{"id":101335,"date":"2026-07-01T17:25:58","date_gmt":"2026-07-01T17:25:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101335"},"modified":"2026-07-01T17:25:58","modified_gmt":"2026-07-01T17:25:58","slug":"stc1434-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1434-2018\/","title":{"rendered":"STC1434-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1434-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2017-00604-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 5 de diciembre de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Camilo Andr\u00e9s Rinc\u00f3n Espinosa contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, fueron vinculados al tr\u00e1mite el Juzgado Cuarto Civil Municipal de esa misma capital, y las partes del proceso verbal radicado 2014-00450-01. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl solicitante, actuando en su propio nombre, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad jurisdiccional convocada. <\/p>\n

2.\tRelat\u00f3 que el 29 de abril de 2011, compr\u00f3 en la empresa \u00abDistribuidora Nissan S.A.\u00bb, un veh\u00edculo automotor l\u00ednea \u00abTiida\u00bb por la suma de $29\u2019900.000., sin embargo, la concesionaria, el 13 de mayo siguiente hizo entrega del autom\u00f3vil a otra persona \u00abdesconociendo qui\u00e9n era el verdadero comprador\u00bb, raz\u00f3n por la cual demand\u00f3 la validez de lo suscrito a trav\u00e9s de proceso verbal de resoluci\u00f3n de contrato, asunto que conoci\u00f3 el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Ibagu\u00e9, que el 27 de marzo de 2017 acogi\u00f3 las pretensiones, decisi\u00f3n que apelada la revoc\u00f3 el Juzgado Tercero Civil del Circuito en sentencia de 1\u00ba de junio de 2017. <\/p>\n

Cuestion\u00f3 esta \u00faltima determinaci\u00f3n al considerarla v\u00eda de hecho, pues alega que el juez de segunda instancia decidi\u00f3 \u00absin tener en cuenta las pruebas existentes y sustentando que existe un tercero legitimado para la entrega del veh\u00edculo y afirmando que existe una persona autorizada para recibir dicho bien, lo cual no es cierto\u00bb, adem\u00e1s, pese a que la prueba principal que alude a la \u00absupuesta autorizaci\u00f3n\u00bb se tach\u00f3 de falsa, \u00abno fue tomada en cuenta por extempor\u00e1nea\u00bb; asimismo reclam\u00f3 que tampoco realiz\u00f3 una adecuada valoraci\u00f3n probatoria de dos testigos esenciales, uno de ellos a quien le fue entregado el veh\u00edculo. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia pretende que se ordene, \u00ab(\u2026) declarar la nulidad de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 el 1\u00ba de junio de 2017 dentro del proceso (\u2026) 2014-00450 dentro del proceso verbal Resoluci\u00f3n de Contrato de compraventa (\u2026)\u00bb (ff. 1 a 13, cd.1).
\nRESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n

1.\tLa Juez Cuarta Civil Municipal de Ibagu\u00e9, se opuso a la prosperidad de la demanda de tutela porque al dirigirse el amparo contra una sentencia judicial no se cumplen los estrictos requisitos para su procedencia (ff. 86 y 87, ib\u00eddem). <\/p>\n

2.\tEl Juez Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, sostuvo que la tutela desconoce el principio de inmediatez dado que \u00aba la fecha han transcurrido casi 6 meses de proferida la decisi\u00f3n de segunda instancia que es objeto de censura (\u2026)\u00bb (f. 91, ib.). <\/p>\n

SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n

Neg\u00f3 la salvaguarda al concluir que el pronunciamiento reprochado fue razonable y se ajust\u00f3 al contenido de las normas procedimentales aplicables al caso, y la valoraci\u00f3n de las pruebas no se estima caprichosa; al respecto precis\u00f3 que, \u00ablos cuestionamientos realizados a la mentada providencia carecen de fuerza para la conducencia del amparo deprecado, en primer t\u00e9rmino porque el Despacho accionado realiz\u00f3 un estudio de los medios probatorios que reposan en el proceso y en segundo lugar porque la discrepancia en cuanto a la valoraci\u00f3n otorgada a los testimonios (\u2026) no conducen a se\u00f1alar que en el presente asunto se configura una vulneraci\u00f3n al debido proceso\u00bb (ff. 94 a 99, cd.1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el querellante, reiterando los argumentos del escrito inicial, al insistir que \u00abel juez de segunda instancia no tuvo en cuenta la regla dentro de la libre apreciaci\u00f3n de la prueba, en cuanto a la valoraci\u00f3n en conjunto, sana cr\u00edtica y reglas de la experiencia en lo concerniente a lo testificado por Germ\u00e1n Alberto Duarte y Sandra Lucero Ocampo, como tambi\u00e9n se omiti\u00f3 tener en cuenta las piezas del proceso penal que est\u00e1n agregados al proceso que demuestran que existe una falsedad en cuanto a mi firma en el documento en que se excusa el demandado para haber entregado el veh\u00edculo por mi negociado\u00bb (ff. 104 a 118, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tLa jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia atacada no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n

2.\tEn el presente caso, el actor acude a la tutela al considerar transgredidas las prerrogativas que invoca, con ocasi\u00f3n de la sentencia de segundo grado que le fue adversa, proferida en el juicio verbal de resoluci\u00f3n de contrato de compraventa, fuente de su reclamo. <\/p>\n

Desde ya, es menester indicar que la Sala, a partir del examen de lo aportado a la actuaci\u00f3n y de los argumentos en que el promotor funda su inconformidad contra la providencia del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, no advierte la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental suplicado, pues dicha decisi\u00f3n se aprecia razonable y motivada. <\/p>\n

En efecto, colige esta instancia, que la determinaci\u00f3n adoptada por el accionado se bas\u00f3 en un respetable an\u00e1lisis de las pruebas obrantes en la actuaci\u00f3n, respecto de las cuales indic\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el vendedor demandado s\u00ed cumpli\u00f3 su obligaciones de entregar materialmente el veh\u00edculo automotor al comprador puesto que fue recibido por un tercero legitimado por este para tal fin. <\/p>\n

Tenemos c\u00f3mo se encuentra probado que se celebr\u00f3 un contrato de compraventa entre las partes procesales sobre un veh\u00edculo automotor; se encuentra probado que se produjo la entrega material a un tercero; que tambi\u00e9n se encuentra probado que ese tercero estaba autorizado para recibir por el comprador el veh\u00edculo objeto del contrato; que existi\u00f3 la confianza leg\u00edtima que le gener\u00f3 el comprador y que recibi\u00f3 materialmente el veh\u00edculo en las negociaciones al vendedor. <\/p>\n

Qu\u00e9 no se prob\u00f3: Que el tercero que recibi\u00f3 el veh\u00edculo fuera totalmente ajeno a la relaci\u00f3n negocial. Siendo de esa forma si se hubiere podido establecer que era ajeno y por el contrario no se hubiere probado lo que se acaba de enunciar, el sentido del fallo hubiera sido otro, pero en este caso en concreto se present\u00f3 la situaci\u00f3n que se acaba de mencionar seg\u00fan esas premisas. <\/p>\n

Hay que tener en cuenta primero el documento aportado en copia con la contestaci\u00f3n de la demanda. El C\u00f3digo de Procedimiento Civil habla o menciona en el art\u00edculo 276, sobre reconocimiento impl\u00edcito, dice: la parte que aporta al proceso un documento privado en original o en copia reconoce con ello su autenticidad y no podr\u00e1 impugnarlo excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. <\/p>\n

Existe tambi\u00e9n reconocimiento impl\u00edcito en el caso contemplado en el numeral 3 del art\u00edculo 252, que establece que \u201cdocumento autentico es aut\u00e9ntico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento p\u00fablico se presume aut\u00e9ntico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad. (\u2026) numeral 3\u00ba. Si habi\u00e9ndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opone, \u00e9sta no lo tach\u00f3 de falso oportunamente, o los sucesores del causante a quien se atribuye dejaren de hacer la manifestaci\u00f3n contemplada en el inciso segundo del art\u00edculo\u00a0289\u201d. <\/p>\n

Por su parte el C\u00f3digo General del Proceso fue m\u00e1s amplio dejando m\u00e1s clara la situaci\u00f3n contemplada sobre los documentos privados estableciendo en el art\u00edculo 294 que \u201ces aut\u00e9ntico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. Los documentos p\u00fablicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducci\u00f3n de la voz o de la imagen, se presumen aut\u00e9nticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, seg\u00fan el caso. Tambi\u00e9n se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposici\u00f3n del derecho en litigio y los poderes en caso de sustituci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

La tacha que fue propuesta fue negada por extempor\u00e1nea, decisi\u00f3n que se mantuvo al resolver el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la parte actora. Entonces tenemos que tanto el C\u00f3digo de Procedimiento Penal como en el C\u00f3digo General del Proceso, este documento tendr\u00eda un valor en materia procedimental, ya que este documento aportado en copia que contiene la autorizaci\u00f3n dada por el comprador demandante al se\u00f1or German Duarte para recibir el veh\u00edculo es aut\u00e9ntico y por lo tanto se le debe dar pleno valor probatorio. <\/p>\n

(\u2026) Existe entonces un documento aportado en la contestaci\u00f3n de la demanda que no fue tachado, al que no se opusieron en su oportunidad, en el cual se autoriza por parte del comprador demandante al se\u00f1or Germ\u00e1n Duarte para recibir el veh\u00edculo de placas DEX713. <\/p>\n

Tanto el comprador demandante como el se\u00f1or German Duarte se presentaron de manera conjunta en las negociaciones del veh\u00edculo objeto de la compraventa creando una confianza leg\u00edtima en el vendedor de que se negociaba con cualquiera de ellos o los dos tal como se demostraba en las diferentes pruebas, tanto testimoniales como interrogatorios de partes, las partes nunca desconocieron, y los testigos dan fe de ello, que se presentaban los dos hacer el respectivo negocio con la concesionaria demandada. <\/p>\n

Se encuentra demostrado entonces que el se\u00f1or GERMAN DUARTE no era ajeno a la relaci\u00f3n negocial existente entre las partes en litigio y que por el contrario fue autorizado de manera expresa y por aquiescencia t\u00e1cita del comprador demandante, otorg\u00e1ndole una autorizaci\u00f3n por escrito, y adem\u00e1s al crearle una confianza leg\u00edtima al vendedor, no sin antes decir que en cuanto la parte si tiene el deber de exigir un requisito adicional frente a la autorizaci\u00f3n dada, pues ya dejamos claro que en t\u00e9rminos generales es una manifestaci\u00f3n de la voluntad libre (\u2026) en cuanto a la comunicaci\u00f3n y forma de legitimar a la otra parte, (\u2026) no atendiendo una exigencia legal al otorgarlo de otra manera porque en t\u00e9rminos generales es de forma libre, a diferencia con el apoderamiento judicial, que es la excepci\u00f3n, no es la regla, en el cual debe hacerlo por un documento reconocido autenticado o en su defecto dentro de la audiencia, el cual pues deber\u00e1 constar incluso en el acta respectiva es decir es de solemnidad pero es de car\u00e1cter excepcional. <\/p>\n

(…) tampoco es concebible que la parte a pesar de que se diga que vende veh\u00edculos automotores se le tenga que exigir una autorizaci\u00f3n reconocida por ejemplo ante notario toda vez que fueron las mismas partes las que se encargaron de crearle esa confianza leg\u00edtima a la vendedora de que realmente se estaba haciendo el negocio con uno y con el otro entendible en ese caso que se muestre una autorizaci\u00f3n de una persona que siempre la ha acompa\u00f1ado que siempre ha estado pendiente del asunto pues que le hace sospechar de que la autorizaci\u00f3n no es de la persona que es y t\u00e9ngase en cuenta que este documento no fue tachado y no fue controvertido dentro del proceso como quedo visto y qued\u00f3 se\u00f1alado al interior en esta providencia. <\/p>\n

(…) Aqu\u00ed no hay discusi\u00f3n si existi\u00f3 una compraventa entre la demandante y la demandada porque eso est\u00e1 plenamente establecido tampoco se tiene que discutir si realmente se le hicieron los papeles como dice la gente en registro a la parte compradora, el punto que se centra aqu\u00ed es si hubo entrega material cosa que incluso ya est\u00e1 probado que hubo entrega material el punto en \u00faltimas se centra a si esa persona que recibi\u00f3 actuaba a nombre del comprador (\u2026)\u00bb (Disco compacto \u2013 video \u00abSentencia (Segunda instancia) Rad.2014-450\u00bb \u2013 f. 81, ib.) <\/p>\n

Ahora, como n\u00edtidamente puede observarse, el juez acusado retom\u00f3 cada uno de los elementos persuasivos allegados y les otorg\u00f3 el alcance demostrativo que seg\u00fan su criterio era menester conferirles, sin que dicho ejercicio se muestre inconsulto o irracional y en todo caso distante de edificar v\u00eda de hecho. <\/p>\n

Sobre la v\u00eda de hecho originada en valoraci\u00f3n probatoria ha reiterado la Corte: <\/p>\n

\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n

Adem\u00e1s, lo que en rigor se aprecia de lo planteado por el tutelante es sencillamente una diferencia de criterio acerca de la manera como el Juez de segunda instancia le otorg\u00f3 validez a la autorizaci\u00f3n presentada por Germ\u00e1n Alberto Duarte Aldana ante la Comercializadora Nissan para retirar el veh\u00edculo objeto del contrato pese a haber sido tachada esta de falsa, sin embargo, olvid\u00f3 que esa objeci\u00f3n fue desestimada por extempor\u00e1nea. <\/p>\n

3.\tEn conclusi\u00f3n, se itera, la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, desfasada o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose, como ya se indic\u00f3 la presencia de una v\u00eda de hecho, por lo tanto, la queja del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional, m\u00e1xime cuando en ese sentido profusamente ha se\u00f1alado la Corte: <\/p>\n

\u00abEntonces, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis acogida por esa autoridad, esa divergencia, per se, no es motivo para calificar sus decisiones como configurativas de v\u00eda de hecho, porque reiteradamente se ha dicho que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; CSJ STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y CSJ STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01 entre otras). <\/p>\n

4.\tCorolario de lo discurrido, se impone confirmar el fallo de origen. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC1434-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2017-00604-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101335","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101335","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101335"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101335\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101335"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101335"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101335"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}