{"id":101345,"date":"2026-07-01T17:27:17","date_gmt":"2026-07-01T17:27:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101345"},"modified":"2026-07-01T17:27:17","modified_gmt":"2026-07-01T17:27:17","slug":"stc1444-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1444-2018\/","title":{"rendered":"STC1444-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 63001-22-14-000-2017-00281-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia el 12 de diciembre de 2017, que neg\u00f3 la tutela de Juli\u00e1n Dar\u00edo Yara Ospina frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad; siendo citados los intervinientes en el hipotecario n\u00ba 2014-00530. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Obrando en nombre propio, el accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la defensa, contradicci\u00f3n y debido proceso, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial acusada al dictar sentencia en la que declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n hipotecaria instaurada por Bancolombia S.A. en su contra. <\/p>\n

2. Manifiesta, en resumen, que el Despacho convocado incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho porque no tuvo en cuenta los reparos que hizo su defensor de oficio durante los alegatos de conclusi\u00f3n contra el dictamen grafol\u00f3gico efectuado sobre los t\u00edtulos valores objeto de recaudo, bajo el supuesto de que no hab\u00eda sido controvertido durante su traslado, disponiendo seguir con el cobro. Agrega que su abogado no apel\u00f3 el fallo, lo que constituye una falla en su defensa que no les imputable a \u00e9l como ejecutado. <\/p>\n

3. Pide, en consecuencia, que se deje sin efecto todo lo actuado desde que se corri\u00f3 traslado del dictamen pericial hasta la sentencia (fls. 1 a 12, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n

El Juez Tercero Civil del Circuito de Armenia manifest\u00f3 que el extremo ejecutado guard\u00f3 silencio durante el traslado de la experticia y tampoco apel\u00f3 el fallo adverso a sus intereses, por lo que \u00abno ejercit\u00f3 los medios de defensa judicial de que dispon\u00eda\u00bb (fl. 20, ib\u00eddem). <\/p>\n

FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n

Neg\u00f3 la protecci\u00f3n porque el reclamante \u00abno pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n, ni complementaci\u00f3n del dictamen pericial y menos todav\u00eda apel\u00f3 la sentencia de primera instancia, raz\u00f3n por la cual cerr\u00f3 con ello toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a este mecanismo, que de ninguna manera tiene por finalidad revivir etapas prelu\u00eddas\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que la supuesta negligencia del abogado que represent\u00f3 al quejoso en el juicio \u00abno tiene la eficacia probatoria para comprobar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb y que, en todo caso, puede denunciarlo por su gesti\u00f3n ante las autoridades competentes (fls. 21 a 26, cd. 1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 el convocante sin motivaci\u00f3n (fl. 31, ib.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por dictar sentencia en la que orden\u00f3 seguir la ejecuci\u00f3n de Bancolombia S.A. contra Juli\u00e1n Dar\u00edo Yara Ospina. <\/p>\n

2. Las providencias jurisdiccionales son, por regla general, ajenas al examen propio de la tutela, a menos que resulten notoriamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una \u00abv\u00eda de hecho y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino prudencial a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n

3. En cuanto a ese \u00faltimo requisito se refiere, se precisa que la inobservancia de la subsidiariedad se presenta no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos judiciales tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n

En el caso que se revisa se configura la primera modalidad dado que el abogado que representa al actor no controvirti\u00f3 el dictamen pericial conforme al art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso y tampoco formul\u00f3 apelaci\u00f3n contra el fallo que no comparte, pese a que dicho recurso era viable seg\u00fan el art\u00edculo 321 ib\u00eddem que prev\u00e9: \u00abson apelables las sentencias de primera instancia\u00bb. <\/p>\n

De esta manera, omiti\u00f3 emplear los mecanismos id\u00f3neos que la legislaci\u00f3n le brindaba para exponer todos los reproches que ac\u00e1 hace, referentes a la valoraci\u00f3n de la experticia, sobre lo cual esta Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00ba dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01). <\/p>\n

Entonces, la no utilizaci\u00f3n de los medios regulares de control judicial, torna inviable la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercerla. <\/p>\n

4. Frente a la posibilidad de la protecci\u00f3n como mecanismo transitorio, cabe precisar que la pasividad del accionante para recurrir en oportunidad y debida forma la determinaci\u00f3n aludida, refleja un comportamiento incurioso e injustificado donde la tutela \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n, pues tal modalidad procesal se encuentra subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario en cuyo tr\u00e1mite se resuelva definitivamente acerca de la vulneraci\u00f3n iusfundamental y a la diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n

A tono con lo anterior, esta Corte ha enfatizado que el procedimiento estatuido en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, no lo convierte en un mecanismo sustitutivo o paralelo de los dem\u00e1s medios de defensa ordinariamente consagrados por el ordenamiento jur\u00eddico, y que para ser utilizado como instrumento transitorio, el perjuicio irremediable se configura cuando el da\u00f1o \u00ab(\u2026) revista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, reiterada, entre otras en STC16703-2016, 17 nov. 2016), lo que no fue demostrado en este asunto. <\/p>\n

\u00ab(\u2026) en relaci\u00f3n con las afirmaciones efectuadas referentes a una inadecuada defensa t\u00e9cnica, tal situaci\u00f3n no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues, (\u2026) seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas (\u2026). No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente (\u2026) por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado (\u2026) (subrayado en texto)\u00bb (CSJ. STC, 22 en. 1999, rad. 05715, reiterado STC4850-2017, 5 ab. rad. 00772-00). <\/p>\n

6. En consecuencia, se respaldar\u00e1 la providencia censurada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y al a-quo por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n\u00ba 63001-22-14-000-2017-00281-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101345","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101345","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101345"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101345\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101345"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101345"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101345"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}