{"id":101374,"date":"2026-07-01T17:30:47","date_gmt":"2026-07-01T17:30:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101374"},"modified":"2026-07-01T17:30:47","modified_gmt":"2026-07-01T17:30:47","slug":"stc1491-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1491-2018\/","title":{"rendered":"STC1491-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1491-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-01273-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 18 de diciembre de 2017, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la tutela instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga respecto del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa misma ciudad, con ocasi\u00f3n del \u201cjuicio popular\u201d N\u00b0 2016-00605-00, promovido por el aqu\u00ed gestor contra Audifarma. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl actor reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas a la igualdad y buena fe, presuntamente infringidas por la autoridad accionada. <\/p>\n

2. Como sustento de su reparo, aduce que dentro del asunto materia de este auxilio, el estrado censurado inadmiti\u00f3 y luego rechaz\u00f3 su demanda, por no aportar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la entidad convocada, obligaci\u00f3n no contemplada en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998 (fl. 1). <\/p>\n

Apel\u00f3 la segunda de las citadas providencias; empero, ese recurso no fue concedido, desconociendo el funcionario \u201c(\u2026) la postura de [la] Sala Plena del Consejo de Estado[,] (\u2026) donde consigna que en [una] acci\u00f3n popular el auto que rechaza la demanda s[\u00ed] es susceptible de alzada (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Indica que fij\u00f3 el domicilio de la parte pasiva en Pereira, por lo cual la autoridad accionada debe asumir el conocimiento del litigio, en aplicaci\u00f3n del precepto 16 de la Ley 472 de 1998 (fls. 1 a 2). <\/p>\n

3.\tPide, se ordene i) dar curso a la acci\u00f3n y\/o ii) conceder el aludido remedio vertical, iii) aportar un listado de todos los pleitos como el aqu\u00ed objetado, donde han sido exigidos requisitos diferentes a los se\u00f1alados en el art\u00edculo 18 ib\u00eddem, y vi) aplicar el canon 16 de la mencionada legislaci\u00f3n (fl. 2). <\/p>\n

1. El Juzgado Cuarto \tCivil del Circuito de Pereira, \tguard\u00f3 silencio. <\/p>\n

2. La Defensor\u00eda \tdel Pueblo manifest\u00f3 que no cuenta con legitimaci\u00f3n en \tel caso, pues no ha intervenido en el mismo (fl.16). <\/p>\n

3. La \tAlcald\u00eda de Bogot\u00e1 adujo ser \tajena a las peticiones del accionante (fls. 20 a 23). <\/p>\n

4. La \tProcuradur\u00eda \tGeneral de la Naci\u00f3n no \tse pronunci\u00f3. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

El Juez constitucional de primer grado accedi\u00f3 al amparo, por cuanto, \u201c(\u2026) la funcionaria demandada (\u2026) [pidi\u00f3] requisitos que no est\u00e1n contemplados en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998 (\u2026) al inadmitir la demanda exigiendo el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la entidad demandada, [obligaci\u00f3n] no contemplad[a] para la admisi\u00f3n del citado proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En consecuencia, orden\u00f3 al estrado querellado \u201c(\u2026) [dejar] sin efecto los autos del 30 de noviembre de 2016 y 17 de enero de 2017, (\u2026) [y en su lugar, pronunciarse] nuevamente sobre su admisibilidad (\u2026)\u201d (fls. 45 a 49). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 el gestor pidiendo amparar su \u201c(\u2026) acci\u00f3n integralmente\u201d (fl. 53). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tEl suplicante se duele, en concreto, porque dentro del comentado subex\u00e1mine, el estrado tutelado mediante auto del 17 de enero de 2017 decidi\u00f3 \u201crechaza[r]\u201d la memorada demanda popular por no haber sido subsanada oportunamente, desconociendo el juzgador que el libelo se ajust\u00f3 a lo consagrado en el canon 18 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n

Frente a esa providencia Arias Id\u00e1rraga formul\u00f3 apelaci\u00f3n, \u201crechaza[da]\u201d el 8 de febrero posterior por improcedente. <\/p>\n

2. Sin dificultad se advierte el fracaso de la salvaguarda por ausencia del requisito de inmediatez, por cuanto el mismo fue incoado tard\u00edamente el 21 de noviembre de 2017, esto es, luego de transcurridos m\u00e1s de nueve (9) meses despu\u00e9s de emitidas las referenciadas determinaciones, superando el t\u00e9rmino de 6 meses estimado por esta Sala como tempestivo para acudir a la actual jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

Atinente a ello esta Corte, reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, si resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d1. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, si el censor se demor\u00f3 para incoar la protecci\u00f3n constitucional, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular atribuible al querellado y con repercusi\u00f3n directa en la garant\u00eda fundamental invocada como soporte de tal auxilio. <\/p>\n

3. Si bien es cierto, esta Sala ha concedido ruegos similares al actual2, entre tales, el radicado bajo el n\u00famero 2017-00676-01, pasando por alto incluso el requisito de subsidiariedad, ese precedente no aplica a este caso, por cuanto las circunstancias all\u00e1 ventiladas difieren de las actuales. N\u00f3tese, aquella reclamaci\u00f3n constitucional cumpli\u00f3 con el requisito de inmediatez, situaci\u00f3n no verificada en el presente decurso. <\/p>\n

4. Sobre la no concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n deprecada frente al rechazo de la demanda popular, es preciso se\u00f1alar que los art\u00edculos 26 y 37 de la Ley 472 de 1998, disponen que ese remedio es procedente solo contra los autos que decretan medidas cautelares y frente a las sentencias; por tanto es razonable la decisi\u00f3n adoptada por la autoridad censurada. <\/p>\n

Referente a la solicitud de ordenar a la juzgadora i) aportar un listado de las acciones populares donde ha exigido requisitos no consagrados en la Ley 472 de 1998 y ii) aplicar el canon 16 ib\u00eddem, se le indica al petente del auxilio que tales requerimientos deben ser previamente elevados ante el estrado convocado. <\/p>\n

5. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se percibe vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma, ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la decisi\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

La regla 93 ej\u00fasdem, dispone: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

6. En virtud de las consideraciones expuestas se revocara el fallo impugnado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, para en su lugar, NEGAR el amparo deprecado por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga. <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nCORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\nSALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n

STC1491-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 66001-22-13-000-2017-01273-01 <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-01273-01 <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb6, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb7; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nSALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n

Con todo respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito expresar a continuaci\u00f3n las razones por las cuales discrepo de la decisi\u00f3n adoptada en este asunto, toda vez que revisado el expediente se advierte que lo procedente es salvar voto. <\/p>\n

1. Aunque, tal como lo consider\u00f3 la Sala, la autoridad judicial accionada no incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n que le atribuy\u00f3 el tutelante por negarse a conceder el recurso de apelaci\u00f3n, dado que, seg\u00fan lo preceptuado por los art\u00edculos 36 y 37 de la Ley 472 de 1998, ese medio defensivo s\u00f3lo procede contra el prove\u00eddo que decreta cautelas y respecto de la sentencia, si incurri\u00f3 en una manifiesta violaci\u00f3n de las garant\u00edas superiores del actor popular al inadmitir la demanda para exigir el cumplimiento de requisitos que la misma ley especial citada no consagra. <\/p>\n

En raz\u00f3n de lo anterior, considero equivocado el criterio mayoritario de denegar la protecci\u00f3n solicitada por incumplimiento del requisito de inmediatez, desconoci\u00e9ndose que en controversias de caracter\u00edsticas similares a la que ahora fue sometida a consideraci\u00f3n de la Corte, se ha otorgado la tutela a pesar de hallarse insatisfechas exigencias como la relacionada con el car\u00e1cter residual de este tipo de tr\u00e1mite constitucional <\/p>\n

Si bien, por regla general, la procedencia de esta acci\u00f3n se encuentra supeditada al cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad de subsidiariedad e inmediatez, cuando el juzgador encuentra una protuberante vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del tutelante, la procedencia del amparo no puede desconocerse, so pretexto de que no se atendieron requerimientos cuya naturaleza es simplemente procedimental. <\/p>\n

En ese sentido, en oportunidades anteriores, ante el notorio menoscabo de prerrogativas superiores, esta Sala ha concedido la protecci\u00f3n constitucional a pesar de la falta de agotamiento de los medios de defensa judicial, con el fin de resguardar los derechos fundamentales violados y \u00aben aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb (CSJ STC, 12 Oct. 2012, Rad. 2012-1545-01; CSJ STC8850-2016, 30 Jun. 2016, Rad. 2016-00186-01). <\/p>\n

Igualmente, se ha aceptado que, en atenci\u00f3n a la esencia de la acci\u00f3n de tutela, \u00ab\u00e9sta no puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos\u00bb, de modo que \u00abla mera ausencia de un requisito general de procedencia, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores\u00bb (CSJ STC, 13 Ago. 2013, Rad. 2013-00093-01). <\/p>\n

En el caso sub examine, debi\u00f3 atenderse que a pesar de no haberse cumplido con el presupuesto de inmediatez, es evidente que el juzgador accionado quebrant\u00f3 los derechos fundamentales del actor popular, pues inadmiti\u00f3 la demanda y posteriormente procedi\u00f3 a su rechazo, con fundamento en que no se aport\u00f3 el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la entidad demandada, requisito este que no es exigido por el legislador en la normatividad especial que regula la materia. <\/p>\n

En efecto, el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998 establece lo siguiente:
\nPara promover una acci\u00f3n popular se presentar\u00e1 una demanda o petici\u00f3n con los siguientes requisitos: <\/p>\n

a) La indicaci\u00f3n del derecho o inter\u00e9s colectivo amenazado o vulnerado;
\nb) La indicaci\u00f3n de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petici\u00f3n;
\nc) La enunciaci\u00f3n de las pretensiones;
\nd) La indicaci\u00f3n de la persona natural o jur\u00eddica, o la autoridad p\u00fablica presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible;
\ne) Las pruebas que pretenda hacer valer;
\nf) Las direcciones para notificaciones; <\/p>\n

De igual forma, precept\u00faa el art\u00edculo 20 de la referida normatividad, que el juzgador \u00abInadmitir\u00e1 la demanda que no cumpla con los requisitos se\u00f1alados en esta ley, precisando los defectos de que adolezca para que el demandante los subsane en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas\u00bb (el subrayado es propio). <\/p>\n

De la lectura de la primera norma citada se desprende que la aportaci\u00f3n del documento que certifica la existencia de la demandada como persona jur\u00eddica y menciona los nombres de sus representantes legales, no es un presupuesto que la ley reclame para dar inicio a la acci\u00f3n popular, pues la disposici\u00f3n \u00fanicamente hace referencia a que la demanda o petici\u00f3n se\u00f1ale la persona natural o jur\u00eddica, o la autoridad p\u00fablica presuntamente responsable de la amenaza o del agravio a los derechos colectivos cuya protecci\u00f3n se persigue con ese mecanismo, siempre que al actor le sea posible identificarla. <\/p>\n

Entonces, mal pod\u00eda el funcionario judicial requerir al demandante que aportara un documento que la normatividad aplicable al asunto no exige y, mucho menos, rechazar la demanda como consecuencia no haber allegado esa pieza en el t\u00e9rmino concedido, desconociendo que tal omisi\u00f3n no constituye una falencia que deba ser objeto de subsanaci\u00f3n.
\nRegida la acci\u00f3n popular por una normatividad especial y excluyente, no pod\u00eda la autoridad accionada acudir a reglas generales como las del C\u00f3digo General del Proceso para entender exigible el cumplimiento de requisitos no establecidos en dicha regulaci\u00f3n, con grave desconocimiento de los derechos del tutelante al debido proceso y de acceso a la Administraci\u00f3n de Justicia. <\/p>\n

La Sala, a mi juicio, debi\u00f3 superar la carencia de inmediatez de la petici\u00f3n de amparo con el fin de procurar una salvaguarda cierta de las garant\u00edas superiores quebrantadas como as\u00ed lo dispuso la sentencia impugnada, la cual, considero, hab\u00eda de ser confirmada. <\/p>\n

2. Por otra parte, en lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control. <\/p>\n

En mi criterio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagradas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas, ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

Dicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente en los asuntos de tutela entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la indicada acci\u00f3n, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste. <\/p>\n

La raz\u00f3n de lo anterior reside en que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional8, los tratados internacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, conforme al cual \u201cLa Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales\u201d. <\/p>\n

De ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como lo son los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, C-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC, C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009). <\/p>\n

Adicionalmente y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC, C-500-2014). <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Corte cuando aborde el tema del control de convencionalidad para llevar a cabo un estudio serio, riguroso y detallado sobre la aplicaci\u00f3n de dicha figura. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. \tSTC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. \t2011, Rad. 2011-02245-00
\n2 \tCSJ. \tSTC11801 de 8 \tde agosto de 2017, entre tales, STC13210 de 23 de agosto de 2017, \tSTC2048 de 15 de febrero de 2017.
\n3 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, \tCosta Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la \tLey 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n7 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n8 \tSentencias \tC-225-1995, C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009 entre otras.
\n21<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1491-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-01273-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 18 de diciembre de 2017, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101374","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101374","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101374"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101374\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101374"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101374"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101374"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}