{"id":101367,"date":"2026-07-01T17:29:51","date_gmt":"2026-07-01T17:29:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101367"},"modified":"2026-07-01T17:29:51","modified_gmt":"2026-07-01T17:29:51","slug":"stc1471-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1471-2018\/","title":{"rendered":"STC1471-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1471-2018 <\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho)
\nBogot\u00e1, D.C., ocho (08) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 13 de diciembre de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Victoria Solarte Daza contra el Tribunal de Arbitramento designado por el Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio de la citada ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso arbitral a que alude la demanda inicial. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa accionante a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la igualdad, presuntamente conculcados por el Tribunal de Arbitramento conformado por Marco Gerardo Monroy Cabra, Olympo Morales Ben\u00edtez y \u00c9dgar Augusto Ram\u00edrez Quevedo, al no asumir la competencia para conocer de algunas pretensiones dentro del tr\u00e1mite especial que promovi\u00f3 en contra de Carlos Alberto Solarte Solarte y C.S.S. Constructores S.A. <\/p>\n

Solicita entonces, \u00abdejar sin efectos los auto 16 del 21 de septiembre y 19 del 26 de octubre [de 2017]\u00bb, y como consecuencia de ello, que se ordene a la citada Corporaci\u00f3n, \u00abasumir competencia no solo respecto de las pretensiones de la demanda aludida frente a las cuales se declar\u00f3 competente, sino adem\u00e1s, frente aquellas otras respecto de las cuales ha deferido la decisi\u00f3n sobre su competencia\u00bb (fl. 835, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tEn apoyo de tales pretensiones aduce en compendio y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que en raz\u00f3n del amparo constitucional que le fue concedido a C.S.S. Constructores S.A., habida cuenta la cl\u00e1usula compromisoria estipulada en los estatutos de \u00e9sta, la Superintendencia de Sociedades -Delegatura para Procedimientos Mercantiles, rechaz\u00f3 la demanda que pretend\u00eda la impugnaci\u00f3n de algunas actas de asamblea y \u00abexigir [la] responsabilidad\u00bb del se\u00f1or Carlos Alberto Solarte \u00abpor sus actuaciones y omisiones\u00bb en su condici\u00f3n de \u00ab\u201caccionista administrador de CSS\u201d y \u201caccionista contratista de CSS\u201d\u00bb. <\/p>\n

Se\u00f1ala que pese a que el pacto arbitral no hac\u00eda distinci\u00f3n alguna en punto de las diferentes condiciones del accionista para ser convocado, y en su momento \u00abtodas las partes\u00bb realizaron una \u00abinterpretaci\u00f3n coincidente sobre el alcance del art\u00edculo 64 de los estatutos\u00bb, el Tribunal de Arbitramento que se constituy\u00f3 para que conociera de la nueva demanda con pretensiones similares al tr\u00e1mite referido en precedencia, declar\u00f3 su incompetencia para conocer de aquellas que fueron dirigidas a declarar la nulidad de los contratos que el se\u00f1or Solarte celebr\u00f3 con la sociedad como asesor y en nombre de la aludida empresa en su condici\u00f3n de accionista administrador, tras considerar que \u00e9stas se daban en calidad de un tercero. <\/p>\n

Indica que aunque interpuso recurso de reposici\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n, pues, dice, todo lo pretendido tiene que ver con \u00abrelaciones jur\u00eddicas\u00bb entre el convocado \u00abcomo accionista (\u2026) por cuenta o motivo del contrato social\u00bb, la Colegiatura accionada mantuvo inc\u00f3lume lo resuelto en sede de apelaci\u00f3n, al considerar que la cl\u00e1usula \u00abno se extend\u00eda a las actuaciones u omisiones de Solarte como \u201caccionista administrador\u201d o como \u201caccionista contratista de CSS\u201d\u00bb, decisi\u00f3n que fue atacada en reposici\u00f3n por tratarse, asegura, de una \u00abdecisi\u00f3n nueva\u00bb, mecanismo que igualmente fue despachado desfavorablemente, siguiendo adelante el respectivo tr\u00e1mite frente a los asuntos por los que s\u00ed avoc\u00f3 conocimiento. <\/p>\n

Finalmente sostiene, que no solo los argumentos de la determinaci\u00f3n criticada resultan contradictorios, pues desconocen los precedentes jurisprudenciales sentados sobre el alcance de la cl\u00e1usula compromisoria, sino que como se suscit\u00f3 conflicto negativo de competencia, mientras se espera la definici\u00f3n de qui\u00e9n es la autoridad que debe conocer del asunto el Tribunal convocado perder\u00eda vigencia, lo que, asegura, le causa un perjuicio irremediable (fls. 834 a 898, \u00edd.). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

a).\tEl Presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, dado que revisado el Sistema de Gesti\u00f3n de Correspondencia y Archivo de Documentos Oficiales, se constat\u00f3 \u00abla inexistencia de registro alguno del ingreso al interior de la Sala, del aludido conflicto negativo de competencia\u00bb (fls. 914 y 915, \u00eddem). <\/p>\n

b).\tEl Tribunal de Arbitramento accionado puntualiz\u00f3, que la determinaci\u00f3n censurada \u00abobedeci\u00f3 a que la decisi\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades de rechazar la demanda formulada por la se\u00f1ora Mar\u00eda Victoria Solarte Daza (\u2026) no es un hecho nuevo jur\u00eddico id\u00f3neo para dotar al Tribunal Arbitral de la competencia requerida, dado que los asuntos respecto de los cuales \u00e9ste declin\u00f3 la competencia no est\u00e1n incluidos en el pacto arbitral\u00bb, m\u00e1xime cuando en los fallos de tutela que conocieron del otro asunto, el an\u00e1lisis se circunscribi\u00f3 a la oponibilidad o no de la cl\u00e1usula compromisoria frente a la ahora accionante. Finalmente agreg\u00f3, que las diligencias fueron remitidas al Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para que dirima el conflicto de competencia suscitado al interior de las mismas (fls. 918 a 921 y fls. 935 a 937, \u00eddem). <\/p>\n

c).\tLa Superintendente Delegada para Procedimientos Mercantiles, luego de memorar las actuaciones que conoci\u00f3 al interior del asunto que promovi\u00f3 la se\u00f1ora Solarte Daza frente a Carlos Solarte Solarte y C.S.S. Constructora S.A., precis\u00f3 que se atiene a la informaci\u00f3n que reposa en el expediente (fls. 931 a 934, Cit.). <\/p>\n

d).\tEl Director del Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de esta capital se\u00f1al\u00f3, que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional las funciones desarrolladas por aquellas dependencias \u00abtienen car\u00e1cter administrativo\u00bb (fls. 938 y 939, \u00eddem). <\/p>\n

e).\tQuien adujo apoderar al se\u00f1or Carlos Alberto Solarte Solarte, indic\u00f3 que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, si en cuenta se tiene que \u00abno se han agotado los mecanismos ordinarios para resolver\u00bb la controversia suscitada (fls. 940 a 943, \u00edd.). <\/p>\n

f).\tLa sociedad C.S.S. Constructores S.A. a trav\u00e9s de quien manifest\u00f3 ser su apoderado judicial, sostuvo que en el litigio criticado de manera alguna se han lesionado las prerrogativas de la inconforme, como quiera que las pretensiones formuladas ante el citado ente de control distan de las que motivaron el arbitramento, m\u00e1s a\u00fan cuando tampoco la inconforme agot\u00f3 los mecanismos que ten\u00eda a su disposici\u00f3n para controvertir la decisi\u00f3n que ahora censura (fl. 944 a 951, \u00eddem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Juez Constitucional de primera instancia neg\u00f3 el auxilio implorado, tras advertir que \u00aben el momento en que se acudi\u00f3 a la queja estaba pendiente de resolverse el conflicto negativo de competencia que suscito el Tribunal Arbitral, y en ese sentido, la misma es prematura\u00bb (fls. 953 a 955, ib\u00eddem). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La propuso el mandataria judicial de la accionante, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela (fls. 972 a 983, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tAcorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n a lo precedente, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de esta extraordinaria defensa, con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

2.\tEn el presente asunto se observa, sin duda, que la censura est\u00e1 encaminada contra el prove\u00eddo proferido el 26 de octubre de 2017 por el Tribunal de Arbitramento compuesto por Marco Gerardo Monroy Cabra, Olympo Morales Ben\u00edtez y \u00c9dgar Augusto Ram\u00edrez Quevedo, a trav\u00e9s del cual se dispuso \u00abdeclararse competente para conocer y decidir en derecho (\u2026)\u00bb salvo de \u00abde las peticiones propuestas en las letras b), c), d), y e) de la pretensi\u00f3n quinta (5\u00aa); letra a), de la aspiraci\u00f3n d\u00e9cima (10\u00aa); las letras d) y h), de ese mismo pedido d\u00e9cimo (10\u00ba); y pretensi\u00f3n duod\u00e9cima (12\u00aa) contenidas todas en el escrito reformatorio de la demanda (\u2026); Plantear el conflicto negativo de competencia, con la Superintendencia de Sociedades \u2013Delegatura para Procedimientos Mercantiles, a prop\u00f3sito de las [citadas] peticiones\u00bb, ello en el marco del tr\u00e1mite arbitral que Mar\u00eda Victoria Solarte Daza \u2013aqu\u00ed accionante, promovi\u00f3 frente a C.S.S. Constructores S.A. y Carlos Alberto Solarte Solarte (fls. 551 a 560), pues en sentir de aqu\u00e9lla, la cl\u00e1usula compromisoria estipulada de manera alguna condicionaba las calidades en que los accionistas deb\u00edan ser convocados al Tribunal, aspecto sobre el que, dice, ya existen pronunciamientos judiciales. <\/p>\n

3.\tPues bien, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se observa que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n

3.1.\tLa se\u00f1ora Mar\u00eda Victoria Solarte Daza promovi\u00f3 el aludido Tribunal, pretendiendo que i) se declare la nulidad de las decisiones consignadas en la acta de asamblea de 23 de abril de 2015; de igual manera ii) \u00abnulo, por objeto y causa il\u00edcitos, el contrato celebrado el 1 de diciembre de 2014, entre CSS y Carlos Solarte y denominado \u201cContrato de Prestaci\u00f3n de Servicios de Asesor\u00eda Permanente\u201d\u00bb; que iii) aqu\u00e9l se\u00f1or incumpli\u00f3 la citada convenci\u00f3n; y, iv) que son nulos por objeto il\u00edcito, \u00abtodos los contratos que celebr\u00f3 Carlos Alberto Solarte con CSS siendo administrador, sin autorizaci\u00f3n previa y expresa de la Asamblea de CSS\u00bb, ordenando la indemnizaci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n

De igual manera, v) que se declare que el citado ciudadano \u00abincumpli\u00f3 en los a\u00f1os 2012, 2013, 2014, 2015 y hasta febrero de 2016, como socio administrador y\/o como contratista de CSS\u00bb, ordenando sanciones monetarias y declarando a aqu\u00e9l con \u00abinhabilidad para ejercer el comercio por un t\u00e9rmino no inferior a diez a\u00f1os\u00bb; Adem\u00e1s, vi) que \u00abse extiendan a favor de los accionistas que intervengan en el proceso como litisconsortes cuasi-necesarios para apoyar la demanda, indemnizaciones iguales a las que ordene el laudo a [su] favor\u00bb (fls. 414 a 448, Cit.). <\/p>\n

3.2.\tEn la audiencia de que trata el art\u00edculo 30 de la Ley 1563 de 2012, la aludida Colegiatura resolvi\u00f3 \u00abDeclararse competente para conocer y decidir en derecho las controversias suscitadas (\u2026) con excepci\u00f3n de las pretensiones de que tratan los literales b, c, d y e de la pretensi\u00f3n Quinta\u00bb (fls. 544 a 550, \u00eddem). <\/p>\n

3.3. Como quiera que contra la anterior determinaci\u00f3n se interpuso recurso de reposici\u00f3n, en audiencia del 26 de octubre pasado la autoridad convocada dispuso revocarla parcialmente para declarar la competencia para conocer del asunto puesto a su consideraci\u00f3n, salvo \u00abde las peticiones propuestas en las letras b), c), d), y e) de la pretensi\u00f3n quinta (5\u00aa); letra a), de la aspiraci\u00f3n d\u00e9cima (10\u00aa); las letras d) y h), de ese mismo pedido d\u00e9cimo (10\u00ba); y pretensi\u00f3n duod\u00e9cima (12\u00aa) contenidas todas en el escrito reformatorio de la demanda\u00bb, y en consecuencia, \u00abPlantear el conflicto negativo de competencia, con la Superintendencia de Sociedades \u2013 Delegatura para Procedimientos Mercantiles, a prop\u00f3sito de las [citadas] peticiones\u00bb, remitiendo entonces copia de lo actuado a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o en su defecto, en caso de ser rechazada, a la Corte Constitucional para el efecto (fls. 551 a 560, \u00eddem). <\/p>\n

3.4.\t Finalmente en audiencia del 7 de diciembre de 2017, el memorado Tribunal modific\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n en punto de la autoridad competente para dirimir el conflicto formulado, disponiendo la remisi\u00f3n de las diligencias a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (fl. 925, Cit.). <\/p>\n

4.\tVisto lo anterior y teniendo en cuenta puntualmente las pretensiones de la actora, no cabe duda, como se anticip\u00f3 y lo expuso el a quo constitucional, que el amparo rogado est\u00e1 llamado al fracaso, si en cuenta se tiene que para el momento en que se solicit\u00f3 el mismo estaba pendiente el pronunciamiento respectivo para desatar el conflicto negativo de competencias suscitado, escenario en el que se estudiar\u00e1n precisamente los mismos argumentos aqu\u00ed expuestos, por lo que sin duda, resulta presuroso suplicar cualquier tipo de pronunciamiento al respecto hasta tanto la materia sea resuelta de forma definitiva por la autoridad correspondiente, en la medida en que no puede acudirse con \u00e9xito al amparo cuando est\u00e1n en tr\u00e1mite los instrumentos ordinarios de defensa, pues ello ri\u00f1e con el car\u00e1cter subsidiario y residual que lo caracteriza, no siendo viable pretender reemplazar los senderos legales mediante esta herramienta aduciendo la ocurrencia de un perjuicio irremediable, dado que el Juez constitucional no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n. <\/p>\n

Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, se ha dicho que, <\/p>\n

\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (citada en CSJ STC1185-2017). <\/p>\n

Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que <\/p>\n

\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver en CSJ STC277-2017). <\/p>\n

5. Finalmente, tampoco resulta procedente la tutela como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable a la impugnante, pues lo cierto es que no se alleg\u00f3 elemento de juicio alguno para demostrarlo, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia. <\/p>\n

Sobre el tema, la jurisprudencia de la Sala ha se\u00f1alado que <\/p>\n

\u00abno se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (enunciada recientemente en CSJ STC1723-2017). <\/p>\n

6.\tCorolario de lo esgrimido, se impone ratificar el fallo constitucional de instancia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC1471-2018 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., ocho (08) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 13 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101367","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101367","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101367"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101367\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101367"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101367"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101367"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}