{"id":101318,"date":"2026-07-01T17:23:10","date_gmt":"2026-07-01T17:23:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101318"},"modified":"2026-07-01T17:23:10","modified_gmt":"2026-07-01T17:23:10","slug":"stc1416-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1416-2018\/","title":{"rendered":"STC1416-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1416-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 20001-22-14-003-2017-00199-02
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia del 15 de noviembre de 2017, proferida por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Fredy Alfonso G\u00f3mez Robles contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, actuaci\u00f3n a la que fueron vinculados los despachos Cuarto y Quinto del Circuito de ese lugar y los intervinientes del proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El \taccionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos \tfundamentales al debido proceso, igualdad y defensa, presuntamente \tvulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n

Por tal motivo, solicit\u00f3 ordenar al estrado criticado que \u00abdecrete la nulidad de todo lo actuado, desde su etapa de notificaci\u00f3n hasta la actualidad, a fin de que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar [lo] incorpore como parte en [ese] proceso\u00bb (folio 3, cuaderno 1). <\/p>\n

2. Son hechos relevantes para el presente amparo constitucional, en s\u00edntesis, son los siguientes: <\/p>\n

2.1. Alix Cecilia Mart\u00ednez instaur\u00f3 proceso divisorio en contra de Alba Mart\u00ednez Molina, respecto del predio con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 190-46335 (destaca la Sala que all\u00ed aparecen como propietarios, \u00fanicamente, las mentadas ciudadanas), cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, bajo el radicado No. 2010-00159, en el que, surtidas las etapas de rigor, el 24 de noviembre de 2010, se decret\u00f3 la divisi\u00f3n material del predio, y el 18 de enero de 2013 (por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito del mismo lugar, a quien fue reasignado el asunto), se aprob\u00f3 el respectivo trabajo de partici\u00f3n. <\/p>\n

2.2. Al momento de la diligencia de entrega, Isabel Paulina G\u00f3mez, hermana de Fredy Alfonso G\u00f3mez Robles, aqu\u00ed accionante, se opuso, indicando que ese lote le pertenec\u00eda a \u00e9ste, no obstante, el despacho Segundo Civil del Circuito de Valledupar \u2013a quien se reasign\u00f3, luego, el tr\u00e1mite, rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n, tras estimar que los \u00abactos de se\u00f1or\u00edo\u00bb que se alegaron \u00abno lo son en nombre propio, sino en favor del se\u00f1or Fredy G\u00f3mez, sin que se acredite representaci\u00f3n alguna pero adem\u00e1s sin presentar prueba alguna que acredite posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2.3. El gestor del amparo present\u00f3 reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n contra la anterior decisi\u00f3n, empero, mediante prove\u00eddo de 5 de julio de 2017, el \u00faltimo despacho rechaz\u00f3 los recursos, comoquiera que \u00abtoda providencia judicial proferida en audiencia o actuaci\u00f3n debe ser recurrida en la misma una vez pronunciada. Pero adem\u00e1s de aceptarse la interposici\u00f3n del recurso por fuera de \u00e9sta, los aqu\u00ed presentados se muestran igualmente extempor\u00e1neos toda vez que\u2026 no fueron interpuestos dentro de los tres d\u00edas siguientes\u00bb. Auto frente al cual el promotor no elev\u00f3 censura alguna. <\/p>\n

2.4. Inconforme con el tr\u00e1mite surtido al interior del proceso, el 11 de mayo de 2017, el actor solicit\u00f3 declarar la nulidad de todo lo actuado, por cuanto a pesar de que hace \u00abm\u00e1s de treinta a\u00f1os [tiene la] posesi\u00f3n de este bien inmueble\u00bb, no fue vinculado como parte en el proceso. <\/p>\n

2.5. La anterior solicitud fue rechazada de plano mediante decisi\u00f3n de 5 de julio de 2017, toda vez que \u00abentrat\u00e1ndose de un proceso divisorio surge como litis consorte necesario \u00fanicamente los (sic) que aparezcan inscritos con derecho real de dominio sobre el inmueble a dividir, calidad que no ostenta el nulidista (sic). Ahora bien, si de lo que se trata es de presentar oposici\u00f3n a la diligencia de entrega, no es la nulidad el escenario procesal pertinente y conducente para acreditar derechos sobre el ra\u00edz objeto de entrega; toda vez que para ello la normativa tiene prevista la oposici\u00f3n al momento mismo de la entrega o el tr\u00e1mite incidental posterior\u00bb. Prove\u00eddo contra el cual el gestor no present\u00f3 ning\u00fan recurso. <\/p>\n

2.6. As\u00ed pues, el petente se duele de que la anterior situaci\u00f3n vulnera las prerrogativas invocadas, comoquiera que a pesar de ser \u00abparte esencial del [proceso]\u00bb, \u00abnunca fu[e] notificado\u2026 por ning\u00fan medio ni edictos emplazatorios como persona indeterminada\u00bb, agreg\u00f3 que \u00abse evidencia que la se\u00f1ora Alix Cecilia Daza Mart\u00ednez y Alba Mart\u00ednez Molina tienen un acuerdo claro y contundente para quitar[le] el lote, realizando un proceso viciado de todo tipo de par\u00e1metros legales para su propio beneficio\u00bb, desconociendo su condici\u00f3n de poseedor desde hace m\u00e1s de treinta a\u00f1os, la que, en su sentir, lo convierte en propietario del inmueble. <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar consign\u00f3 que se dict\u00f3 sentencia el 18 de enero de 2013 y el 20 de abril de 2017 \u00abprocedi\u00f3 a realizar diligencia de entrega del inmueble a la demandante, acto dentro del cual se present\u00f3 una oposici\u00f3n que fue denegada\u00bb. <\/p>\n

Recalc\u00f3 que \u00ablas actuaciones desplegadas dentro del proceso que se acusa, se surtieron con apego a la legislaci\u00f3n civil, sin desmedro de los derechos fundamentales de las partes intervinientes\u00bb, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 denegar el amparo rogado (folio 260, cuaderno 1). <\/p>\n

2. Alix Cecilia Daza Mart\u00ednez, demandante dentro del juicio criticado, expuso que el accionante particip\u00f3 en el proceso \u00absolicitando el aplazamiento de la diligencia de entrega formal del inmueble dividido\u00bb; que el proceso se surti\u00f3 dentro de los par\u00e1metros legales, al punto que \u00abel mismo subi\u00f3 al Tribunal y no evidenci\u00f3 ning\u00fan vicio procedimental\u00bb; as\u00ed pues, estim\u00f3 que \u00abno existe ning\u00fan tipo [de] violaci\u00f3n a derecho fundamental alguno\u00bb (folios 261 y 262, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo por incuria, tras considerar que el promotor \u00abconoce de la existencia del proceso como m\u00ednimo desde el mes de febrero de 2016, por cuanto el d\u00eda 24 de ese mes y a\u00f1o solicit\u00f3 al Juzgado el aplazamiento de la diligencia de entrega del bien inmueble\u00bb; que el 9 de mayo de 2017 solicit\u00f3 declarar la nulidad de todo lo actuado dentro del juicio fustigado, no obstante, mediante prove\u00eddo de 5 de julio de 2017 se \u00abrechaz\u00f3 de plano la solicitud\u2026, decisi\u00f3n cuya notificaci\u00f3n tuvo lugar por anotaci\u00f3n en estado No. 105 el d\u00eda 6 del mismo mes y a\u00f1o[,] contra la cual no se formul\u00f3 reparo u objeci\u00f3n alguna\u00bb.
\nFinalmente sostuvo que si lo que pretend\u00eda el gestor era que se declare la titularidad del bien en cabeza suya por prescripci\u00f3n adquisitiva, \u00ablo propio es incoar una demanda de pertenencia y no pretender que a trav\u00e9s de un tr\u00e1mite divisorio dicha porci\u00f3n de terreno le sea adjudicado\u00bb; por lo anterior, sostuvo que \u00ablos hechos de la demanda no dan luces acerca de la ocurrencia de un perjuicio [irremediable], los que tampoco se infieren del examen de los documentos que acompa\u00f1an el libelo demandatorio\u00bb (folios 298 a 302, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 el actor reiterando los argumentos esbozados en su escrito inicial, agreg\u00f3 que el juez constitucional de primera instancia no tuvo en cuenta que se le est\u00e1 vulnerando un derecho fundamental, por lo que no entiende el argumento en punto a que \u00abno se encuentra vista la ocurrencia de un perjuicio irremediable que haga imperiosa [su] intervenci\u00f3n\u00bb (folios 311 a 313, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n

2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada a fracasar, pues de las pruebas obrantes en el plenario surge palmario que el gestor no hizo uso de los medios id\u00f3neos de defensa con que contaba para exponer sus inconformidades durante el proceso que critica, en efecto, no interpuso los recursos que proced\u00edan contra los prove\u00eddos de 5 de julio pasado, en virtud de los cuales el despacho cuestionado i) declar\u00f3 extempor\u00e1neos los recursos elevados frente a la decisi\u00f3n de 20 de abril de 2017, que rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n elevada por Isabel Paulina G\u00f3mez; y ii) rechaz\u00f3 de plano la nulidad solicitada; por lo que incurri\u00f3 en incuria en cuanto dej\u00f3 de ejercer los instrumentos jur\u00eddicos de defensa indicados para recurrir aquellos prove\u00eddos que hoy cuestiona. <\/p>\n

En consecuencia, si el se\u00f1or Fredy Alfonso G\u00f3mez Robles ten\u00eda los medios de defensa id\u00f3neos para invocar los yerros que se\u00f1ala por esta v\u00eda, la presente demanda constitucional no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que de otra manera \u00e9sta se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales acaecidas, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, as\u00ed pues, las actuaciones incuriosas del petente lo convierten en responsable del perjuicio irremediable que aqu\u00ed alega y tornan evidentemente inviable su petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n ha mencionado en varias oportunidades que: <\/p>\n

\u2026no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC, 25 ago. 2008, rad. 01343-00; reiterada en STC5331-2014; STC14062-2015; STC612-2016; y STC8898-2017, 21 jun. 2017, rad. 2017-00112-01). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n alegada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de agotamiento de los referidos medios ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, las decisiones criticadas en sede de tutela, sin que se advierta situaci\u00f3n especial alguna que imponga la intromisi\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n

3. Al margen de lo anterior, si lo que pretende el petente es que se le declare propietario del fundo por el ejercicio posesorio que dice haber ejercido sobre el mismo por \u00abm\u00e1s de treinta a\u00f1os\u00bb, surge palmario que el promotor puede iniciar la acci\u00f3n de pertenencia respectiva, lo que adem\u00e1s de tornar inexistente el supuesto perjuicio irremediable aducido, evidencia que le est\u00e1 vedado hacer uso de este mecanismo excepcional, que no fue instituido para anticiparse a los pronunciamientos de otras autoridades. <\/p>\n

En efecto, la jurisprudencia ha establecido que la salvaguarda es improcedente si quien la interpone no ha agotado los medios ordinarios a su alcance, como resulta serlo en el juicio de pertenencia; al respecto esta Corporaci\u00f3n ha indicado que: <\/p>\n

\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 2016-00507-01). <\/p>\n

Entonces, la anterior s\u00faplica se enmarca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades <\/p>\n

4. Lo considerado impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n11<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC1416-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 20001-22-14-003-2017-00199-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia del 15 de noviembre de 2017, proferida por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101318","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101318","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101318"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101318\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101318"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101318"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101318"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}