{"id":101321,"date":"2026-07-01T17:23:32","date_gmt":"2026-07-01T17:23:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101321"},"modified":"2026-07-01T17:23:32","modified_gmt":"2026-07-01T17:23:32","slug":"stc1419-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1419-2018\/","title":{"rendered":"STC1419-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1419-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-03083-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por la accionante frente al fallo proferido el 11 de diciembre de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela instaurada por ICT Internacional Ltda. contra los Juzgados Diecis\u00e9is Civil del Circuito de dicha ciudad y Segundo Civil Municipal de Ch\u00eda, Leasing Bancolombia S.A. y Amarilo S.A.S., a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en los procesos objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa accionante, a trav\u00e9s de su representante legal, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos \u00aba la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, cese [de] la posici\u00f3n dominante\u00bb, a la vivienda digna y al debido proceso, presuntamente conculcados por los acusados por adelantar en su contra, simult\u00e1neamente, un proceso ejecutivo y otro de restituci\u00f3n de inmueble con fundamento en las obligaciones derivadas de un mismo contrato de leasing, sin ninguna justificaci\u00f3n legal. <\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar \u00abcesar la posici\u00f3n dominante de la entidad\u2026 Leasing Bancolombia, el refinanciamiento de la obligaci\u00f3n, se suspenda la entrega del inmueble por la restituci\u00f3n\u2026[,] [que] los Juzgados\u2026 [encausados procedan a] nombrar un abogado que represente [sus] intereses y no predicar que como [se] encuentr[a] en mora en los dos procesos se d\u00e9 por notificado y no pueda ejercer [su] defensa porque las leyes as\u00ed lo se\u00f1alan\u00bb (folios 49 a 53 y 85 a 87, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tDel escrito de tutela y las pruebas recaudadas se extrae que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica a la que se contrae la petici\u00f3n de resguardo es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n

2.1.\tSe\u00f1al\u00f3 la quejosa que el 12 de diciembre de 2012 celebr\u00f3 promesa de compraventa con Amarilo S.A.S. y la Fiducia Banco de Bogot\u00e1, para adquirir el predio con matr\u00edcula inmobiliaria Nro. 50N-20704836, por la suma de $742.720.127, pagadera, tras una modificaci\u00f3n contractual, en una cuota inicial de $342.720.173, que efectivamente cancel\u00f3, y el saldo a trav\u00e9s de financiaci\u00f3n, con un leasing que le otorg\u00f3 Leasing Bancolombia, con ocasi\u00f3n del cual se oblig\u00f3 mediante el pagar\u00e9 Nro. 157646, sin que se le transfiriera el dominio del predio. <\/p>\n

2.2.\tLa entidad financiera, en sentir de la censora, abusando de su posici\u00f3n dominante, promovi\u00f3 en su contra dos juicios, \u00abcon el mismo fin[,] cobrando la misma obligaci\u00f3n\u00bb, uno ejecutivo (2015-00523) y otro de restituci\u00f3n de bien inmueble (2016-00186), tramitados ante el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n

2.4.\tEnfatiz\u00f3 que se encuentra en una dif\u00edcil situaci\u00f3n, pues perdi\u00f3 sus ahorros y su vivienda a pesar de haber cancelado el 64% de la misma (pues asegura haber pagado $364.000.000,oo), la entidad bancaria no le refinancia la obligaci\u00f3n, pretendiendo, con los dos procesos, quedarse con el \u00fanico predio de propiedad de su familia, respecto del cual Amarilo S.A.S. nunca le otorg\u00f3 la escritura de transferencia, impidi\u00e9ndole venderlo o hipotecarlo \u00abpara poder realizar todas las acciones con el fin de no perder [su] inversi\u00f3n\u00bb.
\n2.5.\tCon fundamento en lo dicho se duele de que el juzgado no tuviera en cuenta que la promesa de compraventa se efectu\u00f3 a 10 a\u00f1os y de que a pesar de ella haber abonado y pagado $364.000.000,oo, Amarilo S.A.S. nunca le transfiri\u00f3 el predio y, por el contrario, leasing Bancolombia inici\u00f3 en su contra los procesos ejecutivo y de restituci\u00f3n, resaltando que este \u00faltimo se dio \u00absin haber existido la mora en el pago de las obligaciones\u00bb y cobrando la obligaci\u00f3n antes de la culminaci\u00f3n del plazo referido (folios 49 a 53 y 85 a 87, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tLa demanda de tutela fue formulada el 24 de noviembre de 2017, subsanada el 29 siguiente y admitida a tr\u00e1mite por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el mismo d\u00eda (folios 49, 85, 9 2 y 93, cuaderno 1). <\/p>\n

LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1.\tEl Secretario del Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que el titular del despacho \u00abpresent\u00f3 percances de salud sobre el medio d\u00eda del 29 de noviembre anterior\u2026, otorg\u00e1ndosele incapacidad m\u00e9dica hasta el\u2026 [6 de diciembre de 2017], sin que por tanto sea factible que efectu\u00e9 (sic) pronunciamiento alguno sobre los hechos que motivan la inconformidad planteada en el escrito de tutela dentro del t\u00e9rmino\u00bb (folio 106, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tEl Juzgado Segundo Civil Municipal de Ch\u00eda indic\u00f3 que por comisi\u00f3n del despacho accionado de Bogot\u00e1 dio inicio a la diligencia de entrega dispuesta en el proceso de restituci\u00f3n, la que fue suspendida por solicitud de las partes, y actualmente se encuentra para resolver una solicitud de la demandante, encaminada al se\u00f1alamiento de nueva fecha para continuar la diligencia; por lo dicho reclam\u00f3 denegar el resguardo por cuanto esa sede judicial no ha vulnerado los derechos en discusi\u00f3n, m\u00e1xime cuando se ha limitado a dar cumplimiento a lo ordenado por el comitente (folio 121, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo, por una parte, en cuanto al juicio de restituci\u00f3n criticado, por ausencia del presupuesto de la inmediatez, al observar, en lo medular, que \u00abla queja tutelar resulta tard\u00eda, pues entre la emisi\u00f3n de los pronunciamientos que suscitaron la misma, es decir, el auto de 4 de octubre de 2016, que dispuso no o\u00edr a la gestora en el mentado asunto, y la sentencia de 2 de noviembre de 2016\u2026, y la fecha de formulaci\u00f3n del amparo (24 de noviembre de 2017\u2026), transcurri\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o\u00bb; adicion\u00f3 que tambi\u00e9n se echaba de menos la satisfacci\u00f3n del requisito de subsidiariedad, porque la censora no agot\u00f3 los mecanismos de defensa con los que cont\u00f3 para exponer ante el fallador natural los reparos tra\u00eddos en la presente salvaguarda. <\/p>\n

Por otro lado, en lo tocante con el proceso ejecutivo fustigado, anot\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela se mostraba prematura, en la medida en que el Juzgado del Circuito acusado, mediante auto de 8 de junio de 2017, dio por terminado ese litigio por la inasistencia de las partes a la audiencia inicial, con apoyo en lo reglado en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, determinaci\u00f3n que fue recurrida por la ejecutante mediante reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, censuras que est\u00e1n pendientes de definici\u00f3n, por lo que corresponde a aquel juzgador \u00ab-y eventualmente, a [ese] Tribunal, en segunda instancia- pronunciarse de fondo\u00bb, sin que el fallador constitucional pueda \u00abanticipar las disposiciones de un conflicto que est\u00e1 siendo sometido a consideraci\u00f3n de los jueces naturales\u00bb (folios 127 a 133, cuaderno 1) <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La quejosa opugn\u00f3 el fallo reclamando su anulaci\u00f3n porque, en su sentir, \u00abno se notific\u00f3 a todos los intervinientes en el proceso ejecutivo que se est\u00e1 tramitando en el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tampoco se integr\u00f3 el titular inscrito en el certificado de libertad que es Fiduciaria Bogot\u00e1 vocera del Patrimonio Aut\u00f3nomo Hacienda Fontanar del R\u00edo\u00bb. <\/p>\n

En lo restante, reiter\u00f3 parcialmente los argumentos expuestos en el escrito de tutela y adem\u00e1s adujo que la salvaguarda deb\u00eda concederse porque Leasing Bancolombia y Fiduciaria Bogot\u00e1 no estaban legitimadas para demandarla por no estar inscritas en el certificado de libertad ni existir cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos que as\u00ed lo validara, siendo evidente, tambi\u00e9n, que la demandada debi\u00f3 ser, en el proceso de restituci\u00f3n, dicha fiduciaria, mientras que en el ejecutivo, Amarilo S.A.S., que no la aqu\u00ed accionante (folios 140 a 143, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tAl tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n

De la misma forma, jurisprudencialmente ha sido establecido que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n

2.\tAhora, de entrada, respecto a la queja atinente a que el fallo de primer grado deb\u00eda invalidarse porque en este tr\u00e1mite no fueron notificados todos los intervinientes en el proceso ejecutivo criticado ni el titular inscrito del inmueble relacionado en el juicio de restituci\u00f3n, es de advertirse que todas las partes en tales asuntos s\u00ed fueron convocadas, a saber, la accionante -cuyo representante legal y all\u00ed coejecutado fue quien formul\u00f3 el presente resguardo- y Leasing Bancolombia, sin que fuera necesario enterar a la Fiduciaria Bogot\u00e1, por no ser parte en aqu\u00e9llos; y en todo caso, de haberse presentado alguna irregularidad, las legitimadas para solicitar la invalidez de la actuaci\u00f3n son las personas eventualmente afectadas ante la ausencia de su llamado, que no la impugnante, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

3.\tDescendiendo al caso concreto se tiene que la gestora cuestiona, en lo medular, que en su contra se promovieran, paralelamente, un juicio ejecutivo y otro de restituci\u00f3n, exigiendo la satisfacci\u00f3n, en ambos asuntos, de acuerdo a su dicho, de las mismas obligaciones, sumado a que en tales actuaciones no se tuvo en cuenta que no exist\u00eda incumplimiento que diera lugar a su buen suceso ni legitimaci\u00f3n en la causa de las partes. <\/p>\n

3.1.\tEn primer lugar, en lo que tiene que ver con el proceso de restituci\u00f3n censurado, porque el reclamo tutelar no cumple con el presupuesto de la inmediatez, comoquiera que desde que all\u00ed fue dictada la providencia que accedi\u00f3 a las pretensiones ordenando la entrega de bienes -2 de noviembre de 2016- y el momento en que se interpuso la presente salvaguarda -24 de noviembre de 2017-, transcurri\u00f3 un plazo muy superior al de seis meses, fijado por la acentuada jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar dicho mecanismo excepcional, sin que se adujera o demostrara situaci\u00f3n alguna justificativa de tal tardanza. <\/p>\n

Frente al particular la Corte ha sostenido reiteradamente que: <\/p>\n

\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01). <\/p>\n

3.2.\tPor otro lado, en lo tocante con el juicio ejecutivo criticado, tambi\u00e9n es claro que la petici\u00f3n de amparo no pod\u00eda salir avante, pues el Juzgado acusado, con prove\u00eddo del pasado 8 de junio, dio por terminado ese proceso por la inasistencia injustificada de las partes a la audiencia inicial, de conformidad con el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, determinaci\u00f3n que el 19 de diciembre siguiente mantuvo al resolver la reposici\u00f3n propuesta por la ejecutante, a la vez que le concedi\u00f3 el subsidiario recurso de apelaci\u00f3n tambi\u00e9n incoado. <\/p>\n

Luego, la tutelante concurri\u00f3 a la sede constitucional sin atender que a\u00fan cuenta con la oportunidad de exponer sus inconformidades ante el fallador ordinario del asunto, en caso de que el superior revoque la mentada decisi\u00f3n -de lo contrario la aducida vulneraci\u00f3n de derechos se tornar\u00eda inexistente ante la cesaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n judicial criticada, debido a la terminaci\u00f3n del proceso-, por lo que no resulta viable entrar a analizar por medio de la acci\u00f3n de tutela la soluci\u00f3n de una controversia que compete, de manera exclusiva, a la autoridad que dirige el juicio criticado. <\/p>\n

En punto de lo anterior, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n

\u2026el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026 Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01; citado en STC, 11 jul. 2013, rad. 00183-01). <\/p>\n

4.\tLas anteriores consideraciones imponen respaldar la decisi\u00f3n de primer grado.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n12<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC1419-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-03083-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por la accionante frente al fallo proferido el 11 de diciembre de 2017 por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101321","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101321","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101321"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101321\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101321"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101321"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101321"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}