{"id":101378,"date":"2026-07-01T17:31:11","date_gmt":"2026-07-01T17:31:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101378"},"modified":"2026-07-01T17:31:11","modified_gmt":"2026-07-01T17:31:11","slug":"stc1511-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1511-2018\/","title":{"rendered":"STC1511-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1511-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01732-01 <\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 26 de octubre de 2017, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Alberto Bernal Seijas en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del proceso penal seguido frente al actor por los delitos de homicidio agravado, homicidio en la modalidad de tentativa, porte ilegal de armas y da\u00f1o en bien ajeno.
\n1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Luis Alberto Bernal Seijas, suplica la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso e igualdad y de los principios de favorabilidad y de non reformatio in peius, presuntamente quebrantados por las autoridades accionadas. <\/p>\n

2. De la informaci\u00f3n vertida en el expediente y de lo afirmado por el tutelante, se extrae lo siguiente (fls. 1 a 19): <\/p>\n

El 27 de febrero de 1996, el Juzgado Regional de Cali, conden\u00f3 al aqu\u00ed accionante a 29 a\u00f1os y 11 meses de prisi\u00f3n por los delitos de homicidio agravado, homicidio en la modalidad de tentativa, porte ilegal de armas y da\u00f1o en bien ajeno, neg\u00e1ndole la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n

Esa determinaci\u00f3n fue apelada y el 19 de julio de la misma anualidad el Tribunal Nacional aument\u00f3 la pena a30 a\u00f1os de prisi\u00f3n. <\/p>\n

A trav\u00e9s de prove\u00eddo del 28 de junio de 2004, el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja redosific\u00f3 la sanci\u00f3n, dej\u00e1ndola en 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n (fls. 20 a 27, cdno. 1). <\/p>\n

Mediante auto del 2 de diciembre de 2008, el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, le reconoci\u00f3 al aqu\u00ed tutelante la rebaja del 10 por ciento de la pena. El 16 de diciembre siguiente, esa misma autoridad judicial, le concedi\u00f3 la libertad condicional, con un per\u00edodo de prueba de 93 meses y 24 d\u00edas (fls. 31 a 40, \u00eddem). <\/p>\n

En providencia del 11 de octubre de 2016, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, dispuso \u201cno ejecutar la sentencia\u201d por cuanto \u201c(\u2026) resulta[ba] de mayor peso el derecho de las v\u00edctimas a ser indemnizadas atendida la naturaleza de los injustos (\u2026)\u201d, raz\u00f3n por la cual le impuso al procesado la cancelaci\u00f3n de la totalidad de los perjuicios ocasionados con su conducta delictiva (fls. 41 a 65, \u00eddem). <\/p>\n

Esa decisi\u00f3n fue recurrida a trav\u00e9s de reposici\u00f3n por el sentenciado y el Ministerio P\u00fablico, desatada en prove\u00eddo del 29 de diciembre siguiente, revocando la redosificaci\u00f3n de la pena y la concesi\u00f3n del subrogado de libertad condicional. <\/p>\n

La \u00faltima determinaci\u00f3n citada fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, el 25 de septiembre de 2017, al resolver la apelaci\u00f3n incoada por el aqu\u00ed gestor. <\/p>\n

Considera que esa revocatoria debi\u00f3 ser estudiada dentro del per\u00edodo de prueba a \u00e9l otorgado el 16 de diciembre de 2008, y no una vez vencido dicho lapso. <\/p>\n

3. Pide en concreto, se declare la extinci\u00f3n de la pena, puesto que a su juicio esta prescribi\u00f3 desde el 10 de octubre de 2016. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

1. La titular del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, resumi\u00f3 las principales actuaciones y defendi\u00f3 su proceder anotando: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las correcciones efectuadas en sede de nulidad no constituyen v\u00eda de hecho, porque las mismas se adoptaron de manera ponderada, razonada y fundamentada en los elementos de juicio que obran dentro del proceso, en decisi\u00f3n interlocutoria contra la que el ajusticiado y su apoderado judicial pudieron ejercer el derecho de defensa a trav\u00e9s de v\u00e1lida y oportuna interposici\u00f3n de los recursos de ley (\u2026)\u201d (fls. 163 a 167). <\/p>\n

2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, remiti\u00f3 copia del auto del 25 de septiembre de 2017 (fls. 152 a 162, \u00eddem). <\/p>\n

2. La \t\tsentencia impugnada <\/p>\n

Neg\u00f3 el resguardo, tras indicar que las decisiones judiciales atacadas son razonables y ajustadas a los par\u00e1metros legales y constitucionales, y agregando que, contrario a lo manifestado por el actor <\/p>\n

\u201c(\u2026) una vez finalizado el per\u00edodo de prueba y constatado el incumplimiento de los compromisos adquiridos, resulta procedente la revocatoria de los subrogados penales, sin que sea necesario que tal verificaci\u00f3n deba ser surtida durante el referido lapso, siempre y cuando la pena no haya prescrito (\u2026)\u201d (fls. 168 a 184, \u00eddem). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 el promotor, insistiendo en sus argumentos y se\u00f1alando que la Sala de Casaci\u00f3n Penal, no emiti\u00f3 ning\u00fan pronunciamiento con relaci\u00f3n a los \u201c(\u2026) t\u00e9rminos que son taxativos y extintivos de la acci\u00f3n penal, [ni respecto del] principio de la seguridad jur\u00eddica de la cosa juzgada material (\u2026)\u201d (fls. 188 a 192). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Luis \tAlberto Bernal Seijas, \tconsidera que las autoridades judiciales atacadas incurrieron en v\u00eda \tde hecho al revocar \tlos autos en los cuales se dispuso la redosificaci\u00f3n de la \tpena y se le concedi\u00f3 la libertad condicional. En su \tcriterio, esas decisiones debieron \tser estudiadas dentro del per\u00edodo de prueba del subrogado y \tno una vez vencido dicho lapso. <\/p>\n

2. De entrada se advierte la inviabilidad del auxilio, por cuanto de las providencias reprochadas, no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta particular justicia. Por el contrario, esta Corte las halla ajustadas a una debida interpretaci\u00f3n normativa y fundamentadas bajo una argumentaci\u00f3n razonable. <\/p>\n

N\u00f3tese como el colegiado accionado respondi\u00f3 a cada uno de los reparos concretos formulados por el aqu\u00ed accionante, se\u00f1al\u00e1ndole porqu\u00e9 la decisi\u00f3n del a quo era conforme a derecho. As\u00ed, frente a la supuesta improcedencia de la solicitud de nulidad deprecada por la Procuradora Judicial, esboz\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [A]nte lo evidente de la irregularidad sustancial que conten\u00eda el auto interlocutorio N\u00b0 0487 del 24 de junio de 2004, la Procuradora; bajo el ac\u00e1pite \u201cSolicitud de declaratoria de nulidad\u201d en el mismo escrito de impugnaci\u00f3n solicit\u00f3 de manera clara y expresa declarar la ineficacia del mencionado auto; petici\u00f3n que la Juez resolvi\u00f3 con el interlocutorio, lo cual resulta legalmente admisible considerando que: <\/p>\n

a.- La petici\u00f3n de la agente del Ministerio P\u00fablico no es jur\u00eddicamente incompatible con el ejercicio de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

b.- Estando la se\u00f1ora Procuradora en condiciones de formular sin dilaciones y sin mayores formalismos procedimentales la petici\u00f3n de nulidad ante la evidente irregularidad sustancial que viciaba la decisi\u00f3n de redosificaci\u00f3n punitiva, no ten\u00eda sentido que hiciera tal solicitud en otro momento y, <\/p>\n

c.- Atendiendo al principio seg\u00fan el cual, lo accesorio corre la suerte de lo principal, es claro que de prosperar la nulidad, los autos del 16 de diciembre de 2008 del Juzgado 3\u00b0 de Penas de Tunja y del 11 de octubre de 2016 del Juzgado 2\u00b0 de Penas de Cali con los que se concedi\u00f3 la libertad condicional y se mantuvo la vigencia de dicho subrogado, respectivamente, necesariamente, quedaban invalidados, raz\u00f3n por la cual era innecesario desgastarse en el ataque a una decisi\u00f3n que por raz\u00f3n de la nulidad deprecada iba a ser ineficaz finalmente (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Frente al segundo reproche del procesado, dirigido a se\u00f1alar que la indebida notificaci\u00f3n al Ministerio P\u00fablico del auto que modific\u00f3 la pena, no generaba la invalidez del mismo, el tribunal aclar\u00f3: <\/p>\n

Respecto a la supuesta falta de competencia de la juez fustigada para invalidar del auto que dosific\u00f3 la pena y concedi\u00f3 el subrrogado, el ad quem precis\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Trat\u00e1ndose de la etapa de ejecuci\u00f3n de la pena, el instituto de las nulidades \u2013como medio de correcci\u00f3n de los actos judiciales irregulares- no desaparece; por el contrario, continua vigente en tanto existe un debido proceso de la ejecuci\u00f3n de la pena \u2013al igual lo hay en la etapa de investigaci\u00f3n y en el juicio-, el cual le impone al juez ejecutor la obligaci\u00f3n, entre otras, de velar por que la sentencia se cumpla de conformidad con lo dispuesto en la ley y en los estrictos t\u00e9rminos que fij\u00f3 el juez sentenciador (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Aunado a lo anterior, el colegiado accionado no solo defendi\u00f3 la gesti\u00f3n del a quo, sino que insisti\u00f3 en que la providencia adoptada por la Juez Cuarta de Ejecuci\u00f3n de Penas de Tunja, dosificando la sanci\u00f3n y concediendo al aqu\u00ed tutelante la libertad condicional, s\u00ed era a todas luces arbitraria; advirti\u00e9ndole a \u00e9ste que \u201clos errores del juez no crean derecho\u201d, de manera que al tratarse de una decisi\u00f3n judicial manifiestamente contraria a la ley, no pod\u00eda ser constitutiva de ning\u00fan tipo de prerrogativa para el condenado. Sobre el particular, anot\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) En el caso subex\u00e1mine, es ostensible, evidente, palmaria la irregularidad sustancial en la que incurri\u00f3 la Juez 4\u00aa de Ejecuci\u00f3n de Penas de Tunja al acceder a la solicitud de \u201credosificaci\u00f3n\u201d de la pena en favor del aqu\u00ed condenado pues tergiversando el sentido del art. 78-8 de la L.600\/00 que le otorga al juez ejecutor la facultad \u201cDel reconocimiento de la ineficacia de la sentencia condenatoria cuando la norma incriminadora haya sido declarada inexequible o haya perdido vigencia\u201d, le hizo decir al legislador lo que \u00e9ste no dijo. Con argumentos sof\u00edsticos sostuvo que el comportamiento desplegado por el aqu\u00ed condenado se adec\u00faa al tipo penal de genocidio introducido por la L. 599\/00 porque i.- se trat\u00f3 del homicidio de 20 ind\u00edgenas por lo que el ingrediente normativo referido a la etnia o raza se configuraba y, ii.- que, como al genocidio se integra la "lesi\u00f3n grave a la integridad f\u00edsica o mental de miembros del grupo\u201d la tentativa de homicidio del ind\u00edgena que sobrevivi\u00f3 al ataque queda subsumida en dicho tipo, de donde concluy\u00f3 que era procedente descontar a BernaI Seijas los 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n impuestos por este punible. <\/p>\n

a.- Es evidente que la decisi\u00f3n interlocutoria No. 0487 de la Juez 4a de Ejecuci\u00f3n de Penas de Tunja -Dra. Mariela S\u00e1nchez de Buitrago-, calendada [el] 28 de junio de 2004 (fls. 213 Y ss. C.O. No. 10), de una parte; desconoce inexplicablemente que el juez ejecutor no tiene facultad legal para variar el contenido del fallo y, de otra; vulnera flagrantemente no solamente el principio de estricta tipicidad sino adem\u00e1s de cosa juzgada; pues inexplicablemente soslay\u00f3 que la sentencia se profiri\u00f3 por la masacre de los 20 ind\u00edgenas de la comunidad Guataba, cuyo hecho no tuvo ninguna relaci\u00f3n con la condici\u00f3n del grupo \u00e9tnico, sino que su finalidad fue eminentemente econ\u00f3mica; circunstancias que, de entrada, le imped\u00edan concluir la configuraci\u00f3n del delito de genocidio. <\/p>\n

b.- Es claro que la se\u00f1ora Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas de Tunja, a m\u00e1s de que mut\u00f3 el contenido del fallo de primera y segunda instancia y la decisi\u00f3n adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determin\u00f3 de manera extra\u00f1a que, "por favorabilidad" la pena para el genocidio no era de 30 a 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n que estableci\u00f3 la nueva ley que dijo aplicar sino la prevista en el Dto. 100\/80 para el delito de homicidio agravado, esto es, 16 a 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n; lo cual significa que no solo cre\u00f3 un tipo penal distinto sino que, tambi\u00e9n motu proprio cre\u00f3 la pena con el fin de darle una ventaja inmerecida al sentenciado. <\/p>\n

c.- Vali\u00e9ndose de esa motivaci\u00f3n sof\u00edstica, la juez declar\u00f3 \u201cLa ineficacia de la sentencia condenatoria en cuanto se refiere a la conducta punible de TENTATIVA DE HOMICIDIO\u201d y le impuso 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n como pena definitiva. <\/p>\n

d. \u2013 La necesidad del correctivo a trav\u00e9s de la declaratoria de nulidad se impone, adem\u00e1s, atendiendo a que, si bien el nuevo titular de ese Despacho -Juzgado 4\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas de Tunja- con auto del 12 de septiembre de 2007 preciso que \u201c(…) En conclusi\u00f3n Luis Alberto Bernal Seijas \u00fanicamente fue condenado por los delitos de homicidio agravado en concurso homog\u00e9neo y tentativa de homicidio de conformidad con la sentencia del 14 de febrero de 2002, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia (…), lo cierto es tambi\u00e9n que omiti\u00f3 precisar que la pena era de 26 y no de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n. <\/p>\n

El debido proceso de la ejecuci\u00f3n de la pena impone al juez de penas ejecutarla en t\u00e9rminos cualitativos y cuantitativos conforme lo dispone el juez en la sentencia y lo determina el legislador -so pena de prevaricar- y si un juez lo hace, el que advierte tal ilicitud tiene el deber jur\u00eddico, como lo hizo la a quo, de corregirla declarando la nulidad de lo decidido pues es claro que, de un lado, con ello se le causa da\u00f1o a la justicia y, de otro, no existe mecanismo jur\u00eddico distinto que permita subsanar la irregularidad sustancial (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Finalmente, el tribunal precis\u00f3 que no existi\u00f3 anomal\u00eda alguna violatoria del debido proceso, en particular, en lo que ata\u00f1e a la queja del accionante de no tener oportunidad de controvertir los argumentos de la Procuradora, con lo cual supuestamente, se hab\u00eda cercenado su derecho de acceso a la segunda instancia. Al respecto, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Tal aseveraci\u00f3n del recurrente resulta contraria a la realidad porque, de un lado, contra dicha decisi\u00f3n proced\u00edan los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n y, de otro, manifestaci\u00f3n clara de que no se ha desconocido tal garant\u00eda es que el apoderado del sentenciado ha hecho uso del recurso de apelaci\u00f3n a trav\u00e9s del cual pudo discutir los argumentos que sustentaron la declaratoria de nulidad ante la segunda instancia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. Las conclusiones adoptadas son razonables, de su lectura, prima facie, no se aprecia v\u00eda de hecho o atropello; el juzgador querellado efectu\u00f3 una juiciosa valoraci\u00f3n y una adecuada motivaci\u00f3n que lo llev\u00f3 a revocar los autos en los cuales se dispuso la redosificaci\u00f3n de la pena y la libertad condicional. <\/p>\n

Las irregularidades procesales advertidas por la funcionaria de ejecuci\u00f3n de penas, justificaban plenamente infirmar las decisiones que fueron favorables al condenado, dando primac\u00eda al principio de legalidad, sin que ello pueda considerarse como violatorio de otras garant\u00edas constitucionales, tales como la cosa juzgada o la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n

4. En lo que respecta a la supuesta anomal\u00eda planteada por el petente, con relaci\u00f3n al t\u00e9rmino para decidir sobre la derogatoria de la libertad condicional, ha de reiterarse, conforme lo expuso la Sala Penal, que el precedente jurisprudencial recientemente adoptado por la Corte, se inclina por la tesis seg\u00fan la cual, una vez finalizado el per\u00edodo de prueba y constatado el incumplimiento de los compromisos adquiridos, resulta procedente la revocatoria de los subrogados penales, sin que sea necesario que tal verificaci\u00f3n deba ser surtida durante el referido lapso; con la \u00fanica salvedad de que la pena no haya prescrito2. <\/p>\n

5. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n

La Convenci\u00f3n citada resulta aplicable por virtud del art\u00edculo 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Adem\u00e1s, el canon 93 ej\u00fasdem, dispone: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno. <\/p>\n

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, complementariamente, la regla 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

6. Por los anteriores argumentos, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n

1. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado, yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2017-01732-01 <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb6, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb7; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control. <\/p>\n

Dicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la acci\u00f3n de tutela, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste. <\/p>\n

La raz\u00f3n de lo anterior reside en que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional8, los tratados internacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, conforme al cual \u201cLa Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales\u201d. <\/p>\n

De ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como lo son los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, C-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC, C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009). <\/p>\n

Adicionalmente y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC, C-500-2014). <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala al hacer cualquier tipo de pronunciamiento sobre el control de convencionalidad en lugar de insertar en las decisiones de tutela afirmaciones gen\u00e9ricas en torno de ese concepto, que lo \u00fanico que revelan es la ausencia de un estudio serio, riguroso y detallado sobre la aplicabilidad del mismo, su alcance e implicaciones. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado
\n1 \tCSJ \tSP, 14 feb. 2002, Rad. 13608.
\n2 \tCSJ. STP, 27 de agosto de 2013, rad. 66429.
\n3 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n

8 \tSentencias \tC-225-1995, C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009 entre otras.
\n23<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1511-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01732-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 26 de octubre de 2017, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal dentro […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101378","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101378","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101378"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101378\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101378"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101378"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101378"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}