{"id":101366,"date":"2026-07-01T17:29:47","date_gmt":"2026-07-01T17:29:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101366"},"modified":"2026-07-01T17:29:47","modified_gmt":"2026-07-01T17:29:47","slug":"stc1470-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1470-2018\/","title":{"rendered":"STC1470-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1470-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-02724-02
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., ocho (08) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 13 de diciembre de 2017, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Nubia Consuelo Salazar Salazar contra la Polic\u00eda Nacional, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n -Unidad de Antecedentes y Anotaciones Judiciales. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La \tpromotora \tdel amparo reclama \tla protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a \tla igualdad, a la intimidad, a la libertad, al buen nombre y al \th\u00e1beas data, \tpresuntamente \tconculcados por \tla autoridad accionada, por no haber suprimido de su base de datos \tla orden de captura que pesa en su contra. <\/p>\n

Solicita entonces, que se ordene a la Polic\u00eda Nacional, \u00absea eliminada dicha anotaci\u00f3n (\u2026) por cuanto no [se] encuentra requerida por ninguna autoridad judicial\u00bb (fl. 17, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tPara sustentar su inconformidad aduce en s\u00edntesis, que en respuesta al derecho de petici\u00f3n que present\u00f3 ante la Polic\u00eda Nacional para que se le informaran los motivos por los que no pod\u00edan expedirle el certificado de antecedentes judiciales, le fue indicado que ten\u00eda una orden de captura en su contra desde el 18 de marzo de 1997 dispuesta por la Fiscal\u00eda Local 150 de Bogot\u00e1, dentro del proceso penal con Rad. 132857 por el delito de estafa. <\/p>\n

Afirma que radic\u00f3 otra petici\u00f3n en la Unidad de Antecedentes y Anotaciones Judiciales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, con el fin de averiguar si la citada anotaci\u00f3n se encontraba vigente, y que de ser as\u00ed, fuera cancelada y se ordenara su eliminaci\u00f3n de las bases de datos; sin embargo, dicha entidad le comunic\u00f3 que \u00abno le figura orden de captura vigente a [su] nombre\u00bb. <\/p>\n

De este modo, sostiene que la autoridad atacada est\u00e1 quebrantando sus garant\u00edas superiores al tener registrado en su sistema una disposici\u00f3n judicial que carece de fundamento, si en cuenta se tiene que en la actualidad no existe orden de captura en su contra, m\u00e1s a\u00fan cuando, dice, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 298 de la Ley 906 de 2004, la misma tiene una duraci\u00f3n m\u00e1xima de un (1) a\u00f1o (fls. 11 a 18, cdno. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y EL VINCULADO <\/p>\n

1. La \tPolic\u00eda Nacional puso de presente, que la accionante se \tencuentra reportada en su base de datos con una orden de captura por \tel delito de estafa emitida el 18 de marzo de 1997, por lo que para \teliminar ese antecedente, es necesario que la autoridad judicial que \tla decret\u00f3 informe sobre su cancelaci\u00f3n (fls. \t27 y 28, \u00eddem). <\/p>\n

2. Por \tsu parte, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n- \tUnidad \tde Antecedentes y Anotaciones Judiciales inform\u00f3, que la \tgestora cuenta con dos (2) medidas de aseguramiento \tvigentes \ten los procesos penales radicados bajo los n\u00fameros 180371 y \t132857, \tcuyo conocimiento inicialmente estuvieron a cargo de la Fiscal\u00eda \tLocal 150 de Bogot\u00e1, pero por cambio de competencia fueron \tasignados a los \u00abjueces \tpenales municipales (reparto)\u00bb \tde esta capital (fls. 47 a 50, \tib\u00eddem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, tras advertir que <\/p>\n

\u00abNo puede desconocerse que revisados los hechos materia de tutela se echa de menos que la actora hubiere efectuado gesti\u00f3n alguna para la correcci\u00f3n del reporte que dice es inexacto, n\u00f3tese que la entidad demandada act\u00faa simplemente como receptora de las \u00f3rdenes que emiten autoridades judiciales, en lo relacionado con las medidas que adoptan dentro de los diferentes procesos que son de su conocimiento, siendo su obligaci\u00f3n la de mantener los registros correspondientes, mientras no se emita orden en contrario por los mismos funcionarios, pues la accionada no goza de la atribuci\u00f3n legal de cancelar a motu proprio los antecedentes judiciales de los ciudadanos. <\/p>\n

En efecto, obs\u00e9rvese que en la petici\u00f3n elevada por la gestora ante la autoridad accionada s\u00f3lo hizo hincapi\u00e9 en direcci\u00f3n a obtener informaci\u00f3n de la raz\u00f3n por la cual no pod\u00eda contar con el certificado de antecedentes penales, sin contemplar de modo alguno la posibilidad de aclarar, modificar o variar reporte alguno inscrito en su contra, lo que quiere decir que, la accionante no agot\u00f3 el mecanismo con el que contaba a su mano para requerir la rectificaci\u00f3n del dato pertinente y para que dicha instituci\u00f3n previa confirmaci\u00f3n y autorizaci\u00f3n de la autoridad judicial que orden\u00f3 la inscripci\u00f3n de los antecedentes judiciales pudiera actualizar su base de datos\u00bb (fls. 54 a 58, ib\u00eddem). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, utilizando argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo (fls. 59 a 63, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La acci\u00f3n \tde tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n \tPol\u00edtica, es un mecanismo jur\u00eddico creado para la \tprotecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando son \tvulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las \tautoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de \tlos particulares. <\/p>\n

Por su car\u00e1cter eminentemente residual y subsidiario, se requiere para su procedencia que no exista otro medio id\u00f3neo de defensa, se hayan agotado de manera diligente las herramientas ordinarias de control que el ordenamiento superior y la ley consagran para la protecci\u00f3n de tal clase de garant\u00edas y se acate la exigencia de la inmediatez, haciendo uso de ella dentro de un t\u00e9rmino razonable. <\/p>\n

2.\tEn el caso bajo estudio se observa, que la accionante pretende que se elimine de la base de datos de la Polic\u00eda Nacional, la orden de captura dictada en su contra desde 1997 por la Fiscal\u00eda Local 150 de Bogot\u00e1 por el delito de estafa. <\/p>\n

3. Para \tla decisi\u00f3n \tque se est\u00e1 adoptando tienen trascendencia para la Corte los \telementos de juicio que enseguida se relacionan, \ta saber: <\/p>\n

1. El \t\t8 de marzo de 2017, Nubia Consuelo Salazar Salazar, aqu\u00ed \t\tinteresada, elev\u00f3 petici\u00f3n ante la Polic\u00eda \t\tNacional con el prop\u00f3sito que se le informaran \u00abpor \t\tqu\u00e9 motivo en la p\u00e1gina de antecedentes de la Polic\u00eda \t\tNacional se dice que no pueden expedir el pasado judicial\u00bb \t\t(fl. \t\t10, cdno. 1). <\/p>\n

2. En \t\toficio de respuesta del d\u00eda 30 siguiente, la entidad \t\taccionada le indic\u00f3 a la solicitante que a su nombre se \t\tencontraba registrada una orden de captura emitida el \u00ab18\/03\/1997\u00bb \t\tpor \t\tla Fiscal\u00eda Local 150 de Bogot\u00e1, dentro del proceso \t\tradicado bajo el n\u00famero \u00ab13285\u00bb \t\t(fls. \t\t6 y 7, ib\u00eddem). <\/p>\n

3. Posteriormente, \t\tla prenombrada se\u00f1ora elev\u00f3 otra solicitud ante la \t\tFiscal\u00eda \t\tGeneral de la Naci\u00f3n- \t\tUnidad \t\tde Antecedentes y Anotaciones Judiciales, para que se le cancelara \t\tdicho antecedente; sin embargo, en escrito del 16 de agosto de ese \t\tmismo a\u00f1o la entidad le inform\u00f3, que si bien \u00abno \t\tle figura orden de captura vigente\u00bb, \t\tno pod\u00eda eliminar ese mandato judicial porque \u00abesta \t\toficina opera simplemente como receptora de las decisiones que por \t\tley las autoridades deben reportar a la Fiscal\u00eda General de \t\tla Naci\u00f3n; por tanto el reporte, actualizaci\u00f3n o \t\tcorrecci\u00f3n de esta informaci\u00f3n depende exclusivamente \t\tde que las autoridades judiciales a nivel nacional den estricto \t\tcumplimiento a su deber legal y de manera oportuna reporten los \t\tcambio de orden judicial y procedimental que de forma directa e \t\tindirecta afecten la informaci\u00f3n que reposa en el SIAN de la \t\tDirecci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas\u00bb \t\t(fls. 3 a 5, \u00eddem). <\/p>\n

4. Sin \t\tembargo, la gestora cuenta con dos (2) medidas de aseguramiento \t\tvigentes \t\ten los procesos penales radicados bajo los n\u00fameros \u00ab180371\u00bb \t\ty \t\t\u00ab132857\u00bb, \t\tcuyo conocimiento inicialmente estuvieron a cargo de la Fiscal\u00eda \t\tLocal 150 de esta capital, pero posteriormente por competencia \t\tfueron asignados a los \u00abjueces \t\tpenales municipales (reparto)\u00bb \t\tde la misma localidad (fls. 49 y 50, ib\u00eddem). <\/p>\n

4. Con \tvista en lo anterior, la Corte considera que el presente amparo est\u00e1 \tllamado al fracaso, habida cuenta que la accionante no ha agotado la \ttotalidad de las posibilidades que tiene a su alcance para procurar \tla defensa de sus derechos, si en cuenta se tiene que tal y como \tqued\u00f3 expuesto en el numeral anterior, aqu\u00e9lla \tactualmente tiene vigente dos medidas de aseguramiento en distintos \tprocesos penales, por lo que deber\u00e1 acudir a los Juzgados \tPenales \tMunicipales a quienes haya sido repartido su conocimiento, a fin de \tindagar sobre la vigencia de dichas medidas, y solicitar, \teventualmente, la cancelaci\u00f3n de la orden de captura que pesa \ten su contra, puesto \tque de otra manera la acci\u00f3n de tutela se convertir\u00eda \ten una herramienta alternativa, circunstancia que choca con los \tdictados de la doctrina constitucional, en cuanto que tal \u00abmecanismo \tpreferente tiene un car\u00e1cter eminentemente residual, que \tcomporta su improcedencia cuando se dispone de medios de defensa \tjudicial id\u00f3neos para propugnar por la defensa de los \tderechos, ya que no fue consagrado para provocar la iniciaci\u00f3n \tde procesos alternativos o restitutivos de los ordinarios, ni para \tmodificar reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de \tcompetencia de los jueces\u00bb \t(STC1015-2017, \tentre otras). <\/p>\n

4. De \totro lado, \tla promotora no acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un \tperjuicio irremediable en orden a conceder el amparo de manera \ttemporal o transitoria, es decir, \u00abno \thay evidencia sobre la presencia del da\u00f1o, esto es, grave e \tinminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse \tcon las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb \t(ver en CSJ STC4961-2017). <\/p>\n

6.\tPor las razones expuestas, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo de primera instancia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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