{"id":101324,"date":"2026-07-01T17:24:06","date_gmt":"2026-07-01T17:24:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101324"},"modified":"2026-07-01T17:24:06","modified_gmt":"2026-07-01T17:24:06","slug":"stc1422-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1422-2018\/","title":{"rendered":"STC1422-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1422-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2017-00430-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el accionante contra el fallo proferido el 6 de diciembre de 2017 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Bodegajes y Asesor\u00edas S\u00e1nchez Ordo\u00f1ez S.A.S; a trav\u00e9s de su representante legal contra el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n

1.\tLa empresa actora por intermedio de su vocero, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada.
\nEn consecuencia, solicit\u00f3 \u00ab\u2026ordenar a la [querellada] que dentro del t\u00e9rmino de 48 horas (\u2026) adopte las medidas necesarias para [impartir] respuesta a [la] solicitud\u00bb. <\/p>\n

2.\tEl marco factual basilar del petitum, recay\u00f3 en que el 14 de septiembre de 2017, el gestor deprec\u00f3 impartir \u00ab\u2026tr\u00e1mite a [los] memoriales de fechas 2 de [a]bril del 2014, 01 de [d]iciembre de 2015 y 23 de [a]gosto de 2017\u00bb, sin obtener resoluci\u00f3n a su pedimento. <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

1.\tEl Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena adem\u00e1s de compendiar la actuaci\u00f3n ejecutiva adelantada ante su instancia, se opuso al amparo, por dos razones esenciales: i) el derecho de petici\u00f3n no procede frente a actuaciones judiciales seg\u00fan indica el precedente de la Corte Constitucional y ii) las solicitudes del gestor solo comportan \u00abinforme[s] por la gesti\u00f3n realizada en su calidad de secuestre\u00bb. <\/p>\n

Respecto de las rogativas anunci\u00f3: i) la del 2 de abril de 2014, realmente correspondi\u00f3 a una del d\u00eda 3 del mismo mes y a\u00f1o, encontr\u00e1ndose definida cuando por auto del 7 de abril siguiente, dispuso el Estrado \u00abfuera tenid[a] en cuenta en la etapa procesal correspondiente\u00bb; ii) la del 1 de diciembre de 2015, pese a que no aparece adosada al dossier, de ese tema debe se\u00f1alarse, \u00abno [es] el momento procesal oportuno para debatir[lo]\u00bb y; iii) frente a la del 23 de agosto de 2017, hizo hincapi\u00e9 de no ser \u00abninguna solicitud en particular\u00bb.
\n2.\tLos restantes vinculados guardaron silencio. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 el resguardo atendiendo dos postulados cardinales: i) en modo alguno, los memoriales del petente, incorporan pedimento, son simples informes de gesti\u00f3n como secuestre, con ocasi\u00f3n a gastos de parqueadero respecto del veh\u00edculo de placa GNR-671 comprometido en el proceso ejecutivo fuente de este amparo; luego, se debe atender el l\u00edmite proteccionista del derecho de petici\u00f3n frente a las actuaciones judiciales establecido por la Corte Constitucional y; ii) no es achacable \u00abmora judicial\u00bb al querellado, cuando ha recibido el anunciado expediente de cobro, en fecha posterior a las peticiones, m\u00e1xime que est\u00e1 pendiente por decidir sobre su tr\u00e1mite atendiendo el orden de ingreso de los negocios al despacho. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La promotora se limit\u00f3 al anuncio de la impugnaci\u00f3n contra el fallo producido por el A quo, sin sustentarla. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tEl art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y a obtener respuesta oportuna, coherente y sim\u00e9trica con el contenido de la solicitud. As\u00ed mismo, el contenido de la contestaci\u00f3n deber\u00e1 ser adecuada, es decir, \u00e9ste ha de guardar correspondencia con lo solicitado, sin que el pronunciamiento conlleve, necesariamente, una resoluci\u00f3n favorable, adem\u00e1s de que ella ha de ser suministrada de manera completa frente a todos los interrogantes planteados y comunicada al peticionario. <\/p>\n

2.\tEn el caso que concita la atenci\u00f3n de la Corte, la accionante en su condici\u00f3n de secuestre al interior del proceso ejecutivo No. 005-2012-00231, reprocha que la autoridad judicial accionada no hubiese respondido la petici\u00f3n elevada el pasado 14 de septiembre de 2017, a fin se diera tr\u00e1mite a otros memoriales de fecha 2 de abril de 2014, 1 de diciembre de 2015 y 23 de agosto de 2017, relativos a informes de gesti\u00f3n por virtud del cargo desempe\u00f1ado, en especial, los gastos ocasionados por concepto de parqueadero respecto del veh\u00edculo de placa GNR 651 objeto de cautela. <\/p>\n

Frente a dicho cuestionamiento, en primer lugar, resulta preciso se\u00f1alar acorde con la consistente jurisprudencia de esta Sala, en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n

\u2026si bien el se\u00f1or (\u2026) reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la (\u2026) accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n

Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u2018\u2026las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000. Expedientes T-4822 y T-4867, respectivamente)\u201d (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 2012-01784-01). <\/p>\n

Por consiguiente, no es de recibo la pretensi\u00f3n de la actora tendiente a que fuera resuelto el derecho de petici\u00f3n presentado con el fin de obtener el impulso a sus pedimentos netamente procedimentales ante la administraci\u00f3n de justicia, en tanto, no rayan el contenido administrativo que exige el precedente para acceder al resguardo; a tal punto, que el tema de la rendici\u00f3n de cuentas e informes peri\u00f3dicos por el citado auxiliar de la justicia, tiene sus propias regulaciones sustanciales de los c\u00e1nones 2273 y 2276 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como las adjetivas de los art\u00edculos 51 y 591 de la ley 1564 de 2012, debi\u00e9ndose ce\u00f1ir a tales preceptos su tr\u00e1mite y no, por la arista del derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n

3.\tAsimismo, de los cargos y probanzas recaudadas, no se alcanza a vislumbrar un cercenamiento del debido proceso, por la falta de tr\u00e1mite a la petici\u00f3n de la agente, por cuanto la \u00abmora judicial\u00bb como elemento detonante que la produce, se estructura por una carencia de justificaci\u00f3n, es decir, debe ser el resultado de un comportamiento omisivo o ap\u00e1tico, no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetivas y razonables, que para el eventos de autos, encuentra una justificante, en el sentido, de que el Estrado encartado, se encuentra evacuando los procesos en la medida que le fueron remitidos por el Juzgado 6 Civil del Circuito de Cartagena, en cumplimiento de medidas de descongesti\u00f3n, respetando los turnos de ingreso. <\/p>\n

Como se avizora en el caso planteado, no se puede enrostrar un contenido de \u00abmora judicial\u00bb al querellado ante su actuar justificado. En tal sentido se ha dicho que: <\/p>\n

\u2026la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u2026 (sentencia de 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterada 25 de febrero de 2013, exp. 00003-01) (CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00168-02; y CSJ STC, 27 nov. 2013, rad. 2013-00056-01). <\/p>\n

No obstante lo anterior, tras considerar que la tardanza cuestionada por la gestora se encuentra exculpada, de todas maneras, existen t\u00e9rminos perentorios del art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso como imposici\u00f3n a los jueces, a fin emitan sus providencias, que en la medida de lo razonable, el accionado debe observar dentro del proceso ejecutivo campante en este amparo, inclusive, frente a las solicitudes del promotor. <\/p>\n

4.\tSe impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n, con la salvedad hecha a espacio. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Sin embargo, se exhorta al titular del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena para que, con observancia de lo consignado en la parte motiva de esta providencia, en lo subsiguiente y dentro de los par\u00e1metros razonables de su carga laboral, cumpla los t\u00e9rminos del canon 120 de la ley 1564 de 2012 en la emisi\u00f3n de sus providencias, inclusive, frente a las solicitudes presentadas por la promotor de este resguardo. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Presidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

4<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC1422-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2017-00430-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el accionante contra el fallo proferido el 6 de diciembre de 2017 por la Sala Civil – […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101324","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101324","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101324"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101324\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101324"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101324"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101324"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}