{"id":101295,"date":"2026-07-01T17:17:06","date_gmt":"2026-07-01T17:17:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101295"},"modified":"2026-07-01T17:17:06","modified_gmt":"2026-07-01T17:17:06","slug":"stc1388-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1388-2018\/","title":{"rendered":"STC1388-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1388-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01426-02
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 27 de noviembre de 2017, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por \u00c1lvaro Yessid Ledesma Aguas contra la Polic\u00eda Nacional, Caracol Televisi\u00f3n S.A., el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, y, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Sincelejo, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los intervinientes de las causas penales a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, al \u00abbuen nombre\u00bb y al m\u00ednimo vital, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales y entidades accionadas, con las decisiones proferidas en el marco de las diferentes acciones penales y disciplinarias que se promovieron en su contra. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando lo siguiente: i) a la Fiscal\u00eda Tercera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, \u00abdar un pronunciamiento de fondo\u00bb respecto de la causa penal seguida en contra de Pedro Burgos y otros; ii)\tal Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, \u00abverificar los presupuestos referentes a la existencia del hecho y a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria (\u2026) y remitir todas (\u2026) [las] diligencias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por haberse configurado el delito de falso testimonio y fraude procesal (\u2026) cometid[o por] ENAY CRISTINA SANTOS SANTOS, FRANCISCO RUSSO Y RAFAEL ENRIQUE LASTRE IRIARTE\u00bb; iii) a Caracol Televisi\u00f3n S.A. \u2013programa S\u00e9ptimo D\u00eda, \u00abrectificar la informaci\u00f3n (\u2026) en lo concerniente a que le aclaren a la ciudadan\u00eda que el hecho del cual se [lo] sindic\u00f3 no existi\u00f3, para lo cual deber\u00e1n anexar copia de la resoluci\u00f3n expedida por la Fiscal\u00eda 16 Seccional de Sincelejo dentro del SPOA No. 7000160010370201400122\u00bb, a m\u00e1s de \u00abhacer un especial inform\u00e1ndole a la ciudadan\u00eda en forma clara, veraz, precisa y oportuna e integral lo referente al proceso con los trabajadores de electrocosta\u00bb; iv) a la Polic\u00eda Nacional, \u00abbrindar seguridad\u00bb a \u00e9l y su n\u00facleo familiar; y, finalmente, v) al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Sincelejo, que \u00aben tutelas sucesivas haga lo posible para que el ente acusador le brinde un informe al denunciante del estado en que est\u00e1 su denuncia cada seis meses\u00bb (fl. 6, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tEn apoyo de tales pretensiones aduce en s\u00edntesis, que fungi\u00f3 como apoderado judicial de varios extrabajadores de Electrocosta, al interior de sendos procesos laborales que culminaron con sentencias adversas a sus intereses; sin embargo, aqu\u00e9llos aduciendo que hab\u00eda ganado los litigios y cobrado dep\u00f3sitos judiciales, lo denunciaron por los delitos de abuso de confianza, hurto, estafa, pero la Fiscal\u00eda 16 Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Sincelejo, el 6 de febrero de 2017 dispuso el archivo de las diligencias por \u00abinexistencia del hecho\u00bb. <\/p>\n

Indica que aunque denunci\u00f3 a sus mandantes por el punible de fraude procesal, despu\u00e9s de \u00ab2 a\u00f1os\u00bb la Fiscal 3\u00aa Delegada ante el Tribunal Superior de Monter\u00eda \u00abno ha hecho nada\u00bb, lo que ocasion\u00f3 que aqu\u00e9llos \u00abproced[ieran] (\u2026) a difamar [su] nombre y reputaci\u00f3n\u00bb, inclusive a trav\u00e9s del programa \u00abS\u00e9ptimo D\u00eda\u00bb de Caracol Televisi\u00f3n, quien en la emisi\u00f3n del 20 de agosto pasado, en una nota del periodista Juan Guillermo Mercado, puso \u00aben tela de juicio [su] reputaci\u00f3n como abogado\u00bb sin verificar los hechos ante las autoridades que conocieron del asunto y dejando de lado la documentaci\u00f3n que le fue entregada, lo que le ocasion\u00f3 no solo un \u00abperjuicio moral\u00bb, sino que muchos de sus \u00abusuarios\u00bb dejaran de acudir a la prestaci\u00f3n de sus servicios, present\u00e1ndose adem\u00e1s amenazas en su contra y de su familia. <\/p>\n

Se\u00f1ala que aunque ados\u00f3 copia de la primera investigaci\u00f3n que adelant\u00f3 el ente acusador en su contra, el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, omitiendo el deber \u00abde verificar si el hecho por el cual se acusa[ba] al abogado existi\u00f3 o no\u00bb, o la legitimaci\u00f3n de los ciudadanos para formular quejas en su contra, ha mantenido abierto el tr\u00e1mite disciplinario que se le sigue por cuenta de un proceso laboral instaurado contra del extinto Instituto de Seguros Sociales -ISS, en el que los denunciantes no fueron parte. <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

a.\tManuel Teodoro Berm\u00fadez, Mar\u00eda Luc\u00eda Fern\u00e1ndez y Juan Guillermo Mercado Salas, director, presentadora y periodista, respectivamente, del programa S\u00e9ptimo D\u00eda de Caracol TV, puntualizaron que la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues no solo el accionante no ha solicitado al citado espacio televisivo la rectificaci\u00f3n de la informaci\u00f3n pretendida a trav\u00e9s de este medio, sino que la nota period\u00edstica en el caso particular del actor, por una parte, \u00abse present\u00f3 a la teleaudiencia a partir de las denuncias que 176 personas han realizado por las presuntas actuaciones del abogado (\u2026)\u00bb, circunstancias que se divulgaron en \u00abpalabras de los se\u00f1ores FRANCISCO RUSSO y RAFAEL LASTRE, quienes concedieron entrevistas (\u2026) y expusieron los detalles de su caso\u00bb; adem\u00e1s, se apoy\u00f3 en una investigaci\u00f3n que \u00abcumple con los requisitos de veracidad, imparcialidad, y diligencia exigidos por la ley y la jurisprudencia para el correcto ejercicio de la profesi\u00f3n period\u00edstica\u00bb (fls. 114 a 120, \u00eddem). <\/p>\n

b.\tEl Jefe de la Oficina de Asuntos Jur\u00eddicos de la Inspecci\u00f3n General de la Polic\u00eda Nacional, aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por no ser la dependencia competente para \u00abdesplegar alg\u00fan tipo de acci\u00f3n positiva encaminada a resolver las pretensiones de la [parte] activa por factores legales de competencia\u00bb (fl. 122, ib\u00eddem). <\/p>\n

c.\tEl Presidente del Tribunal Administrativo de Sucre precis\u00f3, en lo fundamental, que conoci\u00f3 de otra acci\u00f3n constitucional adelantada por el aqu\u00ed accionante contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la cual finiquit\u00f3 adversamente a los intereses de aqu\u00e9l (fls. 124 y 125, Cit.). <\/p>\n

d.\tQuien Preside la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura en dicho Departamento, luego de memorar las actuaciones que ha conocido en el marco del proceso que se sigue en contra del actor, adujo que dicha controversia \u00abse ha materializado cumpliendo la ritualidad consagrada en la ley 1123 del a\u00f1o 2007 con respeto absoluto del derecho al debido proceso y a la defensa t\u00e9cnica\u00bb (fl. 3 y 4, cdno. 2). <\/p>\n

e.\tEl titular del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sincelejo indic\u00f3, que conoci\u00f3 de las demandas laborales que present\u00f3 el aqu\u00ed inconforme en representaci\u00f3n de los intereses de trabajadores retirados de Electrocosta S.A. E.S.P., tr\u00e1mites todos que resultaron adversos a los intereses de aqu\u00e9llos (fl. 21, \u00edd.).
\nf.\tLa Juez Segunda Laboral de la misma ciudad se\u00f1al\u00f3, que conoci\u00f3 de varias controversias laborales presentadas frente a la citada empresa de energ\u00eda, donde fungi\u00f3 como mandatario judicial el se\u00f1or Ledesma Aguas, entre las que record\u00f3 dos: la promovida en nombre de Rafael Enrique Lastre Iriarte en el que se orden\u00f3 el pago de t\u00edtulos judiciales al togado por valor de $5.036.526,oo, y, la presentada por Andr\u00e9s Castro Siolo y otros, en el cual \u00abno existieron \u00f3rdenes de pago de dep\u00f3sitos judiciales\u00bb a favor de las partes o el abogado (fls. 23 y 24, Cit.). <\/p>\n

g.\tLa Juez Tercera Penal del Circuito de la mentada urbe manifest\u00f3, que dentro de la acci\u00f3n constitucional que conoci\u00f3 \u00abactu\u00f3 conforme a la ley y con base en los derroteros dados por la Corte Constitucional, raz\u00f3n por la que no entiende en qu\u00e9 sentido [su] decisi\u00f3n pudo afectar el buen nombre y la credibilidad del actor\u00bb (fls. 51 y 52, ejusdem). <\/p>\n

h.\tEl Fiscal 1\u00ba Delegado ante el Tribunal Superior de Monter\u00eda sostuvo, que no ha lesionado prerrogativa superior alguna del accionante, y que las diligencias penales que se adelantan por el delito de fraude procesal se encuentran en etapa de indagaci\u00f3n (fl. 86, Cit.). <\/p>\n

i.\tLa Fiscal\u00eda Delegada ante el Tribunal Superior de Sincelejo adujo, que como quiera que el aqu\u00ed actor se mostr\u00f3 renuente a comparecer a la ampliaci\u00f3n de la denuncia y a la diligencia de que trata el art\u00edculo 522 del C. de P. P., se dispuso el archivo de la querella formulada por aqu\u00e9l frente a algunos extrabajadores de Electrocosta S.A. (fl. 4 y 5, cdno. 3). <\/p>\n

j.\tEl Comandante de Polic\u00eda del Departamento de Sucre indic\u00f3, que no existe fallo constitucional alguno que ordene la imposici\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n a favor del aqu\u00ed actor, por lo que una vez se tuvo conocimiento del presente asunto se intent\u00f3 ubicarlo, lo que fue imposible (fls. 31 a 33, cdno. 3). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 el amparo incoado respecto del memorado medio de comunicaci\u00f3n, tras advertir que \u00abning\u00fan se\u00f1alamiento directo se observa que se haya hecho por parte de los periodistas accionados contra el accionante, (\u2026) el medio de comunicaci\u00f3n agot\u00f3 el m\u00ednimo de diligencia que en t\u00e9rminos de la jurisprudencia constitucional le es exigible para confrontar la veracidad e imparcialidad\u00bb. <\/p>\n

De otra parte, en cuanto refiere a las quejas enfiladas frente a los entes acusadores convocados, se\u00f1al\u00f3 que no se advert\u00eda vulneraci\u00f3n alguna, pues las pesquisas penales fueron archivadas precisamente por el \u00abdesinter\u00e9s\u00bb del accionante, quien adem\u00e1s inasisti\u00f3 a la diligencia prevista en el art\u00edculo 522 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n

En punto de la acusaci\u00f3n contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre precis\u00f3, que el amparo est\u00e1 igualmente llamado al fracaso, pues \u00ab\u201cla \u00fanica dilaci\u00f3n en la investigaci\u00f3n disciplinaria ha sido consecuencia de la inasistencia del abogado investigado (\u2026) y su abogado defensor (\u2026) a las audiencias del 15 de marzo y 18 de julio de 2017\u201d\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed mismo precis\u00f3, que el reproche formulado contra el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Sincelejo frente a un fallo de tutela, debi\u00f3 ser formulado en su oportunidad en el marco de dicha actuaci\u00f3n, no siendo admisible \u00abrevivir t\u00e9rminos que [el propio accionante] dej\u00f3 vencer\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, y en lo referente al reclamo endilgado por el se\u00f1or Ledesma Aguas a la Polic\u00eda Nacional, en lo que tiene que ver con la protecci\u00f3n y medidas de seguridad pretendidas, sostuvo que \u00abni se acredit\u00f3 que tales circunstancias hayan sido puestas en conocimiento de la misma, y menos que se haya formulado solicitud expresa del servicio de protecci\u00f3n que depreca\u00bb (fls. 236 a 270, cdno. 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El accionante recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela, excluyendo del reclamo constitucional al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Sincelejo (fls. 293 y 294, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tLa acci\u00f3n de tutela, cuando tiene por finalidad controvertir actuaciones judiciales, s\u00f3lo deviene procedente si en ellas el juez natural ha incurrido en causal de procedencia del amparo, entendi\u00e9ndose por tal, aquella actividad jurisdiccional que carece de fundamento jur\u00eddico y que, por lo mismo, se muestra ostensiblemente arbitraria y caprichosa, y, siempre y cuando el interesado no disponga de otros medios de defensa id\u00f3neos para la protecci\u00f3n de sus derechos, puesto que en el supuesto de haber contado o de contar con ellos, el mecanismo constitucional no tiene cabida, ya que tales formas ordinarias de defensa vienen a constituir el sendero por medio del cual debe obtenerse protecci\u00f3n o el restablecimiento de los derechos superiores amenazados o efectivamente conculcados por los jueces. <\/p>\n

2.\tEn el caso bajo estudio se observa de entrada, que el se\u00f1or \u00c1lvaro Yessid Ledesma Aguas pretende a trav\u00e9s de la tutela, que se ordene a la Fiscal\u00eda Tercera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, \u00abdar un pronunciamiento de fondo\u00bb al interior de la causa penal por \u00e9l promovida contra Pedro Burgos y otros, pues en su sentir, ha existido una mora injustificada dentro de la misma. <\/p>\n

3.\tSin embargo, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, anticipa la Corte la improcedencia del resguardo reclamado, tal y como pasa a verse: <\/p>\n

3.1. T\u00e9ngase en cuenta que las situaciones de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional medio, son aqu\u00e9llas que carecen de defensa, es decir, que sean el resultado de un comportamiento ap\u00e1tico o negligente del funcionario, y no cuando obedecen a la ritualidad propia que debe agotarse. <\/p>\n

3.2.\tNo obstante, en el presente asunto no se advierte que la autoridad accionada hubiese incurrido en la falla que se le endilga, como quiera que ha dado el tr\u00e1mite correspondiente al asunto penal censurado, el que si bien ha tenido que extenderse en el tiempo, ello ha obedecido a razones objetivas que de manera alguna pueden considerarse lesivas de las garant\u00edas superiores del inconforme (all\u00e1 denunciante), si en cuenta se tiene lo informado bajo la gravedad de juramento, a saber: <\/p>\n

\u00abMediante Resoluci\u00f3n No. 0080 de abril de 2016, de la Direcci\u00f3n de Seccionales y de Seguridad Ciudadana de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, fue designado el Fiscal Primero Delegado ante el Tribunal de Monter\u00eda como Fiscal de apoyo dentro de la investigaci\u00f3n [criticada] (\u2026), atendiendo que la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Sucre no contaba para la fecha con Fiscal Delegado ante el Tribunal. <\/p>\n

El 04 de mayo de 2016 la Fiscal Primera Delegada ante el Tribunal de Monter\u00eda recibe la carpeta, en igual fecha elabora [el] programa metodol\u00f3gico, emite [la] orden a la polic\u00eda judicial a fin de obtener elementos probatorios y evidencias f\u00edsicas que permitan orientar la investigaci\u00f3n (\u2026) en ella se solicit\u00f3 inspecci\u00f3n en las investigaciones a que hace referencia el denunciante, obtenci\u00f3n de copias de los expedientes y entrevistas [a \u00e9ste]. <\/p>\n

Con el nombramiento de un nuevo Fiscal Delegado ante el Tribunal de Sincelejo, atendiendo principios de inmediatez [y] celeridad para recaudar la prueba, mediante oficio (\u2026) de (\u2026) 16 de Septiembre de 2016 se remiten nuevamente las diligencias a la Fiscal\u00eda \u00danica Delegada ante el Tribunal de Sincelejo, para que asuma el conocimiento de la investigaci\u00f3n (\u2026) quien actualmente adelanta la investigaci\u00f3n, emiti[endo] \u00f3rdenes a [la] polic\u00eda judicial, encontr\u00e1ndose la actuaci\u00f3n en etapa de indagaci\u00f3n\u00bb (fl. 86, cdno. 2). <\/p>\n

De este modo, no cabe duda que el mentado tr\u00e1mite cumpli\u00f3 con los ritos propios de la legislaci\u00f3n procesal penal vigente respecto de las diferentes directrices para abordar la respectiva indagaci\u00f3n, siendo cosa distinta que se haya dispuesto su archivo ante el desinter\u00e9s del denunciante, aqu\u00ed tutelante (fls. 4 y 5, cdno. 3), lo que descarta la existencia de una demora injustificada en el adelantamiento del citado asunto, sin que sea admisible acudir al presente escenario para suplir la negligencia desarrollada en las actuaciones penales. <\/p>\n

3.3. Sobre la demora en las actuaciones jurisdiccionales esta Corporaci\u00f3n ha precisado, que \u00abla protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb (ver entre otras, en CSJ STC292-2017). <\/p>\n

4.\tDe otra parte, se observa que el actor tambi\u00e9n intenta a trav\u00e9s de este mecanismo especial, que se ordene i) al Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre \u00abverificar los presupuestos referentes a la existencia del hecho y a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria\u00bb dentro del proceso que para el efecto Enay Santos Santos y otros promovieron en su contra (fls. 3 y 4, cdno. 2), pues en sentir aqu\u00e9l, no se han estudiado los diferentes medios de prueba existentes en el plenario ni se han solicitado informes de otros procesos judiciales, y, ii) a la Polic\u00eda Nacional que le brinde seguridad a \u00e9l y a su n\u00facleo familiar, pues como consecuencia de la emisi\u00f3n televisiva del programa \u00abS\u00e9ptimo D\u00eda\u00bb el 20 de agosto de 2017, recibi\u00f3 \u00abamenazas [en] contra [de su] vida e integridad personal\u00bb. <\/p>\n

4.1.\tSin embargo, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente a la demanda de tutela y las documentales allegadas, se concluye que el reclamo constitucional suplicado por los anteriores motivos resulta tambi\u00e9n improcedente por su car\u00e1cter subsidiario y residual, toda vez que no est\u00e1 demostrado que el se\u00f1or Ledesma Aguas haya comunicado su situaci\u00f3n a las entidades criticadas, es decir, por una parte, que haya acudido a la Polic\u00eda Nacional a solicitar las medidas especiales de protecci\u00f3n que aqu\u00ed reclama (fls. 31 a 33, cdno. 3); y por la otra, a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre a fin de peticionar a trav\u00e9s de los conductos regulares dispuestos para ello, lo que aqu\u00ed implora, esto es, en \u00faltimas, que se profiera una decisi\u00f3n de fondo dentro del asunto seguido en su contra teniendo en cuenta los diferente medios probatorios existentes, los resultados de las controversias penales, y, la presunta prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, por lo que cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, pues \u00e9sta solo es viable cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, sin que en ning\u00fan momento pueda entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver dichas controversias, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

Aunado a lo anterior, t\u00e9ngase en cuenta que una vez la Polic\u00eda Nacional tuvo conocimiento de los hechos alegados por el actor en esta sede, intent\u00f3 infructuosamente su localizaci\u00f3n, para analizar la situaci\u00f3n. <\/p>\n

4.2. La Corte sobre esa puntual tem\u00e1tica ha se\u00f1alado, que <\/p>\n

\u00absi el actor considera que alg\u00fan acto concreto de los acusados le est\u00e1 transgrediendo las garant\u00edas esenciales, debe dirigirse a ellos para que se pronuncien al respecto; es decir, el quejoso debe plantear sus inconformidades ante los demandados, para que \u00e9stos, de ser pertinente, tomen una determinaci\u00f3n sobre su situaci\u00f3n, sin que con este mecanismo pueda anticiparse a las decisiones de dichas entidades\u00bb (citada en CSJ STC692-2017). <\/p>\n

5.\tPor \u00faltimo cabe precisar, que si bien el interesado tambi\u00e9n se duele de la supuesta informaci\u00f3n errada que fue publicada en el programa televisivo \u00abS\u00e9ptimo D\u00eda\u00bb del canal Caracol el d\u00eda 20 de agosto de 2017, dicho reparo debi\u00f3 tramitarse ante los Jueces Penales del Circuito de esta capital en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, que le asigna una competencia expresa cuando se trata de acciones de tutela dirigidas contra medios de comunicaci\u00f3n1; en ese orden de ideas, se evidencia la incursi\u00f3n en causal de nulidad por falta de competencia funcional de acuerdo a lo estatuido en el precepto 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable por remisi\u00f3n del 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, la que debe ser declarada a fin de lograr que la autoridad facultada para asumir el conocimiento de la tutela contra el prenombrado medio de comunicaci\u00f3n, lo haga. <\/p>\n

6.\tCorolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener la sentencia confutada en lo que respecta a las autoridades convocadas, y declarar la nulidad de lo actuado frente a las quejas puntualmente enfiladas contra Caracol Televisi\u00f3n S.A. \u2013programa \u00abS\u00e9ptimo D\u00eda\u00bb. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Por otra parte, y sin perjuicio de lo anterior, se ANULA lo tramitado por la Sala Especializada en lo Penal de esta Corporaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la queja formulada contra Caracol Televisi\u00f3n S.A. \u2013programa \u00abS\u00e9ptimo D\u00eda\u00bb, por lo que se ordena a la Secretar\u00eda de la Sala REMITIR copia de este expediente a la oficina de apoyo judicial de esta capital para los Juzgados Penales del Circuito, a fin de que se efect\u00fae el reparto correspondiente para que se conozca y se resuelva frente a lo alegado en este puntual aspecto en el escrito de tutela. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tVer C.C. Auto 091\/12.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC1388-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01426-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 27 de noviembre de 2017, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101295","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101295","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101295"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101295\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101295"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101295"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101295"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}