{"id":101362,"date":"2026-07-01T17:29:23","date_gmt":"2026-07-01T17:29:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101362"},"modified":"2026-07-01T17:29:23","modified_gmt":"2026-07-01T17:29:23","slug":"stc1465-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1465-2018\/","title":{"rendered":"STC1465-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1465-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-03064-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho)
\nBogot\u00e1, D.C., ocho (08) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 7 de diciembre de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Enrique Uribe Leyva contra la Superintendencia de Sociedades, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del tr\u00e1mite especial a que alude la demanda inicial. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por entidad convocada, al designar un nuevo liquidador de la sociedad Frigor\u00edfico San Mart\u00edn de Porres Ltda. <\/p>\n

2.\tEn apoyo de tal pretensi\u00f3n aduce en compendio y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que como quiera que la empresa Frigor\u00edfico San Mart\u00edn de Porres Ltda, de la cual es socio, entr\u00f3 en etapa de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n, mediante acta del 10 de enero de 2013 la junta de socios aprob\u00f3 la \u00abCuenta Final de Liquidaci\u00f3n\u00bb, la que fue inscrita en el registro mercantil; sin embargo, en raz\u00f3n de la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dentro del proceso de impugnaci\u00f3n de actas de la asamblea, dicho acto se suspendi\u00f3. <\/p>\n

Indica que pese a que en la citada controversia judicial se dispuso la cancelaci\u00f3n de la aludida medida cautelar, y que el 18 de agosto de 2017 radic\u00f3 ante la C\u00e1mara de Comercio de esta capital los oficios para la actualizaci\u00f3n del registro, la Superintendencia de Sociedades mediante Resoluci\u00f3n No. 300-002986 del 10 de agosto de ese mismo a\u00f1o, en el marco de la acci\u00f3n de toma control que se irrog\u00f3, design\u00f3 un nuevo liquidador para la empresa. <\/p>\n

Se\u00f1ala que aunque interpuso recurso de reposici\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n, pues, asegura, con la inscripci\u00f3n de la cuenta final la citada sociedad se encontraba disuelta y liquidada, y por ende la persona jur\u00eddica \u00abdesaparece\u00bb, el Superintendente Delegado para la Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control, desconociendo que ya se hab\u00eda hecho efectivo el levantamiento de la cautela, rechaz\u00f3 por improcedente tal mecanismo. <\/p>\n

Sostiene que no solo la memorada autoridad carec\u00eda de competencia para proferir la anterior determinaci\u00f3n, sino que incurri\u00f3 con lo resuelto en \u00abuna evidente falsedad en la motivaci\u00f3n\u00bb, pues a pesar de que el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad daba cuenta de la inexistencia de la matr\u00edcula mercantil, se afirm\u00f3 lo contrario. <\/p>\n

Finalmente manifiesta, que a m\u00e1s que se fijaron unos honorarios a favor del aludido liquidador por valor $59.288.480,oo lo que asegura, \u00abcausa un detrimento patrimonial\u00bb para los socios, aqu\u00e9l \u00abtendr\u00eda la facultad libre e ilimitada de administraci\u00f3n y disposici\u00f3n de los activos sociales objeto de la liquidaci\u00f3n, radicados (\u2026) en cabeza de dos fiducias mercantiles, equivalentes a la suma de $56.484.250.378\u00bb, sin contar los activos que se tienen y que ascienden aproximadamente a \u00ab$19.000.000.000\u00bb, circunstancia que, dice, le causa un perjuicio irremediable (fls. 1 a 28, \u00edd.).
\nRESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

a).\tEl Superintendente Delegado para la Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades, puntualiz\u00f3 que no ha vulnerado derecho fundamental alguno del interesado, pues la decisi\u00f3n cuestionada, esto es, la que design\u00f3 un nuevo liquidador para la sociedad Frigor\u00edfico San Mart\u00edn de Porres en Liquidaci\u00f3n, se apoy\u00f3 en que \u00absi bien es cierto que en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal (\u2026) consta que la cuenta final de liquidaci\u00f3n est\u00e1 registrada y que la matr\u00edcula est\u00e1 cancelada desde el 25 de enero de 2013, la autoridad registral no ha certificado que los efectos de la cancelaci\u00f3n de la matr\u00edcula implican necesariamente su liquidaci\u00f3n, y en consecuencia la sociedad se encuentra debidamente liquidada\u00bb; a lo que agreg\u00f3, que \u00abno tiene ning\u00fan inter\u00e9s en que se prolongue el proceso de liquidaci\u00f3n de la Sociedad, ni en que las decisiones proferidas les causen un perjuicio irremediable a sus asociados, por lo que en caso de que la autoridad registral certifique que la sociedad se encuentra efectivamente liquidada, [la] Entidad ser\u00e1 respetuosa de tal decisi\u00f3n y proceder\u00e1 de manera inmediata a adoptar los correctivos que correspondan respecto de los actos administrativos proferidos\u00bb (fls. 232 a 241, \u00eddem). <\/p>\n

b).\tEl se\u00f1or Santiago Rojas Maya, antiguo liquidador de la memorada sociedad, se\u00f1al\u00f3 las particularidades del tr\u00e1mite administrativo por el cual fue removido de su cargo, y la sanci\u00f3n que le fue impuesta en otrora oportunidad (fls. 341 a 347, \u00eddem). <\/p>\n

c).\tJaime Ortega Albrecht manifest\u00f3 que el amparo deprecado debe ser concedido, pues con los actos administrativos del ente de control se desconoci\u00f3 la designaci\u00f3n del liquidador que fue efectuada por la junta de socios de la referida en empresa (fls.383 a 389, Cit.). <\/p>\n

d).\tEl representante legal de Laurel Ltda puntualiz\u00f3, en lo fundamental, que la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues por los mismos hechos y pretensiones otros socios tambi\u00e9n presentaron acciones de tutela, siendo negado el amparo, m\u00e1xime cuando en la actualidad est\u00e1 en curso el proceso judicial que busca impugnar el acta de asamblea a trav\u00e9s de la cual se dispusieron las cuentas finales de la sociedad (fls. 391 a 422, \u00edd.). <\/p>\n

e).\tEl se\u00f1ores Juan Manuel Uribe Villegas y Juan Pablo Uribe Clauzel, ratificaron todos y cada uno de los hechos expuestos en el escrito de amparo (fls. 435 a 447 y fls. 461 a 472, \u00edd.). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Juez Constitucional de primera instancia neg\u00f3 el auxilio implorado, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, pues para controvertir las decisiones materia de inconformidad, el accionante \u00abtiene a su alcance otro mecanismo judicial, como es acudir a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo en acci\u00f3n de nulidad\u00bb, escenario en donde puede solicitar la suspensi\u00f3n de los memorados actos administrativos (fls. 490 a 493, ib\u00eddem). <\/p>\n

El accionante se mostr\u00f3 inconforme con el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela; a m\u00e1s de destacar, que lo que persigue a trav\u00e9s de este mecanismo es un amparo transitorio mientras acude a la jurisdicci\u00f3n contenciosa (fls. 498 a 503, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de tutela, impone al interesado el deber de utilizar todos los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance dentro del ordenamiento jur\u00eddico para obtener la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales, dado que el amparo no es una herramienta judicial que permita desplazar aqu\u00e9llos dado su car\u00e1cter eminentemente excepcional y residual; de ah\u00ed que, entonces, no pueda ser visto como un mecanismo adicional o paralelo a trav\u00e9s de la cual se pueda sustituir a las v\u00edas judiciales ordinarias, ni como un remedio al que se pueda acudir para corregir los errores en que pudieron incurrir las partes, o para revivir t\u00e9rminos ya fenecidos a consecuencia del descuido de \u00e9stas. <\/p>\n

2.\tDescendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que lo finalmente pretendido por el se\u00f1or Uribe Leyva, es que se ordene a la Superintendencia de Sociedades disponer la suspensi\u00f3n de la Resoluci\u00f3n No. 300-002986 del 10 de agosto de 2017, a trav\u00e9s de la cual se resolvi\u00f3 \u00abDESIGNAR como liquidadora de la sociedad Frigor\u00edfico San Mart\u00edn de Porres Ltda, en Liquidaci\u00f3n (\u2026) a la Doctora Martha Cecilia Salazar Jim\u00e9nez (\u2026) para los efectos previstos en el art\u00edculo 43 de la Ley 1429 de 2010\u00bb, en el marco de la acci\u00f3n de toma de control que ejerci\u00f3 el citado ente de vigilancia sobre dicha persona jur\u00eddica (fls. 46 a 48, Cit.), pues en su criterio, tal determinaci\u00f3n pas\u00f3 por alto que la memorada sociedad se encontraba liquidada, lo que hac\u00eda imposible realizar tal designaci\u00f3n. <\/p>\n

3.\tSin embargo, del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n y los informes allegados al presente tr\u00e1mite, deviene con claridad que la misma es improcedente, toda vez que el reclamante tuvo o tiene otro medio de defensa a trav\u00e9s del cual puede procurar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que estima transgredidos. <\/p>\n

Ciertamente, como el inconforme de duele a trav\u00e9s de esta v\u00eda del nombramiento de una nueva liquidadora de la empresa de la cual es socio, por cuanto, asegura, se desconoci\u00f3 la realidad de misma, la Sala advierte que tuvo o tiene a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de simple nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad de dicha determinaci\u00f3n, o en \u00faltimas, las contradicciones que aduce respecto del citado acto administrativo, por lo que no resulta pertinente convertir la tutela en un camino alterno o paralelo a aqu\u00e9l. <\/p>\n

4. Frente a casos de id\u00e9ntica esencia al que se estudia, la Sala ha manifestado que <\/p>\n

\u00abla tutela fue instituida como un instrumento extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que \u00e9stos se tornen ineficaces o el amparo sea invocado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio grave e inminente\u2026 Y, de manera puntual, ha predicado que no es viable, en principio, contra un acto administrativo de car\u00e1cter particular y concreto, toda vez que su control de legalidad corresponde ejercerlo a la jurisdicci\u00f3n especial, a trav\u00e9s de las acciones pertinentes, en cuyo tr\u00e1mite es viable solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional de sus efectos, a fin de conjurar eventuales da\u00f1os\u00bb (reiterada entre otras, en CSJ STC11554-2017). <\/p>\n

5. Ahora, corresponde destacar que la protecci\u00f3n reclamada tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad como mecanismo transitorio, pues los actos administrativos suponen de suyo una presunci\u00f3n de legalidad que s\u00f3lo puede ser desvirtuada ante la jurisdicci\u00f3n mencionada, y como se dijo, en aqu\u00e9lla est\u00e1 prevista la posibilidad de solicitar medidas cautelares \u00abpara proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia\u00bb, dentro de las que se cuenta la posibilidad de suspensi\u00f3n provisional del acto cuestionado a fin de mitigar el supuesto da\u00f1o que se le est\u00e1 causando con lo resuelto, de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 229 y ss. del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo \u2013Ley 1437 de 2011, lo que desvirt\u00faa, en consecuencia, la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, m\u00e1xime si \u00abs\u00f3lo tiene [esa] calidad (\u2026) aqu\u00e9l da\u00f1o que revista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (ib.), presupuestos que no fueron acreditados por el inconforme. <\/p>\n

6.\tCorolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo controvertido. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC1465-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-03064-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., ocho (08) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101362","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101362","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101362"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101362\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101362"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101362"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101362"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}