{"id":101385,"date":"2026-07-01T17:32:30","date_gmt":"2026-07-01T17:32:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101385"},"modified":"2026-07-01T17:32:30","modified_gmt":"2026-07-01T17:32:30","slug":"stc1521-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1521-2018\/","title":{"rendered":"STC1521-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC1521-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2017-03109-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Camila Fl\u00f3rez V\u00e9lez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de esta localidad, el Banco Agrario, Carlos Ernesto L\u00f3pez, Adriana Isabel Guti\u00e9rrez \u00c1vila y las partes e intervinientes dentro del proceso ejecutivo adelantado por Concentrados Cresta Roja S. A., contra Industrias Alimenticias Aretama S. A., radicado 2003-00495-00. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La gestora demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, \u00absubsistencia en conexidad con la vida\u00bb, vida digna, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Dentro del proceso referenciado anteriormente se embarg\u00f3 el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-428484 ubicado en la calle 8b No. 68-27 propiedad de Industrias Alimenticias Aretama S. A., llev\u00e1ndose a cabo la diligencia de secuestro el 9 de septiembre 2014. <\/p>\n

2.2. El 1\u00b0 de julio de 2014, antes a la pr\u00e1ctica del secuestro, la mencionada sociedad le cedi\u00f3 en su favor el contrato de arrendamiento que hab\u00eda suscrito con Dream Rest Colombia S. A. S., cesi\u00f3n que tuvo origen en un contrato de transacci\u00f3n que suscribi\u00f3 con Carlos Ernesto L\u00f3pez Pi\u00f1eros. <\/p>\n

2.3. Las obligaciones de la arrendataria estaban siendo cumplidas a cabalidad; sin embargo, a ra\u00edz de una comunicaci\u00f3n librada por el secuestre, la empresa arrendataria empez\u00f3 a depositar las mensualidades a nombre del juzgado sin que se hubiera efectuado un embargo de los frutos que produce el inmueble secuestrado. <\/p>\n

2.4. A ra\u00edz de lo anterior solicit\u00f3 la entrega de los dineros consignados a \u00f3rdenes del juzgado acudiendo a las figuras de la coadyuvancia y la intervenci\u00f3n litisconsorcial pedimento que fuere negado tanto en primera como en segunda instancia toda vez que en los procesos ejecutivos estas intervenciones son improcedentes. <\/p>\n

2.5. El 15 de septiembre de 2017 requiri\u00f3 nuevamente la \u00abentrega de los dineros\u00bb pero \u00abya no con base en los institutos jur\u00eddicos antes mencionados sino por v\u00eda de la intervenci\u00f3n de terceros prevista en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 53 del C. G. del P. y de C.P. C. en armon\u00eda con el 69 ib\u00eddem\u00bb pues considera que los mismos est\u00e1n siendo retenidos ilegal y arbitrariamente al no figurar como secuestrados y, de forma subsidiaria, solicit\u00f3 el desembargo de los c\u00e1nones de arrendamiento, si es que llegaren a estar cautelados. <\/p>\n

2.6. El 29 de septiembre de 2017 la c\u00e9lula judicial querellada resolvi\u00f3 la petici\u00f3n referenciada anteriormente disponiendo que deb\u00eda estarse a lo resuelto en auto de 30 de enero de 2017. <\/p>\n

3. Pidi\u00f3, que se ordene al despacho querellado que le entregue los dineros que han sido depositados en esa dependencia por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento \u00abpor no tener soporte jur\u00eddico alguno la retenci\u00f3n que de ellos se viene haciendo dado que el juez no le ha comunicado a la arrendataria cautela alguna, para lo cual se deber\u00e1n librar las comunicaciones pertinentes tanto por el tribunal al juzgado, como por el juzgado tutelado al respectivo banco\u00bb y, subsidiariamente, que decida de fondo la petici\u00f3n elevada el 15 de septiembre de 2017 (fls. 1-13). <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

La Sociedad Industrias Alimenticias Aretama S. A., refiri\u00f3 que es la propietaria del predio objeto de cautela en el proceso sub judice, respecto al cual cedi\u00f3 el contrato de arrendamiento a la accionante cesi\u00f3n que se realiz\u00f3 cuando a\u00fan no se hab\u00eda practicado la medida \u00abpor lo tanto el usufructo derivado del contrato de arrendamiento, ya hab\u00eda salido del patrimonio de ARETAMA S. A., para quedar en cabeza de la se\u00f1ora CAMILA FLOREZ VELEZ, quien se reitera no es parte en ese proceso ejecutivo, donde reposan los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial a su favor\u00bb (fls. 103-105). <\/p>\n

El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1 efectu\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso objeto de la queja y solicit\u00f3 que se deniegue la protecci\u00f3n reclamada toda vez que \u00abpor parte de esta sede judicial no se han quebrantado derechos fundamentales de la se\u00f1ora CAMILIA FL\u00d3REZ\u00bb (fl. 130 y vuelto). <\/p>\n

El Banco Agrario de Colombia S. A., luego de pronunciarse sobre los hechos de la queja, sostuvo que se configura la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva por lo que solicit\u00f3 que se le desvincule del tr\u00e1mite constitucional (fls. 146 y 147). <\/p>\n

El Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, extempor\u00e1neamente, inform\u00f3 que conoci\u00f3 inicialmente del tr\u00e1mite ejecutivo cuestionado el cual fue remitido a los juzgados de descongesti\u00f3n en el a\u00f1o 2010 situaci\u00f3n por la que deprec\u00f3 que se le desvincule de la acci\u00f3n de tutela (fl. 182). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 el amparo al considerar que \u00abresulta evidente que la censura invocada por la parte actora deviene en extempor\u00e1nea, toda vez que desde el 21 de noviembre de 2016, se le neg\u00f3 la entrega de dichos dineros reclamados en calidad de arrendadora, condici\u00f3n que en la diligencia de secuestro de 9 de septiembre de 2014 llevada a cabo respecto del inmueble ubicado en la calle 8B- No. 68-27, no fue tomada en cuenta, al hab\u00e9rsele rechazado la oposici\u00f3n que realiz\u00f3. De manera que, si se tiene en cuenta la fecha de la mencionada determinaci\u00f3n, al d\u00eda en que se present\u00f3 el escrito de tutela, esto es, el 28 de noviembre de 2017, ha trascurrido m\u00e1s un a\u00f1o, entre la fecha de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n y la situaci\u00f3n que presuntamente trasgrede sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n

Relev\u00f3, que \u00abadem\u00e1s no se observa que las providencias de 30 de enero, 29 de septiembre y 1\u00b0 de noviembre del presente a\u00f1o, sean contrarias a derechos, pues resultan coherentes y razonables respecto a lo ya dilucidado en la actuaci\u00f3n judicial objeto de censura, diferente es que sean contrarias a los intereses de la parte ac\u00e1 actora, pero no por ello son arbitrarias\u00bb (fls. 159-161). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el apoderado judicial de la accionante argumentando que \u00abel fundamento de la decisi\u00f3n no guarda consonancia con el supuesto f\u00e1ctico que revelan los autos. En efecto, el Tribunal reconoce que [su] mandante se opuso a que se secuestrase el predio aduciendo posesi\u00f3n sobre el mismo inmueble; mas en esa diligencia no se hizo referencia alguna a las rentas peri\u00f3dicas que ven\u00eda percibiendo la se\u00f1ora Camila, que es la pretensi\u00f3n sobre la cual ella ha venido insistiendo para que se las entreguen. Como en esa \u00e9poca en la que se efectu\u00f3 la diligencia de secuestro no se las estaban reteniendo, es elemental concluir que en la comentada diligencia no pudo hacer valer esa reclamaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00abotra falencia con entidad suficiente como para estructurar violaci\u00f3n al derecho fundamental a un debido proceso surge del desconocimiento total y absoluto de las formas y procedimientos previstos en el ordenamiento procesal civil para consumar medidas cautelares. El juez contra el cual se enfil\u00f3 esta actuaci\u00f3n, al parecer, da por sentado que por haberse secuestrado el inmueble ipso-facto se embargan los frutos, y eso no es as\u00ed pues para eso previ\u00f3 puntual y meticulosamente la manera como se cautelan esta clase de bienes. En el escrito del 15 de septiembre del a\u00f1o en curso, que present[\u00f3] al juzgado y que contiene peticiones que no han sido resueltas, rese\u00f1[\u00f3] la legislaci\u00f3n que regula el tema relacionado con medidas cautelares, espec\u00edficamente las que ata\u00f1en con la cuesti\u00f3n objeto de an\u00e1lisis\u00bb. <\/p>\n

Concluy\u00f3, que \u00abel juzgado tutelado en prove\u00eddo del 30 de junio de 2016 se\u00f1al\u00f3 perentoriamente que los c\u00e1nones no estaban embargados. Sin embargo, en auto del 21 de noviembre de 2016, con ocasi\u00f3n de un recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la parte ejecutante y citando una providencia de la H. Corte Suprema de Justicia como soporte de su decisi\u00f3n, revoc\u00f3 el citado prove\u00eddo de 30 de junio antes aludido, sin parar en mientes que esa jurisprudencia no es aplicable al caso sub-examine porque esas rentas no son de propiedad del demando. Mejor dicho, no las ven\u00eda percibiendo\u00bb (fls. 190-193). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La \treiterada \tjurisprudencia constitucional ha \tsostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la \tv\u00eda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole \tlegal; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa \therramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna \tdeterminaci\u00f3n \u00abcon \tostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y \tapoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que \testructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, \ty bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un \tt\u00e9rmino sensato a formular la queja, y de que \u00abno \tdisponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb \t(ver entre otras, CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de proteger esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590 \/ 2005, reiterada, entre otras, SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012). <\/p>\n

2. Observada la queja, se evidencia que la accionante pretende que mediante este mecanismo excepcional se ordene al juzgado encartado que le entregue los dineros que han sido depositados en esa dependencia por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento respecto del inmueble que se encuentra embargado y los cuales considera le pertenecen comoquiera que no se ha ordenado ninguna medida cautelar sobre dichos emolumentos y, de forma subsidiaria, que se resuelva la petici\u00f3n presentada el 15 de septiembre de 2017, refiriendo lo anterior a un defecto procedimental absoluto. <\/p>\n

3. De las pruebas obrantes en el plenario, observa la Corte lo siguiente: <\/p>\n

a) Diligencia de secuestro practicada el 9 de septiembre de 2014 en la que se neg\u00f3 la oposici\u00f3n presentada por Camila Fl\u00f3rez V\u00e9lez (aqu\u00ed accionante) (fl. 26 cuaderno Tribunal). <\/p>\n

b) Petici\u00f3n elevada por el apoderado judicial de la querellante mediante la cual pretend\u00eda la entrega de los dineros consignados a \u00f3rdenes del despacho encartado por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento (fls. 16 y 17 cuaderno Corte). <\/p>\n

c) Prove\u00eddo de 30 de noviembre de 2015 a trav\u00e9s del cual se neg\u00f3 el pedimento referido anteriormente al tener en cuenta que la peticionaria \u00abno es parte no tercera reconocida dentro del presente asunto, habida cuenta que la oposici\u00f3n por ella planteada fue rechazada\u00bb (fl. 18). <\/p>\n

d) Decisi\u00f3n de 30 de junio de 2016 que no accedi\u00f3 a la \u00abentrega de dineros\u00bb solicitada por la sociedad ejecutante al considerarse que \u00abuna vez revisada la actuaci\u00f3n se pudo constatar que los dineros consignados son producto de arrendamientos del bien inmueble objeto de cautela, dineros que no se encuentran embargados dentro de la actuaci\u00f3n\u00bb (fl. 19). <\/p>\n

d) Auto de 21 de noviembre de 2016 que revoc\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n resolviendo acceder a la entrega de dineros en favor de la sociedad demandante y respecto a la petici\u00f3n elevada por la quejosa tendiente a que se le \u00abentregaran los dineros fruto del arrendamiento\u00bb consider\u00f3 que \u00abpor auto de fecha 30 de noviembre de 2015, se neg\u00f3 la entrega de dichos dineros a favor de la se\u00f1ora Camila Fl\u00f3rez V\u00e9lez, quien los reclamaba en calidad de arrendadora, tema sobre el cual no es viable en este momento entrar a debatir, pues hacerlo ser\u00eda revivir por v\u00eda de este recurso los t\u00e9rminos ya fenecidos, toda vez que seg\u00fan lo consignado en el acta de la diligencia de secuestro visible a folio 200, la oposici\u00f3n formulada por la mencionada se\u00f1ora en dicha calidad, fue rechazada de plano\u00bb (fls. 137 vuelto y 138 cuaderno tribunal). <\/p>\n

e) Auto de 30 de enero de 2017 mediante el cual se deneg\u00f3 la intervenci\u00f3n de la accionante como litisconsorte en el proceso ejecutivo (fl. 23 cuaderno Corte). <\/p>\n

f) Petici\u00f3n elevada el 15 de septiembre de 2017 por el apoderado judicial de la quejosa mediante la cual pretend\u00eda que se le entregaran \u00abtodos los c\u00e1nones de arrendamiento que se han depositado en raz\u00f3n del cumplimiento del contrato de arrendamiento cedido\u00bb y de forma subsidiaria \u00absi ud. Se\u00f1or juez considera que los aludidos c\u00e1nones est\u00e1n embargados, respetuosamente le pido decretar el desembargo de los mismos\u00bb (fls. 11-21 cuaderno tribunal). <\/p>\n

g) Auto de 29 de septiembre de 2017 que resolvi\u00f3 \u00abel memorialista deber\u00e1 estarse a lo dispuesto en auto de fecha 30 de enero de 2017, visible a folio 359 c, mediante el cual se neg\u00f3 su intervenci\u00f3n dentro del presente asunto, providencia que fue confirmada por el superior\u00bb (fl. 139 vuelto). <\/p>\n

h) Recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la querellante contra la decisi\u00f3n referida anteriormente en el que reiter\u00f3 la entrega de dineros en su favor (fls. 60-63). <\/p>\n

i) Prove\u00eddo de 1\u00b0 de noviembre de 2017 a trav\u00e9s del cual el despacho encartado determin\u00f3 que \u00abel memorialista deber\u00e1 estarse a lo resuelto en autos de 30 de enero (fl. 359 Cd. 1) y 29 de septiembre de 2017 (fl. 397 Cd. 1)\u00bb y que \u00absin perjuicio de lo anterior y solo en gracia de discusi\u00f3n, se resalta que la providencia de fecha 29 de septiembre de 2017 (fl. 397 cd 1) por medio del cual se dispuso estarse a lo resuelto en auto de 30 de enero de 2017, no se encuentra rese\u00f1ada en las previstas en el art\u00edculo 321 del C. G. P., ni en norma especial\u00bb por lo que deneg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada (fl. 140). <\/p>\n

4. Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite, la Corte advierte que el amparo resulta improcedente habida cuenta que media de manera ostensible el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez, toda vez que, comparada la fecha en que se deneg\u00f3 la entrega de dineros presentada por Camila Fl\u00f3rez V\u00e9lez (aqu\u00ed accionante) (30 de noviembre de 2015), con la de la presentaci\u00f3n de la tutela (28 de noviembre de 2017), supera ampliamente el t\u00e9rmino que la jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n ha establecido como razonable para la protecci\u00f3n inmediata y eficaz de las garant\u00edas superiores, lo que desnaturaliza el car\u00e1cter urgente e impostergable de la salvaguarda implorada. <\/p>\n

4.1. Y es que, como ha tenido ocasi\u00f3n de se\u00f1alar esta Corporaci\u00f3n al interior de asuntos que guardan simetr\u00eda con el aqu\u00ed analizado, \u00abno cualquier formulaci\u00f3n que eleven los quejosos puede tener la virtualidad de alterar el hito judicial a partir del cual se ha de realizar el c\u00f3mputo del preciso lapso que concierne con el postulado de que se viene tratando\u00bb (CSJ STC, 18 dic. 2014, rad. 02882-00), en tanto que, conforme a la jurisprudencia de la Corte, tal \u00abse contabiliza desde la misma fecha en que se profiere la providencia cuestionada\u00bb (CSJ STC6447-2015, 26 may. 2015, rad. 00548-01), habida cuenta que, seg\u00fan ha sido puesto de presente, \u00abno se satisfizo el requisito de inmediatez, toda vez que la acci\u00f3n se interpuso el 20 de junio de 2012, esto es, trascurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde cuando el Tribunal emiti\u00f3 la sentencia censurada -19 de marzo de 2010-, sin que sea excusa aceptable la esgrimida por el actor [\u2026], por cuanto el t\u00e9rmino se contabiliza es a partir de la providencia cuestionada [\u2026] y, no [de] otras peticiones que se eleven [\u2026], cuyo resultado, en asuntos como este, no podr\u00edan restarle eficacia al referido fallo\u00bb (den\u00f3tase; CSJ STC, 6 jul. 2012, rad. 01340-00). <\/p>\n

Del mismo modo, sobre el \u00faltimo t\u00f3pico abordado ata\u00f1edero con que no todo planteamiento tiene la potestad de afectar el conteo del interregno de \u00abinmediatez\u00bb, se ha relevado que \u00aba diferencia de lo manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n, la solicitud resuelta por prove\u00eddo de 25 de febrero de 2011, retom\u00f3 la situaci\u00f3n definida en pret\u00e9rita oportunidad por auto de 7 de abril de 2008, que se encuentra en firme, sin que el haber reiterado sobre el tema, aunque con distinta argumentaci\u00f3n, tenga la virtud de desconfigurar el principio analizado, como razonadamente lo consider\u00f3 el Tribunal (CSJ STC, 27 may. 2011, rad. 00096-01, reiterada en CSJ STC14960-2016 oct. 19 de 2016, rad. 2016-02906-00). <\/p>\n

4.2. Es por eso que la actora no puede acudir a este medio de resguardo para se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, pues, pese a que no existe t\u00e9rmino de caducidad para interponer la tutela, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo razonablemente prudencial, que no es otro que el de seis (6) meses pretorianamente establecidos al efecto, y ello en aras de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser que no es otra que la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de la persona, m\u00e1s a\u00fan cuando la urgencia que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. No tiene premura quien voluntariamente deja pasar largo lapso antes de elevar reclamo, raz\u00f3n por la que el amparo rogado no puede abrirse paso. <\/p>\n

Sobre el mentado requisito general de procedencia de esta acci\u00f3n constitucional en que necesariamente ha de repararse, la jurisprudencia de la Sala puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n

[E]n efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art. 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda se\u00f1alado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido \u2018que si bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica (Sentencia T-797 de 26 de septiembre de 2002). <\/p>\n

Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala como finalidad del ejercicio de esta acci\u00f3n, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01; reiterada, entre otras, en STC4175-2015 14 abr. 2015). <\/p>\n

7. De conformidad con lo discurrido, se reafirmar\u00e1 la decisi\u00f3n materia de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC1521-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2017-03109-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101385","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101385","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101385"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101385\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101385"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101385"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101385"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}