{"id":101379,"date":"2026-07-01T17:31:21","date_gmt":"2026-07-01T17:31:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101379"},"modified":"2026-07-01T17:31:21","modified_gmt":"2026-07-01T17:31:21","slug":"stc1515-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1515-2018\/","title":{"rendered":"STC1515-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC1515-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00203-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Dec\u00eddese la tutela instaurada por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI frente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado Civil del Circuito de Chinchin\u00e1 (Caldas). <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- La promotora, a trav\u00e9s de apoderado, depreca la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades encartadas dentro del juicio de expropiaci\u00f3n que inici\u00f3 a la sociedad Amparo Jaramillo de B y CIA. S. EN c. Comandita Simple en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n

2.- Arguye, como pilares de su reclamo, en suma, lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- Refiere que estando en tr\u00e1mite el asunto de marras aport\u00f3 copia del aval\u00fao realizado por la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Caldas, el cual determin\u00f3 que el valor del terreno era de $6.144.200 y metro cuadrado de $12.000 y, por su parte el extremo pasivo alleg\u00f3 un \u00abaval\u00fao\u00bb por la suma de $30.269.600, con metro cuadrado de $54.640. <\/p>\n

2.2.- Reprocha que el a-quo recriminado dict\u00f3 sentencia \u00aben la que acogi\u00f3 el aval\u00fao presentado por la parte demandada, limit\u00e1ndose \u00fanicamente a expresar lo siguiente: \u201cel despacho acoge sin ninguna reserva, las conclusiones del dictamen que aport\u00f3 la parte demandada por la solidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n y calidad de sus fundamentos (\u2026)\u201d excluyendo una mejora denominada \u201cmuro en piedra\u201d\u00bb e inconforme interpuso recurso de apelaci\u00f3n y dentro del traslado de la admisi\u00f3n del mismo solicit\u00f3 \u00abla realizaci\u00f3n de un aval\u00fao comercial por parte de un perito adscrito a la lista del IGAC\u00bb, pero el ad-quem cuestionado \u00abneg\u00f3 la solicitud indicando que no era la oportunidad procesal para pedir pruebas\u00bb. <\/p>\n

2.3.- Censura, que el colegiado enjuiciado al desatar la alzada confirm\u00f3 en su integridad la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n

3.- Pide, conforme a lo relatado, se ordene declarar que los fallos de primera y segunda instancia violaron el art. 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en consecuencia \u00abordenar seguir adelante con la objeci\u00f3n del aval\u00fao\u00bb. <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n

La autoridad acusada guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Observada la censura planteada resulta evidente que la reclamante, al estimar que se actu\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en defecto sustantivo y procedimental, enfila su inconformismo, en \u00faltimas, contra el tribunal censurado al confirmar la sentencia de primer grado. <\/p>\n

3.- Del examen de las pruebas y, en lo concerniente con la queja, se desprende que: <\/p>\n

3.1.- Acta de audiencia de fallo celebrada el 9 de agosto de 2017 en la que el ad-quem censurado resolvi\u00f3 \u00abPrimero: CONFIRMAR el fallo dictado el 27 de febrero de 2017, por el Juzgado Civil del Circuito de Chinchin\u00e1, dentro del proceso de expropiaci\u00f3n iniciado por la Agencia Nacional de Infraestructura en contra de la sociedad Amparo Jaramillo de B. y Cia S. en C. comandita simple en liquidaci\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n

3.2.- CD contentivo de la aludida diligencia. <\/p>\n

4.- En cuanto concierne con el rebate planteado en punto del pronunciamiento anotado en el numeral inmediatamente anterior, adoptado por la Sala censurada, ha de se\u00f1alarse que contrario sensu a lo manifestado por la disconforme, aquel no alberga anomal\u00eda que imponga, prima facie, la perentoria salvaguardia deprecada, respecto de la v\u00eda procesal exigida para obtener la anulaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n que le fue desfavorable. <\/p>\n

Lo apuntado en vista que el Tribunal, sostuvo, que \u00ab(\u2026) ante la falta de observancia de los requisitos contenidos en el art. 226 C.G.P., para la admisi\u00f3n del dictamen pericial adosado por la parte actora, la valoraci\u00f3n all\u00ed contenida sobre la base de terreno como de neta producci\u00f3n agropecuaria cuando en el inmueble no se desarrolla dicha actividad no sirve de soporte para determinar el precio comercial del bien expropiado. <\/p>\n

La ineficacia probatoria dimana, primero, de los yerros formales de producci\u00f3n que afecta el debido proceso probatorio y segundo, amen de su producci\u00f3n incipiente se calific\u00f3 el predio sin abarcar todas las connotaciones del bien estimado\u00bb (min. 47:41 a 48:17). <\/p>\n

Seguidamente, refiri\u00f3 que \u00aben armon\u00eda seg\u00fan las normas que rigen la materia se observa que el POT de Chinchin\u00e1, Acuerdo 030\/99 verificable en la informaci\u00f3n oficial en l\u00ednea comprobaci\u00f3n admitida en el art. 177 C.G.P. determina entre otras cosas en el precepto 37 las zonas de expansi\u00f3n urbana en 3 parajes el Ed\u00e9n, Troncal, y la doctora, fijando respecto de cada una la delimitaci\u00f3n de sus coordenadas, la referencia pericial acogida obr\u00f3 en consonancia. <\/p>\n

En complemento el art. 44 corresponde a la especificaci\u00f3n del suelo rural y de manera textual dispone \u201cesta categor\u00eda la constituye los terrenos no aptos para uso urbano por oportunidad o por destinaci\u00f3n, para usos agr\u00edcolas, ganaderos, forestales o de explotaci\u00f3n de recursos naturales, comprendida por toda las zonas del municipio no considerada dentro del per\u00edmetro urbano y no clasificadas como zonas de expansi\u00f3n urbana\u201d. <\/p>\n

Acorde con la anterior cita, se advierte que la norma es clara al ratificar a su vez que los terrenos rurales a manera de reclasificaci\u00f3n excluyen a aquellos que no est\u00e1n catalogados como zonas de expansi\u00f3n, luego la conclusi\u00f3n del peritazgo confrontado por v\u00eda de confutaci\u00f3n impugnaticia fue apropiada. <\/p>\n

Por dem\u00e1s, el precepto 51 ib\u00eddem anuncia que constituyen suelo de producci\u00f3n agropecuaria todas las zonas sub rurales que no sean clasificadas como \u201ccentros poblados, \u00e1reas de inter\u00e9s ambiental, zonas de riego alto, \u00e1reas de producci\u00f3n minera y de producci\u00f3n forestal\u201d siendo inobjetable que el bien no est\u00e1 clasificado en ninguna de esas calidades\u00bb (min. 48:18 a 50:03). <\/p>\n

Relev\u00f3, que \u00abla certificaci\u00f3n de la Secretaria de Planeaci\u00f3n Municipal de Chinchin\u00e1 da cuenta que el uso del suelo de la zona sea para actividades agropecuarias, es innegable en el cartulario no existen probados de que en el terreno existan sembrados, cosechas y dem\u00e1s, contrario sensu, es objeto de explotaci\u00f3n para otras actividades, juicio de valor que no puede ser desestimado merced a que un dictamen no solo debe ser solido, exhaustivo y preciso sino que su calidad emerge a partir de la consolidaci\u00f3n de realidades f\u00e1cticas, m\u00e1xime si se tiene la finalidad de la expropiaci\u00f3n, que si bien abre paso a sopesar la obra de utilidad p\u00fablica pero con justa retribuci\u00f3n para el propietario que padece del sacrificio de su derecho de dominio. <\/p>\n

No sobra destacar que la calificaci\u00f3n dispuesta en los planes de ordenamiento territorial tiene notoria influencia en funci\u00f3n de la utilidad p\u00fablica, la Corte Constitucional en sentencia C-192\/16 precis\u00f3 \u201cuna de las dimensiones m\u00e1s importantes de la direcci\u00f3n urban\u00edstica calificada como funci\u00f3n p\u00fablica consiste en la intervenci\u00f3n de los usos del suelo Art. 8 de la ley 388\/97, en esa direcci\u00f3n la referida ley establece que son normas urban\u00edsticas estructurales aquellas que las clasifica, el suelo urbano, suelo de expansi\u00f3n urbana, suelo rural, suelo sub urbano y suelo de protecci\u00f3n, art. 15 n\u00fam. 1.1. y normas urban\u00edsticas generales las que permiten usos e intensidades del uso del suelo art. 15.2. ; prev\u00e9 la ley que las modificaciones al POT deber\u00e1 tener en cuenta la din\u00e1mica de ajustes en uso e intensidad de usos del suelo art. 28.4 y que toda adquisici\u00f3n o expropiaci\u00f3n de inmuebles en desarrollo con la ley se efectuara de conformidad con los objetos y uso del suelo establecidos en los POT art. subsiguiente; prev\u00e9 tambi\u00e9n que el reglamento para definir los valores comerciales de los inmuebles deber\u00e1 tomar en consideraci\u00f3n entre otras cosas los usos de los inmuebles art. 61 y que uno de los hechos generadores en la participaci\u00f3n de la plusval\u00eda es el establecimiento o modificaci\u00f3n del r\u00e9gimen o la zonificaci\u00f3n de usos de suelo art. 74\u2026\u00bb (min. 50:04 a 54:14). <\/p>\n

Seguidamente, anot\u00f3 que \u00abde modo que la ubicaci\u00f3n del bien expropiado en zona de expansi\u00f3n era un criterio v\u00e1lido complementario para valorar la indemnizaci\u00f3n a favor de la propietaria cedente ante la obra p\u00fablica y el inter\u00e9s general. <\/p>\n

Ahora en cuanto al Decreto 1420\/98 se encuentra que el peritaje allegado por la parte accionada cumple con los requerimientos en raz\u00f3n a que no solo acredita con soportes sus conclusiones sino que examina a fondo a las reales condiciones del predio. La resoluci\u00f3n No. 620 IGAC puntualiza procedimientos de aval\u00faos de bienes a expropiar, respecto de lo cual enfatiza que el dictamen se desarroll\u00f3 con m\u00e9todo de comparaci\u00f3n del mercado, se revis\u00f3 la clasificaci\u00f3n del suelo del terreno, identificaci\u00f3n\u2026\u00bb (min. 54:15 a 55:14). <\/p>\n

Y, finalmente se\u00f1al\u00f3 que \u00aben consecuencia el cotejo entre los dict\u00e1menes que llev\u00f3 a inferir la primac\u00eda del uno sobre el otro por cuestiones de estricto debido proceso y de elementos sustanciales influyentes, se juzga ponderado, razonable y equitativo. Es un deber del juzgador atribuir a los elementos de convicci\u00f3n y verificar por supuesto en concreto, si un dictamen pericial se ajusta a los lineamientos del C.G.P., y si del an\u00e1lisis salta a la vista que el aportado por la actora no fue suficiente y eficaz como si lo era el acogido, el m\u00e9rito de convicci\u00f3n ofrecido en la sentencia de primer nivel amerita ratificaci\u00f3n: no se trata de la observancia de reglas puramente adjetivas sino de aplicaci\u00f3n de criterios diferenciales del bien al momento de asignar valor dentro del avalu\u00f3. <\/p>\n

No sobra acotar, aunque no se acredit\u00f3 que se cumpli\u00f3 con las normas urban\u00edsticas al momento de la construcci\u00f3n de la vivienda, no es menos cierto que dicho t\u00f3pico no est\u00e1 en discusi\u00f3n\u2026 mas cuando ese no era el tema central de debate\u00bb (min. 55:34 a 56:46). <\/p>\n

Al abrigo de dichos argumentos y otros de similar perfil adopt\u00f3 la providencia objeto de censura. <\/p>\n

5.- Bajo esa perspectiva, emerge di\u00e1fana la inviabilidad de la protecci\u00f3n extraordinaria exigida, en la medida en que, it\u00e9rase, no est\u00e1 demostrada la causal espec\u00edfica por defecto sustantivo y procedimental enrostrado, en tanto que de la transcripci\u00f3n enantes vista, independientemente que la Corte la proh\u00edje en su totalidad por no ser este el escenario id\u00f3neo para lo propio, la exposici\u00f3n de los motivos decisorios al efecto manifestados se funda en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el litigio planteado. <\/p>\n

5.1.- En efecto, el colegiado recriminado luego de valorar los dict\u00e1menes aportados por los extremos de la litis, coincidi\u00f3 con la decisi\u00f3n adoptada por el a-quo, esto es, que el aportado por la parte demandante (aqu\u00ed accionante) \u00abno fue suficiente y eficaz\u00bb a contrario sensu del que \u00faltimas fue acogido, concluyendo por tanto, que la aludida experticia estaba en consonancia con los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, correspondiente, \u00aben raz\u00f3n a que no solo acredita con soportes sus conclusiones sino que examina a fondo a las reales condiciones del predio\u00bb. <\/p>\n

Labor\u00edo, en el que, de una parte, desestim\u00f3 la calificaci\u00f3n de la actividad dada por la actora al inmueble objeto de expropiaci\u00f3n, como de \u00abproducci\u00f3n agropecuaria\u00bb, pues en el bien dicho desarrollo no se cumpl\u00eda, yerro que interfer\u00eda sin duda alguna en la estimaci\u00f3n comercial del mismo. <\/p>\n

Y, de otra, constat\u00f3 que la experticia avante se encontraba en consonancia con el POT del municipio de Chinchin\u00e1, en cuanto que: i) identificaba las zonas de expansi\u00f3n urbana (parajes el Ed\u00e9n, Troncal, y la doctora); ii) Se\u00f1alaba que constitu\u00eda terreno rural y, iii) que dada la clasificaci\u00f3n de \u00absuelo de producci\u00f3n agropecuaria\u00bb, ,el inmueble objeto de debate en definitiva no lo constitu\u00eda. <\/p>\n

5.2.- Ata\u00f1edero con la valoraci\u00f3n del \u00abdictamen pericial\u00bb por parte del juez, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n

[C]corresponde al juzgador en su car\u00e1cter de autoridad suprema del proceso, valorar el dictamen pericial, labor\u00edo apreciativo en el cual, podr\u00e1 acoger o no, in toto o en parte las conclusiones de los expertos, sea en su integridad, ora en uno o varios de sus segmentos, conformemente a la firmeza, precisi\u00f3n y calidad de sus fundamentos. Bajo esta perspectiva, cuando el trabajo de los expertos carezca de soporte cierto, razonable o veros\u00edmil, ofrezca serios motivos de duda, contenga anfibolog\u00edas e imprecisiones, contradiga las evidencias procesales o se funde en conjeturas, suposiciones o informaciones no susceptibles de constataci\u00f3n objetiva, cient\u00edfica, art\u00edstica o t\u00e9cnica, se impone el deber para el juzgador de desestimar el dictamen pericial y sustentar su decisi\u00f3n en los restantes elementos probatorios. En id\u00e9ntico sentido, si el concepto de los expertos, ofrece m\u00faltiples o diferentes conclusiones respecto de un mismo asunto, aspecto o materia, el sentenciador, podr\u00e1 optar por cualquiera que le suministre el grado de certidumbre necesario para su decisi\u00f3n, seg\u00fan la consistencia, exactitud y aptitud de la respuesta conclusiva o, incluso extraer las propias apoyado en el material probatorio del proceso\u2019 (cas. civ. sentencia de 9 de septiembre de 2010, exp.17042-3103-001-2005-00103-01)\u201d (Cas. Civ.16 de mayo de 2011, Exp. 52835-3103-001-2000-00005-01). (CSJ STC, 17 jul 2012, rad. 2012-00102-02 y STC 3967-2017, 22 Mar. 2017, rad. 00536-00, 6 Dic. 2017, rad. 03311-00). <\/p>\n

6.- As\u00ed las cosas, la providencia cuestionada no luce arbitraria o caprichosa, todo lo cual no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha reiterado, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC 7 Mar. 2008, rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 Mar. 2012, rad. 00022-01). <\/p>\n

As\u00ed mismo, ha considerado que: <\/p>\n

[E]l juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, … por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que e[l] concepto [de] configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC 14 may. 2003, rad. 00113-01. Reiterada, entre otras, en las CSJ STC 2 mar. 2005, rad. 2004-00385-01; 31 may. 2011, rad. 001007-00; 22 jun. 2012, rad. 01201-00; 9 ago. 2012, rad. 00332-01; 13 feb. 2013, rad. 00216-00 y 21 Oct. 2015, rad. 02420-00). <\/p>\n

7.- Por lo dem\u00e1s, sea del caso precisar que la legislaci\u00f3n aplicable al asunto de marras es el C\u00f3digo General del Proceso, en virtud que la aplicaci\u00f3n de dicha normatividad rige desde el 1\u00ba de enero de 2016, anualidad en que el sub judice fue promovido (2016-00005-01). <\/p>\n

8.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC1515-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00203-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Dec\u00eddese la tutela instaurada por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI frente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101379","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101379","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101379"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101379\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101379"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101379"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101379"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}