{"id":101364,"date":"2026-07-01T17:29:28","date_gmt":"2026-07-01T17:29:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101364"},"modified":"2026-07-01T17:29:28","modified_gmt":"2026-07-01T17:29:28","slug":"stc1467-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1467-2018\/","title":{"rendered":"STC1467-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1467-2018 <\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., ocho (08) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 14 de diciembre de 2017, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Blanca Flor Pab\u00f3n S\u00e1nchez contra el Juzgado Quinto de Familia de la misma ciudad y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La \tpromotora \tdel amparo reclama \tla protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al \tdebido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \tpresuntamente conculcados por \tla autoridad judicial accionada, al haberle denegado el amparo de \tpobreza que solicit\u00f3 al interior del juicio de impugnaci\u00f3n \tde la paternidad que instaur\u00f3 contra Carolina Rivera C\u00f3rdoba \ten representaci\u00f3n del menor JDPS. <\/p>\n

2.\tSin realizar petici\u00f3n concreta aduce en s\u00edntesis, que promovi\u00f3 el proceso antes referido, con el prop\u00f3sito de obtener que se declare que el menor JDPS no es hijo del difunto Abel Pab\u00f3n Uribe, solicitando que le fuese concedido amparo de pobreza, para no costear los gastos de la exhumaci\u00f3n del respectivo cad\u00e1ver, lo que le fue desestimado por el Despacho querellado en auto del 12 de julio de 2017, determinaci\u00f3n que, en su opini\u00f3n, conculca las garant\u00edas invocadas, toda vez que no cuenta con los recursos econ\u00f3micos suficientes para cubrir el costo de la prueba pericial mencionada, pues \u00abno tiene un trabajo fijo, ni ingresos\u00bb y tampoco la posibilidad de acceder a un cr\u00e9dito. <\/p>\n

De otro lado, asegura que el citado menor es beneficiario de la pensi\u00f3n de su fallecido padre, por lo que igualmente, tendr\u00e1 derecho a la herencia que \u00e9ste dej\u00f3, circunstancias que le afectan a ella y a sus dem\u00e1s hermanos, raz\u00f3n por la que debe concederse el beneficio reclamado (fls. 1 a 4, cdno. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

1. El \tInstituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses pidi\u00f3 \tdenegar el amparo suplicado, ya que \u00abno \texiste o ha existido acto u omisi\u00f3n por parte de esta entidad \tque haya podido vulnerar los derechos fundamentales de la se\u00f1ora \tBlanca Flor Pab\u00f3n S\u00e1nchez\u00bb (fls. \t16 y 17, ib\u00eddem). <\/p>\n

2. Por \tsu parte, el Juzgado Quinto de Familia de Neiva aleg\u00f3, que \tdesestim\u00f3 el amparo de pobreza solicitado por la demandante, \taqu\u00ed accionante, \u00abpor \tno reunir los requisitos que para tal fin exige el C\u00f3digo \tGeneral del Proceso\u00bb \t(fl. \t24 \u00eddem). <\/p>\n

3. A \tsu turno, la Defensor\u00eda de Familia Regional Huila, pidi\u00f3 \tvelar por \u00ablos \tderechos de los ni\u00f1os de tal manera que no se vean \tperjudicados sus derechos fundamentales y ning\u00fan otro \tmenoscabo a su bienestar que se pueda derivar de la resoluci\u00f3n \tde la acci\u00f3n de tutela\u00bb \t(fls 91 a 93, ib\u00eddem) <\/p>\n

4. Por \t\u00faltimo, la Procuradur\u00eda 19 Judicial II de Familia de \tNeiva, solicit\u00f3 al Juez de tutela que al momento de dictar \tsentencia realice una \u00abvaloraci\u00f3n \ten la que se ponderen todas y cada una de las circunstancias \tparticulares que concurren\u00bb \ten \tel caso bajo estudio (fl. \t96, \t\u00eddem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada por improcedente, tras advertir que \u00abla tutelante no formul\u00f3 reparo alguno frente a la decisi\u00f3n que por v\u00eda constitucional pretende sea revocada y ordenada, ello es el auto del 12 de julio de 2017, mediante el cual el Juzgado accionado deneg\u00f3 la solicitud de amparo de pobreza peticionado por la demandante, lo cual supone que la se\u00f1ora Pab\u00f3n S\u00e1nchez no advirti\u00f3 oportunamente que la decisi\u00f3n vulneraba sus intereses, pretendiendo ahora, revivir la oportunidad para debatir determinado aspecto de la decisi\u00f3n, cuando esta se encuentra precluida, por tanto, no resulta excusable la falta de interposici\u00f3n de los medios de impugnaci\u00f3n a que hab\u00eda lugar\u00bb (fls. 98 a 102, ib\u00eddem). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, utilizando argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo (fls. 113 y 114, \u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tLa acci\u00f3n de tutela, cuando tiene por finalidad controvertir actuaciones judiciales, s\u00f3lo deviene procedente si en ellas el juez natural ha incurrido en causal de procedencia del amparo, entendi\u00e9ndose por tal, aquella actividad jurisdiccional que carece de fundamento jur\u00eddico y que, por lo mismo, se muestra ostensiblemente arbitraria y caprichosa, y, siempre y cuando el interesado no disponga de otros medios de defensa id\u00f3neos para la protecci\u00f3n de sus derechos, puesto que, en el supuesto de haber contado o de contar con ellos, el mecanismo constitucional no tiene cabida, ya que tales formas ordinarias de defensa vienen a constituir el sendero por medio del cual debe obtenerse protecci\u00f3n o el restablecimiento de los derechos superiores amenazados o efectivamente conculcados por los jueces. <\/p>\n

2. En \tel caso bajo estudio se observa, que \tla accionante se duele, concretamente, del auto de 12 de julio de \t2017, mediante el cual el Juzgado Quinto de Familia de Neiva le neg\u00f3 \tel amparo de pobreza solicitado dentro del juicio de impugnaci\u00f3n \tde la paternidad que promovi\u00f3 contra Carolina \tRivera C\u00f3rdoba en representaci\u00f3n del menor JDPS. <\/p>\n

3. Para la decisi\u00f3n que se est\u00e1 adoptando tienen trascendencia para la Corte los elementos de juicio que enseguida se relacionan, a saber: <\/p>\n

3.1. Blanca Flor Pab\u00f3n S\u00e1nchez -aqu\u00ed accionante, instaur\u00f3 el proceso en menci\u00f3n con el fin de obtener que se declare que el menor JDPS no es hijo del causante Abel Pab\u00f3n Uribe, su progenitor; as\u00ed mismo, pidi\u00f3 que se le concediera amparo de pobreza, pues de conformidad con lo preceptuado en la ley 721 de 2001, se hace necesaria \u00abla exhumaci\u00f3n del cad\u00e1ver del se\u00f1or Abel Pab\u00f3n Uribe, igualmente para la realizaci\u00f3n del examen de ADN, con el fin de esclarecer los hechos\u00bb (fls. 41 a 43, cdno. l). <\/p>\n

3.2. En prove\u00eddo del 12 de julio de 2017, la sede judicial accionada desestim\u00f3 la anterior solicitud, por \u00abno re[unir] los requisitos consagrados en el art\u00edculo 151 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto la demandante no manifiesta que se encuentre imposibilitada para atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y de las personas a quienes por Ley debe alimentos, tal como lo exige la norma en menci\u00f3n, motivo por el cual ser\u00e1 rechazada su solicitud de amparo de pobreza, hasta tanto sea subsanada en los t\u00e9rminos que indica o exige la ley\u00bb (fl. 72, ib\u00eddem), determinaci\u00f3n frente a la cual la demandante guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

4.\tCon vista en lo anterior, para la Corte la demanda de amparo carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por las siguientes razones: <\/p>\n

4.1.\t En primer lugar, la se\u00f1ora Pab\u00f3n S\u00e1nchez no controvirti\u00f3 a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, la decisi\u00f3n que hoy estima lesiva de sus garant\u00edas superiores, por lo que dicha circunstancia analizada a la luz del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, impide cualquier pronunciamiento del juez constitucional, quien no podr\u00eda, por esta senda, revivir t\u00e9rminos u oportunidades que se han desperdiciado por el descuido o el desinter\u00e9s de los litigantes. <\/p>\n

Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n

\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC262-2018). <\/p>\n

As\u00ed mismo ha referido que, <\/p>\n

\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ib). <\/p>\n

Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que, <\/p>\n

\u00ab[N]o se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (enunciada en CSJ STC1440-2017). <\/p>\n

4.2. Y a\u00fan con prescindencia de lo anterior, se observa que el Despacho acusado desestim\u00f3 la solicitud de amparo de pobreza, tras advertir que la misma no satisfac\u00eda los presupuestos contemplados en el art\u00edculo 151 de la ley adjetiva, dado que la demandante omiti\u00f3 manifestar que no se hallaba en capacidad de asumir los gastos del proceso o que ten\u00eda lo necesario para atender su propia subsistencia y la de sus hijos, soluci\u00f3n que en opini\u00f3n de esta Sala, no es fruto del simple capricho del operador judicial, lo que torna improcedente la salvaguarda aqu\u00ed reclamada, m\u00e1xime cuando resulta claro que la real intenci\u00f3n de la promotora del amparo es que se haga a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional un juzgamiento paralelo a lo resuelto por la autoridad competente al interior del asunto objeto de estudio, lo cual descalifica de entrada su reclamo constitucional, pues aunque la Corte pudiera o no compartir el entendimiento utilizado por el Juzgado accionado en el prove\u00eddo motivo de cuestionamiento, ello es insuficiente para invalidar lo resuelto, dado que desde la perspectiva ius fundamental, se itera, no existe un comportamiento irreflexivo o infundado de aqu\u00e9l que permita dar por establecida la vulneraci\u00f3n aqu\u00ed alegada. <\/p>\n

En la materia, reiteradamente se ha pregonado que, <\/p>\n

\u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, \u00faltimamente en CSJ STC448-2018). <\/p>\n

Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n

5. Por \ttanto, se impone ratificar el fallo de primera instancia confutado, \tpor las razones expuestas. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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