{"id":101375,"date":"2026-07-01T17:30:55","date_gmt":"2026-07-01T17:30:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101375"},"modified":"2026-07-01T17:30:55","modified_gmt":"2026-07-01T17:30:55","slug":"stc1501-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1501-2018\/","title":{"rendered":"STC1501-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC1501-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b008001-22-13-000-2017-00498-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por la sociedad JVH Maquinaria Industrial Limitada, a trav\u00e9s de su representante legal, contra el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de esa misma ciudad, vincul\u00e1ndose a la Sociedad Oleflores S.A., los Juzgados Tercero y Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, al Treinta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, las compa\u00f1\u00edas Renting Ltda y Aseguradora de Fianzas y los se\u00f1ores Jorge Enrique Guti\u00e9rrez y Pedro Pablo L\u00f3pez Salcedo. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- La promotora depreca la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00abpropiedad\u00bb, \u00abpatrimonio\u00bb, \u00abm\u00ednimo vital\u00bb y \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad encartada dentro del juicio ejecutivo que inici\u00f3 a Oleflores S.A. <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3, como pilares de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- Que dentro del proceso por \u00e9l promovido estuvo asistido por dos abogados, el principal Pedro Pablo L\u00f3pez Salcedo y sustituto Jorge Enrique Guti\u00e9rrez Garc\u00eda. <\/p>\n

2.3.- Que \u00abalrededor de una semana antes al 1 de noviembre de 2016 el abogado Jorge Enrique Guti\u00e9rrez comienza a llamarme insistentemente todos los d\u00edas y varias veces al d\u00eda, solicitando{le} que \u00e9l requer\u00eda que le firmara de manera urgente un documento que era necesario aportar al proceso en Barranquilla. El abogado Jorge Enrique Guti\u00e9rrez {le} dice que le firme un documento, que result\u00f3 ser una cesi\u00f3n de derechos litigiosos, del proceso de Barranquilla, documento que jam\u00e1s {le} fue explicado por parte de {sus} abogados de que se trataba o que implicaba, simplemente {le} dijeron que era un documento que se requer\u00eda para seguir con el proceso jur\u00eddico\u00bb, hecho que tuvo lugar el d\u00eda 1\u00ba de noviembre de 2016 ante la Notaria Cuarta del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, fecha para la cual no sab\u00eda a\u00fan lo resuelto en primera instancia. <\/p>\n

2.4.- Que el 3 de febrero pasado el se\u00f1or Jorge Enrique Guti\u00e9rrez solicit\u00f3 la \u00abcesi\u00f3n de cr\u00e9dito\u00bb, misma que fue aceptada en auto de 23 de junio siguiente. <\/p>\n

2.5.- Que tuvo conocimiento de todo lo anterior, al conferir poder a una nueva apoderada (pedir expediente y sacar copias), el 29 de agosto de 2017, adem\u00e1s de enterarse que Jorge Enrique Guti\u00e9rrez \u00abno est\u00e1 habilitado como abogado en Colombia, m\u00e1s sin embargo est\u00e1 inscrito como {su} abogado sustituto en el proceso de Barranquilla\u00bb, <\/p>\n

2.6.- Refiri\u00f3 que interpuso denuncia penal en contra de Jorge Enrique Guti\u00e9rrez y Pedro Pablo L\u00f3pez, correspondi\u00e9ndole el conocimiento a la Fiscal Delegada 105 de la Unidad de Delitos contra la Fe P\u00fablica; as\u00ed mismo promovi\u00f3 una queja disciplinaria ante el Consejo Seccional de la Judicatura e inici\u00f3 un proceso civil. <\/p>\n

2.7.- Destac\u00f3 que solicit\u00f3 ante el juzgado recriminado la \u00absuspensi\u00f3n del pago\u00bb a los abogados que lo enga\u00f1aron, empero el funcionario judicial en auto de 27 de octubre de 201 no accedi\u00f3 a lo requerido por cuanto requer\u00eda de mandatario para actuar en el litigio. <\/p>\n

3.- Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, se \u00absuspenda o deje sin efecto transitoriamente el auto de 23 de junio de 2017 en el que se acept\u00f3 la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito, en consecuencia, se abstenga de ejecutar la p\u00f3liza de seguro de cumplimiento No. 06JU14904\u2026 hasta tanto no haya un pronunciamiento de fondo dentro de las acciones ordinarias que cursan\u00bb (fls. 1-31 Cdno. 1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

El despacho judicial enjuiciado, manifest\u00f3 que \u00abse puede afirmar que la misma {petici\u00f3n} no resiste el m\u00e1s simple examen de procedencia, atendiendo que los enunciados propuestos por el quejoso constitucional no se puede afirmar que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; a m\u00e1s de no haber identificado el actor en modo razonable los hechos que constituyen la vulneraci\u00f3n y los derechos que considera violados, puesto que no alcanza a sustentar jur\u00eddicamente el vicio o error constitutivo de la v\u00eda de hecho que alega, a m\u00e1s de no haber agotado todos los recursos ordinarios a que ten\u00eda disposici\u00f3n; de all\u00ed que se advierta claramente la improcedencia de la acci\u00f3n de amparo\u00bb (fls. 98-99). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El tribunal a-quo constitucional, neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abobs\u00e9rvese que de considerar que el contrato de cesi\u00f3n de cr\u00e9dito adolece de alg\u00fan vicio cuenta la actora con los instrumentos legales expeditos para discutir tal cesi\u00f3n \u2013inexistencia, nulidad, inoponibilidad- ante el juez natural de la instancia. A la par de discurrir en que el comportamiento de los profesionales del derecho en el proceso ejecutivo raya en una falta disciplinaria puede acudir al Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Sala Disciplinaria a interponer la correspondiente queja, o en su defecto, elevar la denuncia penal ante la Fiscal\u00eda a efectos de investigar la comisi\u00f3n de una eventual conducta punible por parte de la mentadas personas naturales; tal como manifiesta viene realizando. <\/p>\n

Y, se\u00f1al\u00f3, que \u00abno encuentra esta instancia judicial acto arbitrario, grotesco o desfasado en el reconocimiento de la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito que hizo el juez de ejecuci\u00f3n convocado, m\u00e1xime cuando el contrato que da origen no ha sido atacado de ineficaz o pendiendo ello no hay pronunciamiento jurisdiccional que as\u00ed lo disponga. Adem\u00e1s que hecha la solicitud de suspensi\u00f3n ante el juez natural, la misma fue desatendida mediante auto de 27 de octubre de 2017 por carecer el representante legal de derecho de postulaci\u00f3n, lo cual no es \u00f3bice para que la presente nuevamente\u00bb (fls. 108-112). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el actor, aduciendo entre otros, que \u00abel Tribunal Superior de Barranquilla al momento de fallar, nada dijo y nada tuvo en cuenta sobre la configuraci\u00f3n del perjuicio irremediable para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, tal y como se expuso y que en caso contrario, si se hubiera tenido en cuenta y respetado el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, la acci\u00f3n de tutela no hubiese tenido que haber declarado improcedente. Huelga decir tambi\u00e9n, y se itera, que si bien es cierto cuento con otros instrumentos legales los cuales, tambi\u00e9n como ya se dijo los mismos ya se interpusieron, lo anterior no puede ser \u00f3bice para caer en tan magno error como en el que cae la Sala de Decisi\u00f3n\u2026\u00bb (fls. 140-144). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Observada la censura planteada resulta evidente que la reclamante, al estimar que se actu\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en defecto procedimental, enfila su inconformismo, contra las determinaci\u00f3n adoptadas por el despacho cuestionado, en torno, a la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito y, tambi\u00e9n por la actuaci\u00f3n irregular de los abogados que lo representaron en el asunto de marras. <\/p>\n

3.- Obra como acreditaci\u00f3n que ata\u00f1e con el asunto que ahora concita la atenci\u00f3n de la Corte: <\/p>\n

3.1.- Sentencia de fecha 18 de mayo de 2016 proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla, dentro del juicio ejecutivo promovido por J.V.H. maquinaria industrial (aqu\u00ed accionante) contra Oleoflores S.A., en la que se resolvi\u00f3 \u00ab1.- Decl\u00e1rense no probadas las excepciones de m\u00e9rito formuladas por el ejecutado\u2026 2. Ord\u00e9nese llevar adelante la ejecuci\u00f3n por la suma de $77.379.630 m\u00e1s los intereses moratorios desde que la obligaci\u00f3n se hizo exigible\u2026\u00bb, determinaci\u00f3n que fue confirmada por el superior en audiencia realizada el 18 de enero de 2017 (fls. 53-59). <\/p>\n

3.2.- \u00abContrato de Cesi\u00f3n de Derechos Litigiosos\u00bb suscrito el 23 de mayo de 2016 entre Yovanni Hern\u00e1ndez \u00c1lvarez (cedente) en calidad de representante legal de J.V.H. maquinaria industrial y Jorge Enrique Guti\u00e9rrez Garc\u00eda (cesionario) (fls. 32-35). <\/p>\n

3.3.- Solicitud de cesi\u00f3n por parte de Pedro Pablo L\u00f3pez Salcedo en representaci\u00f3n de Jorge Enrique Guti\u00e9rrez y auto de 23 de junio de 2017 en la que tal requerimiento fue aceptado (fls. 49-50 y 62-63). <\/p>\n

3.4.- Prove\u00eddo de la misma fecha en el que se dispuso \u00ab1. Aprobar sin modificaciones la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada dentro del proceso EJECUTIVO SINGULAR\u2026 t\u00e9ngase la suma de $177.561.231,44 como valor de la obligaci\u00f3n objeto de este proceso. 2. H\u00e1gase entrega al acreedor de los dineros retenidos hasta la concurrencia del valor liquidado y lo que en lo sucesivo se retenga hasta la concurrencia de la totalidad de la obligaci\u00f3n\u00bb (fl. 64). <\/p>\n

3.5.- Queja disciplinaria y denuncia penal, radicadas el 6 y 15 de octubre de 2017, respectivamente (fls. 44-45). <\/p>\n

3.7.- Auto de 27 de octubre pasado en el que el funcionario acusado, resolvi\u00f3 \u00abno acceder a lo solicitado por el se\u00f1or YOVANNY HERN\u00c1NDEZ \u00c1LVAREZ, a trav\u00e9s de memorial fechado 9 de octubre de 2017\u2026\u00bb (fl. 47). <\/p>\n

4.- Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, advierte la Sala que la protecci\u00f3n invocada no puede encontrar resguardo en esta excepcional v\u00eda, toda vez que, se desconoce el principio de subsidiariedad exigido para la prosperidad del amparo impetrado, teniendo en cuenta, que el gestor lo pretendido aqu\u00ed no lo ha requerido acertadamente en el sub examine, pues al tratar de hacerlo incurri\u00f3 en error, comoquiera que no lo hizo directamente y no a trav\u00e9s de abogado, am\u00e9n que guard\u00f3 silencio frente a lo dispuesto por la autoridad recriminada en prove\u00eddo de 27 de octubre de 2017; por lo tanto, es en ese escenario en donde puede intervenir satisfactoriamente en defensa de sus intereses y no ante esta instancia constitucional, que carece de competencia para intervenir en las atribuciones del juez natural, am\u00e9n que pretende su defensa, a trav\u00e9s de un proceso civil, ya iniciado. <\/p>\n

4.1.- En efecto, el quejoso no puede acusar al despacho cuestionado como vulnerador de sus prerrogativas esenciales, cuando no ha acudido ante el de manera atinada a exponer las razones de su inconformidad y, en esa medida, tener una respuesta id\u00f3nea a sus peticiones; de donde se advierte que el accionado no ha incurrido en irregularidad alguna que sea susceptible de amparo constitucional, puesto que las razones expuestas por el juez enjuiciado en aquella oportunidad fue, de una parte, \u00abse observa por parte de esta togada, que quien presenta dicha solicitud es el representante legal de la anterior demandante, quien deb\u00eda actuar por medio de apoderado judicial, de conformidad a lo establecido en el art\u00edculo 73 del C.G.P\u2026 y al ser el presente proceso de mayor cuant\u00eda, si era necesario la intervenci\u00f3n por medio de apoderado judicial\u00bb y, de otra, que \u00aben gracia de discusi\u00f3n que hubiera cumplido con la anterior carga procesal, no era procedente acceder a lo por \u00e9l solicitado, en atenci\u00f3n a que la causal de suspensi\u00f3n alegada, no se encuentra entre las se\u00f1aladas en el art\u00edculo 161 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n

4.2.- En tales condiciones, mal podr\u00eda el \u00abJuez Constitucional\u00bb auscultar la actuaci\u00f3n de la autoridad encartada, cuando lo cierto es que el promotor ha omitido proceder de manera eficaz, quedando sujeto, entonces, a las consecuencias de las decisiones que considera adversas, observ\u00e1ndose as\u00ed el fruto de su propia incuria, dado el car\u00e1cter residual y subsidiario de la salvaguarda constitucional. <\/p>\n

Sobre el particular, la Corte ha considerado que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (\u2026)\u201d\u00bb (CSJ STC, 25 Ago. 2008, Rad. 01343-00, reiterada el 25 Sep. y 12 Oct. 2012, Rads. 00651 y 00135, 31 Ene. y 23 Oct. 2016, Rad. 01967-01, 6 Sep. 2017, rad. 00227-01). <\/p>\n

Igualmente, esta Corporaci\u00f3n sostuvo en sentencia CSJ STC 15 Jun. 2011, rad. 00151-01, reiterada, entre otras, 30 Oct. 2012, rad. 00439-01, 30 Sep. 2015, rad. 00529-01,10 May. 2017, rad. 00023-01, 6 Sep. 2017, rad. 00227-01, que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) quien luego de desde\u00f1ar las oportunidades legales que le fueron ofrecidas para remediar sus males, busca enmendar su desidia fuera del proceso donde las soslay\u00f3, ya que la presente acci\u00f3n no est\u00e1 prevista para rectificar fallas de gesti\u00f3n procesal ni para revivir oportunidades legales fenecidas debido a la pigricia propia\u00bb. <\/p>\n

5.- Ahora bien, en lo que respecta a la actividad irregular desplegada por los se\u00f1ores Pedro Pablo L\u00f3pez Salcedo y Jorge Enrique Guti\u00e9rrez cuando se desempe\u00f1aron como abogados del actor dentro del asunto de marras, la protecci\u00f3n invocada tampoco est\u00e1 llamada a prosperar, por cuanto el juez constitucional carece de competencia para ello, m\u00e1xime cuando tales hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades llamadas a resolver, esto es, el Consejos Superior de la Judicatura \u2013 Sala Disciplinaria y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n

6.- Por lo dem\u00e1s, juzga la Corte que, en este caso, tampoco se dan los supuestos del art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 2591 de 1991 para dispensar el amparo transitorio que reclama el peticionario, en tanto que el perjuicio irremediable que invocar no cuenta con respaldo probatorio en esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n

Sobre el particular, es de ver que no hay ning\u00fan elemento de juicio que lleve a entender que los derechos fundamentales del actor se encuentran en una situaci\u00f3n de inminente riesgo, al punto que sea necesaria la intervenci\u00f3n impostergable del juez constitucional para que adopte medidas urgentes en orden a preservar las garant\u00edas superiores. <\/p>\n

A la postre, las referencias que hacen en el sentido de que la \u00abinminencia del da\u00f1o\u00bb se \u00abconfigura \u2026 en el sentido de que el accionado emiti\u00f3 un auto en donde reconoce la cesi\u00f3n de derechos litigiosos\u00bb; la \u00abgravedad\u00bb se \u00abconfigura \u2026 porque de darse tal decisi\u00f3n, la irreparabilidad recaer\u00eda sobre un bien de gran significaci\u00f3n\u00bb; la \u00aburgencia\u00bb se \u00abconfigura … desembolsado el dinero a los se\u00f1ores Pedro Pablo L\u00f3pez y Jorge Enrique Guti\u00e9rrez, se concretar\u00eda el da\u00f1o y dif\u00edcilmente podr\u00eda recuperar el dinero\u00bb y la \u00abimpostergabilidad\u00bb se \u00abconfigura \u2026 dado que una vez se entregue el dinero, la medida ser\u00eda ineficaz por inoportuna\u00bb, no son suficientes como para dar por establecido el da\u00f1o irreversible y determinante que exige el precepto arriba enunciado, puesto que, en un evento como el aludido, el interesado debe someterse, se reitera, al desarrollo del tr\u00e1mite judicial pertinente y\/o pertinentes para que sea all\u00ed donde se decidan sus pedimentos. <\/p>\n

En suma, ante la falta de demostraci\u00f3n del \u00abperjuicio irremediable\u00bb aludido por el promotor del amparo, no se puede conceder la tutela ni como mecanismo transitorio. <\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n al pronunciarse sobre el particular, relev\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n

[S]i bien Marcelina Oyola de Bocanegra aleg\u00f3 [\u2026] padecer un perjuicio irremediable, no acredit\u00f3 un da\u00f1o de esa \u00edndole que amerite otorgar el resguardo, a\u00fan de manera transitoria, sobre lo cual esta Corporaci\u00f3n ha referido que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) no es posible recurrir al amparo sin acreditar un perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera transitoria, y en el caso, la accionante no demostr\u00f3 un da\u00f1o \u201cgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb, de ah\u00ed que no sea evidente un menoscabo tal que habilite al tutelante para ejercer el mecanismo excepcional\u201d (CSJ. STC 14 dic. 2011, reiterada en STC1806 de feb. 18 de 2016). <\/p>\n

En otra ocasi\u00f3n se dijo que \u00ablas condiciones personales y econ\u00f3micas invocadas por la gestora como fundamento del amparo, no pueden sobreponerse a lo decidido\u2026 escenario donde cont\u00f3 con plenas garant\u00edas para la defensa de sus derechos e intereses jur\u00eddicos\u00bb (CSJ. STC de 19 de may. de 2011, exp, 00412-01, reiterada en STC5935 de 14 de mayo de 2015) (CSJ STC9581-2017, 5 Jul. 2017, rad. 01577-00). <\/p>\n

7.- De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado, por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC1501-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b008001-22-13-000-2017-00498-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101375","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101375","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101375"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101375\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101375"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101375"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101375"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}