo persuaden sobre el hecho que en vida el se\u00f1or Benjam\u00edn s\u00ed acept\u00f3 como hijo al menor, pues se hizo cargo de los gastos de sostenimiento del ni\u00f1o y adem\u00e1s compr\u00f3 unos bienes, a su madre. La costumbre nos indica que estos resultan siendo actos propios de un padre, ahora, en el mismo hilo argumentativo y respecto del documento a trav\u00e9s del cual, los demandados realizan una supuesta simulaci\u00f3n hereditaria a favor se\u00f1or Sebasti\u00e1n Restrepo Mogoll\u00f3n, constituye un indicio del lazo filial existente entre \u00e9ste y el se\u00f1or Benjam\u00edn Ayala Guar\u00edn, pues en primera medida, se debe decir que aun cuando dicho documento se encuentra cuidadosamente elaborado, promete la voluntad de alguno de los herederos, y adem\u00e1s, en \u00e9l se hace la siguiente anotaci\u00f3n, \u201clas partes aqu\u00ed mencionadas, llegando de com\u00fan acuerdo, toman la decisi\u00f3n, de que los bienes inmuebles que reposaban en cabeza de la se\u00f1ora Lilian Restrepo Mogoll\u00f3n, y descritos en este documento, se tendr\u00e1n como parte de la asignaci\u00f3n hereditaria que le corresponder\u00eda al menor Sebasti\u00e1n Restrepo Mogoll\u00f3n, si \u00e9ste fuera reconocido dentro del proceso de filiaci\u00f3n\u201d, lo cual entiende este cuerpo Colegiado, que configura de manera t\u00e1cita una aceptaci\u00f3n del hecho, adicionalmente, que las reglas de la l\u00f3gica y la experiencia nos indican que nadie se desprende de su patrimonio por m\u00e1s m\u00ednimo que sea, si no tiene la creencia sobre lo que se afirma\u00bb. <\/p>\n

Y finalmente, sobre el resultado de las pruebas gen\u00e9ticas de paternidad practicadas dentro del juicio motivo de revisi\u00f3n constitucional, la Corporaci\u00f3n criticada consider\u00f3 que: <\/p>\n

\u00abtal como lo indica la jurisprudencia, y, as\u00ed mismo, se se\u00f1al\u00f3 en el dictamen, lo que arroj\u00f3 el estudio fue una prueba no concluyente, lo cual significa que la confiabilidad de paternidad no alcanz\u00f3 la confiabilidad que exige la Ley 721 de 2001. No obstante, no podr\u00eda interpretarse de ello, que equivalga a un resultado excluyente, m\u00e1xime si se enfatiza que los se\u00f1ores H\u00e9ctor y Gloria Yaneth Ayala, no se realizaron la prueba gen\u00e9tica, lo cual impidi\u00f3 que se realizara una conclusi\u00f3n del perfil gen\u00e9tico en aras de un resultado m\u00e1s certero. <\/p>\n

Colof\u00f3n de lo anterior, atendiendo a lo preceptuado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, a trav\u00e9s de la cual se establece que se deber\u00e1 otorgar el valor de un indicio a la conducta renuente del presunto padre o madre que se niega a realizarse la prueba de ADN, deviene como es l\u00f3gico y dadas las particularidades del caso, otorgarle el mismo valor a la actitud reacia de los demandados, pues se reitera que sin comparecencia fue imposible realizar el perfil gen\u00e9tico, a fin de determinar si el menor Sebasti\u00e1n Restrepo es realmente hijo del fallecido Benjam\u00edn Ayala, de acuerdo con lo discurrido, para este Tribunal encuentra prosperidad la alzada, pues como se desarroll\u00f3 en esta providencia, fue una cadena de indicios lo que condujo al convencimiento, que existe un real v\u00ednculo paterno entre el menor Sebasti\u00e1n Restrepo, y el se\u00f1or Benjam\u00edn Ayala, que en paz descanse\u00bb (fl. 570). <\/p>\n

4.\tVisto lo anterior, para la Corte la demanda de amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por las siguientes razones: <\/p>\n

Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un tiempo significativo \u2013m\u00e1s de nueve (9) meses, sin que los interesados solicitaran la protecci\u00f3n de los derechos que consideran hoy vulnerados con dicha decisi\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve la inactividad de los inconformes y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la prontitud que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n

La Corte, en la materia, de vieja data ha se\u00f1alado que <\/p>\n

\u00ab[t]al conclusi\u00f3n no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; por el contrario, coincide con la posici\u00f3n que sobre el tema han fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional. <\/p>\n

En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n

Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n

Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (resalta la Sala, reiterada en CSJ STC1410-2017). <\/p>\n

4.2. Adem\u00e1s, la determinaci\u00f3n cuestionada cobr\u00f3 firmeza y sus efectos se han extendido en el tiempo generando consecuencias jur\u00eddicas, por lo que desconocer esa situaci\u00f3n, pondr\u00eda en entre dicho la seguridad jur\u00eddica y la confianza leg\u00edtima que brinda el pronunciamiento judicial, so pretexto de amparar las garant\u00edas fundamentales de aquellos que por su negligencia o incuria omitieron procurar la defensa de sus derechos oportunamente. <\/p>\n

Al respecto la Sala ha considerado que trat\u00e1ndose de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, <\/p>\n

\u00abno puede quedar abierto intemporalmente el debate judicial, ya que ello conspirar\u00eda contra la seguridad jur\u00eddica y los derechos de todas las partes involucradas en el litigio, quienes fundados en la confianza leg\u00edtima que les otorga la firmeza de un fallo judicial, no podr\u00edan ser sorprendidos en cualquier momento posterior, con un nuevo debate que frustre los derechos as\u00ed adquiridos y las situaciones consolidadas. Las partes, y quienes con ellas puedan establecer relaciones de todo orden, ajustan su proceder a las se\u00f1ales que emite el ordenamiento jur\u00eddico por medio de las sentencias judiciales en firme. De este modo, en funci\u00f3n de adquirir la certeza y predictibilidad necesarias a la estabilidad de las relaciones jur\u00eddicas, la clausura de la oportunidad de atacar las sentencias judiciales es un imperativo constitucional\u00bb (ver entre otras, en CSJ STC1410-2017).
\n4.3.\t Por otra parte, t\u00e9ngase en cuenta que los accionantes contaron con la oportunidad de instaurar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra el fallo aqu\u00ed criticado, de conformidad con lo establecido en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abtrat\u00e1ndose de asunto relativos al estado civil, s\u00f3lo ser\u00e1n susceptibles de casaci\u00f3n las sentencias sobre impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho\u00bb, circunstancia que analizada a la luz del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, impide cualquier pronunciamiento del juez constitucional, quien no podr\u00eda, por esta senda, revivir t\u00e9rminos u oportunidades que se han desperdiciado por el descuido o el desinter\u00e9s de los litigantes. <\/p>\n

Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n

\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (enunciada entre otras, en CSJ STC4213-2017). <\/p>\n

As\u00ed mismo ha referido que, <\/p>\n

\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ib.). <\/p>\n

\u00ab[E]lemento que abra el camino de la s\u00faplica constitucional; as\u00ed, en fallo de 15 de marzo de 2011, exp. 03093-01, se indic\u00f3: \u201cTampoco son de recibo las manifestaciones del actor respecto a la negligencia que endilga a su apoderado en el patrocinio de sus derechos, pues esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra las decisiones judiciales`(\u2026) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejado la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018(\u2026) los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (\u2026)\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n\u2019. 2003-00157\u00bb (enunciada en CSJ STC5012-2017). <\/p>\n

4.5.\tY a\u00fan con prescindencia de lo anterior, para la Corte en el sub examine la autoridad judicial accionada con vista en la declaraci\u00f3n de la demandante y en el testimonio de Nelson Ospina, y ante la imposibilidad de practicar la prueba de ADN, ultim\u00f3 que para la \u00e9poca del nacimiento del menor SRM, su progenitora Lilian Restrepo Mogoll\u00f3n y Benjam\u00edn Ayala Guar\u00edn (q.e.p.d.), conviv\u00edan juntos y sosten\u00edan una relaci\u00f3n amorosa, por lo que se presum\u00eda que este \u00faltimo era el padre de aquel ni\u00f1o, razonamiento que de manera alguna resulta arbitrario o caprichoso, aun cuando pudiera o no compartirse, lo cual excluye la posible ocurrencia de causal de procedencia del amparo y deja sin piso la acusaci\u00f3n de los accionantes, as\u00ed la conclusi\u00f3n eventualmente pudiera ser diferente si se analizara desde otra l\u00ednea interpretativa admisible, o con elementos de persuasi\u00f3n distintos a los que les sirvi\u00f3 a los estrados convocados de apoyo para la formaci\u00f3n de su convencimiento sobre los puntos objeto de cuestionamiento. <\/p>\n

En la materia, reiteradamente se ha pregonado que, <\/p>\n

\u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC277-2017). <\/p>\n

Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n

4.6.\tPor \u00faltimo, los promotores reprochan que el ad quem accionado omiti\u00f3 apreciar la prueba cient\u00edfica denominada \u00abHaplotipos de Cromosomas Y\u00bb, practicada al demandado Carlos Augusto Ayala Gonz\u00e1lez y al menor SRM, la cual arroj\u00f3 que no son hijos del mismo padre; sin embargo, esa denuncia resulta intrascendente, puesto que dicho elemento de convicci\u00f3n no otorga la certeza suficiente para excluir la paternidad del difunto respecto del ni\u00f1o mencionado. <\/p>\n

Ahora, si bien en la demanda de tutela reposa ese mismo examen gen\u00e9tico entre los hermanos Carlos Augusto y H\u00e9ctor Ayala Gonz\u00e1lez, en el que se dictamin\u00f3 que entre estos s\u00ed \u00abexiste v\u00ednculo de linaje paterno\u00bb (fls. 511 y 512), esa prueba data del 22 de noviembre de 2017, esto es, mucho despu\u00e9s del fallo de segunda instancia cuestionado -5 de abril de 2017, por lo que no se le puede enrostrar yerro alguno al Tribunal accionado respecto de un medio de convicci\u00f3n que desconoc\u00eda, pues no fue decretado dentro del pleito, ni mucho menos aportado por la parte interesada. <\/p>\n

5.\tEn consecuencia, las razones consignadas se estiman suficientes para concluir, que el resguardo implorado debe desestimarse. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC1385-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00154-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Gladys Teresa Gonz\u00e1lez de Ayala y Carlos Augusto Ayala Gonz\u00e1lez, contra la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101294","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101294","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101294"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101294\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101294"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101294"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101294"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}