{"id":101372,"date":"2026-07-01T17:30:21","date_gmt":"2026-07-01T17:30:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101372"},"modified":"2026-07-01T17:30:21","modified_gmt":"2026-07-01T17:30:21","slug":"stc1481-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1481-2018\/","title":{"rendered":"STC1481-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1481-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2017-00090-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 16 de febrero de 2017, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gladys Roc\u00edo Godoy Ortiz contra la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, la Direcci\u00f3n Seccional de Sanidad del Valle del Cauca y la Cl\u00ednica Nuestra Se\u00f1ora de F\u00e1tima. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La gestora suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas a la salud, vida, dignidad e integridad, presuntamente quebrantadas por las cuestionadas. <\/p>\n

2. En sustento de su inconformidad, manifiesta, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Labor\u00f3 como suboficial de la Polic\u00eda Nacional durante aproximadamente veintid\u00f3s a\u00f1os, retir\u00e1ndose del servicio al hallar deteriorada su salud. <\/p>\n

2.2. Entre las patolog\u00edas que le diagnosticaron se encontraban \u201chipertiroidismo\u201d, \u201cinsuficiencia venosa bilateral miembros inferiores (sic)\u201d, \u201chipertensi\u00f3n arterial lesi\u00f3n del \u00f3rgano blanco (sic)\u201d, \u201cgastritis cr\u00f3nica\u201d, \u201ctrazas de insuficiencia mitral\u201d, \u201cartrosis bilateral de rodillas\u201d, \u201castigmatismo\u201d, \u201clesi\u00f3n de columna por presunta enfermedad degenerativa\u201d, \u201cobesidad m\u00f3rbida\u201d, \u201cmiomatosis uterina\u201d, \u201cdepresi\u00f3n\u201d, y \u201cepisodios de p\u00e9rdida de memoria\u201d, \u201cpost ablaci\u00f3n con yodo radioactivo\u201d, \u201cdisfon\u00eda\u201d, \u201cfx\u201d, \u201cmsd\u201d. <\/p>\n

Adicional a lo anterior, afirma que sufre de padecimientos relacionados con el malogrado estado de su dentadura y enc\u00edas. <\/p>\n

2.3. Relata que las convocadas han sido renuentes a prestarle los servicios y entregarle los medicamentos requeridos para afrontar sus dolencias. <\/p>\n

3. De lo consignado en la demanda constitucional se extrae que la petente suplica, en concreto, brindarle atenci\u00f3n m\u00e9dica \u201cintegral\u201d y disponer la realizaci\u00f3n de los siguientes procedimientos: (i) \u201ccirug\u00eda bari\u00e1trica\u201d; (ii) \u201cresonancia magn\u00e9tica de columna lumbro sacra (sic)\u201d; (iii) \u201cterapia f\u00edsica\u201d; (iv) \u201cdoopler venoso miembros inferiores bilateral\u201d; (v) tratamiento odontol\u00f3gico, bajo anestesia; (vi) autorizaci\u00f3n de intervenciones por parte de los galenos del Centro M\u00e9dico Vascular de Occidente; y (vii) remisi\u00f3n a una cl\u00ednica especializada en cardiolog\u00eda, donde pueda ser valorada por un profesional. <\/p>\n

Exige tambi\u00e9n el suministro de (i) \u201cTizafen Tabletas\u201d, (ii) \u201cArcoxia 120 m.g.\u201d, (iii) \u201cgafas\u201d, y (iv) \u201cmedias de comprensi\u00f3n alta\u201d. <\/p>\n

1.1. Respuesta de las accionadas <\/p>\n

1. El Director de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional indic\u00f3 que las supuestas negligencias evidenciadas por la actora nada ten\u00edan que ver con las funciones asignadas a esa instituci\u00f3n (fls. 67-70). <\/p>\n

2. La Seccional de Sanidad del Valle del Cauca (fls. 81 y ss.) se opuso, parcialmente, a las pretensiones de la impulsora; espec\u00edficamente, en punto a la \u201ccirug\u00eda bar\u00ed\u00e1trica\u201d, expuso que el Comit\u00e9 T\u00e9cnico Cient\u00edfico no la hab\u00eda autorizado. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con la \u201cresonancia magn\u00e9tica\u201d, adujo que dicha intervenci\u00f3n no estaba aprobada por el Comit\u00e9 T\u00e9cnico de Autorizaciones para Procedimientos Electivos. <\/p>\n

Frente a la asunci\u00f3n de los costos generados por los tratamientos adelantados por el Centro M\u00e9dico Vascular de Occidente, esgrimi\u00f3 contar con m\u00e9dicos especialistas, suficientemente id\u00f3neos y experimentados, para tratar las patolog\u00edas de la accionante. <\/p>\n

Ata\u00f1edero a la entrega de gafas, manifest\u00f3 que no exist\u00eda f\u00f3rmula m\u00e9dica en la cual se estableciera la necesidad de ellas por parte de la actora. <\/p>\n

Respecto del suministro de \u201cmedias de compresi\u00f3n alta\u201d, expres\u00f3 que se trataba de un elemento excluido del P.O.S. <\/p>\n

3. La Cl\u00ednica Nuestra Se\u00f1ora de F\u00e1tima guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

2. La sentencia \t\timpugnada <\/p>\n

Concedi\u00f3 parcialmente el amparo, al hallar quebrantadas las prerrogativas de la gestora. Por lo mismo, orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de las valoraciones m\u00e9dicas de \u201cresonancia magn\u00e9tica nuclear columna lumbo sacra y doppler venoso bilateral de miembros inferiores\u201d para determinar, con base en ellas, cu\u00e1les eran los procedimientos requeridos para sobrellevar sus afecciones; asimismo, conmin\u00f3 a las tuteladas a suministrarle las \u201cmedias de gradiente de presi\u00f3n\u201d (sic) (fls. 90-98). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La impetr\u00f3 la interesada, quien expuso que, contrario a lo determinado por el a quo constitucional, s\u00ed deb\u00eda autoriz\u00e1rsele (i) la cirug\u00eda bari\u00e1trica, porque obraban en el plenario valoraciones de diversos galenos que aconsejaban dicha intervenci\u00f3n; (ii) la entrega de las gafas, por cuanto la historia cl\u00ednica y la prescripci\u00f3n m\u00e9dica establec\u00edan su necesidad; (iii) atender su requerimiento odontol\u00f3gico, pues ning\u00fan pronunciamiento se hizo en el fallo de primer grado; y (iv) seguirle tratando por los m\u00e9dicos vasculares de la Cl\u00ednica Vascular de Occidente, y el profesional reumat\u00f3logo Gustavo A. Pulido (fls. 116-119). <\/p>\n

Tambi\u00e9n impugn\u00f3 la Direcci\u00f3n de Sanidad \u2013Seccional Valle del Cauca-, quien circunscribi\u00f3 la alzada a dos cuestiones: (i) no deb\u00eda ordenarse el \u201cdoppler venoso bilateral de miembros inferiores\u201d, por cuanto es un servicio que siempre se le ha prestado a la petente; y (ii) la provisi\u00f3n de \u201cmedias de comprensi\u00f3n alta\u201d se encuentra excluida del Plan Obligatorio de Salud \u2013P.O.S.-, y por ende se debe permitir el recobro ante el Fosyga (fls. 132-133). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Se resuelve hasta la fecha la impugnaci\u00f3n elevada en contra del fallo del 16 de febrero de 2017, por cuanto, el ruego tuitivo fue remitido a esta Corporaci\u00f3n el 18 de enero de 2018, por la Secretar\u00eda del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, luego de ser all\u00ed devuelto por la Corte Constitucional, donde hab\u00eda sido inicialmente enviado, al parecer por equivocaci\u00f3n. <\/p>\n

2. El derecho a la salud de anta\u00f1o ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional como una garant\u00eda esencial aut\u00f3noma <\/p>\n

\u201c(\u2026) que tiene una doble connotaci\u00f3n \u2013derecho constitucional fundamental y servicio p\u00fablico-. En tal sentido, todas las personas [pueden] acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestaci\u00f3n de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

Recientemente, en la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015, vigente desde el 16 de febrero de 2017, se impuso: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art\u00edculo 2\u00ba. Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El derecho fundamental a la salud es aut\u00f3nomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservaci\u00f3n, el mejoramiento y la promoci\u00f3n de la salud. El Estado adoptar\u00e1 pol\u00edticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoci\u00f3n, prevenci\u00f3n, diagn\u00f3stico, tratamiento, rehabilitaci\u00f3n y paliaci\u00f3n para todas las personas. De conformidad con el art\u00edculo 49 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, su prestaci\u00f3n como servicio p\u00fablico esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable direcci\u00f3n, supervisi\u00f3n, organizaci\u00f3n, regulaci\u00f3n, coordinaci\u00f3n y control del Estado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 15 \u00eddem, en la actualidad s\u00f3lo pueden negarse los medicamentos e insumos prescritos teniendo en cuenta los siguientes criterios: <\/p>\n

\u201c(\u2026) a) Que tengan como finalidad principal un prop\u00f3sito cosm\u00e9tico o suntuario no relacionado con la recuperaci\u00f3n o mantenimiento de la capacidad funcional o vital de las personas (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cb) Que no exista evidencia cient\u00edfica sobre su seguridad y eficacia cl\u00ednica (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cc) Que no exista evidencia cient\u00edfica sobre su efectividad cl\u00ednica (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cd) Que su uso no haya sido autorizado por la autoridad competente (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201ce) Que se encuentren en fase de experimentaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cf) Que tengan que ser prestados en el exterior (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Como el control de convencionalidad es exigido a todas las autoridades p\u00fablicas y judiciales y el mismo contempla no s\u00f3lo la aplicaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos2 sino dem\u00e1s instrumentos de orden internacional analizados por la Corte Interamericana, resulta pertinente advertir que Colombia ratific\u00f3 el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales \u2013PIDESC- mediante la Ley 74 de 1968, el cual establece: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art\u00edculo 12. (\u2026) 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del m\u00e1s alto nivel posible de salud f\u00edsica y mental (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c2. Entre las medidas que deber\u00e1n adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurar\u00e1n las necesarias para: <\/p>\n

\u201ca) La reducci\u00f3n de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los ni\u00f1os; <\/p>\n

\u201cb) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; <\/p>\n

\u201cc) La prevenci\u00f3n y el tratamiento de las enfermedades epid\u00e9micas, end\u00e9micas, profesionales y de otra \u00edndole, y la lucha contra ellas; <\/p>\n

\u201cd) La creaci\u00f3n de condiciones que aseguren a todos asistencia m\u00e9dica y servicios m\u00e9dicos en caso de enfermedad (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Frente a esa prerrogativa, la Corte Interamericana, \u00f3rgano autorizado para su interpretaci\u00f3n, sostuvo que si bien el nivel de desarrollo de los pa\u00edses miembros de la Convenci\u00f3n Americana juega un papel fundamental para el cubrimiento total de la atenci\u00f3n de salud para toda la poblaci\u00f3n, ello <\/p>\n

3. Gladys Roc\u00edo Godoy, en el escrito de impugnaci\u00f3n, exige que las entidades acusadas le aprueben y efect\u00faen los procedimientos de cirug\u00eda bari\u00e1trica y le presten el servicio de odontolog\u00eda; tambi\u00e9n que le suministren gafas y asuman los costos derivados de la atenci\u00f3n que viene recibiendo en la Cl\u00ednica Vascular de Occidente y por parte del profesional reumat\u00f3logo Gustavo A. Pulido. <\/p>\n

3.1. En lo ata\u00f1edero al primero de los requerimientos atr\u00e1s relacionados, es palmario el fracaso de la censura enarbolada contra el fallo de primer grado, pues revisadas las documentales allegadas (Cfr. fls. 123-130), se advierte que ning\u00fan m\u00e9dico, de manera concreta y espec\u00edfica, ha prescrito la pr\u00e1ctica de dicha operaci\u00f3n. <\/p>\n

Por el contrario, de la historia cl\u00ednica se colige que la impulsora, en efecto, padece de \u201cobesidad m\u00f3rbida\u201d, y que para su tratamiento la querellada le ha ordenado valoraciones conducentes a establecer si es posible o aconsejable la realizaci\u00f3n de la \u201ccirug\u00eda bari\u00e1trica\u201d; de su tenor, no obstante, en momento alguno se desprende la pertinencia ni esencialidad de la misma. <\/p>\n

3.2. En punto a la facilitaci\u00f3n de los anteojos, obra en la foliatura concepto cl\u00ednico (fls. 48 y 131) donde consta la necesidad de su suministro. <\/p>\n

Empero, a juicio de la Sala no ser\u00e1 procedente acceder a la pretensi\u00f3n impugnaticia blandida por la gestora, porque la antig\u00fcedad de la mencionada prescripci\u00f3n (19 de mayo de 2016), la torna inepta para, casi dos a\u00f1os despu\u00e9s, disponer con base en ella la provisi\u00f3n del mencionado elemento. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 lo decidido por el a quo, en el sentido de que previo a conminar a la entrega de los lentes se realicen nuevos ex\u00e1menes para determinar el estado actual de la agudeza visual de la actora. <\/p>\n

3.3. Ahora, en lo tocante a la asistencia odontol\u00f3gica, observa la Sala que, en efecto, ninguna referencia se hizo, respecto de este t\u00f3pico, en el fallo fustigado. <\/p>\n

Empero, refulge la inviabilidad de acceder a su amparo, y a su consiguiente autorizaci\u00f3n, por la paladina raz\u00f3n de que no obran en este expediente, pruebas que permitan inferir que a la actora se le hubieran negado dichos servicios. <\/p>\n

A lo dicho se agrega que tampoco se alleg\u00f3 a estas diligencias concepto m\u00e9dico que establezca el menester del tratamiento dental, ni menos prescripci\u00f3n cl\u00ednica en tal sentido. Por tanto, no es posible disponer lo descrito cuando no est\u00e1 presente el criterio del especialista respecto de lo exigido. <\/p>\n

Al margen de lo expuesto, si la promotora considera que existieron irregularidades en las intervenciones odontol\u00f3gicas, representadas en la supuesta negligencia de la m\u00e9dica que las ejecut\u00f3, es menester indicarle que le ata\u00f1e acudir ante las autoridades competentes para ventilar esa circunstancia4. <\/p>\n

3.4. En lo ata\u00f1edero a la asunci\u00f3n de los costos derivados del tratamiento que viene recibiendo en la Cl\u00ednica Vascular de Occidente, se precisa, el auxilio pedido tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues las autoridades querelladas, seg\u00fan manifestaron en el informe rendido con ocasi\u00f3n de la tutela (Cfr. fl. 81 rv.), no cuentan con convenio vigente con dicha entidad hospitalaria, cuesti\u00f3n que \u2013indudablemente- configura la excepci\u00f3n al derecho de todo usuario a elegir el prestador m\u00e9dico de su conveniencia. <\/p>\n

Sobre este aspecto, la jurisprudencia constitucional tiene por averiguado:
\n\u201c(\u2026) [respecto al] derecho de los afiliados [a] elegir libremente la IPS donde quieren recibir los servicios m\u00e9dicos, [la Corte Constitucional] ha sido enf\u00e1tica en [afirmar] que se garantiza dicha libertad siempre y cuando la IPS solicitada haga parte de la red de prestadoras de servicio vinculadas a la entidad promotora de salud correspondiente. No obstante, consider\u00f3 que \u201cel paciente podr\u00e1 acceder a una IPS externa cuando demuestre \u201cla incapacidad, imposibilidad, negativa injustificada o negligencia de la EPS para suministrar un servicio a trav\u00e9s de sus IPS\u201d. Por su parte las EPS, pueden conformar libremente su red de instituciones prestadoras de salud sin que deba atender las preferencias de sus afiliados. Pero, este derecho no es absoluto pues se encuentra limitado a que las IPS vinculadas garanticen integralmente la prestaci\u00f3n del servicio de salud de los pacientes (\u2026)\u201d5 (Se resalta). <\/p>\n

La quejosa omiti\u00f3 demostrar que los profesionales en salud, adscritos a las instituciones cuestionadas, carecen de idoneidad y experiencia suficiente para adelantar los procedimientos y las valoraciones por ella requeridos y, por consiguiente, es improcedente autorizar por esta senda que los mismos se realicen en otra I.P.S., distinta a las contratadas por la Polic\u00eda Nacional para el efecto. <\/p>\n

Similares consideraciones valen para el reumat\u00f3logo Gustavo A. Pulido, pues no obra prueba alguna que permita establecer la imposibilidad de que el tratamiento por \u00e9l efectuado no pueda ser brindado por el especialista en la materia de la E.P.S. convocada, ni el de su red de servicios.
\n4. Referente a lo aducido por la Seccional Valle del Cauca de la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional (Cfr. fl. 138), la alzada se abre paso, por cuanto dicha entidad prob\u00f3 haber prestado (Cfr. fl. 141), con anterioridad a la interposici\u00f3n del auxilio, el \u201cD\u00faplex Scanning (Doppler-Ecograf\u00eda) de vasos venosos de miembros inferiores\u201d, raz\u00f3n por la cual la vulneraci\u00f3n del derecho a la salud de la actora, en torno a este punto, se descarta. <\/p>\n

5. No es posible acceder al pedimento elevado por los entes atacados, en punto de autorizarle el \u201crecobro\u201d ante el Fosyga, pues tal y como lo ha puntualizado esta Colegiatura: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]os Subsistemas de Salud de las Fuerzas Militares y de la Polic\u00eda Nacional no est\u00e1n sujetos a lo previsto en la [L]ey 100 de 1993 y, adem\u00e1s, cuentan con los llamados \u2018fondos-cuenta\u2019 que funcionan en forma semejante al primeramente citado que les permite obtener la financiaci\u00f3n de los diversos gastos que deban asumir en la prestaci\u00f3n de los servicios de salud al personal adscrito y a sus distintos beneficiarios, motivos por los que de ninguna manera pueden acceder a los recursos del Fosyga (\u2026)\u201d6. <\/p>\n

6. Por los anteriores argumentos, se modificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotada, en el sentido de NEGAR el amparo, en lo ata\u00f1edero a la realizaci\u00f3n del \u201cD\u00faplex Scanning (Doppler-Ecograf\u00eda) de vasos venosos de miembros inferiores\u201d, y al tratamiento odont\u00f3logo. <\/p>\n

En lo dem\u00e1s, conf\u00edrmese el fallo impugnado. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1Corte \tConstitucional. Sentencia T-1036 de 4 de diciembre de 2007, \tmencionada por \u00e9sta Sala en providencia de 22 \tde marzo, Rad. \t00003-01, \tentre otras.
\n2 \tSuscrita el 22 de noviembre de 1969 en San Jos\u00e9 -Costa Rica- \ty aprobada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972.
\n3 \tCorte Constitucional. Sentencia C-130 de 2002.
\n4 \tLo \tanterior en consideraci\u00f3n a las denuncias elevadas por la \tactora, visibles a folio 3.
\n5 \tCorte Constitucional, sentencia T- 231 de 2015.
\n6 \tIb\u00eddem.
\n14<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1481-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2017-00090-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 16 de febrero de 2017, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101372","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101372","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101372"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101372\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101372"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101372"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101372"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}