{"id":101343,"date":"2026-07-01T17:27:05","date_gmt":"2026-07-01T17:27:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101343"},"modified":"2026-07-01T17:27:05","modified_gmt":"2026-07-01T17:27:05","slug":"stc1442-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1442-2018\/","title":{"rendered":"STC1442-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC1442-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2017-00666-02 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el 14 de diciembre de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Daniel Felipe y Fabi\u00e1n Andr\u00e9s Mendivelso Nu\u00f1ez contra el Juzgado Segundo de Familia de Tunja, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el ejecutivo de alimentos n\u00ba 2017-00140. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tActuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, los solicitantes reclaman la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada al no decretar una medida cautelar deprecada en la referida ejecuci\u00f3n.
\n2. En s\u00edntesis, expusieron que en raz\u00f3n a la fijaci\u00f3n de alimentos a su favor y a cargo de su padre Andr\u00e9s Avelino Mendivelso, la cual se realiz\u00f3 por decisi\u00f3n judicial proferida el 20 de octubre de 2003, impetraron demandada ejecutiva para cobrar las cuotas causadas a partir de diciembre de 2015, habida cuenta que desde entonces el empleador dej\u00f3 de descontarlas. <\/p>\n

Indicaron que para garantizar la continuidad en el pago de los alimentos, \u00abtoda vez que cursan estudios superiores en la UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA con sede en Bogot\u00e1, en las facultades de DERECHO , administraci\u00f3n y finanzas respectivamente\u00bb, con dicha demanda solicitaron el embargo del 40% de la pensi\u00f3n de invalidez que Colpensiones le reconoci\u00f3 a su padre, precisando que \u00e9l est\u00e1 representado por su curadora Claudia In\u00e9s Mendivelso L\u00f3pez, en raz\u00f3n a que fue declarado judicialmente en estado de interdicci\u00f3n por discapacidad mental absoluta desde el 12 de abril de 2016. <\/p>\n

Se\u00f1alaron que mediante auto del 4 de septiembre de 2017, el Despacho acusado libr\u00f3 el mandamiento de pago solicitado, pero se abstuvo de decretar la cautela, se\u00f1alando que con dicha medida se pod\u00edan afectar los derechos fundamentales del demandado, \u00abdada su condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n\u00bb, y que recurrida esa determinaci\u00f3n, por auto del 21 de septiembre de 2017 el Juzgado \u00abno repone\u00bb. <\/p>\n

Aclararon que lo anterior se hizo sin desconocer que como consecuencia de un accidente sufrido por su padre el 22 de noviembre de 2014, le brindaron el apoyo necesario y gestionaron las acciones jur\u00eddicas tendientes a que obtuviera una adecuada atenci\u00f3n m\u00e9dico asistencial, as\u00ed como para que fuera declarado en estado de interdicci\u00f3n, y se reconociera la pensi\u00f3n de invalidez, pero que ahora requieren de \u00e9l para atender sus necesidades econ\u00f3micas. <\/p>\n

3. Pretenden que por esta v\u00eda \u00abse ordene el embargo de la pensi\u00f3n de invalidez en el porcentaje fijado en el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n\u00bb (fls. 1 a 11, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. La funcionaria encartada no se pronunci\u00f3 sobre los hechos y pretensiones de la demanda tutelar, sino que se limit\u00f3, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda, a remitir al Tribunal el expediente en calidad de pr\u00e9stamo (fl. 131, ib\u00eddem). <\/p>\n

2. El Procurador Veintiocho Judicial para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, se opuso a lo pretendido al se\u00f1alar que la acci\u00f3n no cumple el requisito de subsidiariedad porque el auto en cuesti\u00f3n no fue recurrido, y porque debido al estado de discapacidad del demandado, son los hijos \u00abcapaces\u00bb quienes deben proveer sus alimentos y los de sus padres (fls. 162 a 165, ib\u00edd.). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Neg\u00f3 el auxilio implorado al considerar que frente a la decisi\u00f3n adversa a su aspiraci\u00f3n de embargar la pensi\u00f3n del ejecutado, no se interpuso el recurso de reposici\u00f3n, como tampoco lo hicieron respecto del auto que neg\u00f3 la cautela de una cuenta bancaria, y que \u00ablas consecuencias de esa omisi\u00f3n no pueden ahora remediarse y revivirse a trav\u00e9s de la v\u00eda de amparo\u00bb (fls.
\n166 a 174, cd. 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 el mandatario judicial de los reclamantes para insistir en los argumentos de su demanda tutelar, refutando que no era factible impetrar el recurso echado de menos por el Tribunal, ya que \u00abno estaban a disposici\u00f3n de los all\u00ed demandantes (\u2026) las pruebas obtenidas en la contestaci\u00f3n a un derecho de petici\u00f3n que ofreciera la instituci\u00f3n que le presta la atenci\u00f3n y cuidado al se\u00f1or MENDIVELSO L\u00d3PEZ\u00bb, con las que podr\u00eda sustentar que pese a su condici\u00f3n de interdicto, el demandado \u00abest\u00e1 protegido por el sistema de seguridad social integral\u00bb lo que desvirt\u00faa afectaci\u00f3n de sus derechos fundamentales, y agreg\u00f3 que de atenderse lo aducido por el a-quo, ello implicar\u00eda seguir dilatando la eficacia de la ejecuci\u00f3n (fls. 182 y 183, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Ante la invariable posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, seg\u00fan la cual uno de los principios esenciales que orienta la tutela es el de subsidiariedad, del estudio de los hechos expuestos por los ac\u00e1 reclamantes y el cotejo de \u00e9stos con la informaci\u00f3n que proporcionan las piezas procesales incorporadas al expediente, surge la improcedencia del amparo incoado, en la medida en que los demandantes no agotaron los mecanismos de defensa judicial previstos en el ordenamiento legal al interior del proceso y ante el juez de conocimiento. <\/p>\n

2. Ciertamente, el comportamiento procesal de la parte actora, no abre camino a la protecci\u00f3n excepcional invocada, en tanto previamente a intentar la tutela, no se dirigieron ante el juzgador de instancia para poner de presente su pretensi\u00f3n, y mucho menos demostraron que habi\u00e9ndola realizado, hubiesen obtenido una respuesta desfavorable en los censurables t\u00e9rminos de arbitrariedad. <\/p>\n

Lo anterior por cuanto de la revisi\u00f3n de la foliatura, se evidencia que ante la negaci\u00f3n de la medida cautelar deprecada al presentar la demanda, contenida en el numeral tercero de la orden de pago librada el 4 de septiembre de 2017 (fls. 13 y 14, ib\u00edd.), los ejecutantes pudieron haber planteado su inconformidad ante la autoridad enjuiciada para que procurara reconsiderar su postura, pues sabido es que contra esa decisi\u00f3n cab\u00eda, con efectos de idoneidad y eficacia, el recurso de reposici\u00f3n, pero no lo hicieron, sin que medie justificaci\u00f3n v\u00e1lida para tal omisi\u00f3n. <\/p>\n

N\u00f3tese que en lugar de atacar con argumentos similares a los que ahora se invocan, en la oportunidad legalmente prevista para atacar el prove\u00eddo en menci\u00f3n, su apoderado judicial opt\u00f3 por recurrir pero un aspecto relacionado con el mandamiento de pago, y elevar una solicitud de cautela que adem\u00e1s de no coincidir con la inicial, no era clara ni completa porque refer\u00eda al \u00abembargo y retenci\u00f3n de dineros en administraci\u00f3n por cuenta de la curadur\u00eda que posea CLAUDIA IN\u00c9S MENDIVELSO L\u00d3PEZ (\u2026) en la cuanta (sic) bancaria de BANCOLOMBIA\u00bb (fl. 83, \u00eddem), la cual neg\u00f3 el accionado por auto del 21 de septiembre de 2017, advirtiendo \u00abque no se indica el n\u00famero de la cuenta ni se allega prueba alguna para demostrar que los dineros consignados en la misma, son efectivamente dineros del ejecutado y no propiedad de la guardadora designada\u00bb (fls. 15 y 16, ib.). <\/p>\n

Sobre el medio de defensa en menci\u00f3n, recu\u00e9rdese que el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso contempla que el recurso de reposici\u00f3n es procedente frente a \u00ablos autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen\u00bb. <\/p>\n

Sobre la desatenci\u00f3n en el uso de dicho medio de impugnaci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo: <\/p>\n

\u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 20 de feb. 2014, exp. 00201-00, reiterada en STC11979-2014, 5 sep., rad. 00138-01 y STC5747-2017, 26 abr. 2017, rad. 00164-01).
\n3. En esas condiciones, no surge viable pretender que la queja constitucional provea el an\u00e1lisis y posible soluci\u00f3n a una cuesti\u00f3n que corresponde al juez competente y a trav\u00e9s de la senda ordinaria. <\/p>\n

Sobre el particular, en invariable l\u00ednea de pensamiento, esta Sala ha dicho que cuanto se omite hacer uso de las herramientas jur\u00eddicas legalmente previstas: <\/p>\n

\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada entre otras en STC18714-2017, 10 nov. 2017, rad. 00417-01). <\/p>\n

Se reitera que mientras haya posibilidad en el proceso de discutir y resolver los aspectos tra\u00eddos por esta v\u00eda, el juez de tutela no puede incursionar para reemplazar los senderos legales debidamente establecidos, ya que este excepcional auxilio no constituye una instancia adicional o alternativa de la actividad a cargo del funcionario llamado a resolverlos. <\/p>\n

4. Ahora, frente a la posibilidad de conceder el resguardo como mecanismo transitorio, la Corte no encuentra que se hayan configurado las m\u00ednimas exigencias que hagan posible el auxilio bajo dicha modalidad, comoquiera que para ello se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 2011-00194-01, reiterada, entre otras, en STC11397-2017, 3 ago. 2017, rad. 00161-01, y STC860-2018, 31 ene. 2018, rad. 00439-01). <\/p>\n

A tono con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la concesi\u00f3n del auxilio bajo esa modalidad, \u00abse encuentra subordinada al ejercicio de otro medio de defensa judicial ordinario\u00bb, pues de lo contrario \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11), y como en el caso particular esos elementos determinantes no fueron acreditados, pues tambi\u00e9n se evidencia que la solicitud de cautelas puede volverse a solicitar para que el juez de la causa la defina, no hay lugar a pronunciamiento adicional. <\/p>\n

5.\tCorolario de las precisiones dadas en precedencia, se impone confirmar el fallo de primer grado mediante la cual se deneg\u00f3 el amparo solicitado, al no lograr superar el esencial requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC1442-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2017-00666-02 Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el 14 de diciembre de 2017, dentro de la acci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101343","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101343","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101343"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101343\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101343"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101343"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101343"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}