{"id":101301,"date":"2026-07-01T17:18:11","date_gmt":"2026-07-01T17:18:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101301"},"modified":"2026-07-01T17:18:11","modified_gmt":"2026-07-01T17:18:11","slug":"stc1396-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1396-2018\/","title":{"rendered":"STC1396-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1396-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 15001-22-13-000-2017-00739-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., siete (7) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se deciden las impugnaciones formuladas por Edgar Robles Ram\u00edrez y la Procuradur\u00eda 28 Judicial para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia y la Familia frente al fallo proferido el 21 de noviembre de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, que concedi\u00f3 la salvaguarda implorada en la acci\u00f3n de tutela promovida por Paula Lorena Robles Serna contra el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de reclamo constitucional, la Comisar\u00eda Segunda de Familia del mismo lugar y el Procurador de Familia Delegado ante dicho despacho para asuntos de familia, infancia y adolescencia. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, m\u00ednimo vital, vida digna y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada al disponer el 27 de octubre de 2017, reponer el auto de mandamiento de pago, rechazar la demanda por falta de competencia territorial, remiti\u00e9ndola a su hom\u00f3logo de Neiva, y ordenar el levantamiento de las cautelas, en el proceso ejecutivo de alimentos incoado por la accionante contra Edgar Robles Ram\u00edrez. <\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar \u00abque se mantenga radicado [el] proceso [criticado] en la ciudad de Tunja\u00bb (folio 6, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tLa queja constitucional se sustent\u00f3, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n

2.1.\tLa accionante promovi\u00f3 juicio ejecutivo por alimentos en contra de su padre Edgar Robles Ram\u00edrez; cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de Tunja, despacho que el 18 de septiembre de 2017 libr\u00f3 mandamiento de pago y decret\u00f3 el embargo del 50% del salario y dem\u00e1s factores salariales que percibiera el \u00faltimo. <\/p>\n

2.2.\tEl ejecutado formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n frente a la referida decisi\u00f3n alegando falta de competencia porque su domicilio era la ciudad de Neiva, por lo que en prove\u00eddo de 27 de octubre siguiente se revoc\u00f3 dicha orden de pago, ordenando remitir el asunto a dicha urbe, y se dispuso el levantamiento de las cautelas. <\/p>\n

2.3.\tIndic\u00f3 la accionante que cuando era menor de edad sus padres celebraron una conciliaci\u00f3n ante la Comisar\u00eda Segunda de Familia de Tunja, en donde convinieron como cuota alimentaria a su favor la suma de $1.500.000, los que se consignar\u00edan en una cuenta de Juriscoop, $2.000.000 de prima de diciembre y el valor de la matr\u00edcula de cada semestre de la universidad, valores que se incrementar\u00edan conforme con el salario del obligado. <\/p>\n

2.4.\tSe\u00f1al\u00f3 que pese a que su padre ten\u00eda solvencia econ\u00f3mica para cumplir con la obligaci\u00f3n, nunca la observ\u00f3 en la forma convenida; no cont\u00f3 con la presencia de su padre, pues cada vez que lo llamaba, \u00e9l se evad\u00eda y no le devolv\u00eda la llamada; creci\u00f3 en compa\u00f1\u00eda y con el esfuerzo de su madre, pese a que su progenitor se ha desempe\u00f1ado como magistrado del Tribunal Superior de Neiva durante los \u00faltimos diez a\u00f1os, devengando un buen salario. <\/p>\n

2.5.\tAdujo que siendo mayor de edad, esper\u00f3 que su padre recapacitara para recuperar el tiempo perdido, pero como no lo hizo, promovi\u00f3 el juicio ejecutivo, en el que se le \u00abquiere obligar a presentar la demanda en la ciudad de Neiva en donde [su] padre en su condici\u00f3n de Magistrado de la Sala Civil Familia tiene ascendencia sobre los juzgados de familia\u00bb, aunado a que la distancia y la falta de ingresos en su calidad de estudiante implican la denegaci\u00f3n de sus derechos (folio 4, cuaderno 1). <\/p>\n

2.6.\tSostuvo que interpuso la demanda en la ciudad de Tunja por ser el lugar en el que sus padres tuvieron su hogar, la procrearon, se divorciaron y fijaron su cuota alimentaria, adem\u00e1s de ser el sitio en el que siempre ha vivido, reside y estudia. <\/p>\n

2.7.\tRefiri\u00f3 que conforme con los numerales 2\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso el competente para conocer del asunto es el Juez de Tunja; pese a que era mayor de edad se consideraba \u00abd\u00e9bil y fr\u00e1gil ante la vida\u2026 por la ausencia de [su] padre\u00bb, y en inferioridad frente a la posici\u00f3n privilegiada de \u00e9ste; que el hecho de que la obligaran a presentar la demanda en Neiva, a pesar de que tiene una condici\u00f3n de inferioridad, desconoc\u00eda el mandato constitucional, \u00abpremia al padre incumplido y lo ubica en una posici\u00f3n preeminente donde se desempe\u00f1a como magistrado\u00bb (folio 5, cuaderno 1). <\/p>\n

2.8.\tAgreg\u00f3 que al no cancelarse su cuota alimentaria se pon\u00eda en riesgo su subsistencia, pues no contaba con otro ingreso, lo que se agravaba con las maniobras dilatorias del ejecutado para evadir sus responsabilidades; que si el proceso se remit\u00eda a Neiva, su progenitor \u00abhar\u00e1 que a trav\u00e9s de un conflicto de competencias, se demore mucho m\u00e1s la respuesta del sistema judicial a [sus] pretensiones\u00bb; que es humillante mendigar la cuota alimentaria, m\u00e1s cuando su padre conoc\u00eda de sus carencias e imposibilidad para atender un pleito en esa ciudad (folio 5, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tLa demanda de tutela fue formulada el 2 de noviembre de 2017 y admitida a tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el d\u00eda 7 siguiente (folios 6 y 23, cuaderno 1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tEl Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Tunja remiti\u00f3 el expediente del asunto criticado al fallador constitucional de primer grado, en calidad de pr\u00e9stamo. <\/p>\n

2.\tLa Procuradur\u00eda 28 Judicial para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia y Familia refiri\u00f3 que no se cumpl\u00edan los requisitos de procedibilidad del resguardo; que el domicilio del ejecutado era Neiva y al ser la accionante mayor de edad, plenamente capaz, se le aplicaba la regla de competencia general, es decir, el fuero del domicilio del extremo pasivo, raz\u00f3n por la cual no incurr\u00eda en desafuero el estrado acusado al resolver la reposici\u00f3n favorablemente, sin que fuera atendible la norma invocada -art\u00edculo 28, numeral 2-, \u00abpues la inteligencia de dicha disposici\u00f3n se refiere a las controversias suscitadas entre la pareja, mas no entre padres e hijos, ya que para ellos esta de manera expresa\u2026 en su inciso segundo\u00bb. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que la protecci\u00f3n reforzada estaba prevista para los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes; que no pod\u00eda asumir que por el hecho de que el ejecutado fuera Magistrado no habr\u00eda garant\u00edas, pues ello significar\u00eda que las decisiones de los jueces no son aut\u00f3nomas e independientes (folio 31, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tEdgar Robles Ram\u00edrez adujo que la tutela persegu\u00eda fines distintos a los que se narraban, pues la misma era fruto de la presi\u00f3n de la madre, quien desde la separaci\u00f3n de sus progenitores influenci\u00f3 indebidamente y le ha implantado sentimientos de animadversi\u00f3n hacia \u00e9l; que siempre ha buscado un acercamiento, pero se ha tropezado con la intransigencia de su expareja; que como fueron denegadas las pretensiones de la demanda de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal interpuesta veinte a\u00f1os despu\u00e9s de la separaci\u00f3n, por haberse firmado capitulaciones matrimoniales y, por ende, no existir sociedad conyugal, la progenitora lo amenaz\u00f3 con denunciarlo por inasistencia alimentaria, pese a que exist\u00edan registros bancarios en los que constaba lo contrario; que se ha intentado acercar a su hija pero la madre lo ha impedido, al punto que le envi\u00f3 una carta para restablecer los canales de di\u00e1logo y con el fin de concientizarla de su situaci\u00f3n financiera, adjuntando los comprobantes de n\u00f3mina. <\/p>\n

Resalt\u00f3 que fue materializada la medida cautelar decretada, exponi\u00e9ndose al incumplimiento de sus otras obligaciones alimentarias y deudas; que consign\u00f3 la suma de $20.000.000 con el fin de que se levantara la cautela, pero ello no ocurri\u00f3, sino que sigue vigente; que independiente de donde se adelante el ejecutivo, el objetivo de su defensa no ha sido desconocer sus obligaciones ni afectar el m\u00ednimo vital de su hija, sino el de resguardar el de sus otros descendientes y de su madre que cuenta con 98 a\u00f1os de edad, pues la excesiva medida los ha afectado; que la deuda no obedece a su renuencia sino a su absoluta incapacidad de consignar las cuotas por las limitaciones impuestas en sus ingresos; que qued\u00f3 en una situaci\u00f3n de cesaci\u00f3n de pagos; que el m\u00ednimo vital de su hija no se encuentra afectado, pues ella cuenta con su propia casa y est\u00e1n asegurados los pagos de las matr\u00edculas futuras, adem\u00e1s que no retira los dineros consignados, dejando acumular las mensualidades, lo que presupone su no necesidad inmediata. <\/p>\n

4.\tGina Paola Torres Robles, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderada de Edgar Robles Ram\u00edrez en el proceso criticado, alleg\u00f3 escrito, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que la habilite para representarlo en este tr\u00e1mite (folios 52 y 53, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a-quo constitucional, en sala mayoritaria, concedi\u00f3 el amparo al considerar que si bien la accionante era mayor de edad para el momento de la presentaci\u00f3n de la demanda y la regla de competencia aplicable ser\u00eda la dispuesta de manera general para los juicios ejecutivos por alimentos para mayores, esto es, en el domicilio del ejecutado, lo cierto era que no se pod\u00edan desconocer las condiciones especiales de debilidad en las que se encontraba la gestora; que el inciso segundo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso limit\u00f3 la competencia privativa al juez del domicilio o residencia del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, empero, conforme a la situaci\u00f3n de la accionante, le extender\u00eda tal protecci\u00f3n por ser un tema alimentario, destacando que \u00e9sta se encontraba estudiando, era dependiente econ\u00f3micamente y tendr\u00eda que asumir cargas econ\u00f3micas que no pod\u00eda resistir; que la condici\u00f3n de adolescente la pon\u00eda en desventaja; y que no se desconoc\u00edan las reglas de competencia, sino que se interpretaban para que el proceso cumpliera su funci\u00f3n instrumental con el fin de no incurrir en exceso ritual manifiesto. <\/p>\n

Resalto que, adem\u00e1s, se advert\u00eda que el despacho criticado hab\u00eda incurrido en error procedimental, toda vez que se hab\u00eda desconocido el contenido del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, pues no debi\u00f3 rechazar la demanda conforme con el canon 90 \u00eddem, sino remitir el expediente al juez de conocimiento, conservando la validez de lo actuado. <\/p>\n

Dispuso \u00abdejar sin efectos lo resuelto en la providencia de fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil diecisiete (2017)\u2026\u00bb; le orden\u00f3 al estrado acusado que procediera \u00aba avocar nuevamente el conocimiento respecto del proceso ejecutivo por alimentos\u2026\u00bb y \u00abtomar las medidas que considere necesarias y pertinentes en cuanto a medidas cautelares y para la reactivaci\u00f3n de las medidas conforme a lo considerado\u2026, debiendo continuar bajo su competencia con la ritualidad del tr\u00e1mite\u2026\u00bb (folios 43 y 44, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

1.\tLa Procuradur\u00eda 28 Judicial para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia y la Familia impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n indicando que la Sala Mayoritaria extendi\u00f3 la protecci\u00f3n reforzada con la que cuentan los menores de edad a alguien que no tiene ese estatus; que si bien la jurisprudencia le hab\u00eda dado el derecho de alimentos al hijo mayor de edad que estudia, dicha calidad no calificaba a la persona como sujeto de especial protecci\u00f3n; que de generalizarse dicha postura, se ir\u00eda al traste el dise\u00f1o establecido en materia de competencia territorial por fuero real; y la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3 que el resguardo que se le daba a la mujer, no pod\u00eda considerarse como un factor determinante para alterar la competencia. <\/p>\n

2.\tEdgar Robles Ram\u00edrez tambi\u00e9n apel\u00f3 la aludida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y se\u00f1alando que la accionante no formul\u00f3 recursos frente al auto que rechaz\u00f3 la demanda y declar\u00f3 la falta de competencia; que con el estudio de fondo se vulner\u00f3 la autonom\u00eda del juzgador, el que actu\u00f3 con respeto a las normas de jurisdicci\u00f3n y competencia; que se vulneraron las garant\u00edas de sus otros hijos; que no se tuvieron en cuenta los derechos de las personas de la tercera edad, como su madre; que no se ha materializado el levantamiento de la medida cautelar ordenada; que la tutela era improcedente, pero aun siendo viable, debi\u00f3 decidirse en favor de su menor hijo y de su madre; que la cautela exced\u00eda el prop\u00f3sito que persegu\u00eda; y que para probar el riesgo de los referidos derechos, solicitaba que se recibiera la declaraci\u00f3n de su hija, quien realizaba la judicatura ad-honorem en la Corte Suprema de Justicia, en el despacho del magistrado Aroldo Wilson Quiroz. <\/p>\n

ACTUACI\u00d3N PREVIA EN SEDE DE SEGUNDA INSTANCIA <\/p>\n

En prove\u00eddo de 16 de enero de 2018 el suscrito Magistrado ponente declar\u00f3 encontrarse impedido para ocuparse del presente asunto (folio 7, cuaderno Corte), manifestaci\u00f3n de apartamiento que en auto del d\u00eda 24 siguiente no acept\u00f3 la Sala (folio 9, ib\u00eddem), por lo que el asunto retorn\u00f3 al despacho el 29 posterior para la emisi\u00f3n de la decisi\u00f3n de fondo respectiva (folio 22, ib\u00eddem). <\/p>\n

1.\tAl tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n

2.\tDe los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se advierte que mediante prove\u00eddo de 18 de septiembre de 2017 el estrado acusado libr\u00f3 mandamiento de pago, decisi\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n por el ejecutado alegando la falta de competencia territorial de dicho juzgador. <\/p>\n

Con auto de 27 de octubre siguiente se repuso la referida decisi\u00f3n, se rechaz\u00f3 de plano la demanda por falta de competencia territorial, ordenando su remisi\u00f3n a la ciudad de Neiva, y se dispuso el levantamiento del embargo salarial que reca\u00eda sobre el ejecutado, tras considerar que: <\/p>\n

Teniendo en cuenta el lugar de domicilio y residencia actual del demandado EDGAR ROBLES RAM\u00cdREZ, mismo que ten\u00eda para la fecha de conciliaci\u00f3n de la cuota alimentaria acordada en favor de la demandante y alimentaria PAULA LORENA ROBLES SERNA, hoy persona mayor de edad, hay lugar a reponer el auto de mandamiento de pago librado en este asunto, por razones de competencia territorial. <\/p>\n

En oportunidad, el demandado Robles Ram\u00edrez impugn\u00f3 por v\u00eda de reposici\u00f3n el prove\u00eddo de fecha septiembre 18 de 2017\u2026[,] en el cual se le ordena el pago de ciertas sumas de dinero por concepto de obligaciones alimentarias presuntamente pendientes de cumplir en favor de su hija Paula Lorena Robles Serna. <\/p>\n

Indica el recurrente que siendo la demandante persona mayor edad, la competencia por regla general -factor territorial- para conocer del presente asunto recae en el Juez del domicilio del demandado, el cual es la ciudad de Neiva (Huila) en la direcci\u00f3n indicada en la demanda; como en efecto, lo corrobora el despacho al leer el ac\u00e1pite de notificaciones citado por la actora, siendo preciso indicar que al revisar el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n, esto es, el acta de modificaci\u00f3n de alimentos No. 021 expedida por la Comisar\u00eda Segunda de Familia de Tunja\u2026, tambi\u00e9n se indic\u00f3 como direcci\u00f3n del obligado la misma reportada por la parte actora (carrera 4 No. 6-99 Ofc 1002. Neiva). Hecho que motiva la revocatoria solicitada, en virtud de la regla prevista en el numeral 1\u00ba del art. 28 del C.G.P. que reza: \u2018En los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado\u2026\u2019 <\/p>\n

Lo anterior, puesto que resultan inaplicables las reglas 2\u00aa y 3\u00aa del art\u00edculo en menci\u00f3n y que trae a colaci\u00f3n la parte actora en el escrito de contestaci\u00f3n del recurso\u2026[,] ya que el domicilio de las partes no era com\u00fan o el mismo para la fecha en que se celebr\u00f3 el acuerdo de modificaci\u00f3n de la cuota alimentaria; mientras el de aquella era la ciudad de Tunja el del obligado era la ciudad de Neiva. De otro lado, en el acta que presta m\u00e9rito ejecutivo nunca se pact\u00f3 que la obligaci\u00f3n deb\u00eda cumplirse en la ciudad de Tunja, sino mediante consignaci\u00f3n en la Entidad Juriscoop, cuya cobertura es nacional. En suma, no puede el despacho asumir que el se\u00f1or ROBLES se halla comprometido a desplazarse cada mes a la ciudad de Tunja para pagarle la cuota a su hija… <\/p>\n

As\u00ed las cosas, no le asiste raz\u00f3n a la parte demandante en lo expuesto en el escrito de contestaci\u00f3n del recurso, por lo que se revocar\u00e1 el auto impugnado por el extremo pasivo, adem\u00e1s de disponer el rechazo de la demanda por falta de competencia, al tenor del inciso segundo del art. 90 del C.G.P. (folio 6, cuaderno Corte). <\/p>\n

3.\tBajo el anterior contexto, se concluye que el estrado criticado efectu\u00f3 un estudio razonable en punto a la autoridad en quien radicaba la competencia territorial para el conocimiento del juicio ejecutivo de alimentos, teniendo en cuenta que la regla a aplicar era la general -domicilio del deudor- porque la ejecutante era mayor de edad, sin que las apreciaciones de \u00e9sta puedan variar tal conclusi\u00f3n, encontr\u00e1ndose facultada para exponer ante el fallador natural la falta de imparcialidad que aduce. <\/p>\n

En ese sentido ya se ha pronunciado reiteradamente la Sala en cuanto al juez competente, por el factor territorial, respecto a juicios ejecutivos por alimentos de mayores de edad, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

2. Al tenor de lo estipulado por el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 de la norma procesal civil, \u00aben los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el pa\u00eds, ser\u00e1 competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el pa\u00eds o esta se desconozca, ser\u00e1 competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante\u00bb. <\/p>\n

De la inteligencia de la anterior disposici\u00f3n se deduce, sin mayores dificultades, que la regla general de atribuci\u00f3n de competencia por el factor territorial en las causas judiciales contenciosas est\u00e1 asignada al juez del domicilio del demandado. <\/p>\n

2.1. Ahora bien, el anterior criterio no encuentra aplicaci\u00f3n en casos frente a los cuales, el legislador ha establecido que el funcionario competente para asumir el conocimiento del asunto se determina en consideraci\u00f3n a otras circunstancias. <\/p>\n

Por ejemplo, trat\u00e1ndose de procesos de alimentos para menores, la ley establece pautas especiales que permiten asignar el tr\u00e1mite de una controversia a determinado juzgador. <\/p>\n

Es as\u00ed, que en tal sentido el inciso segundo del numeral 2 del referido art\u00edculo 28 ejusdem, indica que: \u00aben los procesos de alimentos\u2026 en los que el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel\u00bb. <\/p>\n

Sin embargo, la alternativa anterior no tiene aplicaci\u00f3n cuando el alimentario demandante es mayor de edad, pues en tal evento debe observarse lo normado en la regla general de la ley adjetiva, lo que se impone en el sub judice, dado que no es un menor quien acudi\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n para obtener el cumplimiento forzado de la obligaci\u00f3n de dar alimentos (se destac\u00f3 – AC1873-2017, 23 mar., rad. 2017-00578-00). <\/p>\n

4.\tSin embargo, lo cierto es que el fallador acusado s\u00ed incurri\u00f3 en una v\u00eda hecho al resolver reponer el auto de mandamiento de pago, rechazar la demanda y disponer el levantamiento de las cautelares, comoquiera que, de conformidad con el inciso 3\u00ba del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 101 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab\u2026si prospera la falta de jurisdicci\u00f3n o competencia, se ordenar\u00e1 remitir el expediente al juez que corresponda y lo actuado conservar\u00e1 su validez\u00bb. <\/p>\n

Luego, no era procedente que tras prosperar la excepci\u00f3n previa, formulada a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n frente al mandamiento de pago, se procediera a rechazar la demanda y levantar las medidas cautelares, restando valor a todo el tr\u00e1mite surtido, en disfavor de los derechos fundamentales de la aqu\u00ed accionante, pues con ello perdi\u00f3 la efectividad de las cautelas que permitir\u00edan el cumplimiento de la obligaci\u00f3n exigida. <\/p>\n

Ahora bien, conforme con el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 28 de la referida codificaci\u00f3n, por regla general el competente para conocer de un proceso contencioso es el juez del domicilio del demandado, raz\u00f3n por la cual no eran aplicables los numerales 2\u00ba y 3\u00ba del citado canon en tanto que no se daban los supuestos all\u00ed establecidos, pues no se trataba de una uni\u00f3n marital o matrimonio para determinar cu\u00e1l hab\u00eda sido el domicilio com\u00fan anterior, ni de un menor de edad; destacando adem\u00e1s que el asunto tampoco se reg\u00eda por los numerales 2\u00ba y 6\u00ba del art\u00edculo 397 \u00eddem porque el t\u00edtulo venero de ejecuci\u00f3n era una conciliaci\u00f3n ante la Comisar\u00eda Segunda de Familia de Tunja, que no una tasaci\u00f3n derivada de una decisi\u00f3n judicial, como para que se radicara su conocimiento en dicha ciudad. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se advierte que no se tuvo en cuenta la normatividad aplicable, pues, se repite, si bien el estrado acusado no era el competente para conocer el caso, lo cierto es que tampoco era viable que rechazara la demanda y dispusiera el levantamiento de las medidas cautelares, rest\u00e1ndole valor a todo el tr\u00e1mite surtido, siendo lo procedente la remisi\u00f3n del expediente al funcionario correspondiente, conservando la validez de lo actuado; todo lo cual impone modificar el fallo de tutela de primer grado al encontrarse transgredidas las prerrogativas esenciales de las partes. <\/p>\n

5.\tDe manera que se concluye que el despacho del circuito convocado no sustent\u00f3 de forma suficiente y precisa la decisi\u00f3n de 27 de octubre de 2017 y, en esa medida, esta Corporaci\u00f3n considera que su argumentaci\u00f3n fue insatisfactoria, por lo que la concesi\u00f3n del resguardo se modificara en el sentido que motive adecuada y suficientemente su decisi\u00f3n. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que: <\/p>\n

\u2026la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento, raz\u00f3n por la cual no puede ser anfibol\u00f3gica (\u2026). (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00; y en CSJ STC10689-2016, 4 ag. 2016, rad. 2016-01267-01). <\/p>\n

6.\tFinalmente, sobre la petici\u00f3n expuesta en la impugnaci\u00f3n atinente a la pr\u00e1ctica de pruebas en segunda instancia, es de recordarse que el art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991 ense\u00f1a que \u00ab[e]l juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situaci\u00f3n litigiosa, podr\u00e1 proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas\u00bb (negrita fuera de texto), de donde se concluye que no era necesaria la pr\u00e1ctica de tales medios de persuasi\u00f3n, siendo suficiente para resolver, como efectivamente se produjo, auscultar la actuaci\u00f3n surtida en el tr\u00e1mite fustigado, destacando que lo aqu\u00ed cuestionado era la actuaci\u00f3n procesal que no aspectos sobre los ingresos y gastos del ejecutado, a m\u00e1s que, de momento, lo \u00fanico de lo que se ha ocupado el fallador ordinario es de lo relativo al tema de la competencia territorial, que no de la razonabilidad de las medidas cautelares, asunto cuya definici\u00f3n, de primera mano, le corresponde a aqu\u00e9l, ante quien los litigantes deben formular las inconformidades que tengan al respecto. <\/p>\n

7.\tConforme a lo consignado, se modificar\u00e1 la sentencia impugnada, en el sentido de ordenarle al Juzgado Segundo de Familia de Tunja que, tras dejar sin efectos el prove\u00eddo de 27 de octubre de 2017, proceda a dictar uno nuevo en el que resuelva la reposici\u00f3n formulada frente al auto de 18 de septiembre anterior. En lo restante se confirmar\u00e1 el fallo censurado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, modifica el fallo materia de impugnaci\u00f3n, en el sentido de ordenar al Juzgado Segundo de Familia de Tunja que en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, tras dejar sin efectos el prove\u00eddo de 27 de octubre de 2017, dictado dentro del juicio ejecutivo de alimentos promovido por Paula Lorena Robles Serna en contra Edgar Robles Ram\u00edrez, emita la determinaci\u00f3n que corresponda, motiv\u00e1ndola adecuadamente, atendiendo las razones consignadas en este fallo. En lo restante se confirma la determinaci\u00f3n del a quo constitucional. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC1396-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 15001-22-13-000-2017-00739-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D. C., siete (7) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se deciden las impugnaciones formuladas por Edgar Robles Ram\u00edrez y la Procuradur\u00eda 28 Judicial para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101301","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101301","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101301"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101301\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101301"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101301"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101301"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}