{"id":101363,"date":"2026-07-01T17:29:26","date_gmt":"2026-07-01T17:29:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101363"},"modified":"2026-07-01T17:29:26","modified_gmt":"2026-07-01T17:29:26","slug":"stc1466-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1466-2018\/","title":{"rendered":"STC1466-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC1466-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2017-00629-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., ocho (08) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 14 de diciembre de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Alba Luc\u00eda Cifuentes Borja contra el Juzgado Segundo de Familia de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la parte activa y dem\u00e1s intervinientes del juicio liquidatorio a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

1.\tLa accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con la providencia a trav\u00e9s de la aprob\u00f3 los inventarios y aval\u00faos presentados por el partidor, dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal que promovi\u00f3 frente a Guillermo Eduardo Trujillo. <\/p>\n

En consecuencia, exige para la protecci\u00f3n de la garant\u00eda primaria invocada, se \u00abdeclare la nulidad o ilegalidad del auto de fecha 23 de febrero de 2015, y se inste al juzgado accionado que profiera la decisi\u00f3n que en derecho corresponda para que se adec\u00fae (\u2026) a la realidad f\u00e1ctica que obra al proceso; adem\u00e1s de dejar sin efectos la actuaci\u00f3n subsiguiente\u00bb (fl. 11, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tEn apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial, que al interior del preanotado asunto la autoridad judicial criticada mediante auto del 23 de febrero de 2015, aprob\u00f3 los inventarios y aval\u00faos presentados, pese a que en los mismos, asegura, se incluy\u00f3 un pasivo y un activo inexistente, contrariando con tal actuar lo dispuesto en el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la que considera que su reclamo debe ser atendido a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n (fls. 2 a 12, Cit.). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n

El Juez Segundo de Familia de Ibagu\u00e9, luego de hacer un breve resumen de las actuaciones acaecidas con ocasi\u00f3n del litigio censurado, solicit\u00f3 denegar la salvaguarda instada por incumplir con los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad que gobiernan este tipo de acciones (fl. 17 a 20, \u00eddem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Juez constitucional de primera instancia, tras citar los requisitos de procedibilidad del amparo contra decisiones judiciales, lo desestim\u00f3, tras considerar que no atiende el presupuesto de la inmediatez, puesto que \u00abel auto atacado por la tutelante fue proferido hace m\u00e1s de 2 a\u00f1os, y a la hora de ahora la accionante reclama por v\u00eda constitucional la nulidad de la providencia, lo que conduce a la improcedencia de este mecanismo\u00bb; ni tampoco el de la subsidiariedad, en tanto que \u00abrevisadas las diligencias se observa que emitida la providencia censurada la accionante no interpuso recurso alguno, dejando perder la oportunidad legal de manifestar la inconformidad planteada en sede de tutela\u00bb (fls.31 a 33, \u00eddem). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La accionante replic\u00f3 lo resuelto sin exponer los motivos de su inconformidad (fl. 35, Cit.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n

2.\tEn el caso que se examina, se observa con vista en los medios de prueba obrantes en las diligencias, que lo pretendido a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional por la se\u00f1ora Cifuentes Borja no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues tal y como lo divis\u00f3 el a quo constitucional, \u00e9sta en una conducta constitutiva de incuria, no obstante haber sido notificada de la decisi\u00f3n que hoy reprocha, es decir, del auto a trav\u00e9s del cual se aprobaron los inventarios y aval\u00faos presentados al interior de la causa liquidatoria endilgada, desech\u00f3 la oportunidad de ejercer el recurso horizontal contra \u00e9ste, herramienta judicial que proced\u00eda a fin de ventilar las inconformidades que ahora aduce a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de car\u00e1cter eminentemente constitucional, por lo que cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de \u00e9xito de obtener lo pretendido, al haber desaprovechado tal mecanismo que estaba a su disposici\u00f3n para controvertir tal determinaci\u00f3n, la cual estima lesiva para sus derechos fundamentales. <\/p>\n

Por tanto, si la tutelante cont\u00f3 con medios de defensa judicial id\u00f3neos para invocar y conjurar los yerros que manifiesta por esta v\u00eda, la demanda de amparo no puede salir avante, ya que de otra manera \u00e9sta se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales fenecidas, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

Sobre el particular, la Corte de vieja data, en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n

\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (mencionada recientemente en CSJ STC19658-2017). <\/p>\n

Puntualizando que, <\/p>\n

\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (citada en CSJ STC19658-2017). <\/p>\n

3.\tAdicionalmente, y para corroborar el fracaso del reclamo invocado frente a la demarcada actuaci\u00f3n, es preciso decir, como tambi\u00e9n lo apunt\u00f3 el Juez constitucional de primer grado, que tambi\u00e9n se incumple con el presupuesto de procedibilidad general de la inmediatez, dada la evidente tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo constitucional, en tanto que transcurrieron casi tres (3) a\u00f1os entre el proferimiento de la decisi\u00f3n criticada (23 de febrero de 2015), y la interposici\u00f3n de la presente demanda excepcional (5 diciembre de 2017), pues aunque las disposiciones que disciplinan el amparo constitucional no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, atinentes a la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que los interesados act\u00faen tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n

En esta materia, se ha se\u00f1alado de manera uniforme y repetida por la jurisprudencia de esta Sala, que <\/p>\n

Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n

Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (ver entre otras, en CSJ STC19658-2017). <\/p>\n

4.\tPor tanto, las razones que anteceden se estiman suficientes para mantener inc\u00f3lume el fallo confutado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC1466-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2017-00629-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., ocho (08) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 14 de diciembre de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101363","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101363","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101363"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101363\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101363"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101363"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101363"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}