{"id":101328,"date":"2026-07-01T17:24:43","date_gmt":"2026-07-01T17:24:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101328"},"modified":"2026-07-01T17:24:43","modified_gmt":"2026-07-01T17:24:43","slug":"stc1426-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1426-2018\/","title":{"rendered":"STC1426-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC1426-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2017-00463-01 <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 4 de diciembre de 2017, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Edith y Mar\u00eda Rosiris Heredia Mac\u00edas contra los Juzgados Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga y Primero Promiscuo Municipal de Baranoa, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los intervinientes en el juicio ordinario n\u00ba 2008-0009. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tObrando en nombre propio, las solicitantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas, con las sentencias de 14 de diciembre de 2009 y 21 de febrero de 2011, en las que acogieron la resoluci\u00f3n de contrato de compraventa reclamada por Fernando Javier Gonz\u00e1lez Silvera en su contra. <\/p>\n

2.\tSe\u00f1alaron, en resumen, que en el memorado pleito se incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho porque se dej\u00f3 de aplicar el \u00abcontrol de legalidad\u00bb en cada etapa procesal, se decret\u00f3 una medida cautelar sobre un inmueble gravado con patrimonio de familia y se llev\u00f3 a cabo la inspecci\u00f3n judicial con perito sin presencia de su apoderado; quien omiti\u00f3 formular excepciones previas y se encontraba sancionado disciplinariamente. <\/p>\n

3.\tPiden, en consecuencia, dejar sin efecto los fallos mencionados (fls. 2, 3 y 9, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. La Juez Primera Promiscuo Municipal de Baranoa defendi\u00f3 su proceder y remiti\u00f3 el expediente en pr\u00e9stamo para ser examinado (fls. 20 y 21, ib\u00eddem). <\/p>\n

2. El Juez Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga se opuso al amparo porque las quejosas se demoraron en interponerlo (fls. 23 y 24 ib.). <\/p>\n

SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n

Neg\u00f3 el resguardo al estimar que no se cumpli\u00f3 con el requisito de inmediatez, dado que las decisiones que se atacan datan del 14 de diciembre de 2009 y 21 de febrero de 2011 (fls. 26 a 29, cd.1).
\nLA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

Las querellantes manifestaron que la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas es continua y actual y por ello sus reclamos pueden ser analizados. Agregaron que los Juzgados debieron integrar el contradictorio con Robinson Pe\u00f1a Sundhein (fls. 37 a 40, ib\u00eddem).
\nCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tCorresponde a la Corte determinar si las autoridades convocadas vulneraron los derechos denunciados al acceder a las pretensiones de la demanda de resoluci\u00f3n de contrato de compraventa de Fernando Javier Gonz\u00e1lez Silvera contra Edith y Mar\u00eda Rosiris Heredia Mac\u00edas. <\/p>\n

2. El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades p\u00fablicas o a los particulares, en las situaciones espec\u00edficamente precisadas en la ley. <\/p>\n

3.\tEn todo caso, la viabilidad de la acci\u00f3n se encuentra supeditada a los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad, entre ellos, el de la inmediatez que, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, impide que \u00e9ste se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00ab (CSJ STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada entre muchas en STC5268-2016, 28 abr. rad. 2016-00048-01). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, a lo que se adiciona que al desatender el comentado principio, la acci\u00f3n de tutela se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros. <\/p>\n

N\u00f3tese que la actual demanda constitucional la impetraron las actoras el 7 de noviembre de 2017 (fl. 4, cd.1), esto es, m\u00e1s de seis a\u00f1os desde que se emiti\u00f3 el referido pronunciamiento, lo cual supera el t\u00e9rmino razonable y prudencial destacado por la jurisprudencia de esta Sala para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales y sin que exista manifestaci\u00f3n o prueba que justifique su tardanza para acudir a la acci\u00f3n con la prontitud requerida. <\/p>\n

4. \tFinalmente, si en criterio de las accionantes el abogado que las represent\u00f3 en el pleito civil obr\u00f3 con negligencia o desatendi\u00f3 sus deberes profesionales, est\u00e1n facultadas para denunciar tal situaci\u00f3n ante las autoridades disciplinarias respectivas. Ante eventos como el anterior, esta Corte ha indicado: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) en relaci\u00f3n con las afirmaciones efectuadas referentes a una inadecuada defensa t\u00e9cnica, tal situaci\u00f3n no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues, (\u2026) seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas (\u2026). No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente (\u2026) por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado (\u2026) (subrayado en texto)\u00bb (CSJ. STC, 22 en. 1999, rad. 05715, reiterado STC4850-2017, 5 ab. rad. 00772-00). <\/p>\n

5. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para confirmar el fallo impugnado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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