{"id":101315,"date":"2026-07-01T17:22:44","date_gmt":"2026-07-01T17:22:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101315"},"modified":"2026-07-01T17:22:44","modified_gmt":"2026-07-01T17:22:44","slug":"stc1413-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1413-2018\/","title":{"rendered":"STC1413-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1413-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2017-01908-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de noviembre de 2017 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gustavo Alberto Trujillo Monsalve, Hern\u00e1n Alberto Aguilar Duque, Eloisa Rivera y Mar\u00eda Celia Rom\u00e1n Quintero contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa B\u00e1rbara (Antioquia), tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes e intervinientes del juicio en el que se origin\u00f3 la queja. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLos accionantes reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, que adujeron desconocidos por las autoridades judiciales acusadas, con ocasi\u00f3n del pronunciamiento de los autos de 4 de octubre de 2017 y 13 de septiembre de la misma calenda, que en su orden, resolvieron el recurso de queja y neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n interpuesta por la defensa de aqu\u00e9llos. <\/p>\n

En consecuencia, solicitaron dejar sin efecto el prove\u00eddo de 4 de octubre de 2017, dictado por el Tribunal accionado para, en su lugar, ordenar la procedencia de la alzada promovida contra el de 13 de septiembre de esa anualidad, emitido por el Juzgado criticado (folios 1 y 2, cuaderno 1). <\/p>\n

Pidieron decretar como medida transitoria la suspensi\u00f3n del juicio penal adelantado en su contra (folios 2 y 30, cuaderno 1). <\/p>\n

2.1.\tEl 13 de septiembre de 2017, en el marco de la audiencia preparatoria realizada dentro del juicio penal adelantado en su contra ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa B\u00e1rbara, impetraron recurso de queja contra la decisi\u00f3n que no concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta por su defensa, respecto de la aceptaci\u00f3n de unos medios suasorios que no fueron objeto de descubrimiento por parte de la Fiscal\u00eda, conforme lo estipulado por las normas procesales.
\n2.2.\tEl 4 de octubre siguiente la queja fue declarada infundada por parte del Tribunal Superior de Antioquia. <\/p>\n

2.3.\tEn sentir de los reclamantes, existi\u00f3 una trasgresi\u00f3n a los roles del juez y del ente acusador, dado que el fallador al admitir medios de convicci\u00f3n que no fueron objeto descubrimiento en la oportunidad procesal pertinente, hizo una correcci\u00f3n irregular a la acusaci\u00f3n; y dio un alcance impertinente al precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Penal bajo el cual se fund\u00f3 la negativa de conceder la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

3.\tEl Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa B\u00e1rbara manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n de no dar paso a la impugnaci\u00f3n vertical formulada contra el decreto de pruebas ten\u00eda fundamento legal y jurisprudencial, b\u00e1sicamente en el prove\u00eddo de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte AP8489-2016, 5 dic., rad. 48.178; de modo que aunque se profiri\u00f3 una determinaci\u00f3n adversa a los intereses de la bancada de la defensa, \u00e9sta no configura v\u00eda de hecho alguna o causales de procedibilidad de la tutela, por lo que pidi\u00f3 negar la protecci\u00f3n suplicada (folio 59 vto., cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 el amparo tras determinar que las decisiones cuestionadas ten\u00edan sustento legal y jurisprudencial pertinente, al efecto se\u00f1al\u00f3 que la juez accionada explic\u00f3 en su providencia que el art\u00edculo 20 de la Ley 906 de 2004, previ\u00f3 como susceptible de alzada los autos que afectaran la pr\u00e1ctica de pruebas; al igual que los pronunciamientos de ese \u00f3rgano de cierre, seg\u00fan los cuales contra el auto que decret\u00f3 pruebas no proced\u00eda apelaci\u00f3n, postura que se conservaba invariable (AP, 27 jul. y 5 dic. 2016, rad. 47.469 y 48.178, respectivamente); as\u00ed mismo la decisi\u00f3n del Tribunal que declar\u00f3 infundada la queja era razonable, por cuanto no pod\u00eda concederse la apelaci\u00f3n contra una decisi\u00f3n que por mandato legal no admit\u00eda dicha controversia. Record\u00f3 que en aplicaci\u00f3n del principio de autonom\u00eda judicial, no era dable al juez de tutela inmiscuirse en una providencia como la censurada simplemente porque la contraparte no la compart\u00eda, o ten\u00eda una posici\u00f3n diversa a la concretada (folios 78 a 85, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

Los actores apelaron manifestando que los autos interlocutorios en que el fallador accionado apoy\u00f3 su negativa de conceder el recurso de alzada no constitu\u00edan precedente vertical obligatorio, debido a que \u00e9ste s\u00f3lo lo constitu\u00eda una \u00absentencia o el conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones f\u00e1cticos y (ii) problemas jur\u00eddicos, y en las que su ratio decidenci se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve tambi\u00e9n para solucionar el nuevo caso\u00bb (folio 103 a 107, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tAl tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n

Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n

2.\tEn el caso que concita la atenci\u00f3n de la Corte, de manera liminar se precisa que el estudio de la censura constitucional se abordar\u00e1 de cara al auto de 4 de octubre de 2017, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia al resolver el recurso de queja promovido por los procesados, en la medida en que dicho pronunciamiento cerr\u00f3 el debate en torno a la procedencia de la alzada formulada frente a la decisi\u00f3n del 13 de septiembre del mismo a\u00f1o, del Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa B\u00e1rbara en la que admiti\u00f3 unos medios suasorios solicitados por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en el curso de la audiencia preparatoria que se viene adelantando dentro del proceso seguido contra los reclamantes por el delito de celebraci\u00f3n de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. <\/p>\n

3.\tEn tal virtud, examinada la decisi\u00f3n del Tribunal criticado se advierte que la misma no obedeci\u00f3 a un razonamiento caprichoso o arbitrario, pues estuvo sustentada en razones atendibles que no desbordan el ordenamiento legal y se acompasa con los pronunciamientos de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corporaci\u00f3n, como \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en lo penal, as\u00ed consider\u00f3 que:
\nEl problema jur\u00eddico que solventar\u00e1 esta Sala de decisi\u00f3n, se contrae a determinar si la prueba decretada en audiencia preparatoria admite recurso de alzada, pues seg\u00fan los quejosos, ella procede dado que no se efectu\u00f3 el descubrimiento legal exigido por parte de fiscal\u00eda, y la consecuencia inexorable es el rechazo de la prueba testimonial. <\/p>\n

\u2026Ahora bien, en relaci\u00f3n con el recurso de apelaci\u00f3n, en decisi\u00f3n del 27 de julio de 20161 la CSJ explic\u00f3 la nueva postura de la Corporaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la procedencia del recurso de apelaci\u00f3n en contra de la decisi\u00f3n que admite prueba, en el tr\u00e1mite de la ley 906 de 2004, as\u00ed: <\/p>\n

\u00absi el juez acepta la pr\u00e1ctica de determinado medio de convicci\u00f3n, no s\u00f3lo se habilita que su contenido pueda ser utilizado para soportar la tesis de la parte, sino que, adem\u00e1s, existe la posibilidad de controvertir esa determinada prueba directamente a partir del ejercicio de confrontaci\u00f3n o con la presentaci\u00f3n de otros elementos de juicio que la confute. <\/p>\n

Adem\u00e1s de lo anotado, no puede pasar por alto la Sala c\u00f3mo en la jurisprudencia vigente objeto de examen, se dice que con la posibilidad de apelar el auto que admite la prueba, se materializan los principios de depuraci\u00f3n y eficacia. <\/p>\n

Dejando de lado s\u00ed el de depuraci\u00f3n puede entenderse principio o no, y cu\u00e1les son su naturaleza y efectos, es lo cierto que la pr\u00e1ctica judicial ocurrida con posterioridad a la expedici\u00f3n de la sentencia en comento, lejos de advertir cumplido el principio de eficacia, informa todo lo contrario. <\/p>\n

En efecto, d\u00eda a d\u00eda se registra, de conformidad con los procesos que ingresan a la Corte, c\u00f3mo esa habilitaci\u00f3n para que se pueda impugnar la decisi\u00f3n que admite la prueba, ha sido utilizada a manera de mecanismo claramente dilatorio del proceso, al punto que se erige en la \u00fanica raz\u00f3n que gobierna, la m\u00e1s de las veces, el recurso, independientemente de los motivos que sustenten la pretensi\u00f3n de la defensa. <\/p>\n

Ello, en evidente contrav\u00eda, no solo de lo que la norma registra, como se anot\u00f3 ya, sino de los principios de eficacia, celeridad, econom\u00eda procesal y concentraci\u00f3n. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, para la Sala respecto del auto que admite pruebas (numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 177 de la Ley 906 de 2004), \u00fanicamente procede el recurso de reposici\u00f3n, mientras que contra el que deniega o imposibilita la pr\u00e1ctica de las mismas, s\u00ed es dable promover el de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

La anterior posici\u00f3n de la alta corporaci\u00f3n, fue reiterada en auto2 m\u00e1s reciente, que tambi\u00e9n se cit\u00f3 por la juez de instancia, y frente al cual la defensa se limit\u00f3 a se\u00f1alar lo inoportuno de su comparaci\u00f3n para el caso concreto, pues no se estaba en presencia de una prueba sobreviniente. Sin embargo, en aquella decisi\u00f3n fue clara la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicita al referirse al asunto que nos convoca. Veamos: <\/p>\n

\u00ab(…) se reitera que las decisiones que en materia probatoria tienen recurso de alzada son: i.- la que inadmite pruebas3, ii.- la que resuelve (aceptando o no) una petici\u00f3n de aplicaci\u00f3n de reglo de exclusi\u00f3n4 iii.- la que impone la sanci\u00f3n por descubrimiento extempor\u00e1neo, es decir, la que rechaza un medio de prueba5, y iv.- tambi\u00e9n la prueba anticipada por expreso mandato del art\u00edculo 179 numeral 6 del inciso 2\u00bb. <\/p>\n

De forma pues, que el \u00fanico recurso susceptible para el evento que nos ocupa, es el de reposici\u00f3n en la forma y oportunidad prevista en el art\u00edculo 176 C.P.P. <\/p>\n

Frente a este punto, en la sustentaci\u00f3n de queja allegada por algunos defensores, se advierte que solicitan les sea concedido los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. <\/p>\n

En ese sentido, entonces, se les recuerda que el recurso de queja procede \u00fanica y exclusivamente cuando un juez de primera instancia deniega el recurso de apelaci\u00f3n, bien sea porque la decisi\u00f3n no es susceptible de ser impugnada o cuando el recurso no se interpone en el t\u00e9rmino legal que la norma disponga. Adem\u00e1s, una vez escuchados los audios no se advierte que la defensa hubiera pretendido interponer recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se declarar\u00e1 infundado el recurso de queja interpuesto por los defensores de los procesados\u2026 <\/p>\n

As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la determinaci\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, pues se soport\u00f3 en una argumentaci\u00f3n atendible de la normatividad aplicable y de la l\u00ednea jurisprudencial rese\u00f1ada sentada por el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en lo penal, por lo que se descarta la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de los peticionarios no encuentra recibo en esta sede excepcional, ya que, en rigor, lo que se plantea es una diferencia de criterio frente a la forma en que se resolvi\u00f3 el recurso de queja impetrado por los aqu\u00ed tutelantes, en cuyo caso la decisi\u00f3n de la corporaci\u00f3n accionada no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451). <\/p>\n

4.\tEn todo caso, resulta pertinente subrayar que la acci\u00f3n tuitiva se torna improcedente, en la medida en que a\u00fan no ha concluido la causa seguida contra los promotores de la tutela, de donde forzosamente se infiere que \u00e9stos a\u00fan tienen a su alcance en el interior del proceso medios de controversia ordinarios y extraordinarios que devienen id\u00f3neos para resguardas sus intereses superiores, por lo tanto surge evidente la inviabilidad del amparo a t\u00e9rminos del art\u00edculo 86, inciso 3\u00ba de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

5.\tPor consiguiente, se impone respaldar la sentencia de primer grado que neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tCSJ \t[AP4812-2016, rad. 47.469].
\n2 \tAP8489-2016.Radicaci\u00f3n No. 48.178 cinco (5) de diciembre de \tdos mil diecis\u00e9is (2016). M.P. EYDER PATINO CABRERA
\n3 \tArt\u00edculo 179 inciso 1 numeral 4.
\n4* \tArt\u00edculo 179 inciso 1 numeral 5.
\n5 \tAl aplicarse la sanci\u00f3n de rechazo, se est\u00e1 denegando \tla prueba, por tanto, deviene la aplicaci\u00f3n del numeral 4 \tpreviamente citado.
\n10<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC1413-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2017-01908-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de noviembre de 2017 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101315","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101315","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101315"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101315\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101315"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101315"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101315"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}