{"id":101368,"date":"2026-07-01T17:29:53","date_gmt":"2026-07-01T17:29:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101368"},"modified":"2026-07-01T17:29:53","modified_gmt":"2026-07-01T17:29:53","slug":"stc1474-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1474-2018\/","title":{"rendered":"STC1474-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1474-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-00186-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la tutela promovida por Quick Help S.A.S. frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por las magistradas Ruth Elena Galvis Vergara, Hilda Gonz\u00e1lez Neira y Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez, con ocasi\u00f3n del juicio verbal de competencia desleal adelantado por Vinnuretti Abogados S.A.S. a Bela Venko Abogados S.A.S. y a la aqu\u00ed quejosa. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La interesada reclama la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y \u201casociaci\u00f3n\u201d, presuntamente infringidos por la corporaci\u00f3n accionada. <\/p>\n

2. Sostiene como fundamento de su inconformidad, en s\u00edntesis, que firm\u00f3 \u201cel acuerdo de nivel de servicios -2012\u201d con Lizzette Katherine Bol\u00edvar Rubio, quien se oblig\u00f3 a \u201cconstituir la raz\u00f3n social\u201d Ajdess S.A.S., hoy Vinnuretti Abogados S.A.S. <\/p>\n

Agrega que el fin de tal pacto era el \u201c(\u2026) acompa\u00f1amiento, apoyo y representaci\u00f3n judicial en el requerimiento de informaci\u00f3n\u201d de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP, y\/o de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa. <\/p>\n

Acota que en contraprestaci\u00f3n se comprometi\u00f3 a brindar \u201casesor\u00eda y apoyo material para el objeto social\u201d de Vinnuretti S.A.S. <\/p>\n

Afirma haber asumido \u201clos costos por los servicios compensados mientras se constitu\u00eda la sociedad Ajdess\u201d; empero, esa empresa resolvi\u00f3 \u201c(\u2026) renunciar a estos honorarios, march\u00e1ndose de forma arbitraria de las instalaciones que se le hab[\u00edan] adecuado desde la fecha de suscripci\u00f3n del acuerdo\u201d. <\/p>\n

Manifiesta que luego de presentarse el referido \u201cconflicto nac[i\u00f3] la sociedad Bela Venko Abogados cuyo objeto social es prestar servicio jur\u00eddicos\u201d. <\/p>\n

La anterior determinaci\u00f3n fue modificada por el ad quem en el sentido de aumentar a $116.348.517 la sanci\u00f3n pecuniaria a favor del extremo all\u00e1 convocante. <\/p>\n

Expresa que en otro proceso Vinnuretti fue condenada \u201cpor competencia desleal en contra de Bela Venco\u201d, y aun cuando aport\u00f3 las pruebas recopiladas en ese asunto al litigio ahora reprochado, las mismas no fueron apreciadas debidamente, \u201c(\u2026) ni en primera ni en segunda instancia, especialmente los testimonios de los trabajadores, lo cual viola el debido proceso\u201d. <\/p>\n

Tambi\u00e9n err\u00f3 el colegiado al regular los perjuicios, pues pretiri\u00f3 que el cambio \u201c(\u2026) de oficinas por parte de Vinnuretti\u201d obedeci\u00f3 a una decisi\u00f3n voluntaria suya, por tanto el mayor valor por ella cancelado en sus nuevas instalaciones no debe afectar a la ac\u00e1 querellante. <\/p>\n

3. Tras insistir en lo ya descrito y asegurar que Vinnuretti \u201caleg\u00f3 actos de competencia desleal infundados e inexistentes\u201d, pide anular el fallo de segundo grado. <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

La corporaci\u00f3n realiz\u00f3 un recuento de su gesti\u00f3n y adujo que en la providencia reprochada consign\u00f3 los argumentos f\u00e1cticos, jurisprudenciales y legales para desatar el asunto en la forma como lo hizo. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que en el caso cuestionado, la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, emiti\u00f3 fallo de primera instancia, frente al cual la ahora quejosa guard\u00f3 completo silencio, pues la alzada fue propuesta \u00fanicamente por la demandante y Bela Venko Abogados S.A.S. <\/p>\n

Indic\u00f3 que por esa determinaci\u00f3n Bela Venko Abogados formul\u00f3 una acci\u00f3n similar a la presente, actualmente en tr\u00e1mite en esta Sala de Casaci\u00f3n. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Quick Help S.A.S. refuta, en concreto, i) el monto de los perjuicios tasado por el tribunal en la comentada litis y ii) la valoraci\u00f3n probatoria realizada en ese asunto, la cual condujo a acceder a las pretensiones del extremo all\u00e1 actor; empero, por el segundo de los se\u00f1alados t\u00f3picos no prospera la salvaguarda dada la ausencia del presupuesto de subsidiariedad, pues la petente del ruego no apel\u00f3 la sentencia dictada por la citada Superintendencia, desaprovechando la oportunidad de discutir la responsabilidad a ella atribuida, en el escenario establecido por el legislador para el efecto, esto es, dentro del mismo pleito. <\/p>\n

\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d1. <\/p>\n

2. Es necesario precisar que la Superintendencia de Industria y Comercio, al proferir fallo en el asunto criticado tuvo por \u201cciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n\u201d en los cuales se fund\u00f3 la demanda, por cuanto los representantes legales de Bela Venko Abogados S.A.S. y Quick Help S.A.S., ac\u00e1 accionante, \u201cno asistieron a la audiencia inicial sin justificaci\u00f3n\u201d; en consecuencia, dio por acreditado <\/p>\n

\u201c(\u2026) [i)] que no le fue permitido el ingreso al personal de Vinnuretti a las instalaciones del grupo Quick desde el 5 de marzo de 2015, [ii)] que Jos\u00e9 Juli\u00e1n Cabiedes y Rogelio Gil Criollo entregaron un espacio en sus instalaciones como contraprestaci\u00f3n por los servicios de asesor\u00eda jur\u00eddica, (sic) [iii)] que Lina Pamela Castro y Leidy Johanna Criollo Rivera indicaron [a] clientes de Vinnuretti que [\u00e9sta y] Bela Venko Abogados S.A.S. eran empresas aliadas y pertenec\u00edan a los mismos socios, [iv)] que se sustrajo informaci\u00f3n confidencial de la firma para usarla en provecho propio, (sic) [v) y] que Lina Castro se identificaba como abogada de Vinnuretti e indujo a renunciar a los empleados del \u00e1rea de teleconcertaci\u00f3n y manifestaba que Vinnuretti se dividi\u00f3 en dos\u201d. <\/p>\n

As\u00ed, la juzgadora de primer grado estableci\u00f3 <\/p>\n

\u201c(\u2026) que la contravenci\u00f3n a las condiciones del contrato celebrado entre las partes se dio al prohibirle el ingreso al personal [de la] accionante de manera arbitraria y sin previo aviso al lugar de trabajo. Respecto a los actos de confusi\u00f3n y enga\u00f1o, los hall\u00f3 configurados en la modalidad indirecta porque las actuaciones de los demandados son id\u00f3neas para generar en los consumidores la idea equivocada de que existe una vinculaci\u00f3n entre las sociedades, resalt\u00f3 que entre estos servicios hay conexidad competitiva en la medida de que se trata de los mismos servicios destinados a la misma clase de consumidores y que se oferta en el mismo \u00e1mbito geogr\u00e1fico\u201d. <\/p>\n

Por lo anterior, reconoci\u00f3 a favor de la demandante la suma de $9.000.000 por da\u00f1o emergente. <\/p>\n

3. Como la petente de este ruego no censur\u00f3 la argumentaci\u00f3n en la cual se apoy\u00f3 la Superintendencia para hallarla responsable de los comentados \u201cactos\u201d, pues, mem\u00f3rese, no apel\u00f3 la sentencia de primer grado, el an\u00e1lisis a realizar por esta v\u00eda se circunscribir\u00e1 a lo considerado por el tribunal para aumentar ese qu\u00e1ntum pecuniario. <\/p>\n

Para proceder de la forma comentada el colegiado tras un extenso estudio de los elementos de juicio acopiados, manifest\u00f3 que ese acervo revelaba \u201clos supuestos generales de deslealtad\u201d endilgada a las convocadas, pues eran patentes sus \u201c(\u2026) actos de competencia desleal[,] tales como desorganizaci\u00f3n empresarial, prohibici\u00f3n general, confusi\u00f3n y enga\u00f1o\u201d.
\nSeguidamente, analiz\u00f3 el menoscabo econ\u00f3mico padecido por la Vinnuretti, y tras citar jurisprudencia de esta Sala sobre ese aspecto, expres\u00f3 que el da\u00f1o en el caso concreto, correspond\u00eda a los gastos asumidos por la empresa accionante \u201c(\u2026) para continuar normalmente con su actividad empresarial, teniendo como base que ya no contaba con oficinas en donde ubicarse y desarrollar su objeto social\u201d. <\/p>\n

Para determinar tales erogaciones, examin\u00f3 el dictamen pericial rendido, resaltando de \u00e9l los conceptos por \u201carrendamiento, administraci\u00f3n y servicios p\u00fablicos\u201d sumando ellos $102.090.424, y la aclaraci\u00f3n ofrecida por el perito sobre los mismos, y concluy\u00f3 el juzgador que esa experticia gozaba de \u201c(\u2026) fuerza de convicci\u00f3n suficiente para justipreciar el da\u00f1o patrimonial\u201d sufrido por la reclamante. <\/p>\n

Aunado a lo precedente, indic\u00f3 que al haberse establecido que las integrantes del extremo pasivo \u201c(\u2026) incurrieron en actos de desorganizaci\u00f3n empresarial\u201d, era procedente condenarlas a pagar a Vinurretti las liquidaciones2 prestacionales reconocidas por \u00e9sta a sus trabajadores, quienes, precisamente, renunciaron por las circunstancias relacionadas con la conducta desplegada por las compa\u00f1\u00edas demandadas. <\/p>\n

Con fundamento, entre otros, en los argumentos glosados en antelaci\u00f3n el ad quem conden\u00f3 a las empresas convocadas a pagar a la all\u00e1 actora $116.348.517, por los perjuicios irrogados. <\/p>\n

4. Resulta razonable la postura asumida por el tribunal respecto del pleito sometido a su conocimiento, lo cual frustra el \u00e9xito de este resguardo, por cuanto, con sustento en los medios de convicci\u00f3n recopilados, hall\u00f3 viable decidir de la forma en la cual lo hizo. <\/p>\n

En efecto, a fin verificar el monto del referenciado da\u00f1o el juzgador repar\u00f3 en las pruebas aportadas, particularmente, en el dictamen rendido, y de \u00e9l coligi\u00f3 objetivamente la cuant\u00eda del mismo. <\/p>\n

5. Se concluye, en definitiva, que el labor\u00edo de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en tanto corresponde a una interpretaci\u00f3n plausible del acervo probatorio allegado al tr\u00e1mite, no luce arbitrario, ni caprichoso, sino, por el contrario, ecu\u00e1nime, conclusi\u00f3n que per se descarta la prosperidad de esta salvaguarda. <\/p>\n

Mem\u00f3rese, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n de esta excepcional justicia. <\/p>\n

Ata\u00f1edero a ello, esta Corte ha afirmado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u201d3. <\/p>\n

Tambi\u00e9n ha indicado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) los Jueces en su tarea de administrar justicia gozan de (\u2026) autonom\u00eda en la ex\u00e9gesis de la ley y en la valoraci\u00f3n de la prueba, motivo por el cual no es suficiente que la tutelante oponga un planteamiento as\u00ed sea coherente sobre lo que debi\u00f3 ser ya la explicaci\u00f3n de la norma o del an\u00e1lisis de la prueba, para desde\u00f1ar una providencia judicial que no comparte y encasillarla como v\u00eda de hecho judicial (\u2026)\u201d4 (subl\u00ednea fuera de texto). <\/p>\n

6. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma como tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7. <\/p>\n

7. Corolario de lo narrado, no se acceder\u00e1 a la salvaguarda deprecada. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,
\nRESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Quick Help S.A.S. frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por las magistradas Ruth Elena Galvis Vergara, Hilda Gonz\u00e1lez Neira y Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez, con ocasi\u00f3n del juicio verbal de competencia desleal adelantado por Vinnuretti Abogados S.A.S. a Bela Venko Abogados S.A.S. y a la aqu\u00ed quejosa. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-00186-00 <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb8, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb9; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagadas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas, ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

Dicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la acci\u00f3n de tutela, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste. <\/p>\n

La raz\u00f3n de lo anterior reside en que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional10, los tratados internacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, conforme al cual \u201cLa Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales\u201d. <\/p>\n

De ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como lo son los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, C-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC, C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009). <\/p>\n

Adicionalmente y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC, C-500-2014). <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala al hacer cualquier tipo de pronunciamiento sobre el control de convencionalidad en lugar de insertar en las decisiones de tutela afirmaciones gen\u00e9ricas en torno de ese concepto, que lo \u00fanico que revelan es la ausencia de un estudio serio, riguroso y detallado sobre la aplicabilidad del mismo, su alcance e implicaciones. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado
\n1 \tCSJ STC, de 26 \tde enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, \texp. 00616-00.
\n2 \tEn punto de ello, inform\u00f3 el tribunal que ese t\u00f3pico \ttambi\u00e9n fue relacionado en el dictamen pericial rendido, es \tdecir, se hallaba acreditado en el plenario.
\n3 \tCSJ. STC 18 \tde marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, \texp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012.
\n4 \tCSJ. STC 1\u00b0 de \tseptiembre de 2010, exp. 01377-00, reiterada el 16 de diciembre de \t2011, exp. 02663-00.
\n5 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n6 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n7 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n8 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n9 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n10 \tSentencias \tC-225-1995, C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009 entre otras.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1474-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-00186-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la tutela promovida por Quick Help S.A.S. frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101368","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101368","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101368"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101368\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101368"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101368"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101368"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}