{"id":101337,"date":"2026-07-01T17:26:21","date_gmt":"2026-07-01T17:26:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101337"},"modified":"2026-07-01T17:26:21","modified_gmt":"2026-07-01T17:26:21","slug":"stc1436-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1436-2018\/","title":{"rendered":"STC1436-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC1436-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-02015-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, el 30 de noviembre de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Josel\u00edn S\u00e1nchez Pedraza contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Penal, La Fiscal\u00eda 98 Seccional y el Juzgado Quince Penal del Circuito de Bogot\u00e1, fueron vinculados al tr\u00e1mite las partes e intervinientes en el proceso penal radicado 2006-04865. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

2.\tRelat\u00f3 que el 21 de marzo de 2012 compr\u00f3 en \u00abVehicolda Ltda\u00bb un veh\u00edculo de servicio p\u00fablico tipo taxi de placas VDO346, con cupo para trabajarlo y todos los documentos aparentemente en regla. Luego de un tiempo de transitar por la ciudad sin inconvenientes recibi\u00f3 por parte de la empresa donde lo adquiri\u00f3 una citaci\u00f3n para comparecer a un Juzgado Penal \u00abcon el fin de solucionar alg\u00fan inconveniente del veh\u00edculo\u00bb. <\/p>\n

Refiri\u00f3 que posteriormente la compa\u00f1\u00eda le asegur\u00f3 que \u00abno se preocupara que ya todo estaba solucionado con la se\u00f1ora que se hab\u00eda presentado el problema [y] que de persistir el inconveniente me cambiar\u00edan el taxi\u00bb. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que luego se enter\u00f3 que la se\u00f1ora Magnolia Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez denunci\u00f3 la venta fraudulenta del cupo de funcionamiento de un taxi de su propiedad, asunto que se le imput\u00f3 a Germ\u00e1n Adriano Cabrejo C\u00e1rdenas, quien sali\u00f3 absuelto por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 el 9 de junio de 2017, empero resolvi\u00f3 que el cupo del taxi ser\u00eda \u00abreestablecido o devuelto al (\u2026) identificado con las placas SGL681 de propiedad de la se\u00f1ora Magnolia Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez, de quien se indica le fue despojado il\u00edcitamente (\u2026)\u00bb. Esta decisi\u00f3n fue confirmada el 6 de octubre de 2017 por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en segunda instancia. <\/p>\n

Afirm\u00f3 que desconoce la procedencia del cupo que le fue vendido, y que confi\u00f3 en la empresa porque se trata de un establecimiento comercial reconocido y abierto al p\u00fablico, pero la acusa \u00abde aprovecharse de [su] buena fe y patrimonio (\u2026) situaci\u00f3n que puede estar comprometiendo tanto la responsabilidad penal del personal de esta empresa como la del propio Cabrejo C\u00e1rdenas\u00bb; destac\u00f3 que, pese a que se enter\u00f3 del proceso judicial, ni el Juzgado ni la Fiscal\u00eda lo citaron a comparecer en calidad de v\u00edctima del fraude investigado. <\/p>\n

3.\tPor lo anterior pide se deje sin efectos el procedimiento cumplido en primera y segunda instancia, para que las autoridades judiciales rehagan la actuaci\u00f3n con la comparecencia de todos los involucrados (ff. 1 a 12, cd.1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 a trav\u00e9s del Magistrado Ponente de la decisi\u00f3n cuestionada, indic\u00f3 que el 16 de agosto de 2017 en segunda instancia confirm\u00f3 la sentencia absolutoria dentro del juicio que se le sigui\u00f3 a Germ\u00e1n Adriano Cabrejo C\u00e1rdenas por los delitos de fraude procesal y falsedad documental. <\/p>\n

Sobre el quejoso, precis\u00f3 que no hizo parte de la actuaci\u00f3n y precis\u00f3 que \u00abluego si bien el aqu\u00ed accionante no fue reconocido como v\u00edctima (\u2026) no se trata de una situaci\u00f3n atribuible a esta Corporaci\u00f3n, puesto que el interesado pudo hacerse parte del proceso en la oportunidad que correspond\u00eda y sin embargo no lo hizo, sumado a que determina de forma clara los motivos de su inactividad\u00bb <\/p>\n

Agreg\u00f3 que el accionante \u00abno se constituy\u00f3 como v\u00edctima en la etapa procesal pertinente y, por ello, le est\u00e1 vedado acudir a la acci\u00f3n de tutela para suplantar los mecanismos de defensa ordinarios de los que, voluntariamente, no hizo uso\u00bb (ff. 356 a 358, ib\u00eddem). <\/p>\n

FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n

Desestim\u00f3 la salvaguarda pretendida al concluir que no vislumbra vulneraci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales reclamados atribuibles al Tribunal accionado, por cuanto \u00ab(\u2026) el demandante pudo constituirse como v\u00edctima dentro de la actuaci\u00f3n penal que deriv\u00f3 en la sentencia que ahora cuestiona, pero no lo hizo (\u2026) el art\u00edculo 137 de la Ley 906 de 2004 se\u00f1ala que las v\u00edctimas del injusto tienen el derecho a intervenir en todas las fases de la actuaci\u00f3n penal, con el prop\u00f3sito de asegurar los principios de verdad, justicia y reparaci\u00f3n. Por otra parte, el art\u00edculo 340 de la misma normativa establece que durante la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n se determinar\u00e1 la condici\u00f3n de v\u00edctima y se reconocer\u00e1 su representaci\u00f3n legal, para garantizar el ejercicio de sus derechos a partir de la audiencia preparatoria del juicio oral (\u2026) por tanto, no tiene inter\u00e9s para cuestionar las decisiones adoptadas por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 con Funci\u00f3n de Conocimiento y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad\u00bb. <\/p>\n

Finaliz\u00f3 indicando que el peticionario cuenta con la posibilidad de \u00abpresentar una demanda de responsabilidad civil extracontractual y, por esa v\u00eda, reclamar la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios que le fueron causados por parte de Veh\u00edcolda Ltda\u00bb (ff. 382 a 388, cd.1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

Inconforme el actor manifiesta que la Sala a quo no puede atribuirle responsabilidad por no haber actuado dentro del proceso toda vez que \u00abdesconoc\u00eda completamente de la existencia de este proceso, y en virtud de ello no puede se\u00f1al\u00e1rseme por no haber actuado en algo que no ten\u00eda conocimiento\u00bb (ff. 396 a 348, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tCuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica creara la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de los ciudadanos. <\/p>\n

Acorde con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, estableci\u00f3 como causal de improcedencia, la de disponer el interesado de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara de forma provisional para evitar un da\u00f1o que no pudiera corregirse, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos instrumentos ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

2.\tEn el presente asunto, el accionante, alegando su condici\u00f3n de v\u00edctima o tercero de buena fe, pretende que se ampare su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Juzgado Quince Penal del Circuito de Bogot\u00e1 y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Penal, por no haberlo convocado, en la calidad requerida, al juicio que se sigui\u00f3 contra el ciudadano Germ\u00e1n Adriano Cabrejo C\u00e1rdenas (radicado 11001-60-000-49-2006-04865), en el cual fue absuelto del delito de fraude procesal y se declar\u00f3 la prescripci\u00f3n del il\u00edcito de falsedad documental. <\/p>\n

Insistentemente arguye que desconoci\u00f3 el tr\u00e1mite penal rese\u00f1ado y por lo tanto, no solo no cont\u00f3 con la posibilidad de solicitar su reconocimiento en aquel como afectado de las conductas investigadas sino que perdi\u00f3 la oportunidad de rebatir las decisiones que all\u00ed se tomaron, concretamente la que dispuso la devoluci\u00f3n del cupo de operaciones a su propietaria original \u2013 Magnolia Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez \u2013 denunciante \u2013 el mismo que compr\u00f3 sin conocer su procedencia a la empresa Vehicolda Ltda.
\n3.\tDel recuento f\u00e1ctico se vislumbra claramente que el actor acusa de los perjuicios que le representan las determinaciones adoptadas por la jurisdicci\u00f3n penal respecto del cupo de operaci\u00f3n de su taxi, directamente a la empresa antes mencionada, lugar donde lo adquiri\u00f3 de buena fe, desconociendo su procedencia. <\/p>\n

Teniendo en cuenta ello, resulta indudable que la presunta afectaci\u00f3n derivar\u00eda, eventualmente, de la relaci\u00f3n contractual que sostuvo con Vehicolda Ltda., m\u00e1s no de manera espec\u00edfica de las conductas atribuidas a Germ\u00e1n Adriano Cabrejo C\u00e1rdenas, de las que dicho sea de paso result\u00f3 absuelto. <\/p>\n

En ese contexto, sabido es que la tutela no se torna viable cuando el demandante tuvo o tiene a su alcance otros instrumentos o v\u00edas judiciales ordinarias a las que pueda acudir a reclamar sus pretensiones y, en consecuencia, la protecci\u00f3n de los derechos que estima vulnerados, lo cual impide acudir con \u00e9xito a esta acci\u00f3n de amparo, dado su apuntado car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n

Al respecto esta Sala en precedencia ha dicho: <\/p>\n

\u00abLa acci\u00f3n de tutela es un mecanismo extraordinario, instituido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que estos se tornen ineficaces y el amparo sea utilizado como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irreparable. <\/p>\n

An\u00e1logamente y en consonancia con la regla anterior, se ha predicado tambi\u00e9n que esta acci\u00f3n constitucional no procede, en principio, contra actos de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto, al igual que contra actos administrativos de car\u00e1cter particular y concreto, habida cuenta que su control de legalidad est\u00e1 atribuido a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, a trav\u00e9s de las acciones pertinentes\u00bb (CSJ STC, 5 oct. 2010, Rad. 00087-01, citada, entre otras, en STC16437-2015, STC726-2016 y STC12203-2016). <\/p>\n

4.\tEn consecuencia, verificada entonces la posibilidad que tiene a su alcance el peticionario para reclamar por otras v\u00edas judiciales las pretensiones que aqu\u00ed formula, no existe alternativa diferente que la de negar la salvaguarda, aunado a que no se avizora la producci\u00f3n de un perjuicio irremediable, por cuanto no est\u00e1n satisfechas las caracter\u00edsticas de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad, las cuales otorgan viabilidad para amparar como mecanismo transitorio. <\/p>\n

5.\tCorolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la sentencia impugnada, por las puntuales razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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