{"id":101304,"date":"2026-07-01T17:19:07","date_gmt":"2026-07-01T17:19:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101304"},"modified":"2026-07-01T17:19:07","modified_gmt":"2026-07-01T17:19:07","slug":"stc1401-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1401-2018\/","title":{"rendered":"STC1401-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

STC1401-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-00155-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Bela Venko Abogados S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Sin formular petici\u00f3n concreta, la promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n

2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes:
\n2.1. Vinnuretti Abogados S.A.S. formul\u00f3 demanda en contra de Bela Venko Abogados S.A.S. y Servicio y Log\u00edstica S.A., con la finalidad de que se reconociera que las demandadas \u00abhan cometido actos de competencia desleal\u00bb. <\/p>\n

2.2. Mediante sentencia del 28 de junio de 2017, el a quo accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones, reconociendo a la demandante por perjuicios materiales $9\u2019000.000, decisi\u00f3n que apelaron ambas partes, siendo modificada por el Tribunal criticado con providencia del 13 de diciembre de 2017, en el sentido de incrementar la condena impuesta a las enjuiciadas. <\/p>\n

2.3. Por v\u00eda de tutela, critic\u00f3 Bela Venko Abogados S.A.S. que, \u00aben las dos instancias\u00bb, no se valor\u00f3 la prueba trasladada de un \u00abproceso anterior, con pretensiones similares\u00bb, omisi\u00f3n por la que \u00abfue condenado\u00bb; que \u00abel juez de segunda instancia modific\u00f3 sustancialmente la condena\u00bb, sin tener en cuenta que exist\u00edan elementos de juicio que desvirtuaban el reclamo de su antagonista y, adem\u00e1s, que \u00abla condena es desproporcionada\u00bb. <\/p>\n

2.4. Agreg\u00f3 que uno de los montos reconocidos por el estrado cuestionado est\u00e1 siendo debatido en un \u00abincidente de regulaci\u00f3n de honorarios\u00bb ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, \u00abraz\u00f3n por la cual no es posible sentenciar, puesto que (\u2026) [podr\u00eda] ser condenado dos veces por los mismos hechos\u2026\u00bb; y que se le orden\u00f3 pagar unas liquidaciones que no pueden constituir indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n

3.\tA trav\u00e9s de auto del 29 de enero de 2018, la Corte admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda de amparo, orden\u00f3 enterar a las autoridades accionadas, a las partes y terceros intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dijo remitirse a las actuaciones surtidas en el proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n

2. La Superintendencia de Industria y Comercio expres\u00f3 que \u00abno (\u2026) vulner\u00f3 los derechos del accionante, sino que se limit\u00f3 a dar aplicaci\u00f3n a los preceptos constitucionales y legales que regulan este tipo de actuaciones\u00bb. <\/p>\n

3. Vinnuretti Abogados S.A.S. manifest\u00f3 que \u00abesta tutela se tiene que declarar como improcedente, debido a que pretenden realizar una suplantaci\u00f3n del proceso ordinario\u2026\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tAl tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.
\nDe la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n

2. En este orden de ideas, considera la Corte que esta acci\u00f3n constitucional esta llamada al fracaso, habida cuenta que el Tribunal acusado, en la sentencia de 13 de diciembre de 2017, que modific\u00f3 la que dict\u00f3 la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio \u2013 Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, el 28 de junio de esa misma anualidad, explic\u00f3 los motivos por los que deb\u00eda prosperar la demanda que formul\u00f3 Vinnuretti Abogados S.A.S. en contra de Servicio y Log\u00edstica S.A. y Bela Venko Abogados S.A.S., respecto de lo cual se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n

6.2. En el sub judice, solicita la demandante apelante se apliquen las consecuencias procesales de la confesi\u00f3n presunta respecto de los hechos 8 a 15, 34, 35, 46, 53 y 55 a 66, as\u00ed entonces analizar\u00e1 la Sala la procedencia de tal pedimento examinando uno a uno cada uno de los supuestos f\u00e1cticos aludidos\u2026 <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

En los hechos 8\u00b0 y 9\u00b0 de la demanda, se dijo que en una comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica, Rogelio Gil Criollo y Jos\u00e9 Juli\u00e1n Caviedes Cardozo, aseguraron que los equipos de propiedad de Vinnuretti, los archivos, documentaci\u00f3n, no pod\u00edan ser retirados de las instalaciones del grupo y los correos electr\u00f3nicos, l\u00edneas telef\u00f3nicas y cuentas ser\u00edan bloqueados, a menos que se suscribiera un acta en la cual las socias de Vinnuretti entregaran un porcentaje accionario para entrar a hacer parte de la compa\u00f1\u00eda y se accediera a todas sus demandas como garant\u00eda de los compromisos suscritos al momento de iniciar actividades; hechos de los que se tendr\u00e1 por confeso al extremo pasivo en lo atinente a haber impedido a los demandantes acceder a los \u00fatiles laborales all\u00ed referidos y no propiamente a la transcripci\u00f3n de la llamada telef\u00f3nica. <\/p>\n

El hecho 10\u00b0 tambi\u00e9n se declarar\u00e1 confeso en cuanto all\u00ed se afirma que Rogelio Gil Criollo hizo manifestaciones deshonrosas en contra de Andr\u00e9s Torres Arag\u00f3n, Director de Investigaciones Jur\u00eddicas de Vinnuretti Abogados S.A.S. para reforzar su negativa a entregar los documentos, se\u00f1alando que \u00e9ste cometer\u00eda agravios en contra de ellos. <\/p>\n

El hecho 11\u00b0 alusivo a que Rogelio Gil Criollo manifest\u00f3 "(…) que se pod\u00eda hacer un acta donde se plasmen los porcentajes que se hablan acordado y que aparezcan los socios reales (…)" con la cual se pretend\u00eda incluir tres nuevos socios: a Andr\u00e9s, a Rogelio y a Juli\u00e1n, el cual tambi\u00e9n se tendr\u00e1 por cierto. En cuanto al 12\u00b0 seg\u00fan el cual Rogelio Gil y Jos\u00e9 Juli\u00e1n Cardozo exigen que se garantice la estabilidad laboral de Lina Pamela Castro Arenas y Leidy Johana Criollo Rivera en Vinnuretti, se tendr\u00e1 por cierto, no as\u00ed con el resto de lo relatado, por ser una suposici\u00f3n del demandante, en cuanto a la "verdadera intenci\u00f3n'. <\/p>\n

El 14\u00b0 relativo a que Rogelio Gil y Jos\u00e9 Juli\u00e1n Cardozo, requirieron que se entregara un balance de c\u00f3mo se repartir\u00edan las utilidades y la limitaci\u00f3n de las responsabilidades del representante legal, estableciendo que nada pod\u00eda ser autorizado sin la firma del primero quien deber\u00eda ostentar la calidad de representante legal suplente, lo cual se tendr\u00e1 por cierto. El resto no son hechos sino apreciaciones del demandante, no susceptibles de confesi\u00f3n. <\/p>\n

El hecho 15\u00b0 tambi\u00e9n se tendr\u00e1 por cierto, en cuanto dice que Rogelio Gil y Jos\u00e9 Juli\u00e1n Cardozo manifestaron que para poder retirar los elementos personales de los trabajadores y los equipos de la compa\u00f1\u00eda, esta deb\u00eda serles entregada o liquidada para su comodidad, donde se deb\u00eda entregar el 40% de los clientes, el personal humano y el registro de la marca. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

Es verdad que la confesi\u00f3n puede ser infirmada, esto es, desvirtuada por otros medios probatorios (art\u00edculo 197 de la ley 1564 de 2012); empero, en el caso examinado no hay elemento de juicio que destruya el m\u00e9rito de la confesi\u00f3n presunta. <\/p>\n

6.3. As\u00ed las cosas y teniendo por ciertos los hechos en precedencia examinados sumados a los que fueron as\u00ed declarados en la primera instancia (teniendo en cuenta que no hubo reparo al respecto) pasar\u00e1n a estudiarse los actos de competencia desleal achacados al extremo pasivo. <\/p>\n

7. La primera conducta se encuentra legalmente descrita en el art\u00edculo 99 de la ley 256 de 1996, a cuyo tenor "ART\u00cdCULO 9o. ACTOS DE DESORGANIZACI\u00d3N. Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto desorganizar internamente la empresa, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno." <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

7.1. En el sub lite, dan cuenta las documentales adosadas al dossier, de la liquidaci\u00f3n de trabajos por prestaci\u00f3n de servicios de Jos\u00e9 David Aguila Cruz, Marcia Segura Segura Paula Andrea L\u00f3pez U\u00f1ate, Laura Natalia Fonseca, Karol Estefan\u00eda Garc\u00eda Rodr\u00edguez, Maira Alejandra Mu\u00f1oz Orjuela, Carolina Estrada Ort\u00edz, Angie Camila U\u00f1ate Acosta, Mery An Roci\u00f3 Ere\u00f1a Munevar, Lina Pamela Castro Arenas, Leidy Johana Criollo Rivera sin embargo no tienen firma de los trabajadores. <\/p>\n

Cartas de renuncia dirigidas a Vinnuretti Abogados S.A.S. presentadas el 28 de abril de 2015 por Leidy Johana Criollo Rivera, Paula Andrea L\u00f3pez U\u00f1ate, Lina Pamela Castro Arenas, Carolina Estrada Ort\u00edz, Marcia Segura Segura, Angie Camila U\u00f1ate Acosta, Lisseth Katerine Burbano Mahecha, Mery An Roci\u00f3 Ere\u00f1a Munevar, Jos\u00e9 David Aguilar Cruz y Laura Natalia Fonseca. De las personas mencionadas obran actas de entrega de puesto de trabajo calendadas el mismo d\u00eda (28 de abril de 2015) de Paula L\u00f3pez, Carolina L\u00f3pez firm\u00f3 comunicaci\u00f3n en la que se comprometi\u00f3 a entregar la sim card y el port\u00e1til asignado a m\u00e1s tardar ese mismo d\u00eda y \u201cacta de entrega de equipos\u201d con fecha 6 de mayo de 2015 de Lina Pamela Castro y Johanna Criollo Rivera. <\/p>\n

7.2. Ahora bien, la conducta enrostrada como desleal que se estudia, se cimienta en que de las renuncias referidas fueron inducidas y asesoradas por Lina Pamela Castro, quedando desmantelada la sociedad Vinuretti Abogados lo que caus\u00f3 conmoci\u00f3n y desorden empresarial. <\/p>\n

A partir de las renuncias aportadas al expediente se concluyen dos aspectos fundamentales: (i) que se present\u00f3 una desvinculaci\u00f3n masiva de personal; y (ii) que ese retiro fue simult\u00e1neo. Adicionalmente, debe recordarse que se tuvo por cierto el hecho de que las renuncias fueron inducidas por Lina Pamela lo que analizado en conjunto permite ver la configuraci\u00f3n de la desorganizaci\u00f3n empresarial alegada. <\/p>\n

As\u00ed entonces, no pueden menospreciarse los efectos traum\u00e1ticos que se derivaron del retiro masivo y simult\u00e1neo de 13 personas que trabajaban como teleconcertadores y profesionales del derecho en la firma de abogados. <\/p>\n

Seguidamente, respecto de la indemnizaci\u00f3n que reclam\u00f3 la all\u00ed demandante, consider\u00f3 el Tribunal que: <\/p>\n

13. De lo discurrido, concluye esta Colegiatura, que la decisi\u00f3n del juez de primer grado debe modificarse, pues en verdad los elementos de juicio acreditados demuestran los supuestos generales de deslealtad en los que incurrieron los demandados, acorde con lo establecido en la regulaci\u00f3n normativa y desarrollo jurisprudencial acogido: en el entendido que no se evidenci\u00f3 la impecabilidad de su conducta, apoyado como estuvo en sus prop\u00f3sitos y aspiraciones empresariales. Recapitulando se logr\u00f3 probar que la demandada incurri\u00f3 en actos de competencia desleal tales como desorganizaci\u00f3n empresarial, prohibici\u00f3n general, confusi\u00f3n y enga\u00f1o. <\/p>\n

14. As\u00ed las cosas, abordar\u00e1 la Sala el estudio del da\u00f1o sufrido por la sociedad accionante, partiendo de la base que al respecto apel\u00f3 Vinnuretti alegando que no se tuvieron en cuenta los gastos en los que debi\u00f3 incurrir por el "rompimiento empresarial", como arrendamientos de oficinas, servicios p\u00fablicos y cafeter\u00eda, estrategia de marketing financiero, contabilidad, gesti\u00f3n administrativa los cuales ascienden a $49'450.000,oo m\u00e1s los gastos de asesor\u00eda jur\u00eddica, peritos y dem\u00e1s erogaciones por la presentaci\u00f3n de la demanda que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. <\/p>\n

En primer lugar, se advierte que no le asiste raz\u00f3n al a quo en cuanto tuvo en cuenta para el c\u00e1lculo del da\u00f1o padecido por Vinnuretti y por concepto de arriendo, el pactado en el acuerdo celebrado entre las partes\u2026 <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

\u2026 en el presente asunto, el da\u00f1o consiste en las erogaciones que debi\u00f3 asumir la sociedad demandante para continuar normalmente con su actividad empresarial, teniendo como base que ya no contaba con oficinas en donde ubicarse y desarrollar su objeto social. Al respecto obra el dictamen pericial a folio 203 y siguientes del cuaderno 8, en el que concluy\u00f3 que los gastos fueron: <\/p>\n

CONCEPTO
\nSUMA
\nSUMA \t\t\t\tINDEXADA
\nArrendamiento
\n$55'359.417
\n$59'888.161
\nAdministraci\u00f3n
\n15'397.200
\n16'669.779
\nServicios \t\t\t\tp\u00fablicos
\n23\u2019707.139
\n25'532.484
\nTotal
\n$94'463.756
\n$102'090.424 \t <\/p>\n

Respecto al respaldo de dichas cifras, aclar\u00f3 la auxiliar de la justicia en la respectiva audiencia: \u201cS\u00ed, por supuesto que s\u00ed, yo revis\u00e9 todas y cada una de las facturas que de hecho ya obran en el expediente y esa es la raz\u00f3n por la cual no las aport\u00e9, de hecho en cada uno de los rubros est\u00e1 determinado espec\u00edficamente si no el n\u00famero de la factura en muchos, s\u00ed est\u00e1 determinado el monto, y esos montos obviamente si ustedes como partes los verifican el monto y las fechas de las facturas (\u2026) encuentran alguna discrepancia digamos que sobre eso dar\u00e9 alguna aclaraci\u00f3n pero doy fe que lo que obra aqu\u00ed es lo que efectivamente aparece en las facturas obrantes en el expediente\u201d. Probanza que tiene la fuerza de convicci\u00f3n suficiente para justipreciar que el da\u00f1o patrimonial asciende a un total indexado de $102'090.424,oo. <\/p>\n

De otro lado, al haberse declarado que las demandadas incurrieron en actos de desorganizaci\u00f3n empresarial se les condenar\u00e1 a pagar a la actora las liquidaciones pagadas a los trabajadores que renunciaron, los cuales se relacionaron igualmente en el dictamen referido y ascienden a un total de $13'072.769,oo que indexado corresponde a $14'258.093,oo. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la quejosa fue una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n accionada valor\u00f3 las pruebas recaudadas y concluy\u00f3 que la confesi\u00f3n presunta que se configur\u00f3, por la inasistencia de los demandados al interrogatorio de parte, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 2051 del C\u00f3digo General del Proceso, daba cuenta de la existencia de los actos de desorganizaci\u00f3n empresarial que se imputaron en la demanda g\u00e9nesis del tr\u00e1mite bajo an\u00e1lisis, por lo que se impon\u00eda conceder, parcialmente, la indemnizaci\u00f3n reclamada, la que se compon\u00eda de los gastos en los que incurri\u00f3 la actora por la conducta desleal que se encontr\u00f3 demostrada, entre ellos, las liquidaciones de los empleados que renunciaron masivamente, por hechos atribuibles a la enjuiciada. <\/p>\n

En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050) <\/p>\n

Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n

3. Respecto a la falta de valoraci\u00f3n de la prueba trasladada, se advierte que la protecci\u00f3n constitucional tampoco est\u00e1 llamada a prosperar, pues a pesar de que el estrado convocado nada dijo sobre dicha probanza, lo cierto es que aquella resultaba insuficiente para derruir la prenotada confesi\u00f3n, pues las copias que se allegaron daban cuenta de la existencia de otro proceso, en el que se alegaron actos de competencia desleal diferentes a los juzgados por el Tribunal criticado en la sentencia de 13 de diciembre de 2017. <\/p>\n

En efecto, en dicho litigio se aleg\u00f3 que Vinnuretti Abogados S.A.S. incurri\u00f3 en \u00abactos de descredito\u00bb en contra de Bela Venko Abogados S.A.S., fundados en el \u00abenv\u00edo de correos electr\u00f3nicos y comunicaciones telef\u00f3nicas\u00bb en contra de \u00absu nombre o reputaci\u00f3n\u00bb, al paso que en el segundo juicio, materia de esta acci\u00f3n de amparo, los actos de competencia desleal por los que result\u00f3 condenada la \u00faltima de las sociedades mencionadas, fueron aquellos denominados \u00abactos de desorganizaci\u00f3n empresarial\u00bb, conforme se rese\u00f1\u00f3 en antelaci\u00f3n. <\/p>\n

En consecuencia, el referido olvido se torna intrascendente, porque aun de no haber sucedido, la decisi\u00f3n controvertida por v\u00eda de tutela no sufrir\u00eda modificaci\u00f3n alguna. <\/p>\n

Sobre la carencia de trascendencia constitucional de la salvaguarda suplicada dijo la Sala que \u00ab\u2026con independencia de las supuestas falencias endilgadas al Tribunal criticado, el hecho cierto es que (\u2026) el reclamo de la accionante carece de trascendencia ius fundamental, porque de cualquier forma estaba condenaba al fracaso la defensa que propuso en el juicio cuestionado (CSJ STC1684-2015). <\/p>\n

4. Finalmente, en lo que ata\u00f1e a los rubros que dice la accionante se est\u00e1n cobrando ante la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, baste con decir que ese hecho no fue alegado por la quejosa ante el juez ad quem, siendo ese el escenario propicio para debatir tal cuesti\u00f3n. <\/p>\n

De ese modo su reclamo resulta improcedente, comoquiera que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n

En otras palabras, cuando no se utilizan los medios ordinarios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n

\u2026 es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n

5. Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n

Por secretar\u00eda devu\u00e9lvase al despacho de origen el expediente remitido en calidad de pr\u00e9stamo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \t\u00ab \tLa \tinasistencia del citado a la audiencia, la renuencia a responder y \tlas respuestas evasivas, har\u00e1n presumir ciertos los hechos \tsusceptibles de prueba de confesi\u00f3n sobre los cuales versen \tlas preguntas asertivas admisibles contenidas en el interrogatorio \tescrito. (\u2026) La misma presunci\u00f3n se deducir\u00e1, \trespecto de los hechos susceptibles de prueba de confesi\u00f3n \tcontenidos en la demanda y en las excepciones de m\u00e9rito o en \tsus contestaciones, cuando no habiendo interrogatorio escrito el \tcitado no comparezca, o cuando el interrogado se niegue a responder \tsobre hechos que deba conocer como parte o como representante legal \tde una de las partes. (\u2026) Si las preguntas no fueren \tasertivas o el hecho no admitiere prueba de confesi\u00f3n, la \tinasistencia, la respuesta evasiva o la negativa a responder se \tapreciar\u00e1n como indicio grave en contra de la parte citada\u00bb.
\n8<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO STC1401-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-00155-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Bela Venko Abogados S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101304","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101304","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101304"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101304\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101304"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101304"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101304"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}