{"id":101350,"date":"2026-07-01T17:27:53","date_gmt":"2026-07-01T17:27:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101350"},"modified":"2026-07-01T17:27:53","modified_gmt":"2026-07-01T17:27:53","slug":"stc1451-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1451-2018\/","title":{"rendered":"STC1451-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1451-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2017-00631-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 18 de diciembre de 2017, que neg\u00f3 la tutela de Jos\u00e9 Luis Hern\u00e1ndez Ramos frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de El Espinal; siendo citados las partes e intervinientes en el hipotecario n\u00ba 2016-00108. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n

2.\tExpuso, en resumen, que dentro del ejecutivo hipotecario que promovi\u00f3 contra Jos\u00e9 Leonardo Aroca Chica, luego de que el Juzgado Primero Civil del Circuito de El Espinal, ordenara seguir adelante la ejecuci\u00f3n, present\u00f3 aval\u00fao catastral del inmueble de conformidad con el art\u00edculo 444 numeral 4, del C\u00f3digo General del Proceso, luego, el 22 de septiembre de 2017, el citado Despacho descorri\u00f3 traslado del presentado por el acreedor de remanentes, con observaciones frente al primero. <\/p>\n

Refiri\u00f3 que posteriormente, mediante auto de 6 de octubre, el Juzgado \u00abdeclar\u00f3 probada la observaci\u00f3n que al dictamen catastral realiz\u00f3 el se\u00f1or Gonzalo \u00d1ustes Prieto, y tuvo como definitivo el aval\u00fao comercial del inmueble presentado por el citado se\u00f1or. Decisi\u00f3n que tiene como fundamento legal el inciso 2 del canon 466 del C.G.P. contra ese pronunciamiento no se interpuso recurso alguno\u00bb. <\/p>\n

Indic\u00f3 que frente a este \u00faltimo proferimiento \u00absolicit\u00f3 la ilegalidad de la providencia (\u2026) toda vez que los autos ilegales no atan al juez ni a las partes (\u2026)\u00bb, sin embargo, tal pedimento fue resuelto negativamente el 20 de octubre, bajo el argumento que \u00ab(\u2026) las razones expuestas (\u2026) no encuadran dentro de algunas de las causales de nulidad previstas en el art\u00edculo 133 del C.G.P. o alguna otra norma especial, \u00fanicos motivos legalmente establecidos para que se pueda dejar sin efecto la determinaci\u00f3n que ya alcanz\u00f3 firmeza\u00bb; contra esa decisi\u00f3n interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, resueltos el 10 de noviembre de 2017, negando el primero y rechazando el segundo. <\/p>\n

Asegur\u00f3 que los referidos pronunciamientos constituyen v\u00eda de hecho, por cuanto \u00abel fundamento de los recursos interpuestos es la ilegalidad del auto de fecha 6 de octubre de 2017 mediante el cual se declar\u00f3 probada la observaci\u00f3n que al dictamen catastral realiz\u00f3 el se\u00f1or Gonzalo \u00d1ustes Prieto y tuvo como definitivo el aval\u00fao comercial del inmueble por la suma de $604.706.750. ya que las razones y fundamentos legales que sirvieron de base al Juez de conocimiento son ilegales y contrarias al verdadero esp\u00edritu de la norma del art\u00edculo 444 y 446 del C.G.P. (\u2026) [y] el Juez en las providencias (\u2026) manifiesta que por el hecho de no haberse interpuesto los recursos ordinarios en su debida oportunidad no le es permitido pronunciarse o referirse a dichas circunstancias (\u2026) afirmaci\u00f3n que es contraria a los pronunciamientos se\u00f1alados por las Altas Cortes con respecto a que los autos ilegales no atan al juez ni a las partes\u00bb. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia pide \u00ab(\u2026) revocar [la] providencia de fecha 6 de octubre de 2017 y (\u2026) aprobar el aval\u00fao catastral como aval\u00fao del inmueble a rematar\u00bb (ff. 1 a 9, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n

1.\tEl Juez Primero Civil del Circuito de El Espinal, sostuvo que \u00ablas decisiones adoptadas en torno al aval\u00fao del bien a rematar no fueron recurridas por el accionante a pesar de gozar de ese medio de defensa, y que todo el tr\u00e1mite dado a la observaci\u00f3n efectuada por el acreedor que embarg\u00f3 remanentes se hizo bajo el amparo de la autorizaci\u00f3n que para esos efectos le otorga el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 466 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb y asegur\u00f3 que, en todo caso el aval\u00fao aprobado \u00abmucho mayor al presentado por el ejecutante\u00bb, lo cual le favorece (ff. 27 y 28, ib\u00eddem). <\/p>\n

2.\tEl Apoderado de Gonzalo \u00d1ustes Prieto, quien tiene embargado remanentes en el proceso que se cuestiona, manifest\u00f3 que ning\u00fan derecho fundamental se le est\u00e1 transgrediendo al actor, por lo que la tutela debe negarse ya que aquel \u00abbusca obtener a su favor por medio de este mecanismo (\u2026) cuando existen dentro del proceso que se est\u00e1 cursando (\u2026) otros mecanismos alternos (\u2026)\u00bb (ff. 40 y 41, ib.) <\/p>\n

FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n

Neg\u00f3 la protecci\u00f3n al considerar que no se cumpl\u00eda con el presupuesto de la subsidiariedad por incuria, toda vez que \u00abel prove\u00eddo que se ataca (\u2026) y se pretende su revocatoria del 6 de octubre de 2017 en la cual se declar\u00f3 probada la observaci\u00f3n que al dictamen catastral realiz\u00f3 el se\u00f1or Gonzalo \u00d1ustes Prieto y tuvo como definitivo el aval\u00fao comercial del inmueble (\u2026) no fue objeto de reparo por el demandante, pues v\u00e9ase que dentro del t\u00e9rmino legal de ejecutoria no se interpuso recurso alguno ni cuando se corri\u00f3 traslado del nuevo aval\u00fao presentado por el acreedor que embarg\u00f3 remanentes (\u2026)\u00bb (ff. 30 a 34, cd. 1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el apoderado del accionante sin exponer argumentos adicionales (f. 59, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tCorresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial accionada vulner\u00f3 el debido proceso del quejoso en torno al juicio compulsivo que aquel promovi\u00f3, radicado 2016-00108-01, concretamente respecto al aval\u00fao aprobado que present\u00f3 un tercero acreedor que embarg\u00f3 remanentes en dicha causa. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n a lo expresado se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez del resguardo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

2.\tEn el presente caso, del mismo relato contenido en el escrito de amparo, se advierte prontamente la improcedencia de esta acci\u00f3n de tutela, en raz\u00f3n al desconocimiento del car\u00e1cter subsidiario y residual de la misma, puesto que el reclamante desperdici\u00f3 el medio ordinario de protecci\u00f3n judicial id\u00f3neo y eficaz con el que cont\u00f3 para plantear, en el escenario del procedimiento ejecutivo y respecto al aval\u00fao finalmente aprobado por el Despacho, las inconformidades que expone por esta senda constitucional. <\/p>\n

Obs\u00e9rvese que el accionante, tal como \u00e9l mismo lo reconoce, no solo no efectu\u00f3 pronunciamiento alguno dado el traslado del aval\u00fao presentado por el tercero acreedor (auto de 22 de septiembre de 2017 \u2013 f. 11, ib.), sino que adem\u00e1s no recurri\u00f3 el auto de 6 de octubre que lo aprob\u00f3 (ff. 13, \u00eddem) respecto del cual proced\u00eda el recurso de reposici\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

Son numerosas las ocasiones donde esta Sala ha debido resaltar la improcedencia de la salvaguarda, cuando pretende trasladarse a su cauce la discusi\u00f3n sobre aval\u00fao de bienes en procesos ejecutivos, que por descuido o apat\u00eda, no fue propuesta en el contexto ordinario, generando as\u00ed, regla de derecho de la que el presente supuesto lejos est\u00e1 de constituir excepci\u00f3n. <\/p>\n

Al respecto se sostuvo recientemente: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) [se] obr\u00f3 con incuria dentro de la contienda respecto del \u00abaval\u00fao\u00bb, conforme al numeral 1\u00ba del art\u00edculo 238 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que prev\u00e9: \u00abDel dictamen se correr\u00e1 traslado a las partes por tres d\u00edas durante los cuales podr\u00e1n pedir que se complemente o aclare, u objetarlo por error grave\u00bb, norma aplicable por remisi\u00f3n expresa del inciso 7\u00ba del art\u00edculo 516 ib\u00eddem. <\/p>\n

Con tal omisi\u00f3n desaprovech\u00f3 la oportunidad id\u00f3nea para alegar las supuestas inconsistencias que aduce en esta sede relativas al valor del inmueble, sin que sea posible reabrir un debate por esta v\u00eda frente a aspectos que debieron ser planteados ante el juez natural y respetando las reglas propias del juicio\u00bb (CSJ STC235-2015, 21 ene. rad.00691-01, reiterada STC4969-2016, 21 abr. rad. 00266-01). <\/p>\n

En otro evento de id\u00e9nticos contornos se concluy\u00f3: <\/p>\n

\u00abAnalizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite, advierte la Sala que la protecci\u00f3n invocada no puede encontrar resguardo en esta excepcional v\u00eda, toda vez que se desconoce el principio de subsidiariedad exigido para la prosperidad del amparo impetrado, teniendo en cuenta que: i) la deudora (aqu\u00ed accionante) dentro del traslado que se corri\u00f3 con ocasi\u00f3n del aval\u00fao comercial allegado por el ejecutante, no pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n ni mucho menos formul\u00f3 objeci\u00f3n y ii) contra el auto que aprob\u00f3 el \u00abaval\u00fao\u00bb y se\u00f1al\u00f3 fecha para la subasta no interpuso recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n

De donde se observa que la gestora guard\u00f3 una posici\u00f3n sosegada frente a la omisi\u00f3n que reclama; por lo tanto en esas ocasiones tuvo la oportunidad de intervenir en defensa de sus intereses y no lo hizo, por el contrario, dej\u00f3 fenecer el tiempo procesal para que le fuera revisado su desconcierto. <\/p>\n

En tales condiciones, mal podr\u00eda el Juez Constitucional auscultar la actuaci\u00f3n del despacho encartado, cuando lo cierto es que la accionante no procedi\u00f3 de manera acertada y eficaz, quedando sujeta, entonces, a las consecuencias de las determinaciones que le fueron adversas, observ\u00e1ndose as\u00ed el fruto de su propia incuria.\u00bb (CSJ STC1705-2016, 10 feb. rad. 00324-01). <\/p>\n

En definitiva, la inercia revelada, de conformidad con lo previsto por el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, supone el fracaso del auxilio. <\/p>\n

3.\tAhora, toda vez que el promotor del resguardo, quien contaba con apoderado judicial, opt\u00f3 por la declaratoria de \u00abilegalidad\u00bb, en lugar del recurso legalmente previsto para refutar lo resuelto, tal proceder desconoce el alcance jur\u00eddico de las herramientas jur\u00eddicas dise\u00f1adas por el legislador para enfrentar tal situaci\u00f3n. <\/p>\n

Para ello, valga precisar acerca de la teor\u00eda del antiprocesalismo o excepci\u00f3n a la irrevocabilidad de las providencias judiciales bajo el supuesto de que \u00ablos autos manifiestamente ilegales no cobran ejecutoria y por consiguiente no atan al juez\u00a0ni a las partes\u00bb (CSJ, sentencia de junio 28 de 1979, citada en sentencia n\u00b0 286 del 23 de Julio de 1987; auto n\u00b0 122 del 16 de junio de 1999; sentencia No. 096 del 24 de mayo de 2001, entre otras), postura que esta Sala ha venido moderando al compartir la asumida por la Corte Constitucional. <\/p>\n

Ciertamente, sobre esta tem\u00e1tica, dicha Corporaci\u00f3n sostuvo que ese criterio restrictivo \u00abs\u00f3lo procede cuando en casos concretos se verifica sin lugar a discusi\u00f3n que\u00a0 se est\u00e1 frente a una decisi\u00f3n manifiestamente ilegal que represente una grave amenaza del orden jur\u00eddico y siempre que la rectificaci\u00f3n se lleve a cabo observando un t\u00e9rmino prudencial que permita establecer una relaci\u00f3n de inmediatez entre el supuesto auto ilegal y el que tiene como prop\u00f3sito enmendarlo\u00bb (CC T-1274\/05); tambi\u00e9n, que \u00abun auto ejecutoriado no puede ser revocado por el juez, ya que la ley procesal no establece la revocaci\u00f3n ni de oficio ni a petici\u00f3n de parte despu\u00e9s de que se produzca la ejecutoria. Tampoco puede declararse la nulidad de un acto despu\u00e9s de ejecutoriado, ya que la parte lo consinti\u00f3 si no interpuso recurso o \u00e9ste se resolvi\u00f3, quedando ejecutoriado el prove\u00eddo, y a menos que se d\u00e9 una causal de nulidad que no haya sido saneada\u00bb (CC T-519\/05). <\/p>\n

De ah\u00ed que no es dable utilizar la figura de la declaratoria de invalidez o \u00abilegalidad\u00bb de lo actuado, para que la parte afectada con una decisi\u00f3n haga manifiesto su desacuerdo cuando dej\u00f3 de atacarla por los conductos regulares previstos por la ley, es decir, mediante el empleo de los recursos ordinarios y extraordinarios, o acudiendo al amplio r\u00e9gimen de nulidades procesales, y tampoco puede ser invocada para que el juez, de manera oficiosa, corrija cualquier equivocaci\u00f3n, poniendo en tela de juicio importantes principios de orden sustancial como el de la seguridad jur\u00eddica y la buena fe, presunci\u00f3n de veracidad y confianza leg\u00edtima, y procesales como el de preclusi\u00f3n de las etapas procesales. <\/p>\n

4.\tEn consecuencia, corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la negativa del amparo. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC1451-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2017-00631-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101350","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101350","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101350"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101350\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101350"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101350"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101350"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}