{"id":101353,"date":"2026-07-01T17:28:16","date_gmt":"2026-07-01T17:28:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101353"},"modified":"2026-07-01T17:28:16","modified_gmt":"2026-07-01T17:28:16","slug":"stc1454-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1454-2018\/","title":{"rendered":"STC1454-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC1454-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0. 25000-22-13-000-2017-00510-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., siete (7) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 1\u00b0 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca concedi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Felipe Zabala Arteaga contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Alb\u00e1n y Primero Civil del Circuito de Facatativ\u00e1. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n

2. El amparo se sustenta en los hechos que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n

2.1. Present\u00f3 demandada reivindicatoria en contra de Jos\u00e9 Alberto Guerrero Daza la que fue admitida por el juzgado municipal encartado bajo el radicado 2017-00019-00. <\/p>\n

2.2. Una vez notificado el demandado \u00e9ste promovi\u00f3 contrademanda por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio la que fue rechazada mediante auto de 18 de julio de 2017 determinaci\u00f3n frente a la cual se promovi\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, manteni\u00e9ndose en firme la decisi\u00f3n cuestionada y concedi\u00e9ndose la alzada. <\/p>\n

2.3. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Facatativ\u00e1 en prove\u00eddo de 25 de septiembre de 2017 revoc\u00f3 la providencia atacada y orden\u00f3 dar tr\u00e1mite a la demanda de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n

2.4. El despacho de conocimiento dando cumplimiento a lo ordenado por el superior el 23 de octubre de 2017 inadmiti\u00f3 la \u00abdemanda de reconvenci\u00f3n\u00bb la que fuere subsanada y en consecuencia admitida el 8 de noviembre siguiente. <\/p>\n

2.5. Aduce que las \u00abprovidencias proferidas han sido violatorias de los art\u00edculos 371, 372, 390 y 392 del C\u00f3digo General del Proceso el cual no contempla la admisibilidad de este tipo de demandas; de igual forma las providencias proferidas desconocen la naturaleza de la demanda de reconvenci\u00f3n al ser una clase de acumulaci\u00f3n de demanda, la cual expresamente ha sido se\u00f1alada como inadmisible\u00bb aunado a que \u00abse debe tener en cuenta que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Facatativ\u00e1 debi\u00f3 declarar inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n que fuera interpuesto por el se\u00f1or JOS\u00c9 ALBERTO GUERRERO DAZA y erradamente concedido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Alb\u00e1n al tratarse de un proceso de \u00fanica instancia dada la cuant\u00eda de las pretensiones del mismo\u00bb.
\n3. Solicita, que se declare sin valor ni efecto \u00abpor estar viciadas de nulidad las actuaciones surtidas desde el auto de fecha 25 de septiembre de 2017 proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Bogot\u00e1 [sic], al resolver el recurso de apelaci\u00f3n improcedente por tratarse de un proceso de \u00fanica instancia y de igual forma al ser una providencia abiertamente violatoria del debido proceso\u00bb (fls. 1-3). <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

El Juzgado Promiscuo Municipal de Alb\u00e1n Cundinamarca, en primer lugar, sostuvo que se opone a las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela teniendo en cuenta que \u00abse ha dado el tr\u00e1mite legal al proceso que fuere radicado el d\u00eda 11 de mayo de 2017, [\u2026] sin afectar derechos fundamentales de las partes\u00bb, en segundo orden, se manifest\u00f3 respecto a los hechos de la queja y por \u00faltimo precis\u00f3 que \u00abha obrado conforme a los lineamientos legales y constitucionales, respecto a las actuaciones surtidas en el proceso No. 2017-0019, dando la oportunidad a las partes en traslado, de interponer los recursos correspondientes\u00bb y \u00abrespecto al recurso de apelaci\u00f3n concedido a la parte demandada en proceso reivindicatorio, el mismo se dio tr\u00e1mite en aras de salvaguardar los derechos que le asisten a la parte al debido proceso y al derecho a la doble instancia\u00bb (fls. 12-14). <\/p>\n

Jos\u00e9 Alberto Guerrero Daza, por intermedio del apoderado que lo representa en el proceso objeto de la queja, expres\u00f3 que \u00aben efecto la protecci\u00f3n constitucional que solicita el accionante no es susceptible de amparo por cuanto los jueces que han tramitado la demanda reivindicatoria y de reconvenci\u00f3n se han sujeto [sic] a las normas procesales provistas por el C\u00f3digo General del Proceso\u00bb por lo que solicit\u00f3 que se deniegue el amparo deprecado (fls. 26-29). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal concedi\u00f3 el amparo al advertir que \u00abes oportuno destacar que el art\u00edculo 325 de la Ley 1564 de 2012 impone al juzgador de segunda instancia realizar un examen preliminar con miras a averiguar si la decisi\u00f3n censurada es apelable, no por nada el inciso 4\u00b0 de ese canon indica que \u201c\u2026 si no se cumplen los requisitos para la concesi\u00f3n del recurso, este ser\u00e1 declarado inadmisible\u2026\u201d\u00bb as\u00ed las cosas \u00abrealizado el escrutinio de rigor al proceso sub examine este tribunal hall\u00f3 que el juez municipal implicado en el instante en que concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n propuesta contra el auto que rechaz\u00f3 el aludido libelo de reconvenci\u00f3n, manifest\u00f3 que \u201c\u2026en lo que respecta a la apelaci\u00f3n, si bien es cierto se trata de un proceso de \u00fanica instancia, este despacho considera pertinente dar tr\u00e1mite al mismo en aras de salvaguardar los derechos que le asisten a la parte al debido proceso y al derecho a la doble instancia\u00bb. <\/p>\n

Argumentaci\u00f3n que \u00abno inquiet\u00f3 al juez del circuito de Facatativ\u00e1 dado que decidi\u00f3 la apelaci\u00f3n sin referirse sobre el particular, pasando as\u00ed por alto el examen preliminar del art\u00edculo 325 de la Ley 1564 de 2012 estando conminado a esclarecer lo relativo a la \u00fanica instancia alegada, en raz\u00f3n a la cuant\u00eda del debate, lo que a las caras configura una v\u00eda de hecho por desatenci\u00f3n de las normas procesales que impone el \u00e9xito del amparo activado, el cual, por antonomasia, debe encontrar prosperidad \u201cen los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n con ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u2026\u201d\u00bb. <\/p>\n

Por lo anterior, orden\u00f3 que el \u00abad quem de la causa deje sin efecto su decisi\u00f3n y efectu\u00e9 el examen preliminar que exige el ordenamiento imperante, no siendo dable entonces por sustracci\u00f3n de materia pronunciarse frente a los embates enfilados contra el auto admisorio de marras, pues el mismo decaer\u00e1 como consecuencia de lo anterior\u00bb (fls. 31-34). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formularon el apoderado de Jos\u00e9 Alberto Guerrero Daza y este \u00faltimo, manifestando, el primero, que \u00abel Juzgado Civil del Circuito de Facatativ\u00e1, cumpli\u00f3 con la finalidad de la ley procesal, por cuanto estaba en la obligaci\u00f3n de tramitar el recurso de apelaci\u00f3n. Si bien es cierto no hizo el an\u00e1lisis de admisibilidad, tampoco era necesario, pues su concesi\u00f3n est\u00e1 claramente se\u00f1alada en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso. Es de aclarar que al momento procesal de interponerse el recurso contra el auto de fecha 18 de julio de 2017, que rechaz\u00f3 la demanda de reconvenci\u00f3n, el Juez Promiscuo Municipal de Alb\u00e1n Cundinamarca, a\u00fan no hab\u00eda fijado la clase de tr\u00e1mite especial del proceso, pues a esta fecha no se hab\u00eda admitido demanda de reconvenci\u00f3n, por ende era procedente el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n, al decir la ley procesal que los recursos contra el auto que rechace la demanda comprender\u00e1n el que neg\u00f3 su admisi\u00f3n. La apelaci\u00f3n se conceder\u00e1 en el efecto suspensivo y se resolver\u00e1 de plano\u00bb. <\/p>\n

El segundo de los impugnantes, precis\u00f3 que \u00ab[su] abogado interpuso un recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n contra el auto que neg\u00f3 la demanda de reconvenci\u00f3n, no contra el auto admisorio de la demanda reivindicatoria de fecha 09 de junio de 2017, que ese proceso si es de \u00fanica instancia. Cuando [su] abogado interpone el recurso lo hace frente a una nueva acci\u00f3n que va en la demanda de reconvenci\u00f3n, esa acci\u00f3n es la declaraci\u00f3n de pertenencia, a la cual el Juez Promiscuo Municipal de Alb\u00e1n, no le ha impreso ning\u00fan tr\u00e1mite, como si lo hab\u00eda hecho con la demanda reivindicatoria. Raz\u00f3n por la cual aqu\u00ed era procedente el recurso de reposici\u00f3n y el de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Y, relev\u00f3, que \u00abno es cierto que se le haya vulnerado el derecho al debido proceso al se\u00f1or CARLOS FELIPE ZABALA ARTEAGA, \u00e9l lo que pretende es hacer incurrir en error al Tribunal, como lo hizo. Es que como lo se\u00f1ale [sic] son dos estadios o estados del proceso: uno el relacionado con la demanda de reconvenci\u00f3n, la cual se contest\u00f3 y frente a la cual no se interpuso ning\u00fan recurso y otro es el de la nueva acci\u00f3n de declaraci\u00f3n de pertenencia, la cual no estaba enmarcada dentro de ning\u00fan tr\u00e1mite procesal especial, hasta esa fecha, raz\u00f3n por la cual no pod\u00eda hablarse que estaba sujeta al tr\u00e1mite de la \u00fanica instancia, pues esta tipificaci\u00f3n se dar\u00eda cuando el juez la admitiera, tal como se hizo en la providencia de fecha 08 de noviembre de 2017\u00bb (fls. 56 y 57). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La \treiterada \tjurisprudencia constitucional ha \tsostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la \tv\u00eda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole \tlegal; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa \therramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna \tdeterminaci\u00f3n \u00abcon \tostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y \tapoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que \testructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, \ty bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un \tt\u00e9rmino sensato a formular la queja, y de que \u00abno \tdisponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb \t(ver entre otras, CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de proteger esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590 \/ 2005, reiterada, entre otras, SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012). <\/p>\n

2. En primer lugar, es del caso precisar que uno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela tiene que ver con la titularidad para su ejercicio, la cual se encuentra en cabeza de la persona cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados, por lo que ser\u00e1 ella quien podr\u00e1 solicitar el amparo de manera directa o a trav\u00e9s de representante.
\nAl respecto, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que: <\/p>\n

\u00abEn trat\u00e1ndose de la transgresi\u00f3n del debido proceso, es claro que quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar su protecci\u00f3n constitucional, en principio, son aquellas personas naturales o jur\u00eddicas que intervinieron en el respectivo juicio o tr\u00e1mite administrativo o que siendo imperativa su vinculaci\u00f3n no fueron citados\u00bb (CSJ STC, 4 Ago. 2009, Rad. 01001-01 reiterada el 4 Mar. 2013, Rad. 2013-00370). <\/p>\n

2.1. Descendiendo al asunto de cuyo estudio se ocupa ahora la Corte, se advierte que el togado que suscribe la impugnaci\u00f3n carece de legitimaci\u00f3n para promoverla en nombre de Jos\u00e9 Alberto Guerrero Daza, comoquiera que no acompa\u00f1\u00f3 el poder especial que lo facultara para promoverla por lo que a la misma no se le dar\u00e1 el respectivo tr\u00e1mite. <\/p>\n

2.2. Sobre el particular, la Sala ha reiterado que: <\/p>\n

la persona habilitada constitucionalmente para acudir a esta espec\u00edfica v\u00eda es aqu\u00e9lla a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales \u00b4(\u2026) El principio de la informalidad que impera en estos tr\u00e1mites, no llega hasta el punto de permitir, sin fundamento alguno, que cualquiera pueda alegar por cuenta de otro, como si a \u00e9l se le violaran las \u00b4garant\u00edas fundamentales\u00b4 y no a quien pretende favorecer. Ni mucho menos intervenir sin que se le haya otorgado poder especial o general con la finalidad precisa y concreta de auspiciar los intereses propios y personales de su mandante\u00bb. (CSJ STC, 29 Sep. 2003, rad. 00245-01, entre otras, el 26 Nov. 2010, rad. 00372-01, 28 Jul. 2011, rad. 00145, 13 Dic. 2013, rad. 00221-01 y 30- Sep 2015, rad. 00309-01). <\/p>\n

3. Depurado lo anterior, es del caso desatar la impugnaci\u00f3n promovida por Jos\u00e9 Alberto Guerrero Daza resultando pertinente precisar que Carlos Felipe Zabala Arteaga (aqu\u00ed accionante) pretende que se declare sin valor ni efecto las actuaciones surtidas desde el 25 de septiembre de 2017 respecto a la demanda de reconvenci\u00f3n formulada en su contra al estimar que en los procesos verbales sumarios no es dable la contrademanda aunado a que se concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto que la rechaz\u00f3 trat\u00e1ndose de un proceso de \u00fanica instancia, refiriendo lo anterior a un defecto procedimental absoluto. <\/p>\n

4. De las pruebas obrantes en el plenario, observa la Corte lo siguiente: <\/p>\n

a) Demanda reivindicatoria presentada por Carlos Felipe Zabala Arteaga (aqu\u00ed accionante) contra Jos\u00e9 Alberto Guerrero Daza (fls. 3 y 4 cuaderno Corte). <\/p>\n

b) Auto admisorio en el que se dispuso que el asunto se tramitar\u00eda bajo la cuerda del proceso verbal sumario (fl. 7). <\/p>\n

c) Demanda de reconvenci\u00f3n de pertenencia promovida por Jos\u00e9 Alberto Guerrero Daza (fls. 8-10). <\/p>\n

d) Prove\u00eddo de 18 de julio de 2017 mediante el cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Alb\u00e1n (Cundinamarca) rechaz\u00f3 la contrademanda al considerar que dicho tr\u00e1mite no es procedente en los juicios verbales sumarios de conformidad con lo reglado por los art\u00edculos 390 y 392 del C\u00f3digo General del Proceso, determinaci\u00f3n contra la que el demandante en \u00abreconvenci\u00f3n\u00bb present\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n (fls. 11 y 12). <\/p>\n

e) Decisi\u00f3n de 3 de agosto de 2017 que mantuvo en firme la determinaci\u00f3n cuestionada y concedi\u00f3 la alzada al estimar el funcionario municipal querellado que \u00absi bien es cierto se trata de un proceso de \u00fanica instancia, este Despacho considera pertinente dar tr\u00e1mite al mismo en aras de salvaguardar los derechos que le asisten a la parte al debido proceso y al derecho a la doble instancia establecido en la C. P.\u00bb (fls. 13 vuelto-16). <\/p>\n

f) Providencia de 25 de septiembre de 2017 a trav\u00e9s del cual el juzgado del circuito encartado revoc\u00f3 el auto mediante el cual se rechaz\u00f3 la demanda de reconvenci\u00f3n y orden\u00f3 que se le diera el tr\u00e1mite correspondiente al manifestar que \u00abdescendiendo al caso en estudio, se puede establecer que el se\u00f1or Juez Promiscuo Municipal de Alb\u00e1n, es competente para tramitar la demanda de pertenencia en reconvenci\u00f3n formulada por el demandado, ya que esta clase de pretensiones eran exclusivas de los juzgados civiles del circuito, en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ahora con el C\u00f3digo General del Proceso, todos los jueces civiles municipales, promiscuos y civiles del circuito tienen la competencia para tramitar y decidir esta clase de procesos, y como la misma ley, determina que se puede reconvenir sin consideraci\u00f3n de la cuant\u00eda y el factor territorial\u00bb <\/p>\n

Situaci\u00f3n por la que \u00abno comparte el despacho el argumento expuesto por el se\u00f1or juez a-quo, que la reconvenci\u00f3n es una forma cl\u00e1sica de acumulaci\u00f3n de procesos, pues la acumulaci\u00f3n de procesos es la acci\u00f3n y efecto de reunir dos o m\u00e1s procesos o expedientes en tr\u00e1mite, dos cosas totalmente diferentes, y cuyo tr\u00e1mite de acumulaci\u00f3n es el establecido en los art\u00edculos 148 y siguientes del CGP\u00bb (fls. 17 y 18). <\/p>\n

g) Auto admisorio de la demandada de reconvenci\u00f3n de pertenencia de 8 de noviembre de 2017 (fls. 23 vuelto -25). <\/p>\n

h) Prove\u00eddo de 12 de diciembre de 2017 por medio del que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Facatativ\u00e1, en cumplimiento al fallo de tutela de primera instancia, dej\u00f3 sin valor y efecto \u00abel auto de fecha 25 de septiembre de 2017 proferido por este Juzgado dentro del proceso ordinario de segunda instancia No. 2017-00019-01 siendo demandante en reivindicaci\u00f3n Carlos Felipe Zabala Arteaga contra Jos\u00e9 Alberto Guerrero Daza, proveniente del Juzgado Promiscuo Municipal de Alb\u00e1n (Cundinamarca)\u00bb y precis\u00f3 que \u00abcomoquiera que el proceso referido en el anterior numeral es de m\u00ednima cuant\u00eda, el mismo carece de doble instancia, raz\u00f3n por la cual se declara INADMISIBLE el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, contra el auto del 18 de julio de 2017, proferido por el se\u00f1or Juez Promiscuo Municipal de Alb\u00e1n, Cundinamarca\u00bb (fl. 26 y vuelto). <\/p>\n

5. Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite estima la Sala que el amparo deprecado no puede prosperar dado el incumplimiento del requisito de la subsidiariedad por cuanto el accionante no formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el auto de 3 de agosto de 2017 a trav\u00e9s del cual el juzgado municipal encartado mantuvo en firme el prove\u00eddo de 18 de julio de 2017 y concedi\u00f3 la alzada, contando as\u00ed con la oportunidad de exponer sus reparos. <\/p>\n

5.1. La Corporaci\u00f3n ha tenido ocasi\u00f3n de se\u00f1alar, sobre el particular, que: <\/p>\n

Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz, so pretexto de que el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, pues de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como medio de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde el inicio el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia.\u201d (CSJ STC, 3 Ago. 2011, Rad. 00741-01, reiterada entre otras, el 22 Mar. 2012, Rad. 00050-01 y el 15 May.de 2013, Rad. 00558-01). <\/p>\n

6.\tEn tales condiciones, mal podr\u00eda el \u00abJuez Constitucional\u00bb auscultar la actuaci\u00f3n del juzgado acusado, cuando lo cierto es que el interesado no procedi\u00f3 de manera acertada y eficaz, quedando supeditado, entonces, a las consecuencias de las determinaciones que le fueron adversas, observ\u00e1ndose as\u00ed el fruto de su propia incuria. <\/p>\n

6.1.\tEn relaci\u00f3n con lo precedente, la Corte ha considerado en fallo CSJ STC, 25 Ago. 2008, rad. 01343-00, reiterado entre otros, CSJ STC, 25 Sep. y 12 Oct. 2012, rad. 00651 y 00135, CSJ, STC, 31 Ene. y 22 May. 2013, rad. 00113 y 00206, respectivamente, que: <\/p>\n

(\u2026) no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (\u2026). <\/p>\n

7. De conformidad con lo discurrido, se infirmar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede y, en su lugar, NIEGA el amparo deprecado. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de la Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC1454-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 25000-22-13-000-2017-00510-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D. C., siete (7) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 1\u00b0 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101353","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101353","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101353"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101353\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101353"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101353"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101353"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}