{"id":101370,"date":"2026-07-01T17:30:08","date_gmt":"2026-07-01T17:30:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101370"},"modified":"2026-07-01T17:30:08","modified_gmt":"2026-07-01T17:30:08","slug":"stc1478-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1478-2018\/","title":{"rendered":"STC1478-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1478-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-00055-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la tutela promovida por Rosalba Rodr\u00edguez C\u00e1rdenas frente al Juzgado Civil del Circuito de L\u00e9rida y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, integrada por los magistrados Diego Omar P\u00e9rez Salas, Ricardo Enrique Bastidas Ortiz y Luis Enrique Gonz\u00e1lez Trilleras, con ocasi\u00f3n del juicio de pertenencia adelantado por la aqu\u00ed quejosa a Alonso Bello Aguirre, Liliana Paola y Regan Alonso Bello. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La interesada exige el resguardo de las garant\u00edas al debido proceso, defensa y vida digna, presuntamente quebrantadas por los accionados. <\/p>\n

2. Como sustento de su reclamo manifiesta, en concreto, que es v\u00edctima de la tragedia ocurrida en el a\u00f1o 1985 en la poblaci\u00f3n de Armero, \u00e9poca en la cual conviv\u00eda con Alonso Bello Aguirre, con quien procre\u00f3 una hija. <\/p>\n

Aun cuando el prenombrado \u201c(\u2026) se enamor\u00f3 de otra persona\u201d, la tutelante \u201c(\u2026) no lo demand[\u00f3] para separaci\u00f3n de bienes, ni cuota alimentaria porque [le] daba malos tratos, [y] nunca lo denunci\u00f3 porque [le] dec\u00eda que si lo hac\u00eda [la] iba a matar\u201d. <\/p>\n

Agrega que como lleva m\u00e1s de 10 a\u00f1os ejerciendo posesi\u00f3n sobre el predio de \u201cinter\u00e9s social\u201d ubicado en la carrera 13 N\u00b0 6-09 de la citada localidad, inco\u00f3 el juicio materia de este decurso, perdiendo en ambas instancias. <\/p>\n

Cuestiona al a quo porque adem\u00e1s de no decretar \u201cpruebas de oficio\u201d, pretiri\u00f3 un dictamen pericial rendido y no se pronunci\u00f3 sobre las mejoras realizadas por ella. <\/p>\n

Reprocha al tribunal por cuanto neg\u00f3 las pretensiones argumentando que la demandante, ac\u00e1 quejosa, en el interrogatorio rendido \u201c(\u2026) revel\u00f3 convicci\u00f3n de que [su] expareja y los hijos de este son los propietarios\u201d del inmueble pretendido; empero, no analiz\u00f3 ese colegiado \u201c(\u2026) las dem\u00e1s pruebas testimoniales en conjunto, no se pronunci\u00f3 respecto de las mejoras ni decret\u00f3 pruebas oficiosas\u201d. <\/p>\n

3. Tras insistir en lo ya descrito y aludir a su dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica, pide dejar sin efectos los fallos objetados y en su lugar \u201cdecretar pruebas de oficio e insistir en el interrogatorio del demandado Alonso Bello Aguirre\u201d. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

Se opuso al ruego por incumplir el presupuesto de la inmediatez y por cuanto la decisi\u00f3n confutada por esta senda se ajusta a la ley. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Rosalba Rodr\u00edguez C\u00e1rdenas reprocha las sentencias mediante las cuales se puso fin al comentado proceso, la segunda de ellas, dictada el 15 de junio de 2017, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9; sin embargo, el amparo deprecado el 16 de enero de 2018, no cumple con el presupuesto de inmediatez, por cuanto, como se aprecia, no se plante\u00f3 dentro de los seis meses siguientes al proferimiento de las decisiones criticadas, tardanza que, por s\u00ed, desvirt\u00faa la finalidad del resguardo impetrado, pues la tutela es un mecanismo creado para la \u201cprotecci\u00f3n inmediata\u201d de los \u201cderechos constitucionales (\u2026) vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica\u201d (art. 86, C.P.). <\/p>\n

En no pocas ocasiones, esta Corte ha adoctrinado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d1. <\/p>\n

Si la interesada se demor\u00f3 para presentar esta acci\u00f3n, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de desatinos atribuibles a los querellados y con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas invocadas como soporte de la salvaguarda. <\/p>\n

2. Aun cuando se omitiera la anterior falencia, el resguardo de todos modos fracasar\u00eda, por cuanto, de los prove\u00eddos objetados, particularmente del expedido en segundo grado, no emerge irregularidad alguna. <\/p>\n

En efecto, para decidir de la manera cuestionada, el tribunal se afinc\u00f3 en las normas jur\u00eddicas respectivas, esto es, en la Ley 9 de 1989, modificada por la 388 de 1997, y en los elementos demostrativos recopilados en el caso materia de este auxilio, e infiri\u00f3 que la demandante ingres\u00f3 a la vivienda materia de usucapi\u00f3n en noviembre de 1990, \u201c(\u2026) con ocasi\u00f3n de la relaci\u00f3n amorosa sostenida con el demandado, se\u00f1or Alonso Bello Aguirre, en virtud de la cual, naci\u00f3 Maritza Lorena Bello Rodr\u00edguez, fecha para la cual la hija ten\u00eda dos a\u00f1os de edad\u201d. <\/p>\n

Luego, refiri\u00f3, particularmente, a la declaraci\u00f3n rendida por la parte actora, ac\u00e1 petente, resaltando que en su versi\u00f3n reconoci\u00f3 que el inmueble pretendido hab\u00eda sido donado por el Fondo de Reconstrucci\u00f3n Resurgir a Alonso Bello Aguirre, Lilian Paola y Regan Alonso Bello; y que los hermanos Bello <\/p>\n

\u201c(\u2026) hac[\u00eda] como 7 a\u00f1os llegaron a la casa porque el pap\u00e1 los mand\u00f3 a que me pidieran la casa (\u2026) yo les dije que yo con ellos no ten\u00eda nada que hablar en el momento porque eso lo arregl\u00e1bamos en una reuni\u00f3n con el pap\u00e1, ellos me dijeron que bueno, pasados unos d\u00edas cit\u00e9 al se\u00f1or Alonso, Vivian y Rigan (sic) a mi casa a hablar, hablamos en buenos t\u00e9rminos yo le expres\u00e9 al se\u00f1or Bello que cu\u00e1ndo me iba a arreglar los problemas de mi casa y \u00e9l me dijo o nos dijo que [a los que] est\u00e1bamos ah\u00ed que [n]os iba a arreglar y que le iba a comprar una casa a cada hijo porque \u00e9l no necesitaba de eso y as\u00ed quedamos y no se ha llegado el momento de hacer papeles a las buenas\u201d. <\/p>\n

Estudiado lo dicho por Lilian Paola y Regan Alonso Bello, reiter\u00f3 el colegiado que la convocante <\/p>\n

\u201c(\u2026) entr\u00f3 en contacto material con el inmueble tras la relaci\u00f3n sentimental sostenida con el se\u00f1or Alonso Bello Aguirre, y luego de la ruptura, acaecida para el a\u00f1o 1991, que supuso la separaci\u00f3n definitiva de la pareja, la se\u00f1ora Rosalba Rodr\u00edguez C\u00e1rdenas contin\u00fao habitando la casa, en raz\u00f3n a la hija en com\u00fan con el demandado, la hoy mayor de edad Maritza Lorena Bello; en otros t\u00e9rminos, se mantuvo en relaci\u00f3n f\u00edsica con la propiedad, en virtud de la autorizaci\u00f3n de sus propietarios, en otras palabras, la relaci\u00f3n material del bien se sustent\u00f3 en la complacencia de sus due\u00f1os, es decir, subordinada a la voluntad de \u00e9stos\u201d. <\/p>\n

3. Resulta razonable la postura asumida por el querellado frente al asunto sometido a su conocimiento, lo cual frustra el \u00e9xito de este resguardo, por cuanto con fundamento en los medios de juicio recopilados, emiti\u00f3 su decisi\u00f3n desestimando los pedimentos del libelo genitor porque no se comprobaron los requisitos necesarios para acceder a la reclamada acci\u00f3n de pertenencia. <\/p>\n

No luce equivocada la tesis esgrimida por el ad quem, sino, por el contrario, atinada, al guardar estrecha consonancia con las pruebas obtenidas y suficiencia en punto de las explicaciones relacionadas con la ausencia de demostraci\u00f3n de la posesi\u00f3n alegada por la demandante, aqu\u00ed tutelante. <\/p>\n

N\u00f3tese, frente a ello acot\u00f3 que el triunfo de las pretensiones de Rosalba Rodr\u00edguez C\u00e1rdenas se hallaba atado a la acreditaci\u00f3n de gestiones inequ\u00edvocas e irrefutables a partir de las cuales fuera dable colegir \u201cel franco y abierto desconocimiento del derecho de propiedad de los demandantes; empero, tal cosa no ocurri\u00f3, pues la parte convocante en lugar de probar sus actos de se\u00f1ora y due\u00f1a, puso de presente sus reuniones con los titulares del derecho de dominio a la espera de que uno de ellos, el se\u00f1or Alonso Bello Aguirre, \u201c(\u2026) le \u2018arregl[ara]\u2019 lo relacionado con la propiedad o habitaci\u00f3n\u201d por ella reclamada. <\/p>\n

Si bien en la providencia atacada no se hizo menci\u00f3n espec\u00edfica respecto de las \u201cmejoras\u201d ahora discutidas por la tutelante, ello obedeci\u00f3 a lo no exigencia del reconocimiento de \u00e9stas. En efecto, examinado en todo su contexto el se\u00f1alado prove\u00eddo se otea que aun cuando la demandante aludi\u00f3 a \u201cuna edificaci\u00f3n secundaria o nueva y otras mejoras\u201d, al parecer, realizadas por ella, no requiri\u00f3 pronunciamiento sobre las mismas y menos su estimaci\u00f3n pecuniaria. <\/p>\n

Ahora, el decreto de pruebas de oficio es viable cuando el juzgador advierte que los medios de convicci\u00f3n no son suficientes para dirimir el conflicto; en el caso, para el colegiado el material recopilado permit\u00eda dilucidar la controversia y, como se vio, con fundamento en \u00e9l procedi\u00f3 a zanjar el asunto de la forma ahora criticada. <\/p>\n

4. En resumen, la inconformidad de la petente con la rese\u00f1ada determinaci\u00f3n no le abre paso a esta excepcional justicia, pues la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.
\nAl respecto, esta Corporaci\u00f3n ha dicho: <\/p>\n

\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u201d2. <\/p>\n

5. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma como tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

As\u00ed como por la regla 93 ej\u00fasdem, al estipular: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Rosalba Rodr\u00edguez C\u00e1rdenas frente al Juzgado Civil del Circuito de L\u00e9rida y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, integrada por los magistrados Diego Omar P\u00e9rez Salas, Ricardo Enrique Bastidas Ortiz y Luis Enrique Gonz\u00e1lez Trilleras, con ocasi\u00f3n del juicio de pertenencia adelantado por la aqu\u00ed quejosa a Alonso Bello Aguirre, Liliana Paola y Regan Alonso Bello. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nCORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\nSALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n

STC1478-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2018-00055-00 <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-00055-00 <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb6, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb7; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

Magistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagadas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas, ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

Dicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la acci\u00f3n de tutela, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste. <\/p>\n

La raz\u00f3n de lo anterior reside en que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional8, los tratados internacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, conforme al cual \u201cLa Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales\u201d. <\/p>\n

De ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como lo son los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, C-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC, C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009). <\/p>\n

Adicionalmente y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC, C-500-2014). <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala al hacer cualquier tipo de pronunciamiento sobre el control de convencionalidad en lugar de insertar en las decisiones de tutela afirmaciones gen\u00e9ricas en torno de ese concepto, que lo \u00fanico que revelan es la ausencia de un estudio serio, riguroso y detallado sobre la aplicabilidad del mismo, su alcance e implicaciones. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ STC de \t2 de agosto de 2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros \tpronunciamientos, 16 de mayo de 2013, exp. 00103-01.
\n2 \tCSJ. STC 18 \tde marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, \texp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012.
\n3 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n7 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n8 \tSentencias \tC-225-1995, C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009 entre otras.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1478-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-00055-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la tutela promovida por Rosalba Rodr\u00edguez C\u00e1rdenas frente al Juzgado Civil del Circuito de L\u00e9rida y la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101370","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101370","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101370"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101370\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101370"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101370"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101370"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}