{"id":101342,"date":"2026-07-01T17:26:57","date_gmt":"2026-07-01T17:26:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101342"},"modified":"2026-07-01T17:26:57","modified_gmt":"2026-07-01T17:26:57","slug":"stc1441-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1441-2018\/","title":{"rendered":"STC1441-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC1441-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2017-00883-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 30 de noviembre de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Eduardo Ortiz Rodr\u00edguez contra el Juzgado Treinta y Dos de Familia y la Comisar\u00eda Once de Familia ambos de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso de Medida de Protecci\u00f3n por Violencia Intrafamiliar n\u00ba 265-2014. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tActuando en su propio nombre, el solicitante reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, dignidad humana y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas al imponer sanciones por desacato y como consecuencia ordenar su \u00abdetenci\u00f3n en centro de reclusi\u00f3n por 6 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n

2. En s\u00edntesis, expuso que en \u00abrepresalia\u00bb a la denuncia que \u00e9l promoviera contra Geraldin G\u00f3mez por el maltrato f\u00edsico y psicol\u00f3gico que ella le propinaba a sus dos menores hijos comunes, ante la Comisar\u00eda de Familia de Suba se adelant\u00f3 incidente de desacato a una medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar, dicha entidad \u00abme conden\u00f3 a pagar una sanci\u00f3n de 2 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, a pesar de que los hechos (\u2026) no eran ciertos\u00bb. <\/p>\n

Adujo que tras haber apelado esa resoluci\u00f3n, el funcionario judicial a quien se le asign\u00f3 revisar su caso, \u00abemiti\u00f3 fallo el 6 de abril de 2017, confirmando la decisi\u00f3n adoptada por la Comisar\u00eda\u00bb, por lo que acudi\u00f3 ante esa entidad \u00abpara que me dieran oportunidades de pago\u00bb, pero la respuesta recibida fue \u00abque si no pagaba me mandaban a la c\u00e1rcel\u00bb. <\/p>\n

Asever\u00f3 que al no haber podido pagar la multa, ya que \u00abadem\u00e1s de injusta afecta mis condiciones econ\u00f3micas\u00bb dado que \u00abpor mi condici\u00f3n de vendedor ambulante tengo muy pocos ingresos\u00bb, el 1\u00ba de noviembre de 2017 el Juzgado Treinta y Dos de Familia de Bogot\u00e1 la convirti\u00f3 en arresto por 6 d\u00edas, que de materializarse repercutir\u00e1 en la posibilidad \u00abde ayudarles econ\u00f3micamente a mis hijos\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que debido a la medida de protecci\u00f3n en comento, \u00abllevo casi un a\u00f1o\u00bb sin ver a sus hijos, pese a que para tal prop\u00f3sito ha solicitado la intervenci\u00f3n de la Comisar\u00eda de Familia, y a que contra la madre de ellos \u00abexisten 3 quejas formuladas ante el Bienestar Familiar (\u2026) por agresiones f\u00edsicas, verbales y psicol\u00f3gicas\u00bb. <\/p>\n

3. De la demanda tutelar se infiere que por esta v\u00eda pretende se invalide la resoluci\u00f3n que impuso sanci\u00f3n por desacato a la medida de protecci\u00f3n, y consecuencialmente la orden de arresto \u00abal no haber valorado las pruebas\u00bb allegadas ante las autoridades accionadas (fls. 32 a 37, cd. 1). <\/p>\n

1. La Comisaria Once de Familia de Bogot\u00e1, refiri\u00f3 que por violencia intrafamiliar en su Despacho se adelanta tanto la dirigida contra el ac\u00e1 accionante (rad. 265-2014), como la actuaci\u00f3n contra Geraldine G\u00f3mez (rad. 029-2017), en la que tambi\u00e9n se impuso medida de protecci\u00f3n a favor de los hijos comunes a la pareja, dijo que la sanci\u00f3n por incumplimiento que afecta al querellante, obedece a que se constat\u00f3, inclusive con su confesi\u00f3n, que continu\u00f3 agrediendo verbalmente a la se\u00f1ora G\u00f3mez en presencia de los menores, y que esa decisi\u00f3n fue consultada ante el Juez de Familia quien la confirm\u00f3. Acot\u00f3 que la conversi\u00f3n de la multa en arresto, se ajust\u00f3 a lo previsto en la Ley 575 de 2000, y que esa autoridad no ha ignorado las solicitudes que el quejoso ha elevado respecto de las visitas a sus hijos, pues en prove\u00eddo del 19 de enero de 2017, \u00e9stas fueron restringidas para garantizar \u00abla tranquilidad, seguridad y bienestar\u00bb de los ni\u00f1os (fls. 123 a 126, ib\u00eddem).
\n2. La Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Secretar\u00eda Distrital de Integraci\u00f3n Social de la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1, se atuvo a lo que al respecto se pronunciara la Comisar\u00eda de Familia accionada (fl. 127, ib\u00edd.). <\/p>\n

3. La Juez Treinta y Dos de Familia de esta ciudad no se refiri\u00f3 a los hechos y pretensiones de la demanda tutelar, limit\u00e1ndose, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda, a remitir el expediente al Tribunal, en calidad de pr\u00e9stamo (fl. 136, \u00eddem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Neg\u00f3 el auxilio aduciendo que el cuestionado tr\u00e1mite procesal \u00abse surti\u00f3 (\u2026) respetando todos los derechos del accionante, en el que, adem\u00e1s, se adujeron las pruebas necesarias para demostrar la agresi\u00f3n, entre las cuales est\u00e1n la confesi\u00f3n (\u2026) y la entrevista que se hizo al hijo com\u00fan [de las partes]\u00bb; sobre la conversi\u00f3n de la multa en arresto, indic\u00f3 que la misma \u00abse aviene a los lineamientos legales, y no obedece sino a la finalidad que tuvo la expedici\u00f3n de la ley contra la violencia intrafamiliar\u00bb, consistente en evitar que \u00abquienes resulten sancionados pecuniariamente no puedan refugiarse en la falta de recursos, para continuar agrediendo a los miembros de su entorno m\u00e1s cercano\u00bb (fls. 141 a 146, cd. 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso el accionante para insistir en que con la orden de arresto se violan sus derechos fundamentales, protegidos por la Carta Pol\u00edtica y los tratados internacionales, principalmente porque tales normas proh\u00edben la detenci\u00f3n \u00abpor deudas\u00bb, y tambi\u00e9n porque no se sigui\u00f3 un juicio ante la autoridad penal competente, realizando \u00abun real valoraci\u00f3n de los hechos y las pruebas\u00bb. Finalmente, insisti\u00f3 en que la Comisar\u00eda ha desconocido las denuncias presentadas contra la madre de sus hijos, que no ha podido verlos ni saber en qu\u00e9 condiciones se encuentran, y que ello tambi\u00e9n es del conocimiento del Juez que aval\u00f3 las sanciones objeto de reproche (fls. 160 a 163, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. En el presente asunto corresponde a la Sala establecer si el Juzgado Treinta y Dos de Familia de Bogot\u00e1, al desatar el grado jurisdiccional de consulta respecto de la resoluci\u00f3n proferida por la Comisar\u00eda Once de Familia el 20 de enero de 2017, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas en tanto confirm\u00f3 la sanci\u00f3n pecuniaria impuesta por incumplimiento a una medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar (rad. 265-2014), y posteriormente, tras avalar la conversi\u00f3n de la multa en arresto, imparti\u00f3 la orden para hacer efectiva su detenci\u00f3n y reclusi\u00f3n en centro carcelario. <\/p>\n

Lo anterior porque si bien el reclamo tambi\u00e9n se dirige contra las determinaciones de la autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales, el an\u00e1lisis se circunscribir\u00e1 a las de segunda instancia, esto es, a las providencias dictadas por el mencionado Juzgado de Familia el 6 de abril de 2017 (fls. 56 a 58, ib\u00edd.), y el 1\u00b0 de noviembre de la misma anualidad (fls. 26 a 28, \u00eddem), por corresponder a las que, en su orden, definieron los puntuales aspectos que son materia de debate en esta sede excepcional. <\/p>\n

Esto, porque la jurisprudencia constitucional de esta Corporaci\u00f3n ha dicho que \u00abes inane detenerse\u00bb en el estudio de la decisi\u00f3n inicial, comoquiera que \u00e9sta \u00abal haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC4104-2017, 23 mar. 2017, rad. 01753-01, y STC10869-2017, 25 jul. 2017, rad. 01406-01, entre otras). <\/p>\n

2. Adem\u00e1s, debe tenerse presente que la reiterada jurisprudencia de esta Corte ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario profiera alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada en STC20627-2017, 7 dic. 2017, rad. 00462-01, entre otras). <\/p>\n

3. Bajo las anteriores premisas, atendidos los argumentos de la queja constitucional y previa revisi\u00f3n de las piezas procesales correspondientes, la Corte respaldar\u00e1 la sentencia desestimatoria del amparo, habida cuenta que no se advierte defecto espec\u00edfico de procedibilidad capaz de quebrantar las decisiones cuestionadas, pues no se vislumbra que puedan dar como resultado la manifestaci\u00f3n de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del orden jur\u00eddico, sino que, por el contrario, obedecen a un criterio jur\u00eddicamente razonable, por cuanto: <\/p>\n

3.1. Ciertamente, la Sala encuentra que para confirmar la resoluci\u00f3n proferida por la Comisaria Once de Familia el 20 de enero de 2017 (fls. 53 a 55, ib.), el Juzgado Treinta y Dos de Familia, aqu\u00ed accionado, al verificar el cumplimiento de las formas que al tenor de la normativa aplicable deben seguirse en este tipo de asuntos, no encontr\u00f3 afectaci\u00f3n a las garant\u00edas procesales que deben brindarse y efectivamente otorgarse a las partes, revis\u00f3 las pruebas y concluy\u00f3 que el se\u00f1or Ortiz Rodr\u00edguez no acat\u00f3 la medida que en protecci\u00f3n de su ex pareja e hijos menores se hab\u00eda impuesto. <\/p>\n

Para ello destac\u00f3 que habi\u00e9ndose ordenado por la Comisar\u00eda de Familia que el all\u00ed querellado deb\u00eda abstenerse \u00abde agredir f\u00edsica, verbal o psicol\u00f3gicamente a GERALDINE G\u00d3MEZ RODR\u00cdGEZ\u00bb, el 31 de diciembre de 2016 se dirigi\u00f3 a ella \u00abcon palabras soeces\u00bb, y que de ese y otros comportamientos insultantes, dieron cuenta los medios de prueba adosados al expediente, destacando de ellos la entrevista realizada a uno de los hijos menores de edad, y la declaraci\u00f3n de parte rendida por el se\u00f1or Ortiz Rodr\u00edguez, quien \u00abacept\u00f3 haberle dicho groser\u00edas e incluso agredirla\u00bb, y que en tal virtud se hac\u00eda merecedor de la \u00abmulta de dos (2) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, convertibles en arresto\u00bb. <\/p>\n

Sobre ese particular, recu\u00e9rdese que el incumplimiento a una medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar, cuando es por primera vez se sanciona con multa de 2 a 10 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, convertibles en arresto, y si en el plazo de dos a\u00f1os hay reincidencia, procede el arresto de entre 30 y 45 d\u00edas (art\u00edculo 7\u00ba de la ley 294 de 1996, modificada por el canon 4\u00ba de la ley 575 de 2000), de donde se deduce que la imposici\u00f3n de multa equivalente a dos (2) de dichos salarios, en este caso corresponde a una tasaci\u00f3n ajustada a derecho. <\/p>\n

3.2. Frente al otro aspecto por el que disiente el querellante, esto es, la conversi\u00f3n de la multa en arresto, es menester que la Sala reitere que comprende una consecuencia jur\u00eddica de la no soluci\u00f3n mediante el pago de la sanci\u00f3n pecuniaria establecida por desacato, la cual, seg\u00fan el art\u00edculo 7\u00b0 de la ley 294 de 1996, modificado por el precepto 4\u00ba de la Ley 575 de 2000, \u00abse adoptar\u00e1 de plano mediante auto que s\u00f3lo tendr\u00e1 recursos de reposici\u00f3n, a raz\u00f3n de tres (3) d\u00edas por cada salario m\u00ednimo\u00bb. Resalta la Sala. <\/p>\n

Para llegar a la orden judicial es necesario advertir que seg\u00fan la documentaci\u00f3n allegada al expediente, una vez obtenida la confirmaci\u00f3n judicial de la sanci\u00f3n pecuniaria, la Comisar\u00eda de Familia cit\u00f3 al sancionado para ponerle en conocimiento tal decisi\u00f3n y hacerle entrega de la respectiva orden de pago (fls. 59 y 60, cit.), y conforme a auto del 4 de agosto de 2017, llev\u00f3 a cabo la notificaci\u00f3n correspondiente para que se acreditara el pago en el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas (fls. 61 reverso y 62, cd. 1), por lo que al vencerse el plazo sin recaudo alguno, el 12 de septiembre de 2017 remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n al Juzgado para que emitiera la orden de arresto, sin que tal prove\u00eddo hubiera sido recurrido. <\/p>\n

Con esa perspectiva, la efectividad del arresto por la cual se duele el accionante, super\u00f3 el estudio judicial, pues mediante auto del 1\u00b0 de noviembre de 2017, el Juzgado Treinta y Dos de Familia no encontr\u00f3 reparo alguno para tal actuaci\u00f3n, pues considerando que \u00abel incidentado no acredit\u00f3 el pago del valor de la mencionada multa (\u2026) se hace procedente convertirla en arresto, a raz\u00f3n de tres (3) d\u00edas por cada salario m\u00ednimo mensual, para un total de SEIS (6) D\u00cdAS, sanci\u00f3n que deber\u00e1 cumplir (\u2026) en las instalaciones de la C\u00e1rcel Distrital de esta ciudad, debi\u00e9ndose para ello solicitar a la Polic\u00eda su captura y remisi\u00f3n a la Instituci\u00f3n mencionada\u00bb (fls. 26 a 28, ib\u00eddem). <\/p>\n

Es de anotar que para proceder de una manera distinta, el Juzgado no contaba con argumento y menos acervo probatorio que conllevara otra postura para dicha conversi\u00f3n, pues al respecto esta Corporaci\u00f3n ha venido sostenido que el Juez est\u00e1 v\u00e1lidamente facultado \u00abpara resolver si avala o no lo solicitado por la Comisaria con respecto a la conversi\u00f3n de la multa se\u00f1alada, es decir, dado que a la autoridad administrativa le est\u00e1 vedado imponer penas correctivas que entra\u00f1en, directa o indirectamente, la privaci\u00f3n de la libertad, deber\u00e1 convalidar, negar o modificar lo decidido atendiendo las circunstancias particulares del caso (\u2026)\u00bb (CSJ, STC1261-2015, 12 feb. 2015, rad. 2014-00511-01, reiterada en STC664-2017, 26 ene. 2017, rad. 00695-01). <\/p>\n

4. En este orden, la decisi\u00f3n que se reprocha, lejos est\u00e1 de comprender un defecto sustantivo, procedimental, f\u00e1ctico o de cualquier otra \u00edndole, y en tales condiciones, la Sala reitera que el auxilio no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que la actuaci\u00f3n de la autoridad accionada no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que mientras las determinaciones cuestionadas en un proceso no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la tutela, en la medida en que \u00abeste mecanismo no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterada entre otras en STC10869-2017, 25 jul. 2017, rad. 01406-01). <\/p>\n

En similar sentido la Corte ha venido reiterando que \u00abs\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ. STC. 24. jun. 2004, rad. 00142-01, reiterada entre otras en STC18071-2017, 2 nov. 2017, rad. 00284-01 y STC123-2018, 18 ene. 2018, rad. 00859-01).
\n5. De otro lado, la invocaci\u00f3n del resguardo para procurar visitas del accionante a sus menores hijos, con quienes dice no ha podido compartir desde \u00abhace casi un a\u00f1o\u00bb, surge inviable, habida cuenta la naturaleza residual y subsidiaria de esta herramienta jur\u00eddica. Ello porque si bien la Comisar\u00eda de Familia restringi\u00f3 tales visitas seg\u00fan providencia del 19 de enero de 2017, para garantizar \u00abla tranquilidad, seguridad y bienestar\u00bb de los ni\u00f1os, el interesado puede acudir a ese escenario e intentar su modificaci\u00f3n, o en su defecto, incoar la respectiva demanda ante el Juez de Familia competente para que se resuelva luego del procedimiento sumario que para tal efecto la ley contempla. <\/p>\n

Es m\u00e1s, si considera que sus hijos no deber\u00edan seguir bajo el cuidado personal de la madre, el ordenamiento legal tambi\u00e9n lo faculta para pretender variaci\u00f3n en el ejercicio de la custodia, y de paso, gestionar lo pertinente para que de comprobarse maltrato de dicha se\u00f1ora a los ni\u00f1os, se le impongan las sanciones de rigor, empezando por aquellas relativas al desacato de la medida de protecci\u00f3n n\u00b0 029-2017 que por violencia intrafamiliar conoce la Comisar\u00eda accionada (fls. 120 a 122, ib\u00edd.). <\/p>\n

6. Finalmente, tampoco es viable la posibilidad de utilizar este procedimiento como mecanismo transitorio, por cuanto no se invoc\u00f3 y menos se prob\u00f3 que se estuviera ante una inminente amenaza de perjuicio irremediable, frente al cual la Corte ha dicho que el da\u00f1o debe revestir \u00abcierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 2011-00194-01, reiterada, entre otras en STC16703-2016, 17 nov. 2016, rad. 00118-01). <\/p>\n

N\u00f3tese que la alusi\u00f3n concreta sobre el tema, se circunscribe a que de hacerse efectiva la detenci\u00f3n, no podr\u00eda atender la obligaci\u00f3n alimentaria para con sus hijos, pero dado el oficio de trabajador independiente que ejerce el sancionado y la temporalidad de la aprehensi\u00f3n, tal argumentaci\u00f3n carece de la suficiente trascendencia f\u00e1ctica y jur\u00eddica para su prosperidad. <\/p>\n

7. Corolario de las precisiones realizadas en esta instancia, se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC1441-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2017-00883-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101342","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101342","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101342"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101342\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101342"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101342"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101342"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}